Con el estallido de las revoluciones políticas de Inglaterra, Estados Unidos y Francia se acelera la formación de la sociedad moderna
La administración patrimonial, propia de la sociedad feudal es también una forma de administración señorial en la cual se combinan sin distinción, lo doméstico y lo “oficial”.
Las diferencias se enlazan con la estructura de la propiedad y de las relaciones que se derivan, en las cuales había dos centros de poder que tenían las ventajas más acendradas: la Iglesia Católica y la aristocracia.
Pero en la medida que la estructura económica empieza a ser superada más allá de la autoproducción y el autoconsumo con la formación de los excedentes económicos, ese sistema de poder se cimbra, porque no está organizado para intercambiar, sino para acumular y estacionar la riqueza que se genera.
Lo cual implica que sus relaciones de producción ingresen a la economía que no sólo produce riqueza, sino que tiende a producir valor.
Así, la economía mercantil que se forma durante el siglo XIX, empieza a sustituir a la economía feudal. La circulación de las mercancías modifica el patrón que conlleva a la producción de valor y en la medida que este proceso se desarrolla, se amplía la economía mercantil, con lo cual surge un sistema de intercambios mayores que anuncia a la vez, la formación de la sociedad mercantil y, en consecuencia, otra forma de organizar el poder político.
El esquema descentralizado del feudalismo empieza a ser reclamado por las monarquías absolutas para dar paso a la formación de las funciones generales que los Estados debían de cumplir. Así, lo relativo al pago de impuestos, la
administración de la justicia, el manejo de las relaciones exteriores, el control interno de la sociedad y la necesidad de formar ejércitos leales al Estado, indican que la formación del poder político tenía que asegurarse sobre la base del monopolio de la autoridad para aseverar la centralización del mando y las decisiones.
La administración del poder se lleva a cabo sobre la base de cuerpos especializados y versados en los asuntos del Estado.
Esto es una situación de fondo que permite destacar que la monarquía absoluta da paso al concepto de soberanía, para lo cual necesita tener funciones defensivas y ofensivas que garanticen su conservación.
Se modifica en consecuencia, la relación de las clases sociales, dando paso a una de ellas que vivía en los burgos y que se ocupaban de utilizar el dinero y el capital para estimular los procesos productivos.
La burguesía se rige por el intercambio de las mercancías, mientras que la aristocracia proclama la inmovilidad de la propiedad.
En este sentido, el inicio de la sociedad civil con énfasis en los siglos XVI y XVII, tendrá en el siglo XVIII un avance más significativo, porque es el tiempo en el cual la economía mercantil se transforma en economía de mayores intercambios.
En este caso, los individuos en su condición de civiles, responden al mundo de la igualdad formal que se proclama ante los viejos señoríos.
Con este paso, la sociedad civil adquiere un perfil propio y diferente ante otros tipos de sociedad y se consolida como la sociedad moderna, que es la clave para entender la formación de las instituciones que regulan los procesos de intercambio, así como las relaciones sociales que con él se generan.
El reconocimiento de lo civil fortalece a una sociedad que se integra por capacidades individuales que son indispensables, para que las relaciones económicas sean más eficientes e interdependientes en un esquema de voluntades expresas.
Las necesidades públicas tienen su origen en las insuficiencias y carencias que los individuos resienten y que con sus recursos y capacidades privados no tienen los elementos materiales ni los recursos financieros para atenderlos.
La vida pública moderna que se desarrolla con la urbanización y la industrialización. El Estado, con el auxilio de los organismos administrativos correspondientes, tiene la capacidad de hacer frente a condiciones adversas de vida.
Así pues, la categoría “ciudadano” que responde a la visión de lo compartido, tiene alcance jurídico y político a fin de destacar, en un marco de derechos y obligaciones, la importancia de la vida política, ésta responde a la polis y a la comunidad, lo cual indica que en la vida pública moderna se mezclan lo colectivo, la asociación, las reuniones y las formas de integración.
El ciudadano, en este sentido, es el mismo propietario que se reconoce en la vida privada, pero cuando ingresa a lo compartido y común que es la esfera pública, asume un papel en los marcos de lo colectivo y, por tanto, no sólo participa, sino que se organiza para llevar a cabo la defensa de los espacios a los que pertenece en la vida doméstica.
El Estado por consiguiente, es el único que tiene los medios para llevar a cabo las tareas de gobierno, procurando en todo momento, el cuidado y seguridad de las esferas privada y pública. A la primera, le reconoce la vigencia de los derechos del hombre que son la base para situar la prosperidad y la realización de la economía doméstica, las relaciones familiares, así como los procesos de intercambio. La segunda esfera, la pública, es el universo en el cual se asienta para generar las condiciones y normas que permiten la convivencia de la diversidad y la pluralidad.
La regulación del poder estatal implica que tiene como objetivo establecer el binomio atribuciones–limitaciones atendiendo a la lógica de la institucionalidad democrática, la cual tiene como postulado, limitar el poder para evitar daño o perjuicio a terceros. En este sentido, el Estado moderno debe entenderse como un Estado de Derecho, lo cual implica que atiende a la misma, la preserva y la ejecuta con el fin de asegurar las instituciones civiles y políticas.
La división y la colaboración de los Poderes en los marcos del liberalismo, el republicanismo y la democracia da cuenta de cómo el Estado de Derecho es un fino arreglo institucional que se sustenta en la división social del trabajo y en el diseño de sus atribuciones, atendiendo al criterio de que su eficacia funcional es la que garantiza las tareas de administración y gobierno.
La Administración Pública, ubicada y reconocida en la esfera del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo la seguridad de la vida privada22 y pública, la procuración de justicia, la producción de los bienes y servicios públicos, las tareas de regulación, incentivos, sanciones, así como la vigilancia de lo que se desarrolla en la sociedad.
Al unirse las categorías administración y burocracia, se alude a una forma de organización estatal que desarrolla capacidades de gestión caracterizadas por la precisión y sincronización de los movimientos que desarrolla, a fin de realizar la dominación que permita la obediencia de los gobernados con el orden establecido.
Se divide en lo público estatal, lo público gubernamental y lo público social que, es fundamento de los organismos a cargo de la Administración Pública.

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Evolución de la Administración Pública en México Notiz am LA NATURALEZA DE LO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA, erstellt von Isaac de la Cruz am 09/10/2013.