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Primacia de la realidad.

Mapa mental: Primacía de la realidad
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Primacia de la realidad.
El ordenamiento laboral sólo reconoce eficacia a los actos que coinciden sustancialmente con los hechos en cada caso particular.
En caso de disconformidad entre lo que sucede en el terreno de los hechos y lo que informan los documentos, debe darse prevalencia a lo fáctico.
APLICACION del principio de primacía de la realidad se ha centrado históri camente en el que la doctrina ha denominado contrato-realidad; Una vez se ha precisado que ninguna profesión u oficio es susceptible de ser calificada per se como autónoma o SUBORDIANDA, es necesario profundizar en la exigencia que recae sobre el operador jurídico de analizar las particularidades de cada caso con el objeto de determinar la calificación jurídica de la relación.
- las comisiones pactadas entre el empresario y el trabajador son factor de salario en su integridad, sin que sea dable escindirlas en sumas que se otorgan como alojamiento y gastos de representación. Si las partes desean convenir estos últimos conceptos para que sean devengados por el empleado, lo pueden hacer en otra estipulación con las consecuencias que permite el artículo 15 de la Ley 50 de 1990 (exclusión para efectos de prestaciones sociales), pero sin afectar la autonomía que revisten las co- misiones, las que dada su naturaleza y previsión legal, siempre tienen una connotación salarial, por lo que un pacto en contrario sería ineficaz’ (Rad. 21941 - 26 abril de 2004).
- que las comisiones por expreso mandato legal son salario y por lo mismo carecen de eficacia aquellos acuerdos inter-partes que le desconozcan ese carácter. (Ver entre otras, sentencia del 29 de enero de 1997, expediente 8426)”. Sentencia de 19 de febrero de 2003, radicación 19475.
- trabajo nocturno, horas extras, trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas o comisiones, no pueden ser desnatu- ralizados de su connotación salarial, así sea por los avenimientos de las partes, porque el legislador por constituir una retribución ‘directa’ del servicio y por pertenecer todos ellos a la estructura fundamental del salario, les asigna de modo insustituible tal condición, a menos que sea la propia ley que permita hacer excepciones como ocurre, entre otros conceptos, con las primas legales de servicio, los eventos del artículo 14 de la Ley 50 de 1990 y los salarios básicos para liquidar prestaciones” ([cursivas] por fuera de texto). (Rad. 20914 - 14 noviembre 2003).
- que las comisiones por expreso mandato legal son salario y por lo mismo carecen de eficacia aquellos acuerdos inter-partes que le desconozcan ese carácter. (Ver entre otras, sentencia del 29 de enero de 1997, expediente 8426)”. Sentencia de 19 de febrero de 2003, radicación 19475.
- las comisiones pactadas entre el empresario y el trabajador son factor de salario en su integridad, sin que sea dable escindirlas en sumas que se otorgan como alojamiento y gastos de representación. Si las partes desean convenir estos últimos conceptos para que sean devengados por el empleado, lo pueden hacer en otra estipulación con las consecuencias que permite el artículo 15 de la Ley 50 de 1990 (exclusión para efectos de prestaciones sociales), pero sin afectar la autonomía que revisten las co- misiones, las que dada su naturaleza y previsión legal, siempre tienen una connotación salarial, por lo que un pacto en contrario sería ineficaz’ (Rad. 21941 - 26 abril de 2004).
“La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, es un principio constitucional (C.P. art. 53). La entrega libre de energía física o intelectual que una persona hace a otra, bajo condiciones de subordinación, independientemente del acto o de la causa que le da origen, tiene el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las normas del estatuto del trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados que versan sobre la materia. La prestación efectiva de trabajo, por sí sola, es suficiente para derivar derechos en favor del trabajador, los cuales son necesarios para asegurar su bienestar, salud y vida. Las normas laborales nacionales e internacionales, en atención a la trascendencia del trabajo y a los intereses vitales que se protegen,
- Están llamadas a aplicarse de manera imperativa cuando quiera se configuren las notas esenciales de la relación de trabajo, sin reparar en la voluntad de las partes o en la cali- ficación o denominación que le hayan querido dar al contrato”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-555 del 6 de diciembre de 1994. M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
En materia laboral es característico el principio de la primacía de la realidad que tiene su consagración constitucional en el artículo 53 de la Carta Fundamental, el cual está edificado en que debe darse prevalencia o preferirse los datos que broten de la realidad sobre aquellos de carácter formal de los que surjan de documentales y, por consiguiente, en el caso sub examine, se estima que fue única la relación laboral que existió entre las partes litigantes. Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, 16 de febrero de 2004, rad. 19862, M.P.: Luis Javier Osorio López.
