Fluxograma
CAP 2 FINANZAS L2
Diagrama de flujo: Ordenamiento territorial municipal
Conteúdo do fluxograma
MARCO GENERAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CAPÌTULO 2
EL ORDENAMIENTO MUNICIPAL
Concepto, finalidad y principios
ORDENAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Polìtica legislativa en materia de ordenamiento territorial
Competencias
Principios
Funciòn pùblica del urbanismo
Participaciòn democràtica
Concepto de ordenamiento territorial municipal
Objeto del ordenamiento territorial municipal
Acciòn urbanista
Plan de ordenamiento territorial
Determinantes de los planes de ordenamiento territorial
Componentes de los planes de ordenamiento territorial
Contenido del componente general del plan de ordenamiento
Componente urbano del plan de ordenamiento
Componente rural del plan de ordenamiento
Normas urbanisticas
Contenido de los planes bàsicos de ordenamiento
Contenido de los esquemas de ordenamiento territorial
Programa de ejecuciòn
Planes parciales
Ley 1454 de 2011 - Art. 2
El ordenamiento territorial es un instrumentos de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva del país, que se de de manera progresiva, gradual y flexible.
Su finalidad es promover el aumento de la capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de integración territorial. El ordenamiento ademas propiciará las condiciones para concertar políticas públicas entre la nación y las entidades territoriales, con reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y cultural e identidad regional y nacional.
Ley 1454 de 2011 - Art. 3
Ley 1454 de 2011 - Art. 26
Se entiende por competencia la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades territoriales y las figuras de integración territorial para atender de manera general responsabilidades estatales.
1. Soberanía y unidad nacional: El ordenamiento territorial propiciará la integridad territorial, su seguridad y defensa, y fortalecerá el Estado Social de Derecho organizado en forma de Républica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus etidades.
14. Responsabilidad y transparencia: Se promoverá el control social de la gestión pública incorporando ejercicios participativos en la planeación, ejecución y rendición final de cuentas.
5. Regionalización: Se promoverá el establecimiento de regiones de planeación y gestión, regiones administrativas y de planificación y la proyección de regiones territoriales como marcos de relaciones geográficas, económicas, culturales y funcionales. Todo bajo la visión de desarrollo hacia la complementariedad, con el fin de fortalecer la unidad nacional.
12. Paz y convivencia: Pomoverá y reconocerá los esfuerzos de convivencia pacífica en el territorio e impulsará políticas y programas de desarrollo para la construcción de la paz, el fortalecimiento del tejido social y la legitimidad del Estado.
11. Prospectiva: El ordenamiento estará orientado por una visión compartida de país a largo plazo, con propósitos estratégicos que guíen el tipo de organización territorial requerida.
10. Gradualidad y flexibilidad: El ordenamiento territorial ajustará las diferentes formas de división territorial, mientras que las entidades e instancias de integración territorial se adaptarán progresivamente, para lo cual podrán asignárseles las competencias y recursos que les permitan aumentar su capacidad planificadora, administrativa y de gestión.
9. Diversidad: El ordenamiento territorial reconoce las diferencias geográficas, institucionales, económicas, sociales, étnicas y culturales del país.
7. Participación: Pomoverá la participación, concertación y cooperación para que los ciudadanos tomen parte activa en las decisiones que inciden en la orientación y organización territorial.
13. Asociatividad: Porpiciará la formación de asociaciones entre las entidades territoriales e instancias de integración territorial para producir economías de escala, generar sinergias y alianzas competitivas, para la consecución de objetivos de desarrollo económico y territorial comunes.
2. Autonomía: La entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses.
6. Sostenibilidad: El ordenamiento territorial conciliará el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de la población.
15. Equidad social y equilibrio territorial: La Nación y las entidades territoriales propiciarián el acceso equitativo de todos los habitantes del territorio colombiano a las oportunidades y beneficios del desarrollo, buscando reducir los desequilibrios. Así mismo,procurarán el desarrollo equilibrado de las diferentes formas de decisión territorial.
8. Solidaridad y equidad territorial: Con el fin de contribuir al desarrollo armónico del territorio colombiano, la Nación, las entidades territoriales y las figuras de integración territorial de mayor capacidad política, económica y fiscal, apoyarán aquellas entidades de menor desarrollo.
17. Multietnicidad: Para que los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los raizales y la población ROM ejerzan su derechos de planeación y gestión dentro de la entidad territorial respectiva en armonía y concordancia con las demás comunidades y entidades territoriales.
16. Economía y buen gobierno: La Ley determinará los principios de economía y buen gobierno mínimos que deberán garantizar los departamentos, los distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, sus descentralizadas, así como cualquiera de las diferentes alternativas de asociación, contratos o convenios plan o delegaciones previstas en la presente Ley.
3. Descentralización: La distribución de competencias entre la Nación, entidades territoriales y demás esquemas asociativos se realizará para promover una mayor capacidad de planeación, gestión y de admininistración de sus propios intereses.
4. Integración: Los departamentos y los municipios ubicados en zonas fronterizas pueden adelantar programas de cooperación para el fomento del desarrollo comunitario.
