La Transición (1975- 1982) es el proceso por el que España pasó de una dictadura a una democracia. Comenzó con la muerte de Franco (20 de noviembre de 1975) y la proclamación de Juan Carlos I como rey de España y finalizó con la victoria electoral del PSOE, en octubre de 1982, hecho que significó la consolidación de la democracia en España.

La democracia se estableció sin ruptura con la dictadura, que fue desmantelada desde las propias instituciones franquistas. El cambio fue pacífico y resultado de un pacto entre las fuerzas políticas franquistas - el rey y los aperturistas- y de la oposición democrática - los liberales y la izquierda, que abandonó sus propuestas más radicales. Los inmovilistas del franquismo (el llamado "búnker") y la extrema izquierda estuvieron en contra. Pero no hubiera podido realizarse la transición sin la movilización popular, que presionó para que se produjeran los cambios. El proceso coincidió con la crisis económica mundial del petróleo. La transición española se convirtió en modelo de referencia para otros países que querían salir de una dictadura.

Propuestas radicales: republicanismo, revolución social y petición de responsabilidades por la represión franquista

En la Transición podemos observar varias fases:

1.- El Gobierno de Arias Navarro

Juan Carlos I de Borbón , fue proclamado rey de España el 22 de noviembre de 1975, al morir el dictador. Según lo establecido por la Ley Orgánica del Estado juró lealtad ante las Cortes a los Principios del Movimiento Nacional y a las leyes Fundamentales, pero en su discurso hizo un llamamiento a la concordia y dejó entrever su voluntad democrática. La oposición republicana recelaba de él, pero el rey pretendía alcanzar paulatinamente la democracia utilizando los cauces legales de la dictadura. Fue un importante motor del cambio.

Decidió mantener a Arias Navarro como presidente del Gobierno, lo que significaba el continuismo político. Arias fue incapaz de realizar la reforma política; sólo era partidario de reformas limitadas, como el asociacionismo político, lo que pareció demasiado al "búnker". Entretanto, aumentó la agitación social con huelgas y manifestaciones que la policía franquista reprimió con brutalidad ya que no existían aún derechos de reunión y de asociación, como en Vitoria y en Montejurra (Navarra). La oposición democrática se unificó en marzo de 1976 en Coordinación Democrática, llamada Platajunta, que buscaba la ruptura democrática. En su programa pedía amnistía general para los presos políticos del franquismo, la legalización de todos los partidos políticos (lo más difícil era la legalización del PCE) y sindicatos, libertades (sindicales, de huelga, de reunión y manifestación, de prensa) derecho a la autonomía de las nacionalidades históricas y elecciones libres.

Presionado por el rey, Arias Navarro dimitió en julio de 1976. El monarca colocó a Torcuato Fernández Miranda, su antiguo profesor de Derecho y consejero, como presidente de las Cortes franquistas y más tarde del Consejo del Reino. El rey nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, joven falangista que era Secretario General del Movimiento y había estado al frente de RTVE. La oposición le consideraba un político franquista, sin muchos méritos y no gustaba tampoco a los políticos franquistas más importantes.

Juan Carlos I de Borbón: hijo del infante D. Juan de Borbón y nieto de Alfonso XIII. Su padre, heredero de los derechos dinásticos, consintió en 1948 que D. Juan Carlos fuera educado en España bajo la tutela de Franco a cambio de que éste le nombrara en 1969 sucesor en la Jefatura del Estado, tras jurar el príncipe ante las Cortes acatar las Leyes del Movimiento Nacional.

En Vitoria hubo incluso 5 trabajadores muertos durante una manifestación, en el contexto de una huelga general

En Montejurra (Navarra) se enfrentaron los carlistas tradicionales con los carlistas del pretendiente Carlos Hugo de Borbón, de tendencia socialista. Hubo dos muertos.

Coordinación Democrática: la oposición se encontraba dividida en dos alianzas: la Junta Democrática, creada en 1974, liderada por el PCE, y la Plataforma de Convergencia Democrática, de 1975 y organizada por el PSOE.