- Aunque no se encuentra una explícita referencia al principio en el Código Sustantivo del Trabajo expedido en 1950, desde ese momento la jurisprudencia edificó su existencia sobre la base de diversas normas que comprenden apli- caciones prácticas de aquel, v.gr. el contrato-realidad. Así pues, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia reconoce la existencia del principio en estudio desde antes de su consagración positiva en el texto constitucional de 1991, explícitamente en diversos pronunciamientos:
- La existencia o negativa de un contrato de trabajo no depende necesariamente del documento contractual que las partes hubieren firmado; en este evento los denominados “contratos de prestación de servicios personales”, aparentemente independientes, cuando en la realidad se presentan situaciones propias de una relación jurídico laboral, siendo pertinente traer a colación lo mencionado por la Corte en sentencia del 2 de agosto de 2004 radicación 22259, en la que se hizo alusión al principio de la primacía de la realidad en los siguientes términos
- En efecto, del análisis objetivo y ponderado de los elementos proba- torios referidos en sede de casación, surge la aplicación para este asunto en concreto del principio protector de la primacía de la realidad, que en materia laboral ha tenido cabida antes y después de la Constitución Polí- tica de 1991, por cuanto su reconocimiento viene de tiempo atrás por la jurisprudencia y la doctrina nacional y ahora expresamente consagrado en el artículo 53 de la Carta Mayor, consistente en darle prelación a las circunstancias que rodearon la relación jurídica, más que a la forma que resulte del documento contractual o cualquier otro que hayan suscrito o expedido las partes, que conlleva necesariamente a que son aquellas particularidades que se extraen de la realidad las que se deben tener en cuenta y no otras las que deben determinar el convencimiento diáfano del juez con respecto a los servicios prestados por una persona natural y que se reclaman en una acción judicial, como determinantes
- de la existencia de un contrato de trabajo Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, 26 de enero de 2007, rad. 29418, M.P.: Luis Javier Osorio López.
- En efecto, del análisis objetivo y ponderado de los elementos proba- torios referidos en sede de casación, surge la aplicación para este asunto en concreto del principio protector de la primacía de la realidad, que en materia laboral ha tenido cabida antes y después de la Constitución Polí- tica de 1991, por cuanto su reconocimiento viene de tiempo atrás por la jurisprudencia y la doctrina nacional y ahora expresamente consagrado en el artículo 53 de la Carta Mayor, consistente en darle prelación a las circunstancias que rodearon la relación jurídica, más que a la forma que resulte del documento contractual o cualquier otro que hayan suscrito o expedido las partes, que conlleva necesariamente a que son aquellas particularidades que se extraen de la realidad las que se deben tener en cuenta y no otras las que deben determinar el convencimiento diáfano del juez con respecto a los servicios prestados por una persona natural y que se reclaman en una acción judicial, como determinantes
FUNDAMENTACION: Más que las palabras usadas por los contratantes para definir el tipo de relación que contraen, o de la forma que pretendan dar a la misma, importa, a los ojos del juez y por mandato expreso de la Constitución, el contenido material de dicha relación, sus características y los hechos que en verdad la determinan. Es esa relación, verificada en la práctica, como prestación cierta e indiscu- tible de un servicio personal bajo la dependencia del patrono, la que debe someterse a examen, para que, frente a ella, se apliquen en todo su rigor las normas jurídicas en cuya preceptiva encuadran
- Eso es así, por cuanto bien podría aprovecharse por el patrono la circuns- tancia de inferioridad y de urgencia del trabajador para beneficiarse de sus servicios sin dar a la correspondiente relación jurídica las consecuencias que (DESIGUALDAD), en el campo de sus propias obligaciones, genera la aplicación de las disposiciones laborales vigentes, merced a la utilización de modalidades contractuales enderezadas a disfrazar la realidad para someter el vínculo laboral a regímenes distintos. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 1997, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.
