2 taller

SENTENCIA C-233 DE 2021

Para sostener que se presenta un cambio material de la Constitución,

primero

explicar la modificación sufrida por el marco constitucional

el accionante deberá explicar el alcance de la modificación a la disposición o grupo de disposiciones constitucionales que considere como referentes de constitucionalidad

segundo

tercero

los referentes o factores que acreditan dicha modificación

la relevancia de la nueva comprensión constitucional respecto de las razones de la decisión adoptada en el pasado

El demandante debe exponer la forma en que la Constitución es entendida de manera distinta en la actualidad

a nivel procesal

Requisitos de aptitud de la demanda en la acción pública de inconstitucionalidad

1. señalar las normas que se acusan como inconstitucionales,

2. indicar las disposiciones superiores que estima infringidas, y

3 exponer las razones o motivos por los cuales la norma viola la Constitución, lo que se traduce, a su vez, en la formulación de por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad.

(i) claras, lo que significa que la acusación sea comprensible;

(ii) ciertas, es decir, que se refieran directamente al contenido de la disposición demandada y no a proposiciones inferidas por el accionante a partir de interpretaciones irrazonables o meramente subjetivas;

(iii) específicas, o que expongan de manera explícita el mecanismo de violación a la Carta Política;

(iv) pertinentes, o destinadas a demostrar la violación de la Constitución, y no a proponer problemas de interpretación legal, de conveniencia o de valoración política; y

(v) suficientes, que se configuran cuando la acusación presenta los argumentos necesarios para generar una duda de inconstitucionalidad, o una duda sobre la presunción de validez que cobija a las leyes, a raíz de su origen democrático

Posibilidad de dictar un nuevo pronunciamiento, ante la existencia de cosa juzgada constitucional

- La segunda hipótesis, es decir, el cambio en el significado de la Constitución se refiere a la comprensión de la Carta Política como un texto evolutivo o viviente. Esta hipótesis no depende entonces de la incorporación o incorporación formal de normas al bloque de constitucionalidad, sino a la manera en que la comprensión de las reglas y principios constitucionales cambia en el tiempo y se adapta a realidades políticas, sociales y económicas

(i) un cambio en el parámetro de control, derivado de la incorporación de nuevos mandatos relevantes a la Constitución Política, incluido el bloque de constitucionalidad;

(ii) una modificación en el significado material o en la comprensión de los mandatos relevantes, derivada de cambios sociales, políticos o económicos significativos; o

(iii) la variación en el contexto normativo en que se inserta la norma objeto de control

en el presente caso, los cargos admitidos, los relacionados con la supuesta vulneración del

(i) derecho a la integridad personal y a no ser sometidos a tratos y penas inhumanas, crueles y degradantes,

(ii) el derecho al libre desarrollo de la personalidad,

y (iii) la dignidad humana, son aptos para emitir un pronunciamiento de fondo

que los tres cargos que satisfacen las condiciones argumentativas para un pronunciamiento de fondo guardan una relación estrecha, pues se refieren a distintas dimensiones de la dignidad humana y, en especial, a la dignidad como autonomía (vivir como se quiera) y a la dignidad como integridad (vivir sin humillaciones), las cuales a su vez, cuentan con un desarrollo más amplio en los artículos 12 (derecho a la integridad personal) y 16 de la Constitución Política (libre desarrollo de la personalidad).

En ese orden de ideas, del texto de la demanda surge un problema jurídico de fondo complejo, que consiste en establecer si el artículo 106 del Código Penal, que prevé el delito de homicidio por piedad, desconoce la dignidad humana, en sus dimensiones de vivir como se quiera o respeto por la autonomía del ser humano y vivir bien, o garantía a la integridad física y moral del ser humano

demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 106 de la Ley 599 de 2000, “por la cual se expide el Código Penal”.