2. El Gobierno de Suárez:

La primera etapa del gobierno de Suárez (julio de 1976- junio de 1977) fue decisiva para la democracia en España. Formó un gabinete con políticos jóvenes, pero de talante reformista. Concedió una amnistía parcial en julio de 1976 y realizó la Ley para la Reforma Política, ideada por Fernández Miranda y pieza clave para pasar legalmente de la dictadura a la democracia ("de ley a ley"), que proponía la creación de unas nuevas unas Cortes bicamerales (Congreso y Senado), por sufragio universal, salvo una quinta parte del Senado, nombrada por el rey. La ley fue aprobada por las Cortes franquistas en noviembre de 1976 y en referéndum el 15 de diciembre de 1976, con un 94% de los votos; la oposición recomendó la abstención ya que rechazaba la ley por insuficiente y porque aseguraba la monarquía, aunque su tesis de ruptura no contaba con respaldo mayoritario de los españoles, inclinados hacia la reforma. Se convocaron elecciones para un parlamento constituyente el 15 de junio de 1977.

El terrorismo se había recrudecido y pretendía desestabilizar el país e impedir el avance da la democracia: ETA, los GRAPO y la extrema derecha que realizó una matanza de abogados laboralistas, ligados al PCE, en la calle Atocha de Madrid el 24 de enero de 1977, lo que provocó una oleada de solidaridad con el PCE.

Suárez consiguió que la oposición democrática aprobara sus reformas; se entrevistó con los líderes de los aún ilegales PSOE y PCE - Felipe González y Santiago Carrillo- estableciendo una "ruptura pactada". El PSOE fue legalizado en diciembre de 1976 y el PCE el 9 de abril de 1977 lo que dio lugar a numerosas dimisiones y protestas de militares franquistas. El PCE renunció al uso de la bandera republicana y se comprometió a acatar la monarquía.

El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas en España desde 1936, con un 80% de participación. Venció Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición de partidos que reunía a los reformistas franquistas con socialdemócratas, liberales y democristianos (34% de los votos) en torno a Suárez. El PSOE, obtuvo el 29%; el PCE, un 9% y AP, encabezada por Manuel Fraga, el 8%. Los nacionalismos ganaron en Cataluña (Convergencia i Unió CIU, liderada por Jordi Pujol) y País Vasco (PNV). La izquierda radical no tuvo representación y apenas el franquismo no democrático. El juego político se establecía entre dos grandes partidos, de centro- derecha y de centro-izquierda, con otros dos más pequeños en los extremos. Por otra parte, Don Juan de Borbón había cedido a su hijo Juan Carlos sus derechos a la Corona en mayo de 1977, con lo que el rey tenía ya la plena legitimidad dinástica que le faltaba.

Tras las elecciones de junio de 1977 se restableció la democracia y comenzó la segunda etapa (1977-1979) del gobierno de Suárez. La UCD intentó gobernar en solitario estableciendo pactos con otras fuerzas políticas - el llamado consenso- para solucionar los principales problemas del país, especialmente la crisis económica, la redacción de una Constitución y los atentados terroristas de extrema izquierda y extrema derecha, que tenían como objetivo desestabilizar la democracia y conseguir un golpe militar.

En octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa por el Gobierno y los representantes de los principales partidos de la oposición, sindicatos y empresarios. Se alcanzaron acuerdos económicos básicos y de carácter sociopolítico. Los Pactos de la Moncloa consiguieron reducir el déficit exterior y bajar la inflación pero su aplicación se vio limitada por la segunda crisis del petróleo (1979).

El Gobierno configuró 13 preautonomías, es decir, una autonomía provisional a las regiones cuyos representantes parlamentarios la solicitaran. El máximo responsable del proceso y su diseño fue Manuel Clavero, ministro para las Regiones. La primera autonomía fue la catalana. El 29 de septiembre de 1977 se restableció el Gobierno autonómico en Cataluña, volviendo del exilio su presidente, Joseph Tarradellas. En el País Vasco se restableció el Consejo General Vasco el 6 de enero de 1978 y en Galicia , una Xunta de Galicia provisional en marzo de 1978, quedando así resueltos los casos de las tres autonomías históricas.

Algunos de los políticos jóvenes del gobierno procedían del Movimiento (los "azules" como Martín Villa), mientras que otros eran democristianos (Lavilla, Oreja).

Cortes franquistas: al aprobar su propia disolución, se dijo que las Cortes franquistas se habían hecho su harakiri o suicidio político.