Creación de departamentos
Diversificación, fortalecimiento y modernización del régimen departamental
Objetivos generales de la legislación territorial
Diversificación de los regímenes municipales por categorías
Del régimen fiscal especial para las áreas metropolitanas
Ley 1454 de 2011 - Art. 21
La Ley promoverá una mayor delegación de funciones y competencias del nivel nacional hacia el orden territorial, la eliminación de duplicidades de competencias entre la administración central y descentralizada y los entes territoriales, el fortalecimiento de las Regiones de Planeación y Gestión y las Regiones Administrativas y de Planificación, el fortalecimiento del departamento como nivel intermedio de gobierno.
Ley 1454 de 2011 - Art. 22
La Ley establecerá regímenes especiales y diferenciados de gestión administrativa y fiscal para uno o varios departamentos. Para tal efecto la ley podrá establecer capacidades y competencias distintas a las señaladas para los departamentos en la Constitución de acuerdo con el artículo 302 de la Carta Política.
Para la creación de departamentos la ley ordinaria no podrá establecer requisitos adicionales a los exigidos por la Constitución y esta Ley.
Ley 1454 de 2011 - Art. 23
La creación de departamentos cuyos territorios correspondan parcial o totalmente a una o varias regiones administrativas y de planificación deberá contar con el concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial, del Departamento Nacional de Planeación y la aprobación del Congreso de la República, previa convocatoria a consulta popular, de acuerdo con los lineamientos legales establecidos por el legislador y la Constitución.
Ley 1454 de 2011 - Art. 24
Establecerá categorías de municipios de acuerdo con su población, recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica, y señalará, a los municipios pertenecientes a cada categoría, distinto régimen en su organización, gobierno y administración.
Ley 1454 de 2011 - Art. 25
En las áreas metropolitanas que se encuentren constituidas a la fecha de entrada en vigencia la presente Ley, cada concejo municipal a iniciativa de su alcalde expedirá un acuerdo en el que señalen las fuentes de los aportes a loa que se compromete el respectivo municipio con destino a la financiación de las funciones de la entidad, así como los porcentajes de dicha participación.
Principios del ejercicio de competencias
Disposiciones en materia de competencias
Distribución de competencias en materia de ordenamiento del territorio
1. Coordinación: La nación y las entidades territoriales deberán ejercer sus competencias de manera articulada, coherente y armónica, con el propósito de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos como individuos.
Ley 1454 de 2011 - Art. 28
Los departamentos y municipios tendrán autonomía para determinar su estructura interna y organización administrativa central y descentralizada; así como el establecimiento y distribución de sus funciones y recursos para el adecuado cumplimiento de sus deberes constitucionales.
Ley 1454 de 2011 - Art 29
Son competencias del municipio:
a) Formular y adoptar las planes de ordenamiento del territorio.
b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes.
c) Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.
La distibución de competencias que se establece en este artículo se adelantará bajo los principios de descentralización, concurrencia y complementariedad de las acciones establecidas por las entidades territoriales.
2. Concurrencia: La Nación y las entidades territoriales desarrollarán oportunamente acciones conjuntas en busca de un objeto común, cuando así esté establecido, con respeto de su autonomía.
3. Subsidiariedad: La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de interacción territorial apoyarán en forma transitoria y parcial en el ejercicio de sus competencias, a las entidades de menor categoría fiscal, desarrollo económico y social, dentro del mismo ámbito de la justicia territorial, cuando se demuestre su imposibilidad de ejercer debidamente determinadas competencias.
4. Complementariedad: Para completar o perfeccionar la prestación de servicios a su cargo, y el desarrollo de proyectos regionales, las entidades territoriales podrán utilizar mecanismos como los de asociación, confinanciación, delegación y convenios.
5. Eficiencia: La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial garantizarán que el uso de los recursos públicos y las intervenciones que se realicen en su territorio, produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y ambientales.
6. Equilibrio entre competencias y recursos: Las competencias se trasladarán, previa asignación de los recursos fiscales para atenderlas de manera directa o asociada.
7. Gradualidad: La asunción de competencias asignadas por parte de las entidades territoriales se efectuará en forma progresiva y flexible, de acuerdo con las capacidades administrativas y de gestión de cada entidad.
8. Responsabilidad: La Nación, las entidades territoriales y las figuras de integración asumirán las competencias a su cargo previniendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera del ente territorial, garantizando su manejo transparente.
Ley 388 de 1997 - Art. 2
1. La función social y ecológica de la propiedad.
2. La prevalencia del interés general sobre el particular.
3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) define a largo y mediano plazo un modelo de organización y racionalización del territorio municipal o distrital, según el caso, señalando las actividades que debe cumplir la respectiva entidad territorial con miras a distribuir y utilizar de manera ordenada y coordinada al área del municipio o distrito.
Los vacíos de la Constitución los debe llenar una ley orgánica (Ley 388 de 1997).
Ley 388 de 1997 - Art. 3
El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines:
1. Posibilitar a los habitantes el acceso a todos los espacios públicos.
2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común.
3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.
4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales.
Ley 388 de 1997 - Art. 4
En ejercicio de las diferentes actividades que conforman (Acciones urbanísticas, administraciones municipales, distritales y metropolitanas), donde fomenten la unión de intereses económicos, sociales y urbanísticos, mediante la participación poblacional y sus diferentes organizaciones.
