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1. Consejo Superior mantiene administración de la justicia

   • Al respecto, el artículo 15 de la reforma determinaba que el gobierno y la administración de la Rama Judicial quedaban a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial. Sin embargo, el alto tribunal determinó su inexequibilidad, salvo en lo que tiene que ver con la derogatoria tácita del numeral 2° del artículo 254 de la Constitución.

2. Ya no habrá Gerencia de la Rama Judicial

   • Frente al artículo 16, que determinaba que la Gerencia se subordinaba al Consejo de Gobierno Judicial y que estaría organizada de acuerdo con el principio de desconcentración territorial, la Corte determinó su inexequibilidad, así como la de los incisos 2° y 6° del artículo 26, relacionados con la sustitución de vocablos referidos a esta instancia.

3. Comisión de Aforados

   • Por otra parte, la Comisión de Aforados fue excluida del ordenamiento como consecuencia de una demanda formulada por el exfiscal Luis Eduardo Montealegre. La decisión de inexequibilidad tiene que ver con la expresión “Miembro de la Comisión Nacional de Aforados”, contenida en los artículos 2° (inciso 6º) y 9° (inciso 3º), y sobre los artículos 5°, 7° y 8° de la reforma.
     • Miembros de Comisión de Aforados Art. 5. Modifica el artículo 174 de la Constitución. Relacionados con quién conocerá de las acusaciones formuladas contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los miembros de la Comisión de Aforados. Declarado inexequible

4. Comisión Nacional de Disciplina Judicial y Sala Disciplinaria

   • Siguiendo con el estudio del artículo 19, en el que se establece la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el alto tribunal se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda, así como del inciso 1° del artículo 26.

5. Atribución a la Corte Suprema

   • Art. 13. Adiciona una atribución a la Corte Suprema de Justicia para que juzgue al Vicepresidente de la República, a los ministros del despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales; a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefe de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública por los hechos punibles que se les imputen.

6. ARTÍCULO 26. CONCORDANCIAS, VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. Sustitúyase la expresión “Consejo Superior de la Judicatura” por la de “Comisión Nacional de Disciplina Judicial” en el artículo 116 de la Constitución Política. Sustitúyase la expresión “Consejo Superior de la Judicatura” por la de “Consejo de Gobierno Judicial” en el artículo 156 de la Constitución Política.