ETA: Euskadi ta Askatasuna, Euskadi y Libertad, antifranquista y antiespañola, era la organización terrorista que más víctimas provocó durante la transición y después.

GRAPO: Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, de extrema izquierda, secuestraron al presidente del Consejo de Estado (diciembre de 1976) y otras personalidades.

Pactos de la Moncloa: acuerdos económicos (reforma fiscal, reducir la inflación, el desempleo, el déficit exterior, control de los salarios) y de carácter político y social (libertad de expresión, funciones de los sindicatos, una nueva política educativa y de vivienda, reforma de la Seguridad Social y de la legislación laboral, control democrático de los medios de comunicación del Estado y otros).

La Constitución de 1978.

La Constitución democrática de 1978 fue resultado del consenso entre casi todos los partidos; para lograrlo el texto es extenso, detallado y algo ambiguo. Una ponencia formada por siete miembros redactó un anteproyecto, que fue debatido en las Cortes. La Constitución fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 con un 88% de votos a favor, y promulgada el 29 de diciembre. En el País Vasco hubo alto índice de abstención y los votos negativos supusieron el 23%. También fue rechazada por la extrema derecha.

La Constitución define a España como un "Estado social y democrático de Derecho", recoge no sólo la tradición liberal sino también la republicana de la constitución de 1931, que incluía los derechos individuales y los sociales. Reconoce la soberanía popular. La forma de Estado es la monarquía parlamentaria. El monarca es el jefe del Estado, pero su poder está muy limitado: reina, pero no gobierna. Establece la división de poderes, con Cortes bicamerales- Senado y Congreso-, cuyos miembros son elegidos por sufragio universal (ciudadanos mayores de 18 años). España se define como una unidad nacional, pero se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, con amplias competencias y gobiernos propios -un nuevo modelo de Estado no centralista, en una situación intermedia entre la descentralización administrativa y el federalismo-.El castellano es la lengua oficial pero son lenguas cooficiales las regionales en su ámbito territorial. El Estado es no confesional, pero establece relaciones de cooperación con la Iglesia católica. Reconoce amplios derechos y libertades (a la vida -con la abolición de la pena de muerte-, a la libertad ideológica, de expresión, de reunión, de manifestación, de sindicación, a la huelga, entre otros). Incluye numerosos derechos de carácter social y económico (a la integridad, al pleno empleo, a la educación, a la Seguridad Social, a la propiedad privada, a la protección del medio ambiente, del consumidor, de la tercera edad, etc.

Los siete miembros del parlamento llamados "padres de la Constitución" fueron Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros, por UCD; Manuel Fraga por AP; Miquel Roca por CDC; Gregorio Peces Barba, por el PSOE y Jordi Solé Tura por el PCE-PSUC

3. Consolidación democrática y crisis de la UCD (1979- 1982):

Aprobada la Constitución, Suárez convocó nuevas elecciones para marzo de 1979, que volvió a ganar UCD, en minoría. En este periodo se desarrolló el Estado de las Autonomías. El Titulo VIII de la Constitución establecía la posibilidad de que todas las regiones y no sólo las nacionalidades históricas se convirtieran en Comunidades Autónomas. En ellas habían de conformarse órganos legislativos (parlamentos autónomos) elegidos por sufragio universal y órganos ejecutivos (gobiernos autónomos). Se preveía la transferencia de competencias legislativas y ejecutivas a los poderes autonómicos (artículo 143 de la constitución). Se establecían dos grados de autonomía, puesto que los poderes autonómicos podían recibir competencias de diferente grado y a un ritmo distinto. El procedimiento más rápido y completo era el previsto en el artículo 151, al que podían acceder directamente las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) e incluso otras si cumplían determinados requisitos y se ratificaba en referéndum. El resto se regirían por artículo 143 -con excepción de Navarra debido a su sistema foral-

Se aprobaron los Estatutos de Autonomía. Los primeros fueron el catalán y el vasco en 1979, aprobados en referéndum, luego Galicia y Andalucía, en 1980 y luego todos hasta 17 Comunidades Autónomas.