Ley 388 de 1997 - Art 5
Conjunto de acciones político-administrativas y de planificaciones físicas concertadas y emprendidas por los municipios, distritos y áreas metropolitanas en ejercicio de su respectiva función pública dentro de los límites constitucionales y legales, orientando el desarrollo del territorio.
Ley 675 de 2001
Se expide el régimen general de propiedad horizontal: Copropiedad compartida sobre las vías de acceso y recreación, da origen a la existencia de un espacio público interno que hace posible el tránsito y el goce de las zonas comunes por parte de los habitantes de un predio urbano.
La defensa del espacio público contribuye a garantizar la existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad.
El concepto de espacio público hace relación no solo a los bienes de uso público, sino a aquellos bienes de propiedad privada que trascienden lo individual y son necesarios para la vida urbana (Ej: Los antejardines).
El gozar del espacio público se eleva a rango de derecho colectivo específicamente consagrado en la Constitución, la cual exige al Estado velar por su protección y conservación.
Sin embargo, esto no impide que en casos específicos, el espacio público pueda ser objeto de alguna limitación transitoria y razonable como resultado de disposiciones que reconocen a los particulares ciertas garantías relacionadas con el derecho de propiedad, con la seguridad, con la prestación de servicios a la comunidad o con el libre desarrollo de actividades culturales o cívicas.
Los ciudadanos, entonces, a mayor desorden en las áreas comunes, tienen la tendencia de disminuir su acceso a ellas, generando en consecuencia un detrimento de esas mismas localidades y una disminución en su utilización.
En el caso del comercio informal se encuentra una controvesia con el Derecho al trabajo (protegido con licencias y permisos), sin embargo el desalojo está permitido constitucionalmente, pues prima el interés general sobre el particular que no cuenta con autorización, siempre y cuando exista un proceso judicial o policivo que lo autorice. Así entonces, un mecanismo que ha usado la jurisdicción constitucional colombiana para ponderar los intereses en conflicto, es ordenar a la administración que diseñe y ejecute y adecuado y razonable plan de reubicación.
Obligatoriedad de los planes de ordenamiento
Armonía con el plan de desarrollo del municipio
Participación comunal en el ordenamiento territorial
Instancias de concentración y consulta
Aprobación de los planes de ordenamiento
Adopción de los planes
Complementa la planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizando las intervenciones sobre el territorio, transformación, ocupación de espacio de acuerdo a las estrategias diseñadas por el mismo (Desarrollo sostenible)
Ley 388 de 1997 - Art 8
La función pública del ordenamiento de territorio local es ejercida gracias a la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, teniendo en cuenta la intervención y administración de las diferentes acciones ejercidas (uso de suelos, clasificación, localización, expansión, etc…)
Ley 388 de 1997 - Art 9
Conjunto de objetivos, políticas, directrices, estrategias. Programas, etc… Orientadas al desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.
Ley 388 de 1997 - Art 10
Conservación y protección del medio ambiente, recursos naturales y prevención de amenazas
Conservación y preservación de las áreas e inmuebles consideradas patrimonio cultural
Señalamiento y localización de las infraestructuras básicas (Red vial nacional y regional)
Hechos metropolitanos y normas generales (Objetivos y criterios definidos por áreas metropolitanas)
Ley 388 de 1997 - Art 15
Regulan el uso, ocupación y aprovechamiento del suelo, definiendo su naturaleza y posibles consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos.
Ley 388 de 1997 - Art. 13
Según el plan de ordenamiento territorial se establecen políticas a mediano y corto plazo dirigidas a ocupación de suelo urbano, su expansión y delimitación (transformación y crecimiento espacial de la ciudad)
Localización y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial, de transporte y su adecuada intercomunicación.
Ley 388 de 1997 - Art. 12
El componente general del plan de ordenamiento deberá contener:
1. Los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo que complementarán, desde el punto de vista del manejo territorial, el desarrollo municipal y distrital.
2. Contenido estructural, el cual deberá establecer, en desarrollo y concreción de los aspectos del #1.
Ley 388 de 1997 - Art. 14
Es un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, la conveniente utilización del suelo rural y las adecuaciones públicas tendientes al suministro de infraestructuras y equipamentos básicos para el servicio de los pobladores rurales. Este componente deberá contener por lo menos:
1. Las políticas de mediano y corto plazo sobre la ocupación del suelo en relación con los asentamientos humanos localizados en estas áreas.
2. El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera.
3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajisticos, geográficos y ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos.
4. La localización y dimensionamiento de las zonas determinadas como suburbanas, con precisión de las intensidades máximas de ocupación y usos admitidos.
5. La identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las previsiones necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura.
6. La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales a corto y mediano plazo.
7. La expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental.
Ley 388 de 1997 - Art. 18
Actuaciones sobre el territorio previstas en el plan de ordenamiento, ejecutadas en el periodo correspondiente teniendo en cuenta el plan de desarrollo, señalando prioridades, programación de actividades, entidades responsables y recursos respectivos.
Normas urbanísticas estructurales:
Aseguran la consecución de los objetivos y estrategias adoptadas en el componente general del plan, en sus políticas mediano plazo del componente urbano.