En virtud de los cuales en caso de discrepancia deberán preferirse los datos que emanen de la realidad sobre aquellos que surjan de los documentos, de manera que si de la primera aflora la existencia de una relación subordinada y dependiente así deberá declararse aunque ella se encuentre formalizada en un contrato de otra índole. Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, 28 de septiembre de 2005, rad. 25242, M.P.: Carlos Isaac Náder.
- En esos casos la aludida regla probatoria debe ser rigurosamente seguida. El juez debe observar si existe un motivo para admitir el sustancial cambio de la relación y si la independencia jurídica está probada con medios de convicción que le permitan ver, con toda claridad, que la subordinación laboral en efecto cedió ante una total independencia jurídica propia de los contratos civiles, mercantiles y de otro orden (el mandato, la presta- ción de servicios independientes, la procuración, la agencia, etc.). El rigor en esta materia es ineludible, porque las decisiones judiciales que sean tolerantes invitan a evadir el cumplimiento de la ley laboral y a permitir que el beneficiario del servicio aproveche la necesidad del trabajador de- pendiente para imponerle condiciones que lo perjudican inmediatamente y que afectarán el legítimo disfrute de sus derechos laborales reconocidos por la ley y su seguridad frente al riesgo de vejez, con grave daño no solo individual sino social. Colombia, Co
De todo lo anterior se concluye que el fallador de segunda instancia incurrió en manifiesto error de hecho al no dar por demostrado que los servicios personales del doctor Franco Idárraga como asesor laboral lo fueron en forma subordinada, es decir, mediante un contrato de trabajo.Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, 30 de junio de 1982, rad. 7602, M.P.: José Eduardo Gnecco Correa.
La disputa histórica de las dos tradiciones parece resuelta, en el sentido de que se explica el vínculo laboral a partir de la teoría romanista contractual, sin que puedan omitirse los tintes que en la actualidad subsisten de la teoría germánica del estatuto, como el principio de la primacía de la realidad, que impone analizar la situación fáctica más que las manifestaciones de voluntad de las partes.
- Pero tampoco cabe perder de vista que el mantenimiento del análisis contractual sólo ha sido posible pagando el precio de una mutación completa de la vieja noción de arrendamiento de servicios. Dicho de otro modo, el análisis contractual de la relación de trabajo no ha podido sobrevivir en los diferentes sistemas jurídicos europeos sino incorporando ciertos aspectos de la concepción germánica y, ante todo, reconociendo la dimensión personal del compromiso del trabajador.
Para que exista una relación de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales, a saber: prestación personal del servicio, continuada dependencia o subordinación y salario como remuneración; la regla del artículo 24 enseña que de encontrarse probado el elemento prestación personal del servicio, se presume la existencia de los dos restantes.
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 05 de mayo de 1975, ya había dispuesto que: “La relación de trabajo puede existir aun cuando las partes hayan dado una denominación diferente al vínculo que los une, por lo cual ha de atenerse el juzgador a las modalidades como se prestó el servicio, que no siempre surgen claramente del propio contrato”.
la sentencia de radicado 26707 de 2006, de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado: Luis Javier Osorio López, establece que: “(…) la existencia o negativa de un contrato de trabajo no depende necesariamente del documento contractual que las partes hubieren firmado, en este evento los denominados “CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES” aparentemente independientes, cuando en la realidad se presentan situaciones prop
A su turno, la sentencia C-171 de 2012 de la Corte Constitucional, explica de manera concreta esta problemática: “(…) la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre la forma, obliga tanto a los particulares o empleadores del sector privado, como a todas las autoridades públicas o empleadores del sector público, a respetar las prohibiciones legales dirigidas a impedir que los contratos estatales de prestación de servicios sean utilizadas como formas de intermediación laboral, de deslaboralización, o de tercerización como regla general, de manera que deben ser obligados a responder jurídica y socialmente por la burla de la relación laboral”.
Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandante contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 30 de octubre de 2009, en el proceso que YASMÍN CÓRDOBA SANDOVAL adelanta contra la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO – COMFENALCO CUNDINAMARCA.
- Bogotá, D. C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).
- Entre las partes existió una relación de trabajo entre el 25 de diciembre de 1995 y el 2 de agosto de 2004; que ingresó a trabajar en la sede del centro vacacional de Ricaurte, en el empleo de secretaria de administración y mantenimiento; que cumplió un horario de trabajo, laboró en jornada suplementaria y en algunos domingos y festivos; que su vinculación laboral terminó el 2 de agosto de 2004 por decisión unilateral y sin justa causa de la demandada; que tiene derecho a los beneficios consagrados en la convención colectiva suscrita entre Comfenalco y su sindicato de trabajadores
- Comfenalco Cundinamarca se opuso a las pretensiones de la demanda. Negó algunos hechos y frente a otros manifestó no constarle. En su defensa esgrimió que la demandante no laboró directamente para Comfenalco sino como trabajadora en misión asignada por su empleador Holguín y Cía. Servicios Temporales Ltda. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y del contrato de trabajo, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción
- los 9 contratos de trabajo por duración de la obra o labor contratada que suscribió la citada empresa de servicios temporales con la actora; y los testimonios de Eunice Rico Penagos, Rosa María Castro y Luz Karina Naizir. De estas pruebas infirió que la promotora del proceso prestó sus servicios personales a Comfenalco para realizar labores que no encuadraban en las hipótesis del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, esto es, no tenían por objeto reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia o en incapacidad por enfermedad, realizar actividades ocasionales, accidentales o transitorias, atender incrementos en la producción, transporte, ventas de productos o mercancías. Adicionalmente, sostuvo que la prestación de los servicios superó el tiempo máximo permitido para los trabajadores en misión.
- la recurrente sostiene que el Tribunal incurrió en una contradicción al declarar la existencia del contrato de trabajo y condenar al pago de salarios y prestaciones convencionales y, a su vez, afirmar que hubo buena fe «al mantener una trabajadora de manera Radicación n.° 47977 7 continua y permanente durante más de 8 años como trabajadora “en misión”». Esto dijo el tribunal en apelacion
- Luego de transcribir el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, asevera que si bien la accionada tiene trabajadores en misión por incrementos en la venta de servicios en temporada alta, ello solamente lo es para los cargos de mesero, camarero y aseador, mas no para el empleo de secretaria de administración del centro vacacional, que es un trabajo importante y permanente. Añade que no se configuraba ninguno de los tres supuestos legales para acudir a la contratación de trabajadores en misión y no puede existir buena fe cuando se incumple sistemáticamente la ley.
- Señala que en los documentos que se adjuntaron a la demanda, se encuentran los salarios de la actora, y en el interrogatorio de parte la demandante confesó que siempre laboró para Comfenalco y la empresa de servicios temporales fue un simple intermediario. Así, puntualiza que la contratación de una trabajadora en misión, durante más de 8 años, es una conducta de mala fe y, por tanto, debió imponerse el pago de la sanción moratoria.
- Transcribe en sustento de su discurso algunos extractos de las sentencias CSJ SL, 13 abr. 2005, rad. 24397 y las de fecha 25 de septiembre de 1969 y 5 de junio de 1972, y concluye con la siguiente afirmación: Como se puede observar el ad quem no expresó en la sentencia alguna razón poderosa y jurídica que demostrara que el empleador actuó de buena fe, pues siendo una de las empresas más grandes del país se presume que debe conocer las normas que rigen el trabajo en misión y por lo tanto debe saber que las normas laborales son de orden público, es decir, que no se puede modificar por la voluntad de una de las partes, son de imperioso y obligatorio cumplimiento en la forma en que legislador lo dispuso y su incumplimiento conlleva el pago de la indemnización moratoria establecida en la ley.
- Tampoco es de recibo que el Tribunal, tras expresar que Comfenalco Cundinamarca fue el verdadero empleador de la demandante por más de 8 años, a continuación, haya concluido que la conducta de la Caja estuvo precedida de su convicción de estar obrando con apego al orden jurídico. En oposición a esta inferencia, considera la Sala que la violación predeterminada y prolongada de la ley, mediante el uso de instrumentos jurídicos que sirven para imprimir una sensación de legalidad, es un comportamiento consciente en sus alcances y, en esa medida, desprovisto de buena fe.
- Desde este punto de vista, la conducta de la Caja accionada no fue recta y leal, puesto que no es comprensible que la contratación fraudulenta y extendida Radicación n.° 47977 12 en el tiempo, en lo que tiene que ver con las condiciones de uso del servicio temporal de colaboración a cargo de las EST y el desbordamiento de los límites previstos en la Ley 50 de 1990, sea una conducta que pueda ser interpretada como de buena fe. Tampoco los contratos de suministro de personal, las órdenes de servicio y los contratos laborales permitían entrever un apego ingenuo al orden jurídico, sino más bien la intención de la empresa de tomar muchas precauciones para evitar que las verdades ocultas salieran a la luz.
- El artículo 75 de la Ley 50 de 1990 resume el objeto de las empresas de servicios temporales en los siguientes términos: Radicación n.° 47977 13 Artículo 71. Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador.
- De la disposición transcrita se tiene que uno de los elementos esenciales de este tipo de acuerdos es la temporalidad del servicio de colaboración contratado. Quiere decir esto que el contrato comercial que suscribe la empresa usuaria y la empresa de servicios temporales lo es para prestar un servicio restringido en el tiempo de apoyo o colaboración en los eventos consagrados en la ley.
- Ahora, la colaboración o apoyo temporal objeto del contrato solo es procedente en las específicas hipótesis de que trata el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, a saber: 1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6o del Código Sustantivo del Trabajo. 2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad. 3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) meses más.
- Así, el contrato comercial celebrado entre la empresa usuaria y la EST debe observar, reconducirse y explicarse en función de estas tres posibilidades de provisión de servicios temporales, lo cual significa que el uso de esta figura para vincular personal en misión en el marco de un proceso que no encaje en estas causales o que desborde los Radicación n.° 47977 14 límites en ella previstos, socava su legalidad y legitimidad, y hace desaparecer el sustento contractual-normativo que justifica la presencia de los trabajadores en misión en la empresa beneficiaria. Por ello, ante la falta de un referente contractual válido, la EST pasa a ser un simple intermediario en la contratación laboral, que no confiesa su calidad de tal (ficto o falso empleador), y la empresa usuaria adquiere la calidad de verdadero empleador.
- la E.S.T. irregular solo podría catalogarse como un empleador aparente y un verdadero intermediario que oculta su calidad en los términos del artículo 35-2 del C.S.T, de forma que el usuario ficticio se consideraría verdadero patrono y la supuesta E.S.T. pasaría a responder solidariamente de las obligaciones laborales conforme al ordinal 3 del citado artículo del C.S.T.
- Así, el contrato comercial celebrado entre la empresa usuaria y la EST debe observar, reconducirse y explicarse en función de estas tres posibilidades de provisión de servicios temporales, lo cual significa que el uso de esta figura para vincular personal en misión en el marco de un proceso que no encaje en estas causales o que desborde los Radicación n.° 47977 14 límites en ella previstos, socava su legalidad y legitimidad, y hace desaparecer el sustento contractual-normativo que justifica la presencia de los trabajadores en misión en la empresa beneficiaria. Por ello, ante la falta de un referente contractual válido, la EST pasa a ser un simple intermediario en la contratación laboral, que no confiesa su calidad de tal (ficto o falso empleador), y la empresa usuaria adquiere la calidad de verdadero empleador.
- Ahora, la colaboración o apoyo temporal objeto del contrato solo es procedente en las específicas hipótesis de que trata el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, a saber: 1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6o del Código Sustantivo del Trabajo. 2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad. 3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) meses más.
- Si se entendiera que la necesidad que motivó el servicio temporal es la prevista en el numeral 3 del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, tal suposición resulta desvirtuada con las mismas solicitudes u órdenes de servicio en las cuales se consigna «modalidad: base» y en otras «modalidad: temporada baja». Lo que indica que en algunas oportunidades la vinculación de la actora en el empleo de secretaria no obedeció a incrementos en el servicio ocasionados por la temporada alta.
