En esta investigación se detalla como Odebrecht habría realizado coimas de dinero y sobornos, a
presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República
Dominicana y Venezuela,2 durante los último
Una cesación abrupta de las operaciones de Odebrecht puede tener consecuencias negativas en la
cadena de pagos de la economía local. Asimismo, tampoco es de conocimiento público el grado de
exposición de cada empresa a Odebrecht, lo cual puede generar desconfianza entre los participantes
del mercado.
En Ecuador es uno de los únicos países donde el escándalo de Odebrecht no ha provocado tres
escenarios, al menos, que se producen donde hay administraciones interesadas en combatir la corrupción. 1.
El resarcimiento económico de la empresa brasileña por sus actos de corrupción. 2. La colaboración entre la
constructora y los gobiernos de los respectivos países para dar con los corruptos. 3. La captura para
investigación de funcionarios o ex funcionarios que tuvieron relación con la constructora.
En el art.278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Los actos de corrupción se caracterizan por la violación en el
deber de actuar de forma correcta de la servidora y el servidor público y el aprovechamiento indebido de los
recursos públicos que son propiedad de todas y todos los ecuatorianos.
Yo como ciudadana haría investigaciones a fondo que sean exitosas y contar con instrumentos legales
apropiados. La corrupción opera sobre un convenio secreto entre partes. Es decir, todas las partes
involucradas en el acto ilícito tienen un motivo para ocultar la transacción ilegal. Para romper ese secreto,
leyes como la delación premiada y la protección de denunciantes ofrecen buenas alternativas. También juegan
un rol especial las leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Varios países de la región las han
adoptado en los últimos años, y es de esperar que permitan complementar las responsabilidades individuales
con medidas sobre las corporaciones involucradas en actos ilícitos.