Normas urbanísticas generales:
Establece la intensidad de uso del suelo, así como actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización, construcción e incorporación del desarrollo de las diferentes zonas comprendidas dentro del perímetro urbano y suelo de expansión.
Normas complementarias:
Actuaciones, programas y proyectos adoptados en desarrollo de las previsiones de los componentes general y urbano del plan de ordenamiento (acciones ejecutadas a corto plazo)
Ley 388 de 1997 - Art 16
1.COMPONENTE GENERAL: El plan básico de ordenamiento señala los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo que complementaran desde el manejo territorial, desarrollo municipal, junto con contenidos como:
Identificación, localización y acciones sobre los territorios que posibiliten organizarlo y adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y su mayor competitividad.
Los sistemas de comunicación ente el área urbana y rural y su articulación con los respectivos sistemas regionales.
Localización de actividades, infraestructuras, equipamientos básicos para garantizar adecuadas relaciones funcionales entre asentamientos y zonas urbanas y rurales.
2. COMPONENTE URBANO: Contiene
Localización y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial, transporte y adecuada intercomunicación de todas las áreas urbanas.
Proyección para las áreas de expansión si se determinan
Disponibilidad de redes primarias y secundarias de vías y servicios públicos a corto y mediano plazo.
Delimitación de áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos y de recursos urbanos, históricos y culturales de conformidad con la legislación aplicable a cada caso u normas urbanísticas que lo complementen.3.COMPONENTE RURAL: Establece las normas previstas en el plan de ordenamiento territorial.
Ley 388 de 1997 - Art 17
Contienen como mínimo los objetivos, estrategias y políticas de largo y mediano plazo para la ocupación y aprovechamiento del suelo, la división del territorio en suelo urbano y rural, estructura general del suelo urbano, en especial, plan vial y servicios públicos domiciliarios, determinación de zonas de amenaza y riesgos naturales y medidas de protección.
Ley 388 de 1997 - Art. 19
En ellas se incluyen:
Delimitación y características del área de la operación urbana o de la unidad mínima de actuación urbanística contemplada en el plan parcial o local.
Edificación precisa de los objetivos y las directrices urbanísticas específicas que orientas la correspondiente actuación u operación urbana, en aspectos de aprovechamiento de los inmuebles, suministros, ampliación o mejoramiento del espacio público, calidad del entorno, alternativas de expansión, entre otros.
Normas urbanísticas específicas para la correspondiente unidad de actuación o para el área específica objeto de la operación urbana objeto del pan.
Adopción de los instrumentos de manejo del suelo, capacitación de plusvalías, reparto de cargas y beneficios, procedimientos de gestión, evaluación financiera de las obras urbanísticas y programas de ejecución.
Ley 388 de 1997 - Art. 20
Cumplido el periodo de transición previsto para la adopción del plan de ordenamiento territorial, las autoridades competentes solo podrán otorgar licencias urbanísticas una vez que dicho plan sea adoptado.
Los agentes públicos o privados no podrán realizar actuaciones urbanísticas si no se encuentran ajustadas a las previsiones y contenidos de los planes de ordenamiento territorial, el desarrollo de planes parciales.
Ley 388 de 1997 - Art. 21
Se define a largo u mediano plazo un modelo de ocupación del territorio municipal y distrital, señalando su estructura básica y las acciones territoriales necesarias para su adecuación, organización, el cual es vigente siempre y cuando no sea modificado.
Ley 388 de 1997 - Art. 22
Para efectos de organizar la participación comunal tanto las autoridades municipales como las distritales podrán delimitar en el área comprometida dentro del perímetro urbano, los barrios o agrupamientos de barrios residenciales, usualmente reconocidos por sus habitantes como referentes de su localización en la ciudad y que definen su pertenencia en la definición del contenido rural, caso en el cual la división territorial se referirá a veredas o agrupaciones veredales.
Una vez se surte el proceso de adopción o revisión del plan, estas organizaciones participaran en el ordenamiento del territorio en los eventos:
En casos excepcionales se consideran normas urbanísticas generales, con asignaciones específicas de usos y aprovechamiento del suelo en micro zonas de escala vecinal; ello en los casos en el efecto se limite exclusivamente a sus respectivos territorios y no contraríen la norma.
Formular y proponer planes parciales para las actuaciones urbanísticas dentro de su área, de acuerdo con previsiones y autorizaciones del componente urbano del plan.
Ejercen acción de veeduría ciudadana para garantizar el cumplimiento o que impidan la violación de las normas establecidas por medio de procedimientos acordes con políticas locales descentralizados.
Ley 388 de 1997 - Art. 24
El alcalde distrital o municipal, a través de las oficinas de planeación o de la dependencia que haga sus veces, será responsable de coordinar la formulación oportuna del proyecto del plan de Ordenamiento Territorial, y de someterlo a consideración del Consejo de Gobierno.
Antes de presentar el proyecto se deberá tener en cuenta:
El proyecto de plan se someterá a consideración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente.
para su aprobación en lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 art. 66
dispondrá de 30 días y sólo podrá ser objetado por razones técnicas y fundadas en los estudios previos.
Esta decisión será apelable ante el Ministerio del Medio Ambiente.
Ley 388 de 1997 - Art. 25
El proyecto de plan de ordenamiento territorial, como documento consolidado después de surtir la etapa de la participación democrática será presentado por el alcalde a consideración del concejo municipal o distrital, dentro de los 30 días siguientes al recibo del concepto del Consejo Territorial de Planeación.
