Repaso Temas Comunes- Test1-2-3-4 (115) ver descripcion

a. El Presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces.

b. La Diputación Permanente, con especificación, en todo caso, del orden del día, a petición del Presidente de las Cortes de Aragón

c. Dos grupos parlamentarios.

d. Una quinta parte de los Diputados.

a. Cuando se dé cuenta de cuestiones de gobierno interior.

b. Cuando tengan por objeto el estudio de incompatibilidades y cuestiones personales que afecten a los Diputados.

c. Cuando lo decida el Presidente de la Comunidad Autónoma.

d. Cuando así lo acuerde el Pleno o la Comisión por mayoría absoluta de sus miembros, a iniciativa de la Mesa de las Cortes, de la Diputación General, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros del Pleno o de la Comisión.

a. Por renuncia.

b. Por incompatibilidad sobrevenida o incumplimiento de sus deberes, apreciados por el Pleno de las Cortes por mayoría de dos tercios.

c. Por expiración del plazo de su mandato.

d. Por condena por delito en virtud de sentencia judicial firme.

a. Para el cumplimiento de sus funciones el Justicia podrá disponer de los medios personales y materiales necesarios de acuerdo con las partidas que figuren en el presupuesto de las Cortes de Aragón.

b. El Justicia podrá designar libremente los asesores que crea necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

c. Las personas que se encuentren al servicio del Justicia y mientras permanezcan en su puesto se considerarán como personal al servicio del Consejo general del Poder Judicial.

d. Las Cortes podrán adscribir personal al servicio del Justicia sea de forma permanente o temporal.

a. El derecho civil o foral de Aragón.

b. Las leyes aprobadas por las Cortes de Aragón.

c. Las disposiciones con fuerza de Ley aprobadas por la Diputación Provincial por delegación de las Cortes de Aragón.

d. Los Reglamentos emanados de la Diputación General en materias cuya competencia corresponda a la comunidad autónoma

a. Los españoles residentes en el extranjero que hubiesen tenido su última vecindad en la Comunidad Autónoma de Aragón y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España, así como sus descendientes inscritos como españoles que así lo soliciten.

b. Los ciudadanos miembros de países de la Unión Europea.

c. Los extranjeros que mediante tratado o ley y atendiendo al criterio de reciprocidad así se establezca.

d. Los ciudadanos miembros de países de la Unión Europea que lleven residiendo legalmente en España, al menos 10 años.

a. Las personas físicas o jurídicas que manifiesten un interés legítimo relativo al objeto de la queja.

b. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

c. Los Diputados de las Cortes de Aragón, las comisiones de investigación y, también, a la que se encargue de las relaciones con el Justicia.

d. Los miembros de las corporaciones locales podrán solicitar la intervención del Justicia en su ámbito territorial.

a. Son los establecidos expresamente en el Estatuto.

b. Se relacionan explícitamente en el Estatuto de Autonomía y además los establecidos con carácter general para los españoles que establece la Constitución.

c. Son los establecidos en la Constitución para los españoles, a los que el Estatuto añade además una serie de deberes.

d. Son los que establece la Constitución para los españoles.

a. Se elevará al Consejo de Gobierno.

b. Se elevará a las Cortes Generales.

c. Se elevará al Gobierno de la nación.

d. Se elevará al Congreso de los Diputados.

a. Durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio de Aragón, no podrá ser detenido ni retenido, sino en supuesto de flagrante delito.

b. Será inviolable, aun después de haber cesado en su mandato, por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.

c. Correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

d. Fuera del ámbito territorial de Aragón, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

a. Convocar elecciones a Cortes de Aragón, así como su sesión constitutiva.

b. Plantear ante las Cortes de Aragón la moción de censura, previa deliberación del Gobierno, así como proponer la celebración de debates generales.

c. Disolver las Cortes de Aragón, previa deliberación del Gobierno.

d. Son ciertas las respuestas A y C.

a. Los Diputados de las Cortes de Aragón tienen derecho a obtener de las autoridades públicas la información precisa para el desarrollo de sus funciones.

b. Todo Diputado deberá estar adscrito a un grupo parlamentario.

c. La responsabilidad penal será exigible fuera de la Región ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

d. Las sesiones plenarias de la Asamblea siempre serán públicas

a. La Diputación Permanente.

b. Las propias Cortes de Aragón.

c. El Presidente de la Comunidad.

d. El Consejo de Gobierno.

a. Sera siempre un Vicepresidente.

b. Se le considerará como Presidente en funciones y tendrá derecho a los mismos honores y tratamiento que la presente Ley reconoce al Presidente.

c. La afirmación a) y b) son correctas.

d. La afirmación a) y b) son incorrectas.

a. Por el Presidente de las Cortes de Aragón dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.

b. Por el Presidente de la Comunidad Autónoma dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.

c. Celebradas elecciones a Cortes de Aragón, y una vez proclamados sus resultados, éstas se reunirán, dentro de los quince días siguientes a la proclamación de los Diputados electos, el día y a la hora señalados en el Decreto de convocatoria del Presidente de la Diputación General de Aragón cesante y, en su defecto, el decimoquinto día hábil siguiente al de dicha proclamación.

d. Por el Presidente de la Comunidad Autónoma dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones.

a. El Presidente de la Comunidad Autónoma previa deliberación del Consejo de Gobierno.

b. El Presidente de las Cortes de Aragón.

c. El Consejo de Gobierno previa deliberación con el Presidente de la Comunidad Autónoma.

d. El Presidente de las Cortes de Aragón previa deliberación del Consejo de Gobierno.

a. Una ley de las Cortes de Aragón.

b. El Consejo de Gobierno mediante Decreto.

c. El Presidente de las Cortes de Aragón.

d. El Reglamento de las Cortes de Aragón.

a. Dos Meses.

b. Un mes.

c. Tres meses.

d. Seis meses.

a. Adoptarán la forma de decreto las decisiones del Gobierno que aprueban disposiciones de carácter genera.

b. En todo caso los acuerdos del Gobierno se publicarán en el Boletín Oficial de Aragón.

c. Adoptarán la forma de acuerdo del Gobierno las decisiones que no deban adoptar la forma de decreto.

d. Los decretos del Gobierno se publicarán en el Boletín Oficial de Aragón.

a. Las Cortes de Aragón de entre sus miembros.

b. El Consejo de Gobierno de entre sus miembros.

c. El Rey mediante Real Decreto de entre los miembros de las Cortes de Aragón.

d. Las Cortes Generales de entre los miembros de las Cortes de Aragón.

a. Los que lesionen derechos y libertades públicas

b. Los dictados por órganos manifiestamente competentes por razón de la materia y territorio

c. Los que tengan un contenido imposible.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

a. Son nulos los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

b. El defecto de forma sólo determinará la nulidad del acto cuándo éste carezca de los requisitos formales esenciales para alcanzar su fin o de lugar a indefensión de los interesados.

c. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo disponga la naturaleza del término o plazo.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

a. La administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

b. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo en los casos de eficacia retroactiva.

c. Si el vicio consistiera en falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

a. Derecho a cumplir las obligaciones de pago por medios electrónicos.

b. A conocer el estado de tramitación de todos los procedimientos administrativos.

c. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y a aportar documentos en cualquier momento anterior al trámite de audiencia.

d. A identificar a las autoridades y al personal de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos

a. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

b. Las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la iniciación del procedimiento, la identificación de la persona que pudiera resultar responsables y las circunstancias relevantes del procedimiento.

c. Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia, y en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del expediente.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

a. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para iniciar o instruir el procedimiento, podrá adoptar, de oficio o a instancia del interesado y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existieran elementos de juicio para ello.

b. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para resolver, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas.

c. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al de su adopción.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

a. Embargo definitivo de bienes, rentas y cosas fungibles.

b. Prestación de fianzas

c. Retención de ingresos a cuenta que deban abonar las administraciones públicas

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

a. Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.

b. Los procedimientos iniciados de oficio, lo harán por acuerdo del órgano competente.

