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Tratado de libre comercio de América del Norte

Acuerdo regional entre el Gobierno de Canadá, Estados Unidos Mexicanos y el de los Estados Unidos de América para crear una zona de libre comercio.

Objetivos

Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.

Eliminar obstáculos al comercio, facilitar la circulación transfronteriza de bienes, servicios entre los territorios de las partes.

Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes.

Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada uno.

Crear procedimientos para la aplicación y cumplimiento del Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias.

Efectos Económicos

Las exportaciones aumentaron notablemente de volumen y cambiaron de naturaleza.

Las exportaciones se triplicaron al pasar de 31.1 a 94.6 miles de millones de dólares entre 1991 y 1998.

México desplazó en 1998 a Japón como su segundo socio comercial.

Solución de controversias

Asegura un trato igual entre inversionistas de las Partes, con el principio de reciprocidad internacional.

Un inversionista que mencione, gobierno anfitrión violo sus obligaciones de inversión, en virtud del capítulo 11 podrá optar por uno de los siguientes mecanismos de arbitraje:

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

Las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI.​​​​​​

Las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (Reglas de CNUDMI).

Medidas gubernamentales para la aplicación efectiva de la legislación laboral

Nombrar y capacitar inspectores.

Vigilar el cumplimiento de las leyes e investigar las presuntas violaciones, inclusive mediante visitas de inspección "in situ".

Obtener promesas de cumplimiento voluntario, requerir registros e informes.

Alentar el establecimiento de comisiones obrero-patronales para tratar la reglamentación laboral en el centro de trabajo.

Proveer y alentar el uso de servicios de mediación, conciliación y arbitraje; o iniciar de manera oportuna procedimientos para procurar sanciones o soluciones adecuadas por violaciones a su legislación laboral.