PODER JUDICIAL FEDERAL

PODER JUDICIAL FEDERAL

1. Reforma Constitucional de 1928

   • La modificación constitucional de ese año siguió depositando el Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia, en los tribunales unitarios de circuito y en los juzgados de distrito

2. Reforma Constitucional de 1934

   • Elevó a veintiuno el número de ministros de la Corte, y a cuatro las salas que conocerían de las diferentes materias del amparo; además, limitó a seis años la duración del período de los ministros, magistrados y jueces.

3. Reforma Constitucional de 1951

   • Mediante esta reforma, se crearon los tribunales colegiados de circuito y, por lo mismo, la potestad judicial se depositó en cuatro entidades: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito en materia de amparo, los tribunales unitarios de circuito en materia de apelación, y los juzgados de distrito.

4. Reforma Constitucional de 1982

   • Por virtud de la modificación constitucional de ese año, se suprimió la causa de destitución relativa a la “mala conducta” de los juzgadores federales; a partir de entonces, sólo pueden ser destituidos por causas graves.

5. Reforma Constitucional de 1988

   • Asignaron a la Suprema Corte de Justicia mayores atribuciones, en cuanto a la organización de la competencia territorial de los tribunales de circuito, y de los juzgados de distrito.

6. Reforma Constitucional de 1994

   • Además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Poder Judicial de la Federación se depositó, también, en el Consejo de la Judicatura Federal.

7. Reforma Constitucional de 1996

   • Añadió como seto depositario del Poder Judicial de la Federación al Tribunal Electoral Federal, manteniendo la autonomía e independencia que caracterizan el ejercicio de las atribuciones de todos los órganos que integran ese poder.

8. Reforma Constitucional de 1999

   • Consolidó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un auténtico tribunal constitucional, despejándola de atribuciones competenciales que limitaban su eficacia, y que no correspondían a la teología de ese alto tribunal.

9. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

   • El tercer párrafo del artículo 94 Constitucional expresa que, “La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas
   • Requisitos para ser ministro
     • I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y VI. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al dí
   • Remuneración
     • El artículo 94 Constitucional, en su noveno párrafo, dispone que “La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.

10. JUZGADOS DE DISTRITOS

    • El titular es un juez que desempeña su encargo en el ámbito jurisdiccional denominado distrito. A este juzgador también se le conoce como Juez Federal, y debe reunir los siguientes requisitos: ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; ser mayor de treinta años, y tener título de licenciado en derecho; disponer de buena conducta y tener, cuando menos, tres años de ejercicio profesional.