c. En el caso de procedimientos iniciados por solicitud del interesado, cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

a. en un plazo de diez días

b. en un plazo de cinco días

c. en un plazo de quince días

d. en un plazo de veinte días

a. Por iniciativa propia del órgano competente

b. Por orden de un superior o a petición razonada de otros órganos

c. Por denuncia

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

a. Como consecuencia de orden de un superior

b. Como consecuencia de una denuncia

c. Como consecuencia de la petición razonada formulada por otros órganos

d. Las respuestas a y c son correctas

a. Podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado

b. Se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente o por denuncia

c. El acuerdo de iniciación se notificará a los interesados entendiendo en todo caso como tal al inculpado

d. Las respuestas b y c son correctas

a. Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

b. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.

c. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

a. 6 meses

b. 1 año

c. 2 años

d. 5 años

a. Desde que se produjo el hecho o acto que motiva la indemnización.

b. Desde que se manifiesta el efecto lesivo.

c. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

a. La dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico del interesado con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.

b. Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.

c. Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación.

d. Todas las respuestas anteriores recogen requisitos imprescindibles que toda solicitud de iniciación debe contener.

a. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, exigirán éstos el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación

b. Las Administraciones Públicas podrán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos, de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones Públicas.

c. Los sistemas normalizados de solicitud incluirán comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

a. 10 días

b. 15 días

c. 20 días

d. 5 días

a. Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.

b. Identificación del órgano instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.

c. El medio de pago para hacer efectiva la sanción, indicación para poder obtenerlo.

d. Todas las respuestas anteriores recogen requisitos imprescindibles que todo acuerdo de iniciación de un procedimiento sancionador debe contener

a. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

b. La resolución de la Administración Pública que declare las circunstancias anteriores podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

c. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

a. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, en el expediente podrá constar copia electrónica certificada de la resolución adoptada.

b. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

c. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga.

d. La autenticación del índice del expediente garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos

a. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.

b. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.

c. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

a. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

b. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

c. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días naturales a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

d. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días naturales a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto

a. Lo pondrá en conocimiento de su autor, declarando el desistimiento.

b. Lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo.

c. Lo pondrá en conocimiento de su autor, declarándolos decaídos en el derecho al trámite.

d. Ninguna de las respuestas es correctas

a. Se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos.

b. Se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento.

c. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

a. Conforme a los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

b. Conforme a los criterios establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Enjuiciamiento Civil.

c. Conforme a los criterios establecidos en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria.

d. Ninguna respuesta es correcta

a. Será acordado por el órgano instructor, de oficio cuando lo considere necesario.

b. Tendrá una duración no inferior a diez días.

c. Los interesados no podrán instar la apertura de dicho período.

d. Ninguna respuesta es correcta

a. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.

b. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo.

c. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.

d. Todas las respuestas son correctas

a. 15 días.

b. 10 días

c. 5 días

d. 20 días

a. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros.

b. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.

c. En aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

a. 1 mes

b. 3 meses

c. 2 meses

d. 15 días

a. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

b. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

c. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

a. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, acordará un período de información pública.

b. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde.

c. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

d. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales

a. El desistimiento.

b. La renuncia al derecho en el que se funde la solicitud.

c. La caducidad.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

a. de al menos, el 30 % sobre el importe de la sanción propuesta.

b. de al menos, el 50 % sobre el importe de la sanción propuesta.

c. de al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta.

d. de al menos, el 40 % sobre el importe de la sanción propuesta

a. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

b. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado.

c. Los convenios formalizados deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.

d. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos

a. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados.

b. Con la notificación del acuerdo, se concederá un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas.

c. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

a. La resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en esta Ley.

b. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.

c. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

a. Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.

b. Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.

c. Cuando lo hechos no resulten acreditados.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas

a. 3 meses

b. 12 meses

c. 6 meses

d. 1 mes

a. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.

b. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.

c. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

d. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.

a. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del procedimiento.

b. Consumido el plazo señalado sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.

c. Podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.

d. En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, no podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad.

a. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento.

b. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados y si ninguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria.

c. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que concurren razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado.

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

a. Si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, acordará de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.

b. Si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su resolución considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, acordará de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.

c. Si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.

d. Si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su resolución considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.

a. Se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado.

b. Se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para tramitar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado.

c. Se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para resolver el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado.

d. Ninguna respuesta es correcta.

a. Un mes

b. Dos meses

c. 15 días

d. 30 días

a. Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.

b. Apertura del período de prueba.

c. Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo.

d. Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.

a. Una disposición establezca lo contrario.

b. Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa.

c. Se necesite aprobación o autorización superior

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

a. Transferencia bancaria.

b. Domiciliación bancaria.

c. Banca electrónica.

d. Tarjeta de crédito y débito.

a. Ejecución subsidiaria.

b. Multa coercitiva.

c. Desahucio administrativo.

d. Compulsión sobre las personas.

a. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2.

b. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, podrán declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.

c. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

d. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

a. Cuatro años desde que se notificó el acto administrativo al interesado

b. Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo

c. Cuatro años desde que el acto administrativo adquirió firmeza

d. Ninguna respuesta es correcta

a. 6 meses

b. 3 meses

c. 2 meses

d. 4 años

a. Los actos de trámite que impiden la continuación del procedimiento

b. Actos de trámite que inciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto.

c. Las resoluciones

d. Todas las respuestas son correctas

a. La oposición a los actos de trámite no impugnables podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

b. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

c. En las mismas condiciones recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos señalados en la respuesta b), respetando su carácter potestativo para el interesado.

d. Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabrá recurso en vía administrativa.

a. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

b. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.

c. La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora.

d. Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

a. Carecer de legitimación el recurrente.

b. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

c. Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

d. Todas las respuestas son correctas

a. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

b. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos 30 días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto.

c. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado.

d. Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.

a. 10 días

b. 15 días

c. 20 días

d. Ninguna respuesta es correcta.

a. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

b. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados

c. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que fue admitido el recurso.

d. La resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.

a. Eficacia, celeridad, publicidad y economía procesal, con pleno respecto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable

b. Eficacia, celeridad y economía procesal con pleno respecto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable

c. Eficacia, publicidad y economía procesal con pleno respecto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable

d. Eficacia, celeridad y publicidad, con pleno respecto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable

a. Cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario

b. Cuando sea dictado en contra del funcionario auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito

c. Cuando el funcionario se encuentre en suspensión firme de funciones

d. En ninguno de los casos anteriores será aceptada la renuncia de un funcionario público

a. La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios

b. La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional

c. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño

d. Ninguna es correcta

a. Será obligatorio cuando lo solicite una de las partes

b. Las propuestas de solución vinculan las partes

c. Son correctas a) y b)

d. Ninguna es correcta

a. La progresión alcanzada por el funcionario dentro de la carrera administrativa

b. Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo

c. La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo

d. El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y rendimientos o resultados obtenidos

a. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

b. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y eficiencia de sus miembros.

c. En los órganos de selección se tenderá, a la paridad entre mujer y hombre.

d. Todas las respuestas son correctas, no existe respuesta incorrecta.

a. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia.

b. Los órganos de gobierno de las distintas administraciones públicas velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos.

c. Correctas a y b.

d. Incorrectas a y b.

a. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo.

b. Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública.

c. Las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas.

d. En los procesos selectivos, no podrán exigirse reconocimientos médicos.

a. No en ningún caso

b. Sí, con carácter excepcional, cuando así se establezca en la convocatoria

c. No, el concurso solo es un sistema de selección válido para el personal laboral

d. Sí, en virtud de ley y con carácter excepcional

a. Las Administraciones Públicas deberán crear órganos especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública.

b. Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública.

c. Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y no permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública.

d. Las Administraciones Públicas deberán crear órganos especializados y no permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública.

a. No podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto que así se provea por ley de Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas

b. En ningún caso podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas.

c. No podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.

d. No podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así se establezca reglamentariamente.

a. Superación del proceso selectivo.

b. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente.

c. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico.

d. Toma de posesión dentro del plazo de un mes

a. La renuncia es voluntaria

b. La renuncia se habrá de manifestarse por escrito.

c. La renuncia se comunicará a la Administración con una antelación de 15 días a la fecha en que se quiera hacer efectiva.

d. Todas son correctas, no existe respuesta incorrecta.

a. Siempre tendrá que ser aceptada

b. Inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública.

c. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario.

d. Todas las respuestas son correctas.

a. La renuncia a la condición de funcionario.

b. La pérdida de la nacionalidad española en todo caso

c. La jubilación total del funcionario.

d. Todas son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera.

a. La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.

b. La pérdida de nacionalidad.

c. La jubilación parcial del funcionario

d. La renuncia

a. Voluntaria, forzosa y especial

b. Forzosa, parcial, voluntaria y por incapacidad permanente

c. Anticipada, forzosa, especial y parcial

d. Parcial, por declaración de incapacidad permanente, forzosa y voluntaria.

a. Establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.

b. Establecidos en el propio EBEP

c. Establecidos en las leyes de función pública que resulten de aplicación

d. Correctas b y c

a. Los sesenta y cinco años de edad.

b. Los setenta años de edad.

c. La edad señalada en las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del EBEP.

d. Correcta la c, pero en defecto de normativa al respecto la edad de jubilación será la señalada por la Seguridad Social.

a. A solicitud del interesado,

b. Siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el EBEP o ley de función pública que resulte de aplicación.

c. Correctas a y b

d. Incorrectas a y b

a. Cuatro años.

b. Seis años.

c. Cinco años.

d. Todas son falsas.

a. Conjuntamente por el Consejo y el Parlamento.

b. Por el Parlamento.

c. Por la Comisión.

d. Por la Comisión y el Parlamento.

a. La representación de cada miembro ante la UE.

b. Un órgano de la Comisión.

c. Un órgano del Parlamento.

d. La reunión de los miembros de la Comisión.

a. 28.

b. 27.

c. 29.

d. 15.

a. 5 años.

b. 6 años.

c. 4 años.

d. El que determine el Parlamento.

a. Estrasburgo.

b. Bruselas.

c. Luxemburgo.

d. París.

a. Renovable por una sola vez.

b. Renovable.

c. No será renovable.

d. Renovable cuando así lo determine el Parlamento.

a. Al Tribunal de Cuentas.

b. Al Tribunal de Justicia.

c. A la Comisión.

d. Al Consejo.

a. Por unanimidad.

b. Por mayoría cualificada.

c. Por 2/3 partes.

d. Por mayoría del número de miembros.

a. Luxemburgo.

b. Bruselas.

c. Frankfurt.

d. La Haya.

a. Definirá las orientaciones con arreglo a las cuales la Comisión desempeñará sus funciones.

b. Determinará la organización interna de la Comisión velando por la coherencia, eficacia y colegialidad de su actuación.

c. Nombrará Vicepresidentes, distintos del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de entre los miembros de la Comisión.

d. Todas las opciones son verdaderas.

a. La circunscripción electoral sea única para todo el territorio nacional.

b. La circunscripción electoral sea por Comunidades Autónomas.

c. La circunscripción electoral sea por provincias.

d. Todas las opciones son falsas.

a. El Consejo.

b. La Comisión.

c. El Parlamento.

d. Todas las opciones son verdaderas.

a. Solamente los nacionales de los Estados miembros podrán ser miembros de la Comisión.

b. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones con absoluta independencia y en interés general de su país.

c. Los miembros de la Comisión podrán, mientras dure su mandato, ejercer actividades profesionales, retribuidas o no, solamente fuera de la Comunidad.

d. Todas las opciones son verdaderas.

a. El período parcial de sesiones será la reunión que celebre el Parlamento, por regla general, cada mes. Este período se dividirá en sesiones.

b. La legislatura coincidirá con la duración del mandato de los Diputados.

c. La duración del período de sesiones será de un año.

d. Todas las opciones son verdaderas.