- Toda esta situación anómala en el uso de la figura del servicio temporal pone en la palestra igualmente que la intención de la Caja demandada fue la de encubrir una necesidad indefinida en el desarrollo de sus actividades bajo la apariencia de una necesidad temporal, con el objeto de aprovecharse ilimitadamente de los servicios personales de la demandante. Esta instrumentalización de una figura legítima para esconder y llevar a lo más recóndito verdaderas relaciones de trabajo directas con los empleados de las EST, no puede quedar libre de objeción y sanción por el derecho, con mayor razón, cuando se recrea de forma sofisticada, repetida y sistemática.
- De la disposición transcrita se tiene que uno de los elementos esenciales de este tipo de acuerdos es la temporalidad del servicio de colaboración contratado. Quiere decir esto que el contrato comercial que suscribe la empresa usuaria y la empresa de servicios temporales lo es para prestar un servicio restringido en el tiempo de apoyo o colaboración en los eventos consagrados en la ley.
- El artículo 75 de la Ley 50 de 1990 resume el objeto de las empresas de servicios temporales en los siguientes términos: Radicación n.° 47977 13 Artículo 71. Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador.
- Desde este punto de vista, la conducta de la Caja accionada no fue recta y leal, puesto que no es comprensible que la contratación fraudulenta y extendida Radicación n.° 47977 12 en el tiempo, en lo que tiene que ver con las condiciones de uso del servicio temporal de colaboración a cargo de las EST y el desbordamiento de los límites previstos en la Ley 50 de 1990, sea una conducta que pueda ser interpretada como de buena fe. Tampoco los contratos de suministro de personal, las órdenes de servicio y los contratos laborales permitían entrever un apego ingenuo al orden jurídico, sino más bien la intención de la empresa de tomar muchas precauciones para evitar que las verdades ocultas salieran a la luz.
- Señala que en los documentos que se adjuntaron a la demanda, se encuentran los salarios de la actora, y en el interrogatorio de parte la demandante confesó que siempre laboró para Comfenalco y la empresa de servicios temporales fue un simple intermediario. Así, puntualiza que la contratación de una trabajadora en misión, durante más de 8 años, es una conducta de mala fe y, por tanto, debió imponerse el pago de la sanción moratoria.
- Luego de transcribir el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, asevera que si bien la accionada tiene trabajadores en misión por incrementos en la venta de servicios en temporada alta, ello solamente lo es para los cargos de mesero, camarero y aseador, mas no para el empleo de secretaria de administración del centro vacacional, que es un trabajo importante y permanente. Añade que no se configuraba ninguno de los tres supuestos legales para acudir a la contratación de trabajadores en misión y no puede existir buena fe cuando se incumple sistemáticamente la ley.
- la recurrente sostiene que el Tribunal incurrió en una contradicción al declarar la existencia del contrato de trabajo y condenar al pago de salarios y prestaciones convencionales y, a su vez, afirmar que hubo buena fe «al mantener una trabajadora de manera Radicación n.° 47977 7 continua y permanente durante más de 8 años como trabajadora “en misión”». Esto dijo el tribunal en apelacion
- los 9 contratos de trabajo por duración de la obra o labor contratada que suscribió la citada empresa de servicios temporales con la actora; y los testimonios de Eunice Rico Penagos, Rosa María Castro y Luz Karina Naizir. De estas pruebas infirió que la promotora del proceso prestó sus servicios personales a Comfenalco para realizar labores que no encuadraban en las hipótesis del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, esto es, no tenían por objeto reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia o en incapacidad por enfermedad, realizar actividades ocasionales, accidentales o transitorias, atender incrementos en la producción, transporte, ventas de productos o mercancías. Adicionalmente, sostuvo que la prestación de los servicios superó el tiempo máximo permitido para los trabajadores en misión.
- Comfenalco Cundinamarca se opuso a las pretensiones de la demanda. Negó algunos hechos y frente a otros manifestó no constarle. En su defensa esgrimió que la demandante no laboró directamente para Comfenalco sino como trabajadora en misión asignada por su empleador Holguín y Cía. Servicios Temporales Ltda. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y del contrato de trabajo, cobro de lo no debido, buena fe y prescripción
Información
- Descripción
- Mapa Mental sobre Primacia de la realidad., creado por DANILO MONCADA RICARDO el 04/08/2020.
- Creado por
- DANILO MONCADA RICARDO
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