SI el concejo estuviere en receso, el alcalde deberá convocarlo a sesiones extraordinarias. Toda modificación propuesta por el concejo deberá contar con la aceptación de la administración.
Ley 388 de 1997 - Art. 26
Pasados 60 días de la presentación del proyecto del plan de ordenamiento territorial sin que se tome alguna decisión por parte del concejo, el alcalde podrá adoptarlo mediante decreto.
Procedimiento para planes parciales
Ley 388 de 1997 - Art. 27
Los proyectos de planes parciales serán elaborados por las autoridades municipales o distritales de planeación, por las comunidades o por los particulares interesados, de acuerdo con los parámetros que al respecto determine el plan de ordenamiento territorial o el Macroproyecto de Interés Social Nacional cuando este último así lo prevea.
La oficina de planeación municipal o distrital, o la dependencia encargada revisará el proyecto de plan parcial con el fin de verificar el cumplimiento de las normas para la formulación del plan.
Para la aprobación del proyecto de plan parcial, la oficina de planeación contará con un término de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de radicación del proyecto, con una prórroga de 30 días hábiles más por una sola vez, so pena que se entienda aprobado en los términos en que fue presentado mediante la aplicación del silencio administrativo positivo.
Vigencia y revisión del plan de ordenamiento
Consejo consultivo de ordenamiento
Obligatoriedad de conformación del comité de integración territorial
Ley 388 de 1997 - Art. 28
El plan de ordenamiento territorial deberá definir la vigencia de sus diferentes contenidos y las condiciones que ameriten su revisión en concordancia con los siguientes puntos:
La estructural del plan tendrá una vigencia de largo plazo para este efecto se entenderá como el correspondiente a tres períodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales.
Los contenidos de los componentes urbanos y rurales de mediano plazo tendrán una vigencia correspondiente al término de dos períodos constitucionales de las administraciones municipales.
Los contenidos urbanos y rurales de corto plazo y los programas de ejecución regirán durante un período constitucional completo de la administración municipal y distrital completo.
Las revisiones estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para su aprobación y deberán sustentarse en parámetros e indicadores de seguimiento relacionados con cambios significativos en las previsiones sobre población urbana, la dinámica de ajustes en usos o intensidad de los usos del suelo, la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos o proyectos de renovación urbana y la ejecución de macroproyectos de infraestructura regional o metropolitana que generen impactos sobre el ordenamiento del territorio municipal o distrital, así como en la evaluación de sus objetivos y metas del respectivo plan.
Las autoridades municipales y distritales podrán revisar y ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial o sus componentes una vez vencido el período constitucional inmediatamente anterior.
Ley 388 de 1997 - Art. 29
Instancia asesora de la administración municipal o distrital en materia de ordenamiento territorial, que deberá conformar los alcaldes de municipios con población superior a los 30.000 habitantes.
Estará integrado por funcionarios de la administración y por representantes de las organizaciones gremiales, profesionales, ecológicas, cívicas y comunitarias vinculadas con el desarrollo urbano.
Así mismo los curadores urbanos forman parte de este consejo en las ciudades donde exista esta institución
Serán funciones de este Consejo, además de las previstas en esta ley y su reglamento, el seguimiento del plan de ordenamiento y proponer sus ajustes y revisiones cuando sea del caso.
Ley 614 de 2000 - Art. 3
La conformación de los Comités mencionados en el artículo anterior será obligatoria entre los municipios de un mismo departamento que conformen un área metropolitana y en aquellos municipios y distritos que tengan un área de influencia donde habite un número superior a 500.00 habitantes.
En caso en que las respectivas áreas de influencia tengan un número de habitantes igual o inferior a 500.000 la integración del comité de integración regional será opcional para los respectivos alcaldes.
Comités de integración territorial
Ley 614 de 2000 - Art. 3
Cuerpos colegiados en los cuales las autoridades competentes concertarán lo referente a la implementación de los planes de ordenamiento territorial y a la presentación de la visión estratégica de desarrollo futuro del área de influencia territorial.
serán escenarios de participación comunitaria en los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 388 de 1997.
Así mismo recopilarán la información que sea necesaria para el desarrollo de su objeto, proveniente de cualquier institución pública o privada y en particular de aquellas en él representadas.
Promoverán la creación de un sistema de información geográfico integrado para el área de influencia, y los comités expedirán el reglamento necesario para sus deliberaciones y funcionamiento.
Áreas de influencia
Ley 614 de 2000 - Art. 3
Se entiende por área de influencia el territorio conformado por la capital de departamento o municipio principal y municipios circunvecinos, en los cuales se presenten hechos que hagan indispensable la implementación conjunta de los planes de ordenamiento territorial tales como fenómenos de conurbación, relaciones estrechas en el uso del suelo o relaciones estrechas en la prestación de servicios públicos.
La definición del área de influencia, deberá hacerse en consenso ente los municipios que cumplan con las características para su conformación.
Del Comité de Integración Territorial
Ley 614 de 2000 - Art. 5
Conformado por:
El alcalde del municipio principal.
Los alcaldes de los municipios circunvecinos que hacen parte del área de influencia.
El gobernador o gobernadores a los cuales pertenecen los municipios que hacen parte del área de influencia o sus delegados.
El director o directores de la Corporación Autónoma Regional que tenga jurisdicción en el área de influencia.
Un delegado del Ministro de Desarrollo Económico, con voz y sin voto.
Un delegado del Ministro del Interior, con voz y sin voto.
Dos representantes de los gremios productivos y/o económicos de la región.
Un representante de las organizaciones no gubernamentales de la región.
El suelo en los planes de ordenamiento territorial
Ley 388 de 1997 - Art. 30
Clasificará el territorio de los municipios y distritos en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
Al interior de estas clases podrán establecerse las categorías de suburbano y de protección.
Suelo rural
Suelo de expansión urbana
Suelo urbano
Ley 388 de 1997 - Art. 31
Lo constituyen las áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación.
Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación, que se definan como áreas de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial.
Las áreas que conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros y podrán incluir los centros poblados de los corregimientos.
Ley 388 de 1997 - Art. 32
Se Constituye por la porción del territorio municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento, según lo determinen los Programas de Ejecución.
La determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento colectivo de interés público o social; podrán incluirse áreas de desarrollo concertado, a través de procesos que definan la conveniencia y las condiciones para su desarrollo mediante su adecuación y habilitación urbanística a cargo de sus propietarios, pero cuyo desarrollo estará condicionado a la adecuación previa de las áreas programadas.
Ley 388 de 1997 - Art. 33
Lo constituyen los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas.
Suelo suburbano
Ley 388 de 1997 - Art. 34
Lo constituyen las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994.
Podrán formar parte de esta categoría los suelos correspondientes a los corredores urbanos interregionales.
Los municipios y distritos deberán establecer las regulaciones complementarias tendientes a impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos en estas áreas, sin que previamente se surta el proceso de incorporación al suelo urbano.
con lo cual deberán contar con la infraestructura de espacio público, de infraestructura vial y redes de energía, acueducto y alcantarillado requerida para este tipo de suelo.
Suelo de protección
Ley 388 de 1997 - Art. 35
Constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.
Actuación urbanística pública
Ley 388 de 1997 - Art. 36
Son actuaciones urbanísticas la parcelación, urbanización y edificación de inmuebles.
Cada una comprenden procedimientos de gestión y formas de ejecución que son orientadas por el componente urbano del plan de ordenamiento y deben quedar explícitamente reguladas por normas urbanísticas expedidas de acuerdo con los contenidos y criterios de prevalencia establecidos en los artículos 13, 15, 16 y 17 de la presente ley.
Estas actuaciones podrán ser desarrolladas por propietarios individuales en forma aislada por grupos de propietarios asociados voluntariamente o de manera obligatoria a través de unidades de actuación urbanística, directamente por entidades públicas o mediante formas mixtas de asociación entre el sector público y el sector privado.
Para la regulación de las diferentes actuaciones urbanísticas los municipios, distritos y las áreas metropolitanas deban realizar acciones urbanísticas que generen mayor valor para los inmuebles, quedan autorizados a establecer la participación en plusvalía en los términos que se establecen en la presente ley.
las normas urbanísticas establecerán específicamente los casos en que las actuaciones urbanísticas deberán ejecutarse mediante la utilización del reparto de cargas y beneficios tal como se determina en el artículo 38 Ley 388 de 1997.
Espacio público en actuaciones urbanísticas
Reparto equitativo de cargas y beneficios
Ley 388 de 1997 - Art. 37
Las reglamentaciones distritales o municipales determinarán, las diferentes actuaciones urbanísticas, las cesiones gratuitas que los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público en general, y señalarán el régimen de permisos y licencias a que se deben someter, así como las sanciones aplicables a los infractores a fin de garantizar el cumplimiento de estas obligaciones.
De igual manera deberán especificar las afectaciones a que estén sometidos por efectos de reservas de terreno para construcción de infraestructura vial, de transporte, redes matrices y otros servicios de carácter urbano o metropolitano.
Para las actuaciones que lo requieran como la urbanización en terrenos de expansión y la urbanización o construcción en terrenos con tratamientos de renovación urbana, deberá señalarse el procedimiento previo para establecer la factibilidad de extender o ampliar las redes de servicios públicos.
La infraestructura vial y la dotación adicional de espacio público, así como los procesos o instrumentos mediante los cuales se garantizará su realización efectiva.
La equitativa distribución de cargas y beneficios derivados de la correspondiente actuación.
Ley 388 de 1997 - Art. 38
Teniendo en cuenta el principio de igualdad de los ciudadanos ante las normas, planes de ordenamiento territorial y normas urbanísticas que los desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados.
Las unidades de actuación, la compensación y la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, entre otros, son mecanismos que garantizan este propósito.
Unidades de actuación urbanística
Desarrollo prioritario de unidades de actuación urbanística
Ley 388 de 1997 - Art. 39
Se entiende como área conformada por uno o varios inmuebles, explícitamente delimitada en las normas que desarrolla el plan de ordenamiento que debe ser urbanizada o construida como una unidad de planeamiento con el objeto de promover el uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a sus propietarios, de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos colectivos mediante reparto equitativo de las cargas y beneficios.