Sin embargo, como se indicó en la presentación del caso, antes de proceder al examen de fondo, es necesario determinar si se presenta cosa juzgada constitucional, o si la demanda, aunque menciona el artículo 106 del Código Penal como norma cuestionada, en realidad se dirige íntegramente contra la Sentencia C-239 de 1997

cosa juzgada material se proyecta sobre la norma (o contenido normativo).

sí existe cosa juzgada material, debido a que la Corte Constitucional se pronunció sobre un contenido normativo idéntico al de la norma demandada en la Sentencia C-239 de 1997.

a pesar de la existencia de cosa juzgada, la Sala advierte que en este caso hay dos líneas argumentativas que conducen a la reapertura del debate. Por una parte, un profundo cambio en el contexto normativo, que incluye una comprensión constitucional más profunda en torno al derecho a morir dignamente que aquella alcanzada en 1997, es decir, una evolución en el significado de los principios constitucionales relevantes. Algunos de los elementos que se expondrán a continuación, se proyectan en la materialización de ambos fenómenos

Razones que justifican un nuevo pronunciamiento, pese a la existencia de cosa juzgada constitucional

Cambio en el contexto normativo en que se inserta la norma objeto de estudio

la Sala considera que existen diversos cambios en el contexto normativo en que se inserta el tipo penal de homicidio por piedad. Para empezar, se observa el cambio de estatuto en que se encuentran las normas demandadas (Código Penal de 1980 y Código Penal de 2000);

en segundo lugar, en lo que concierne específicamente al derecho a morir dignamente, existe actualmente una ley sobre cuidados paliativos (Ley 1733 de 2014), la Ley 972 de 2005, por la cual se adoptan normas para mejorar la atención de la población que padece de enfermedades ruinosas o catastróficas(VIH), o la Ley 1996 de 2016, sobre el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de personas con discapacidad mayores de edad

tal como lo señalan los accionantes, en el marco del derecho comparado se ha dado un desarrollo profuso del derecho a morir dignamente. Así, actualmente 15 países tienen algún tipo de regulación en torno a la muerte digna, el suicidio asistido o el homicidio por piedad, mientras que, cuando se dictó la Sentencia C-239 de 1997 solamente dos países admitían este tipo de procedimientos, así como un estado de los Estados Unidos de América.

si bien no existe un desarrollo constitucional o jurisprudencial sobre el valor normativo del derecho comparado y su relación con la interpretación de las leyes domésticas, es claro para la Corte que estos cambios pueden contribuir a la concreción de argumentos interpretativos relevantes, mediante la comparación de estados de cosas, finalidades, y logros en el goce efectivo de los derechos.. Por lo tanto, es plausible sostener que estos cambios inciden en el contexto normativo en que se inserta actualmente el homicidio por piedad

Evolución en la comprensión del derecho a morir dignamente

Como lo ha expresado la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia C-577 de 2011, la Carta Política es un texto viviente, pues su significado se adapta a los cambios sociales, económicos, políticos y culturales; y su comprensión se va fortaleciendo a medida que los jueces competentes y, en especial, el Tribunal Constitucional, el poder constituyente (originario o derivado) y el legislador estatutario van delineando el significado de los principios y reglas superiores de la organización social

En Colombia, la primera decisión de la Corte Constitucional sobre el tipo penal de homicidio por piedad se produjo en el año 1997; y en la Sentencia C-239 de 1997, además de declarar la validez condicionada de la norma, la Corte Constitucional ordenó al Congreso de la República expedir una regulación integral sobre el derecho a la muerte digna. Esta regulación nunca se produjo

aunque en el año 2014 se dictó una ley sobre cuidados paliativos, los cuales hacen parte o constituyen una dimensión del derecho fundamental a la muerte digna.

Desde ese momento hasta hoy, la Corte Constitucional se ha pronunciado en siete procesos de tutela

En otros términos, estas sentencias se han referido a aspectos como

(i) el significado del dolor y sufrimiento intenso del paciente;[Sentencia T-970 de 2014] las distintas clases de procedimientos u omisiones que comprende el concepto genérico de eutanasia;

(ii) el modo de materializar el consentimiento informado y la posibilidad de admitir el consentimiento sustituto cuando el paciente no puede expresarlo;

[Sentencia T-721 de 2017] (iii) la situación de las niñas, niños y adolescentes ante enfermedades devastadoras;

