1.- Los Servicios Sociales como sistemas jurídicos:

La concepción de los servicios sociales como sistemas jurídicos públicos les añade un mayor grado de institucionalización y, por lo mismo, de permanencia y consolidación como instrumentos imprescindibles de la política social en una sociedad desarrollada.
Los servicios sociales son, en primer lugar, sistemas, es decir, un conjunto de actuaciones debidamente conexionadas entre sí para procurar a las personas la sastifacción de sus aspiraciones sociales y el mayor grado de bienestar y calidad de vida.
Si la asistencia social, en su concepción estricta, está orientada a la satisfacción de las necesidades más básicas de las personas, aquellas relacionadas con la subsistencia y un modo de vida mínimamente digno, los servicios sociales se orientan al pleno desarrollo integral de la persona y de los grupos o comunidades en que ésta se integra. Para ello, aunque la existencia de servicios sociales individuales siempre será eficaz, es conveniente que se articulen en un sistema organizado y equilibrado de prestaciones que consideren a la persona en su globalidad, y que tengan en cuenta no sólo las carencias, discapacidades, limitaciones, desvalecimientos, insastifacciones, o infelicidad de los distintos sectores de la sociedad, sino especialmente también sus anhelos, inquietudes y pretensiones.
Reciben el nobre de jurídicos porque son prestaciones técnicas reguladas por el derecho, cumpliendo de este modo la misión esencial del derecho, que es plasmar en instituciones jurídicas los comportamientos humanos.
En la actualidad, son sistemas jurídicos públicos, los servicios sociales constituyen una obligación de los poderes públicos, lo cual significa que deben de ser objeto de planificación, legislación, reglamentación, ejecución, inspección y control por esos poderes públicos; y que su concesión debe someterse a procedimiento administrativo reglado y público.
Los servicios sociales son, acciones sociales dirigidas al bienestar de las personas, tienen una forzosa dimensión jurídica. Esa faceta jurídica las concede un mayor fortalecimiento institucional al quedar afianzados en el principio de legalidad, menos sujetos a los vaivenes políticos del momento, del mismo modo que ha sucedido con el sistema de la Seguridad Social.

2.- Los Sistemas de Servicios Sociales en la Constitución de 1978:

A) El sentido global de la Constitución:

Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Artículo 9

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La importancia a nuestros efectos de estos artículos no es sólo la proclamación en España de un Estado Social de Derecho, sino la consecuencia que de ello se deriva. Conlleva un Estado intervencionista, comprometido ante las situaciones sociales injustas. Es un Estado de servicios, de bienestar o benefactor, que da lugar a creación de derechos sociales, de medidas de solidaridad social y de criterios de redistribución.

Desde la aprobación de la Constitución, se ha argumentado que en estos primeros artículos se vislumbra o se entrevé ya un concepto incipiente de servicios sociales. Su contenido comporta un mandato expreso para que los poderes públicos realicen una función comprometida con las cuestiones sociales y con el bienestar social. Los servicios sociales son un sector de bienestar social o un instrumento de la política social y por tanto constituyen un medio para hacer efectivo el derecho a vivir en una sociedad más justa, más igualitaria en la que los ciudadanos no se vean discriminados por situaciones que les vengan impuestas por la marginación o la pobreza. son una vía para tratar de cubrir desajustes, desequilibrios y desigualdades sociales.

B) El principio de igualdad:

Artículo 14

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Este artículo es el que fundamenta la intervención política y administrativa en favor de grupos en situación de desigualdad por cualquier causa.

C) El reconocimiento constitucional de los tratados y acuerdos internacionales suscritos por España:

TÍTULO PRIMERO

De los Derechos y Deberes Fundamentales

Artículo 10

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Existen numerosos textos internacionales, de organismos de los que forma parte España y ratificados por nuestro país, que se refieren a los servicios de bienestar. Y precisamente por estar ratificados se incorporan a nuestro ordenamiento interno.

- Interpretación de varios de sus artículos:

a) El artículo 50 (tercera edad):

"Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio."

Este artículo, aunque se refiere a ellos como sistema, ofrece una consideración incompleta de la noción de servicios sociales, ya se contemple desde el ámbito de lo subjetivo de sus destinatarios (sólo se citan explícitamente para los ciudadanos en la tercera edad), ya desde la acción protectora objetiva (sólo se contemplan servicios sociales de salud, vivienda, cultura y ocio).

El Tribunal Constitucional, aunque en este artículo se hable de sistema de servicios sociales, no considera, que se trate de un sistema autónomo, sino de una asistencia social que se encuentra inserta en el sistema de la Seguridad Social.

b) El artículo 41 (régimen público de Seguridad Social):

"Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres."

El Tribunal Constitucional ha declarado que la asistencia social competencia de las CCAA también encuentra fundamento constitucional en este artículo. El artículo 41, ha pretendido una universalización de las medidas de protección social en el ámbito de protección distintos, por lo que concluye afirmando que es una exigencia del Estado Social de Derecho que quienes no tengan cubiertas sus necesidades mínimas por la modalidad no contributiva del sistema de la Seguridad Social puedan acceder a otros beneficios o ayudas de carácter o naturaleza diferente.

c) El artículo 148.1.20:

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

20.ª Asistencia social.

En este artículo se han fundamentado todas las CCAA para establecer sus correspondientes sistemas jurídicos públicos de servicios sociales. Este lugar hubiese sido adecuado para hacer referencia explícita a los servicios sociales, dándole un tratamiento global, como un sistema público de protección social o de bienestar social. No se hizo así, y no han faltado críticas ante el silencio de la Constitución sobre los servicios sociales.

d) Artículos constitucionales que se refieren a la protección social de distintos sectores de población objeto de cobertura por los servicios sociales:

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA

Artículo 39

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Artículo 42

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

Artículo 48

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Artículo 49

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

e) Otros artículos relacionados:

- El artículo 25, sobre reeducación y reinserción social de presos y ex reclusos.

- El artículo 13.4, que se refiere a los asiliados y apátridas.

- El artículo 27, sobre el derecho a la educación.

- El artículo 40, sobre política de formación y readaptación profesional, de seguridad e higiene en el trabajo y sobre política orientada al pleno empleo.

- El artículo 43, sobre política de salud pública y sobre adecuada utilización del ocio.

- El artículo 45, sobre disfrute del medio ambiente y mejora de la calidad de vida.

- El artículo 47, sobre derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

3.- Los Sistemas Autonómicos de Servicios Sociales:

La Constitución ni establece imperativamente la ordenación territorial del Estado en CCAA ni, en consecuencia, establece con carácter obligatorio las competencias de éstas. Simplemente posibilita que provincias limítrofes con características comunes puedan constituirse en CCAA y asumir todas o parte de las competencias que enumera. La adopción del modelo autonómico fue generalizado en toda España, y la asunción de competencias en materias de asistencia social (artículo 148.1.20) unánime en todas ellas. Esta asunción se va a producir por los Estatutos de Autonomía, y la competencia en materia de asistencia social se va a desarrollar por las respectivas Leyes autonómicas de servicios sociales.

A) Los Estatutos de Autonomía:

Todas las CCAA se han atribuido competencias en materia de asistencia social en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

No sólo aparece mencionada en los Estatutosde Autonomía la materia sobre la que asume competencia la comunidad autónoma, sino también determinados sectores de población a los que se dirigen los servicios sociales.

Las CCAA han asumido competencias exclusivas en materia de asistencia y de servicios sociales, dos nociones que, con el tiempo se han aproximado mucho, y que se consideran equivalentes o asimiladas cuando están referidas a atribuciones competenciales. Las CCAA recibirían las competencias de la asistencia social y servicios sociales del Estado mediante los sucesivos traspasos de funciones y servicios. Recibirían también las competencias sobre la materia que realizaban las diputaciones provinciales.

B) Las Leyes autonómicas de servicios sociales:

Serán las que verdaderamente constituyen a los servicios sociales como sistemas jurídicos de protección social. Fracasados en 1983 los intentos de elaborar una Ley general de servicios sociales que diera uniformidad a los servicios sociales en todo el Estado, no cabía otra solución que cada comunidad autónoma elaborara su propia Ley. Conocidas con el nombre de Leyes de primera generación, eran Leyes Reguladoras de prestaciones que se otorgaban en dos niveles: uno de competencia municipal, llamado nivel básico o de servicios sociales de base, generales o comunitarios; y otro de competencia autonómica, llamado nivel especializado porque en él se ubicaban los servicios sociales especializados destinados a la infancia, familia, las personas con discapacidad, las personas mayores, mujer, personas en situación de exclusión social y otros colectivos vulnerables.

Otra

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