Ley 388 de 1997 - Art. 40
Los planes de ordenamiento y los instrumentos que los desarrollen podrán determinar el desarrollo o la construcción prioritaria de inmuebles que conformen unidades de actuación urbanística, de acuerdo con las prioridades previstas en los planes de Ordenamiento Territorial.
Delimitación de las unidades de actuación urbanística
Reglamento para sectores exclusivamente residenciales
Ejecución de las unidades de actuación urbanística
Ejecución mediante reajuste de tierras
Procedimiento
Ley 388 de 1997 - Art. 41
Los planes de Ordenamiento Territorial: Definirán las áreas que deban desarrollarse a través de unidades de actuación en suelo urbano como en suelo de expansión y determinarán los criterios y procedimientos para su caracterización, delimitación y aprobación posterior.
Las unidades de actuación: Delimitarán de forma que permitan el cumplimiento conjunto de las cargas de cesión y urbanización de la totalidad de su superficie, mediante el reparto equitativo entre sus propietarios.
El proyecto de delimitación: Realizará por las autoridades competentes, de oficio, o por los particulares interesados, de acuerdo con los parámetros previstos en el plan de ordenamiento, siempre y cuando medie la formulación y aprobación del correspondiente plan parcial, el cual deberá determinar las previsiones relacionadas con la dotación de las infraestructuras y los equipamientos, las cesiones correspondientes, la subdivisión, si fuere del caso, en áreas de ejecución y las fases y prioridades de su desarrollo señalando los sistemas e instrumentos de compensación para la distribución de las cargas y beneficios entre los partícipes.
En los casos de renovación y redesarrollo, el plan parcial incluirá además las previsiones relacionadas con la habitación y el mejoramiento de las infraestructuras, equipamientos y espacio público necesario para atender las nuevas densidades y usos del suelo asignados a la zona.
Ley 388 de 1997 - Art. 42
Aprobado el plan parcial por la autoridad de planeación municipal o distrital, el proyecto de delimitación se pondrá en conocimiento de los titulares de derechos reales sobre la superficie de la unidad de actuación propuesta y sus vecinos, en la forma que determine el reglamento, quienes gozarán de un término de 30 días para formular objeciones u observaciones.
Luego de tramitadas las objeciones y definidas las modificaciones el proyecto de delimitación será puesto a consideración del alcalde municipal o distrital, para su aprobación.
Con un plazo para la aprobación definitiva de los proyectos de delimitación de las unidades de actuación será de 3 meses a partir de su presentación en debida forma.
En los casos de iniciativa de los interesados, transcurrido este plazo no se hubiere notificado la decisión correspondiente, la delimitación se entenderá aprobada, siempre y cuando se haya realizado el trámite de citación.
En ningún caso se aplicará el silencio administrativo positivo, si la propuesta de delimitación no se acoge a las determinaciones del plan de ordenamiento.
El acto de delimitación de la unidad de actuación se inscribirá en el registro de instrumentos públicos, en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios que conforman la unidad.
Los predios afectados no podrán ser objeto de licencias de urbanización o construcción por fuera de la unidad de actuación.
Ley 388 de 1997 - Art. 43
El Desarrollo Urbano correspondiente podrá otorgar a dicho sector una reglamentación urbanística especial que podrá incluir aspectos:
Condiciones al tránsito vehicular.
Organización de la seguridad del sector.
Normas de paisajismo.
Condicionamiento de los constructores entre otros aspectos.
Ley 388 de 1997 - Art. 44
El desarrollo de las unidades de actuación implica la gestión asociada de los propietarios de los predios que conforman su superficie, mediante sistemas de reajuste de tierras o integración inmobiliaria o cooperación, según lo determine el correspondiente plan parcial.
La ejecución de la unidad de actuación se iniciará una vez se definan las bases para la actuación, mediante el voto favorable de los propietarios que representen el 51% del área comprometida.
Los inmuebles de los propietarios renuentes serán objeto de los procesos de enajenación voluntaria y expropiación previstos en esta ley por parte de las entidades municipales o distritales competentes, quienes entrarán a formar parte de la asociación gestora de la actuación, sin perjuicio de que puedan transferir tales derechos a la misma.
En los casos de unidades de actuación de desarrollo prioritario, si en un plazo de 6 meses contados a partir de la delimitación de la unidad de actuación no se hubiese logrado el acuerdo de que trata el aparte anterior, la administración podrá optar por la expropiación administrativa de los inmuebles correspondientes o por la enajenación forzosa de los mismos.
Ley 388 de 1997 - Art. 45
Se realizará mediante el mecanismo de reajuste de tierras o integración inmobiliaria previstos en la Ley 9ª de 1989, según se trate de urbanización en suelo de expansión o renovación o redesarrollo en suelo urbano respectivamente, con los ajustes que se determinan en el presente artículo.
Una vez se acuerden las bases de la actuación asociadas según lo previsto en el artículo precedente, se constituirá la entidad gestora según lo convengan los interesados, la cual elaborará el proyecto urbanístico correspondiente que forma parte del plan parcial.
Con el plan parcial se elaborará y presentará para aprobación de la autoridad de planeación correspondiente, el proyecto de reajuste de tierras o integración de inmuebles correspondiente, el cual deberá ser aprobado por un número plural de partícipes que representen por lo menos el 51% de la superficie comprometida en la actuación.