[Sentencia T-544 de 2017] (iv) la relación entre la muerte digna, la vida digna y las condiciones de soledad o afectaciones cognitivas propias de las edades más avanzadas;

[Sentencia T-322 de 2017] o (v) las barreras de acceso al servicio en determinados lugares del país

se evidencia una evolución en el significado de la Carta Política en lo que tiene que ver con el derecho a morir dignamente: una de las hipótesis que habilita un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional. En efecto, sin que se haya producido un cambio formal en las fuentes constitucionales, la Carta Política sí ha evolucionado en torno a la decisión de casos concretos, creando un sólido cuerpo jurisprudencial (reflejado en una regulación administrativa que pretende hacerlo operativo) sobre el derecho fundamental a morir dignamente

las principales consideraciones normativas para la solución del problema jurídico. En ese sentido, reiterará su jurisprudencia sobre la dignidad humana y reconstruirá la línea jurisprudencial sobre la causal de justificación del homicidio por piedad y el derecho fundamental a morir dignamente

La dignidad humana y sus dimensiones en el derecho constitucional

La Corte Constitucional ha expresado que la dignidad humana es el fundamento y la finalidad de todos los derechos fundamentales y los derechos humanos

-la dignidad humana es un valor, un principio y un derecho subjetivo en nuestro Estado social y constitucional de derecho.[la Sentencia T-881 de 2002] y se compone de dos maneras:

a. Primero, la dignidad en tanto valor intrínseco, De allí se predica el conjunto de características que le son inherentes y comunes a todos los seres humanos y que les otorgan un estatus especial en el mundo.

b. la autonomía, concebida como elemento ético de la dignidad humana, fundamenta el libre arbitrio de los individuos que nos permite buscar aquello que podemos entender como vivir bien; aspirar a una vida buena.

A partir de la Sentencia C-881 de 2002, la Corte Constitucional planteó que la autonomía tiene una triple función en nuestro ordenamiento constitucional y un triple contenido. Es valor, principio y derecho, e incorpora las dimensiones de actuar con base en un plan de vida definido de manera autónoma (vivir como se quiera), acceder a condiciones materiales mínimas de subsistencia (vivir bien) y ser protegido en su integridad física y moral (vivir sin humillaciones) se remontan en principio a la misma fuente.

(Sentencia C-239 de 1997) la que se refiere a la autonomía ha sido fundamento de decisiones como la despenalización del homicidio por piedad

Sentencia C-239 de 1997

La eutanasia no es eugenesia.

El homicidio por piedad está justificado si el paciente da su consentimiento, el procedimiento es realizado por un médico y la enfermedad está en fase terminal

Sentencia T-970 de 2014

Julia, afectada por un cáncer de colon que hizo metástasis en pelvis, pulmones y abdomen, enfrentó barreras insuperables para acceder a la muerte en condiciones de dignidad, derivadas de la ausencia de regulación, las dificultades para el ejercicio del consentimiento y la discusión sobre el sentido del dolor.

Sentencia T-322 de 2017

Reinaldo, a sus 89 años de edad, inmerso en una situación de abandono familiar y en un estado de depresión profunda solicitó el derecho a la muerte digna. El ‘deber de estricta constatación’ llevó a la Sala Séptima de Revisión a considerar que había desistido de su petición, y aspiraba continuar su vida en condiciones de dignidad

Sentencia T-423 de 2017

Sofía padecía un cáncer agresivo. En la última etapa de su enfermedad, recibía morfina para el manejo del dolor. Solicitó la práctica de un procedimiento eutanásico, pero en su lugar de residencia no disponían de un Comité Científico Interdisciplinario.

Sentencia T-544 de 2017

Francisco sufría de parálisis cerebral y su condición se deterioraba cada día; sus padres solicitaron a su EPS la práctica de un procedimiento eutanásico. ¿Cómo manejar el consentimiento sustituto en el caso de los niños, las niñas y los adolescentes?

