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LA DETENCION

Fran Martínez Spanisch

Mapa mental sobre la detención del personal militar: detención militar, personal civil y marco legal

Mapa mental: La detención del personal militar

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LA DETENCION

  1. Toda detención supone la privación de libertad de una persona. Es una medida restrictiva de un derecho fundamental, y solo debe practicarse cuando sea estrictamente necesario y con todas las garantías legales.

    • Siempre que reciba orden de detención de la autoridad judicial (ordinaria o militar).
      • Siempre que reciba orden de detención del Ministerio Fiscal (ordinario o militar).
        • Cuando auxilie y sea requerido para ello por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
          • En caso de flagrante delito, debiendo poner inmediatamente al detenido a disposición de las FCSE (si es civil), o de la autoridad judicial militar
            • En caso de tener noticia de rebeldía u orden de búsqueda y captura
    • MARCO LEGAL DE LA DETENCIÓN
      • Ley de Enjuiciamiento Criminal.
        • Art. 489.
          • Ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.
            • Art. 490.
              • Cualquier persona puede detener: Al que intentara cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo
                • Al delincuente in fraganti
                  • Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena.
                    • Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme.
                      • Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior
                        • Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente
                          • Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.
                            • Art. 491.
                              • El particular que detuviere a otro justificará, si este lo exigiere, haber obrado en virtud de motivos racionalmente suficientes para creer que el detenido se hallaba comprendido en alguno de los casos del artículo anterior
                                • Art. 492.
                                  • A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490
                                    • Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código Penal pena superior a la prisión correccional.
                                      • Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la autoridad judicial.
                                        • Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el juez o tribunal competente.
                                        • Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes:
                                          • 1.ª Que la autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres del delito.
                                            • 2.ª Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en él.
                                          • Art. 493.
                                            • La autoridad o agente de la Policía Judicial tomará nota del nombre, apellido, domicilio y demás circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la persona del procesado o delincuente a quienes no detuviere por no estar comprendidos en ninguno de los casos del artículo anterior.
                                              • Art. 494.
                                                • Dicho juez o tribunal acordará también la detención de los comprendidos en el artículo 492, a prevención y con las autoridades y agentes de Policía Judicial.
                                                  • Art. 495.
                                                    • No se podrá detener por simples faltas, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerle
                                                      • Art. 496.
                                                        • El particular, autoridad o agente de Policía Judicial que detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en los precedentes artículos, deberá ponerla en libertad o entregarla al juez más próximo al lugar en que hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma. Si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el Código Penal, si la dilación hubiere excedido de veinticuatro horas.
      • DETENCIÓN DE MENORES
        • Señalar en primer lugar que si el detenido es menor de 14 años no es responsable criminalmente. Se puede dar el caso de tener dudas respecto a la edad del menor. Para ello, después de la comunicación inmediata al juez de instrucción (o juez togado), este solicitará reconocimiento forense, y si fuera necesario, realizar la prueba radiológica de los huesos de la muñeca. Si el menor estuviera en situación de desamparo, la competencia para solicitar la prueba es del fiscal de menores.
          • Procedimiento en la detención de un menor
            • El policía militar que intervenga en la detención de un menor deberá practicarla en la forma que menos perjudique a este y estará obligado a informarle, en un lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten, especialmente los reconocidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como a garantizar el respeto de los mismos
              • A padres, tutores o guardadores, comunicándoles el derecho a designar abogado.
                • Comunicación al Colegio de Abogados, si los padres no han designado uno.
                  • También se comunicará al Ministerio Fiscal , excepto que la supuesta detención sea por delitos de terrorismo. En este caso se comunicará a la sección de menores de la Audiencia Nacional
                    • En el supuesto de que los menores sean extranjeros habría que diferenciar si residen habitualmente o no en España, porque sería necesario avisar también a la oficina consular de su país de origen, en todo caso también cuando lo pida el menor o bien sus padres o tutores.
                      • Reconocimiento del menor en presencia de abogado y de su padre, madre, o tutor
                        • Si el delito es grave, se pondrá a disposición del fiscal de guardia, el cual si es preciso impondrá medidas cautelares.
                          • En el supuesto de detención del menor de 14 años se entrega en custodia a sus padres tuto- res o guardadores, institución de protección de menores o centro de reforma
              • DETENCIÓN DE EXTRANJEROS
                • Se consideran extranjeros, a los efectos de la aplicación de la Ley de Extranjería, a los que carezcan de la nacionalidad española. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por la legislación de la Unión Europea, siéndoles de aplicación dicha ley en aquellos aspectos que pudieran serles más favorables.
                  • Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la ley:
                    • Los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en España, así como los demás miembros de las misiones diplomáticas permanentes o especiales y de las oficinas consulares y sus familiares que, en virtud de las normas del derecho internacional, estén exentos de las obligaciones relativas a su inscripción como extranjeros y a la obtención de la autorización de residencia.
                      • Los representantes y delegados, así como los demás miembros y sus familiares, de las misiones permanentes o de las delegaciones ante los organismos intergubernamentales con sede en España o en conferencias internacionales que se celebren en España.
                        • Los funcionarios destinados en organizaciones internacionales o intergubernamentales con sede en España, así como sus familiares, a quienes los tratados en los que sea parte España eximan de las obligaciones mencionadas en el párrafo 1.
                          • Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la obligación de conservar, en vigor, la documentación con la que hubieran efectuado su entrada en España, la que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en España. Las diferentes situaciones de los extranjeros en España podrán acreditarse, según corresponda, mediante el pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, visado o tarjeta de identidad de extranjero. Los trabajadores extranjeros que, residiendo en la zona limítrofe, desarrollen su actividad en España y regresen a su lugar de residencia diariamente deberán obtener la correspondiente autorización administrativa, con los requisitos y condiciones con que se conceden las autorizaciones de régimen general. Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en la Ley 4
  2. DETENCIÓN DEL PERSONAL MILITAR (arts. 200 al 214 de la Ley Procesal Militar)

