Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por:
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Su normativa específica y supletoriamente por la Ley 39/2015.
Con carácter general, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo. En este caso, la resolución expresa posterior a la producción del acto:
Bastará con que se haga constar en diligencia el sentido del silencio.
Sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
No será necesaria resolución expresa una vez que el silencio administrativo produce sus efectos.
Se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
¿Cuál es el plazo del que dispone el órgano para resolver para expedir el certificado acreditativo del silencio administrativo desde que expira el plazo máximo para resolver el procedimiento?
15 días.
20 días.
30 días.
10 días.
La ampliación de plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará , en todo caso:
Cuando la ampliación se acuerde de oficio.
En los procedimientos que, sustanciándose en el interior exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero.
En los procedimientos que, sustanciándose en el interior, intervengan interesados residentes dentro de España.
Cuando la ampliación se acuerde previa solicitud del interesado.
Cuál de los siguientes no es un derecho de los interesados en el procedimiento administrativo:
No presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario
Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos
Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados
Formular alegaciones en cualquier fase del procedimiento, que deberán ser tenidas en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución
Señale la respuesta incorrecta. En relación a la adopción de medidas provisionales en el procedimiento administrativo:
Se adoptarán necesariamente de forma motivada
Se adoptarán con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer
Las debe adoptar el órgano administrativo competente para resolver, una vez iniciado el procedimiento
Se adoptarán necesariamente de oficio
El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente:
Será obstáculo para su tramitación.
No será obstáculo para su tramitación,en ningún caso.
Será obstáculo para su tramitación y resolución.
No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
La resolución que ponga fin al procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas por imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, ¿deberá ser motivada?
Sí, siempre
Sólo si dicha resolución es a favor del interesado
Sólo si dicha resolución es a favor de la Administración
No, nunca
¿Cuándo se podrá prescindir del trámite de audiencia?
Cuando figuren en el procedimiento otros hechos y pruebas además de las aducidas por el interesado
Todas las demás respuestas son correctas
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado
El periodo de información pública del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas lo podrá acordar:
El órgano al que corresponda la instrucción del procedimiento
Ninguna de las demás respuestas es correcta
El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento
El órgano al que corresponda la tramitación del procedimiento
Los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigor de la Ley 39/2015:
Se sustanciarán por las normas establecidas en ésta
No les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior
Se sustanciarán por las normas establecidas en ésta solo para determinados aspectos del procedimiento
¿Al amparo de qué artículo de la Constitución Española se aprueba la Ley 39/2015?
Del artículo 150.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y competencia en materia de procedimiento administrativo común y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas
Del artículo 149.2 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y competencia en materia de procedimiento administrativo común y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas
Del artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y competencia en materia de procedimiento administrativo común y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas
Del artículo 148.1.18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y competencia en materia de procedimiento administrativo común y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas
En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa:
Debe estar justificada por una razón de interés general.
Basarse en una identificación clara de los fines perseguidos.
Ser el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de los fines perseguidos.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
En el ejercicio y revisión de su iniciativa normativa, las Administraciones públicas promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para:
Favorecer la introducción de medidas de estabilidad presupuestaria.
Promocionar el análisis presupuestario en la elaboración de las normas.
Evitar la introducción de restricciones injustificadas a la actividad económica.
Hacer efectivo el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera.
¿Quiénes son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo?
Los órganos directivos de la Administración Pública competente para resolver el procedimiento.
Los titulares de los órganos administrativos competentes para resolver el procedimiento.
El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver.
Todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas que haya participado o vaya a participar en la resolución del procedimiento administrativo.
Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice:
Su interconexión.
Su compatibilidad informática.
La transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.
Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.
Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por:
Los órganos administrativos que dependan jerárquicamente de aquellos.
Los órganos administrativos que no dependendan jerárquicamente de aquellos.
Los órganos administrativos que pertenezcan a otra Administración.
No ponen fin a la vía administrativa:
Las resoluciones de los recursos de alzada
Todas las demás respuestas son incorrectas
La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial
Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento
¿Cuántas Disposiciones Transitorias tiene la Ley 39/2015?
Cuatro
Una
Dos
Cinco
Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas:
Que tengan un contenido imposible.
Que se dicten como consecuencia de cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
Que se dicten prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos administrativos.
Los actos de la Administración que incurran en desviación de poder son:
Nulos.
Anulables.
La desviación de poder solo determinará la nulidad o anulabilidad cuando dé lugar a la indefensión de los interesados.
En un procedimiento administrativo presentan una solicitud conjuntamente Pedro, Juan y Marcos y no designan representante, figurando en el escrito por el siguiente orden: primero Pedro, después Marcos y finalmente Juan. Las actuaciones a que de lugar la solicitud presentada, ¿con quién se efectuarán?
Con Juan.
No se dará curso al procedimiento hasta que designen un representante.
Con cualquiera de ellos a elección del órgano competente para tramitar el procedimiento.
Con Pedro.
Según la Ley 39/2015, los plazos expresados en días se contarán:
A partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
A partir del día en que se dicte el acto de que se trate.
A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
A partir del día siguiente a aquel en que se dicte el acto de que se trate.
Para que las Administraciones Públicas declaren de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa:
Es necesario previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.
Es necesario efectuar previamente la declaración de lesividad para el interés público.
Es necesario previo dictamen favorable de la autoridad administrativa superior a aquella que dictó el acto susceptible de anulación.
Todas las respuestas son correctas.
Señale la respuesta correcta:
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de un mes.
El plazo para la interposición del recurso de reposición será de tres meses, si el acto fuera expreso.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes.