Sentencia T-721 de 2017

L.M.M.F padecía un estado vegetativo permanente bajo diagnóstico de enfermedad degenerativa, irreversible y crónica, pero no calificada certeramente como terminal. La Sala Cuarta de revisión advirtió la vulneración de su derecho a la muerte digna en sus diferentes dimensiones

Sentencia T-060 de 2020

María Liria padece de varias enfermedades y su hija solicitó el derecho fundamental a morir dignamente y la activación de los protocolos para acceder a la muerte digna. Sus padecimientos no estaban diagnosticados como “enfermedad terminal

Pasaron diecisiete años antes de que la Corte Constitucional volviera a pronunciarse sobre este derecho constitucional y, durante ese período, relativamente extenso en la vida de una persona, el Congreso de la República no dictó la regulación necesaria para el ejercicio del derecho. Para la Sala es muy importante indicar que aún hoy es imprescindible la regulación mencionada

El derecho fundamental a morir dignamente se relaciona, entre otros, con los derechos a la dignidad humana y la vida; y puede ejercerse de diversas maneras, tres de las cuales han sido identificadas por la jurisprudencia constitucional: (i) los cuidados paliativos, regulados por Ley 1733 de 2014, que pretenden dar manejo al dolor y el sufrimiento ante enfermedades que carecen de medidas terapéuticas y de curación efectivas; (ii) la adecuación del esfuerzo terapéutico, que consiste en suspender o limitar las medidas de soporte a la vida, cuando estas pueden llevar a mayor sufrimiento al paciente (actuación conocida como distanasia) y (iii) las prestaciones específicas para morir, usualmente conocidas como formas de eutanasia, que están sometidas a las condiciones de justificación del homicidio por piedad.

estas decisiones no sustituyen la regulación integral que corresponde hacer al Congreso, pero sí constituyen escenarios en los cuales el juez ve con mayor detalle algunas de las dimensiones de un derecho fundamental, comprende las tensiones que se presentan en el ámbito de su ejecución y eficacia, y permiten conocer también algunas barreras determinantes para su goce efectivo

surgen además algunas sub-reglas, parámetros o criterios específicos de decisión. Así, (i) en el acceso a procedimientos para la muerte digna prima la voluntad del paciente y, por lo tanto, el consentimiento previo, libre e informado; (ii) este consentimiento debe partir de la información adecuada brindada por el médico tratante; (iii) además, con el fin de asegurar una decisión inequívoca, se prevé la confirmación dentro de un término razonable; (iv) también los niños, niñas y adolescentes pueden acceder a los servicios que conducen a una muerte digna. ha establecido que pueden expresarlo niños entre los 12 y los 18 años, en general, y excepcionalmente niños entre 6 y 12 años según su nivel de desarrollo cognitivo y su comprensión del carácter irrevocable de la muerte(v) además, es válido el consentimiento sustituto, siempre que se dé bajo condiciones que permitan inferir que persigue la mejor condición para el paciente, y que indague por la posición que expresaría, en caso de estar consciente para hacerlo(no se produce en un escenario ideal, sino en situaciones en las que el paciente se encuentra en estado de inconciencia)

1. consentimiento,

2. intervención médica y

3. enfermedad terminal

las razones por las cuales se mantendrán dos de las condiciones para la justificación del homicidio por piedad; y se dejará atrás la exigencia basada en la fase terminal de la enfermedad o patología.

la vida y las decisiones autónomas al final de la vida: (v) el ordenamiento constitucional confiere un lugar central, también, a la autonomía, como una consecuencia de la consagración de la dignidad humana; (vi) la autonomía debe proyectarse en la facultad de la persona de adoptar decisiones trascendentales sobre su vida; y (vii) no es admisible imponer a una persona, contra su libertad y autonomía, seguir viviendo en condiciones que considera incompatibles con su dignidad como ser humano. En consecuencia, (viii) si la persona solicita el procedimiento para acceder a la muerte digna, y consiente libremente a su realización, la conducta se entiende justificada.