    • Ninguna persona podrá ser detenida sino en los casos y formas prescritos en la ley .La detención de un militar en actividad, dispuesta por autoridad judicial de cualquier jurisdicción, miembros del ministerio fiscal, autoridad gubernativa, funcionario o agente, se efectuará conforme dispone el ordenamiento común para la detención, en especial si se trata de flagrante delitoNo obstante, se ejecutará a través de sus jefes si estuviera a su alcance inmediato, o si no retrasa, con perjuicio grave, la efectividad de la medida. Quien practique la detención sin acudir a los jefes del militar detenido, dará cuenta inmediata a estos de la detención, sin perjuicio del derecho y del deber del militar detenido de comunicar inmediatamente con sus superiores
      • Primera: si el militar se encuentra desempeñando un servicio de armas u otro cometido esencialmente militar se llevará a cabo solamente por sus jefes, de quienes se interesará, a no ser que hubiera cometido delito flagrante y estuviera fuera del alcance de dichos jefes.
        • Segunda: si el militar se encuentra en recinto militar se interesará la detención del jefe de mayor empleo y antigüedad que se encuentre destinado y presente en él (art. 205 de la LPM).
          • En el caso de que la autoridad o jefe militar a que se hubiere encomendado la detención no pudiera cumplirla inmediatamente por encontrarse accidentalmente fuera de la circunscripción de su mando el que deba ser detenido, trasladará con toda urgencia la comisión a la que lo fuere del lugar en donde este se encuentre, comunicándolo así a la autoridad judicial o gubernativa que la hubiera acordado
    • DETENCIÓN DE PERSONAL CIVIL
      • En este caso se requerirá la presencia de las FCSE para que se hagan cargo del detenido sin perjuicio de iniciar las diligencias oportunas ante la autoridad judicial (ordinaria y militar), el mando de la unidad y las autoridades militares correspondientes.
      • EJECUCIÓN DE LA DETENCIÓN
        • La detención durará el tiempo estrictamente indispensable para la averiguación del delito, debiendo poner al detenido en libertad o entregarlo al juez en el límite máximo de 72 horas siguientes al acto de detención. En el caso de detención de personas relacionadas con bandas armadas terroristas, podrá prolongarse por un plazo de otras 48 horas
          • 1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquéllos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad.
            • 2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:
              • Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.
                • Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable
                  • Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible
                    • Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
                      • Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país
                        • Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.
                          • Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.
                            • Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje. i
                              • Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas
                                • Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.
              • ARTICULO 520 BIS
                • Toda persona detenida como presunto partícipe de alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis será puesta a disposición del Juez competente dentro de las setenta y dos horas siguientes a la detención. No obstante, podrá prolongarse la detención el tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un límite máximo de otras cuarenta y ocho horas, siempre que, solicitada tal prórroga mediante comunicación motivada dentro de las primeras cuarenta y ocho horas desde la detención, sea autorizada por el Juez en las veinticuatro horas siguientes. Tanto la autorización cuanto la denegación de la prórroga se adoptarán en resolución motivada. 2
                  • Detenida una persona por los motivos expresados en el número anterior, podrá solicitarse del Juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la misma, en resolución motivada, en el plazo de veinticuatro horas. Solicitada la incomunicación, el detenido quedará en todo caso incomunicado sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de lo establecido en los artículos 520 y 527, hasta que el Juez hubiere dictado la resolución pertinente.
                    • Durante la detención, el Juez podrá en todo momento requerir información y conocer, personalmente o mediante delegación en el Juez de Instrucción del partido o demarcación donde se encuentre el detenido, la situación de éste
            • ARTICULO 520

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Mindmap am LA DETENCION, erstellt von Fran Martínez am 15/04/2020.
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Fran Martínez
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