Se celebraron también las primeras elecciones municipales democráticas (abril de 1979) con victoria de la izquierda, generalmente el PSOE o el PSOE-PCE, en las principales ciudades. El Estatuto de los Trabajadores (1980) y la Ley del Divorcio (1981) fueron aprobados. España entró en la OTAN, con la fuerte oposición de la izquierda; el PSOE se comprometió a convocar un referéndum sobre la permanencia en la OTAN del país cuando llegara al poder. El PSOE renunció a la ideología marxista tras un Congreso extraordinario del partido, y endureció su oposición; el PCE sufrió una crisis debido a que Carrillo no pudo controlar las disidencias. AP se reforzó con la incorporación de políticos de UCD.

La UCD entró en crisis. El PSOE presentó una moción de moción de censura contra el gobierno en mayo de 1980 y Suárez empezó a recibir críticas de los barones de su propio partido, escindido en dos grupos: liberales y socialdemócratas en el centro- izquierda; democristianos y conservadores, en el ala derecha. Suárez cambió varias veces su gobierno. Abril Martorell, vicepresidente del Gobierno, dimitió (julio de 1980) y también Suárez en enero de 1981.

La UCD eligió como sucesor a Leopoldo Calvo Sotelo. El 23 de febrero de 1981 se produjo un intento de golpe de Estado del teniente coronel de la Guardia Civil, Tejero, durante la sesión de votación en el Congreso para su investidura como nuevo presidente de gobierno. En la III Región Militar (Valencia), el general Jaime Miláns del Bochs declaró el estado de guerra y sacó los tanques a la calle. La falta de apoyo al golpe de Estado por parte de los altos mandos militares y la firme postura en contra del Rey, frustró la operación .

Calvo Sotelo no pudo detener la descomposición del partido que sufrió el abandono de personalidades hacia derecha (AP) e izquierda (PSOE). En las elecciones de octubre de 1982 ganó por mayoría absoluta el PSOE. Es el punto final de la etapa de transición democrática en España.

Comunidades Autónomas: en 1995 se aprobaron los estatutos para Ceuta y Melilla.

moción de censura: un grupo de diputados del Congreso -por lo menos la 10ª parte- puede presentar por escrito una moción de censura contra el gobierno, alegando sus motivos y proponiendo un candidato con un programa alternativo. Esta moción será debatida en la cámara y si alcanza la mayoría absoluta en una votación, el candidato propuesto podrá formar gobierno.

Tejero: quien, pistola en mano, desde la tribuna de oradores, gritó "Todos al suelo" y obligó a agacharse a los parlamentarios que fueron secuestrados durante diecisiete horas y media. Tejero era un militar de ultraderecha que, junto al capitán Ricardo Saénz de Ynestrillas, ya había protagonizado un complot golpista en noviembre de 1978, la llamada Operación Galaxia, por el nombre de la cafetería madrileña, en el barrio de Argüelles, donde celebraban sus encuentros. Planeaban secuestrar al gobierno durante un consejo de ministros y sustituirlo por una junta militar. Fueron descubiertos por el CESID, detenidos y condenados a leves penas de cárcel (siete meses a Tejero y seis meses y un día a Ynestrillas). Participó en la operación el general Alfonso Armada, antiguo preceptor del rey, que confiaba en lograr la aceptación de éste y ser nombrado presidente del gobierno. También estaban implicados mandos de la División Acorazada Brunete, que debían tomar Madrid y algún civil. Los españoles, aterrorizados, pudieron seguir en directo por TVE y radio, los sucesos.
Don Juan Carlos consiguió parar el golpe de estado; primero, a través de llamadas telefónicas con los principales implicados y por último, con el mensaje televisado, en que el Rey manifestaba claramente que no lo autorizaba. Don Juan Carlos ganó ese día la legitimidad democrática que le faltaba, con una actuación muy diferente a la de su abuelo, Alfonso XIII, ante el golpe de Estado de Primo de Rivera.
En Valencia, a las cuatro de la mañana el general Milans del Bosch ordenó a las tropas regresar a los cuarteles. Tejero, presionado, puso fin al secuestro a las doce de la mañana. Entre febrero y junio de 1982 tuvo lugar un consejo de guerra contra los principales implicados en la intentona. Las penas fueron muy leves y el gobierno recurrió contra la sentencia. El Tribunal Supremo aumentó las penas.

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La transición política. La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías.