En relación a las amenazas a los derechos humanos en España sobre la libertad de expresión, asociación y reunión, las reformas legislativas de los últimos años en el ámbito penal y el relativo a seguridad ciudadana ponen en peligro el ejercicio de derechos como el de libertad de expresión.

No solo la libertad de expresión está amenazada. Derechos económicos, sociales y culturales también están amenazados: con la puesta en marcha de un decreto de ley para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el Estado español está limitando el derecho a la salud y esto podría afectar al derecho a la vida de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad. También la vulneración del derecho a la vivienda es preocupante. Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, este derecho se vulnera cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías.

En los últimos años ha crecido enormemente la preocupación por la violencia contra las mujeres. Decenas de mujeres mueren cada año en nuestro país y desde Amnistía Internacional queremos poner de relieve la gravedad y la dimensión del problema, y conseguir que las autoridades asuman su responsabilidad.

En cuanto a la lucha contra la impunidad, nuestra organización mantiene desde hace tiempo diversas preocupaciones, relacionadas con tortura y malos tratos de personas por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos, así como la detención de personas en régimen de incomunicación. Además, en relación a la jurisdicción universal, España ha dado un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, al impedir a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acceder a los tribunales españoles. En este sentido, y de manera adicional, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo denegados en España, que ni investiga ni colabora con investigaciones llevadas a cabo por otros países, lo cual resulta tremendamente preocupante

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