considerando la relación entre el derecho a morir dignamente y el acceso a servicios de salud adecuados, que ha ido identificándose en la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, la Sala observa que la condición de enfermedad en fase terminal se convierte en una barrera de acceso a servicios para la muerte digna, irrazonable y desproporcionada, que ocasiona un déficit de protección a personas que son sujetos de especial protección por las condiciones de salud extrema que padecen

como el derecho a la muerte auto-determinada forma parte del dominio más intimo de la persona, dicha garantía “no [puede ser] limita[da] a enfermedades graves o incurables, ni se aplica solo a ciertas etapas de la vida o enfermedad.” Esta restricción equivaldría “a una valoración de los motivos de la persona que busca poner fin a su propia vida y, por lo tanto, a una predeterminación sustantiva, que es ajena a la noción de libertad.”

la autonomía supone la facultad de elegir y decidir nuestros intereses vitales a lo largo de la existencia, incluida la posibilidad de establecer cuándo una situación de salud es incompatible con las condiciones que hacen a la vida digna, y cuándo el dolor se torna insoportable.

La vida, en un estado laico y pluralista es inviolable, pero no sagrada. Ello implica que es un principio constitucional de especial relevancia, pero no absoluto; (iii) e imponer a una persona la obligación de padecer sufrimiento intenso derivado de una condición médica como la descrita en el tipo penal, sin poder acudir al apoyo de un médico para dar fin a su existencia en condiciones adecuadas implica someterlo a un trato cruel, inhumano y degradante.

en la medida en que una persona no está obligada a padecer ese sufrimiento, y un trato inhumano que considera degradante y ajeno a su concepto de vida digna cuando ha recibido por parte de su médico tratante un pronóstico de muerte próxima (de manera que ese sufrimiento se extenderá en principio por corto tiempo), no resulta claro por qué una persona que padece una enfermedad grave e incurable, con un pronóstico de vida incierto, sí debería soportar tales condiciones

La denegación o la puesta en duda de la existencia o alcance del padecimiento de dolor no solo significa anular o degradar la experiencia del paciente, sino que también implica, debido a la imposibilidad per se de conocerlo directamente por el otro, un atropello de la autonomía y dignidad de la persona que lo soporta

la condición de enfermedad en fase terminal desconoce la autonomía del paciente que desea terminar su vida porque se encuentra en condiciones extremas, que le producen un sufrimiento intenso, y que se oponen a su concepto de vida digna. Además, esta condición puede llevar a la persona a padecer un trato inhumano, cruel y degradante porque la somete a soportar un sufrimiento intenso de manera indefinida

la Corte avanzó en el estudio de la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes y su relación con el derecho fundamental a morir dignamente. En este ámbito, señaló que si una persona no puede ser obligada a padecer intensamente por un tiempo relativamente corto (muerte próxima) no resulta justificado que deba quedar obligada a soportarlo por un tiempo mucho más amplio o, en cualquier caso incierto (ausencia de pronóstico de muerte próxima). Con miras a una mejor comprensión sobre la relevancia del sufrimiento en el ejercicio del derecho a la muerte digna, la Corporación reiteró que, más allá de las profundas discusiones científicas en torno al dolor y el sufrimiento, es necesario, para asegurar el goce efectivo del derecho, dar prevalencia a la dimensión subjetiva

declaró exequible el artículo 106 del Código Penal, en el entendido de que no se incurre en el delito de homicidio por piedad, cuando la conducta (i) sea efectuada por un médico, (ii) sea realizada con el consentimiento libre e informado, previo o posterior al diagnóstico, del sujeto pasivo del acto, y siempre que (iii) el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable.

La Corte Constitucional amplió el derecho fundamental a morir dignamente. Con esta decisión se amplían los supuestos de circunstancias médicas respecto de los cuales un sujeto puede ejercer su derecho a morir dignamente, pues ahora la eutanasia podrá ser solicitada no solo por aquél paciente que se encuentre en estado terminal, sino que también la podrá pedir el paciente que padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente bien de lesión corporal o de enfermedad grave e incurable. Dentro de la decisión adoptada por la Honorable Corte Constitucional, se declara la exequibilidad del artículo 106 de la Ley 599 de 2000 -Código Penal- que habla sobre el Homicidio por Piedad, en el entendido de que no se incurre en el delito en mención siempre y cuando la conducta sea efectuada por un médico, bajo el consentimiento libre e informado, previo o posterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto, y que éste último padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable