MASACRE MAPIRIPÁN

MASACRE MAPIRIPÁN

1. Fue establecido que el modus operandi de la masacre tuvo como objetivo imposibilitar o dificultar, mediante la destrucción de evidencias, la amedrentación y el desplazamiento de los habitantes del municipio de Mapiripán, la identificación de las víctimas ejecutadas y desaparecidas, cuyo número reconocido por el Estado asciende a aproximadamente 49 personas, de las cuales sólo se encuentran individualizadas cerca de la mitad.

   • Esto fue consecuencia de las faltas del Estado en sus deberes de protección de las víctimas y familiares durante la masacre, de las acciones y omisiones de sus agentes que colaboraron con los paramilitares, así como de la falta de diligencia por parte del Estado en las investigaciones

2. REPARACIÓN: Consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias producidas por las infracciones y se establezca, el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados.

   • Se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios y las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores
     • OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN: llevar a término una investigación para determinar la responsabilidad intelectual y material de los autores de la masacre, así como a las personas cuya aquiescencia hizo posible la comisión de la misma (incluidas sanciones penales). Adoptar las medidas necesarias para identificar a las víctimas para que sus familiares completen el duelo. Monumento El Estado deberá construir un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la masacre de Mapiripán Educación en derechos humanos: el Estado deberá adoptar medidas tendientes a formar y capacitar a los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y sobre los límites Coordinar las acciones necesarias para que los ex pobladores de Mapiripán, puedan regresar en condiciones de seguridad a Mapiripán

3. DAÑO MATERIAL: Consecuencia de la pérdida de sus familiares quienes constituían en la mayoría de los casos el sostén económico de la familia. los familiares de las víctimas han sufrido pérdidas materiales considerables y determinantes - los bienes a los que se refiere el daño emergente nunca fueron recuperados o lo fueron en forma precaria-, y dejado de percibir sus ingresos habituales y necesarios para su subsistencia.

   • Gastos: Asistencia médica – Daños emergentes: pérdida de los bienes – Actividades encaminadas a hacer justicia – Obtención de información – Gestiones para acudir a organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales y autoridades extranjeras con el fin de denunciar los hechos a presionar a las autoridades. Los gastos del traslado en avioneta del cuerpo de los señores Valencia y Santamaría
     • Violaciones declaradas a los derechos: libertad personal, integridad personal y vida de las víctimas, resultan agravadas como consecuencia de las faltas al deber de protección y al deber de investigar los hechos, así como de la falta de mecanismos judiciales efectivos para dichos efectos y para sancionar a todos los responsables de la masacre de Mapiripán. De tal manera, el Tribunal declaró al Estado responsable de la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

4. DAÑO INMATERIAL: los sentimientos negativos que surgieron a raiz de la masacre - la pérdida de un ser querido – las amenazas, hostigamientos y atentados- desplazamiento forzoso - la estigmatización, el desempleo, el hambre, la separación de la familia, entre otras situaciones- la denegación de justicia-desconocer el paradero de familaires- asisitencia psicológica - Ello causa a cualquier ser humano un desorden mental.

   • La Corte fija en equidad el valor de las compensaciones por concepto de daño inmaterial para las aproximadamente 49 víctimas reconocidas por el Estado como ejecutadas o desaparecidas, ya sea individualizadas o por individualizar, la Corte fija la cantidad de US$ 80.000,00
     • OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN: Cumplir las órdenes de detención ya dictadas por las autoridades judiciales Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y debe explicar sus alcances y consecuencias por un alto funcionario del Estado en la comunidad de Mapiripán. Asimismo, debe publicar en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional la parte resolutiva de la sentencia y el capítulo relativo de hechos probados Reconocimiento simbólico destinado a la recuperación de la memoria histórica de las víctimas de la masacre Llevar a cabo medidas de rehabilitación ocupacional y médica para las víctimas de los hechos Llevar a cabo medidas de restauración destinadas a la comunidad de Mapiripán Identificación de las víctimas de la masacre de Mapiripán y sus familiares Mecanismo oficial de seguimiento del cumplimiento de las reparaciones ordenadas Disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional
       • Para concretar las obligaciones se debe crear un proyecto –en un plazo de tres meses-, con fondos gubernamentales con un plazo máximo de cinco años para alcanzar su objetivo general. Su objetivo sería la reparación integral de las consecuencias de la masacre.

5. 2.Recursos en el Nivel Administrativo • Procesos disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación: La Procuraduría General, como entidad responsable de supervisar la conducta de los funcionarios públicos en Colombia, emprendió investigaciones disciplinarias contra militares y otros servidores públicos por posibles omisiones y actos de complicidad en la masacre. Aunque algunos oficiales recibieron sanciones administrativas, estas medidas no fueron suficientes para castigar a todos los involucrados ni para reflejar la gravedad de los hechos.

   • Jurisdicción Penal Militar: Debido a que en la masacre participaron miembros de las Fuerzas Militares, algunos casos fueron trasladados a la justicia penal militar. La participación del Ejército Nacional colombiano en la masacre complicó aún más el acceso a la justicia, ya que se alegó coordinación con grupos paramilitares La jurisdicción penal militar fue cuestionada ya que se evidenciaba una inclinación a favorecer a los integrantes de las fuerzas armadas. En algunos casos, la justicia militar decidió archivarlos, mientras que en otros impuso sanciones mínimas, lo que provocó una considerable desconfianza en su habilidad para juzgar imparcialmente las violaciones de derechos humanos.
     • Recursos de jurisdicción interna 1. Recursos en el Nivel Judicial • Denuncias penales en la fiscalía general de la Nación: Las familias de las víctimas acudieron a la Fiscalía para que se investigara y enjuiciara a los responsables de la masacre. La Fiscalía abrió varios procesos penales, especialmente en contra de miembros del Ejército y otros presuntos colaboradores. Las investigaciones enfrentaron serios obstáculos, incluyendo amenazas a testigos, demoras injustificadas y ausencia de acusados en los juicios y sus condenas lo que llevó a resultados limitados. A pesar de que se identificaron algunos responsables materiales de la masacre, los autores intelectuales y de alto mando no fueron debidamente procesados por lo que se genero impunidad. Las prolongadas tramitaciones judiciales llevaron a la percepción de que los recursos internos no eran suficientes para garantizar una justicia efectiva.
   • Peticiones de reparación administrativa: Las familias de las víctimas acudieron a mecanismos como la Ley 387 de 1997 para solicitar reparaciones, accediendo a ayudas y compensaciones económicas destinadas a víctimas de desplazamiento y violencia. Esta ley ofreció un recurso administrativo que permitía compensar económicamente a las personas afectadas. Sin embargo, dichas reparaciones se limitaron únicamente a compensaciones monetarias y no contemplaron el derecho a la justicia ni otras medidas integrales de reparación. Como resultado, tanto las víctimas como sus representantes consideraron que estos recursos eran insuficientes para cubrir sus demandas de justicia y reconocimiento pleno.

6. COMISIÓN: El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana. Se presento admisibilidad de la demanda en relación con los artículos 4,5,7,8.1,25 y 1.1 en perjuicio de 49 personas ejecutadas en la localidad de Mapiripán. La comisión trato de alcanzar una solución amistosa, pero ninguna de las partes presento interés al respeto. La comisión aprobó el informe en el que concluyó que la República de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad personales de las víctimas de la masacre, Asimismo, el Estado es responsable de la violación del derecho al debido proceso y la protección judicial de las víctimas y sus familiares.

   • Recomendaciones de la comisión al Estado: Llevar una investigación completa con el fin de juzgar y sancionar. Adoptar medidas necesarias para la reparación de las víctimas. Adoptar medidas para que no haya repetición de los hechos con el deber de protección de los derechos fundamentales
     • De la comisión a la corte: La comisión informó al Estado adoptante de las recomendaciones dadas, que, en caso de incumplimiento, se evaluaría el sometimiento del caso a la corte interamericana. El 5 de septiembre de 2003 el Estado respondió con relación a las medidas adoptadas pero la comisión decidió llevar el caso ante la jurisdicción de la Corte Interamericana. La comisión presento la demanda ante la corte. La corte asigno delegados y notifico al Estado sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso, también notificó a los representantes de algunos de los familiares de las presuntas víctimas. Se presentó el escrito de solicitudes y argumentos en el que se mencionó las violaciones alegadas por la Comisión Interamericana, alegaron la violación de los artículos 19 y 22 de la Convención Americana. En cuanto a las Excepciones Preliminares presentadas por el Estado, Retira la primera Excepción Preliminar relacionada con la aplicación indebida de los artículo
       • El Estado ha reconocido su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
         • Una vez dictada dicha Sentencia, la Corte continuó con la audiencia pública en relación con el fondo, las reparaciones y costas, y escuchó los testimonios y peritaje de las personas que habían sido convocadas a comparecer ante el Tribunal El Estado dice que rechaza la narración y valoración de los hechos, “El operativo Paramilitar en Mapiripán”, “La Destrucción de Prueba y Obstrucción de Justicia”, “la inoperancia deliberada del Estado”, así como su visión descontextualizada de las “Actuaciones Judiciales a Nivel Interno”, y también rechaza enérgicamente las afirmaciones contenidas en la sección “Paramilitarismo en Colombia”, que no corresponden a la realidad de Colombia. la Corte estima que el dictar una sentencia en la cual se determine la verdad de los hechos y todos los elementos del fondo del asunto, constituye una forma de reparación para las víctimas de la masacre de Mapiripán y sus familiares y, a su vez, una manera de evitar que se vuelvan a repetir hechos similares.