El proyecto de reajuste o de integración señalará las reglas para la valoración de las tierras e inmuebles aportados, las cuales deberán tener en cuenta la reglamentación urbanística vigente antes de la delimitación de la unidad, así como los criterios de valoración de los predios resultantes, los cuales se basarán en los usos y densidades previstos en el plan parcial.
Las restituciones se harán con los lotes de terreno resultantes, a prorrata de los aportes, salvo cuando ello no fuere posible, caso en el cual se hará la correspondiente compensación económica.
La nueva reglamentación se inscribirá en el Registro de Instrumentos Públicos y en los folios de Matrícula inmobiliaria y a los predios que conforman el sector.
Trámite de reajuste o la integración
Fondos de compensación
Compensación en tratamientos de conservación
Ley 388 de 1997 - Art. 46
Aprobado el proyecto de reajuste o de integración inmobiliaria, se otorgará la escritura pública de reajuste de tierras o integración inmobiliaria, en la cual se indicarán cada uno los partícipes de la actuación, los terrenos e inmuebles aportados y su englobe.
Cesiones urbanísticas gratuitas y el nuevo loteo: De conformidad con el proyecto de urbanización, y finalmente se describirán las restituciones de los aportes en nuevos lotes, señalando su valor y la correspondencia con el predio aportado.
Esta escritura pública será registrada en el folio de matrícula inmobiliaria de cada uno de los predios e inmuebles aportados, los cuales se subrogarán, con plena eficacia real, en los predios e inmuebles restituidos.
Los lotes adjudicados quedarán afectados al cumplimiento de las cargas y al pago de los gastos de urbanización correspondientes al desarrollo de la unidad de actuación.
Una vez recibidas las obras de urbanización correspondientes, la edificación de los lotes adjudicados podrá ser adelantada en forma independiente por sus propietarios, previa la obtención de la licencia de construcción respectiva.
Ley 388 de 1997 - Art. 48
Los propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deberán ser compensados por esta carga derivada del ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones económicas, transferencias de derechos de construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que se reglamenten.
Ley 388 de 1997 - Art. 49
Como mecanismo para asegurar el reparto equitativo de las cargas y beneficios generados en el ordenamiento urbano, y para garantizar el pago de compensaciones en razón de cargas urbanísticas de conservación, las administraciones municipales y distritales podrán constituir fondos, los cuales podrán ser administrados mediante encargos fiduciarios.
Urbanización en suelo de expansión
Ley 388 de 1997 - Art. 51
La adecuación de terrenos en suelo de expansión que no formen parte de unidades de actuación, con infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos colectivos, podrá ser realizada por las entidades públicas competentes o por los propietarios correspondientes, según las previsiones de los planes de ordenamiento.
Los planes de ordenamiento y los instrumentos que los desarrollen podrán determinar que las inversiones públicas realizadas mediante la ejecución de infraestructuras para la adecuación de las áreas de expansión, sean recuperadas a través de la aplicación de los instrumentos tales como la valorización, participación en plusvalía o compensaciones.
Enajenación forzosa
Iniciación del proceso de enajenación forzosa
Prrógas
Desarrollo y construcción prioritaria en unidades de actuación urbanística
Procedimiento para la enajenación forzosa
Ley 388 de 1997 - Art. 52
A partir de la fecha de vigencia de esta ley, habrá lugar a la iniciación del proceso de enajenación forzosa en pública subasta, por incumplimiento de la función social de la propiedad sobre:
Los terrenos localizados en suelo de expansión, de propiedad pública o privada, declarados como de desarrollo prioritario, que no se urbanicen dentro de los 3 años siguientes a su declaratoria.
Los terrenos urbanizables no urbanizados localizados en suelo urbano, de propiedad pública o privada, declarados como de desarrollo prioritario, que no se urbanicen dentro de los 2 años siguientes a su declaratoria.
Los terrenos o inmuebles urbanizados sin construir, localizados en suelo urbano, de propiedad pública o privada, declarados como de construcción prioritaria, que no se construyan dentro de los dos años siguientes a su declaratoria.
Las edificaciones que sean de propiedad pública municipal o distrital o de propiedad privada abandonadas, subutilizadas o no utilizadas en más de un 60% de su área construida cubierta que no sean habilitadas y destinadas a usos lícitos, según lo previsto en el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen, dentro de los 18 meses, contados a partir de su declaratoria, de acuerdo con los estudios técnicos, sociales y legales que realice la entidad encargada por el alcalde municipal o distrital.
Ley 388 de 1997 - Art. 54
Procederá la iniciación de procesos de enajenación forzosa cuando las obras de urbanización o construcción no se inicien dentro del término señalado y se referirá únicamente a la parte no urbanizada o construida.
Los términos de que tratan anteriormente empezarán a contarse a partir de la fecha de promulgación del acuerdo que aprueba el plan de ordenamiento territorial o el programa de ejecución, que declara el terreno o inmueble como de desarrollo o construcción prioritarios y podrá prorrogarse hasta por un 50%, siempre y cuando las obras realizadas representen por lo menos el 50% de la urbanización o construcción.
La prórroga deberá solicitarse al alcalde municipal o distrital, antes del vencimiento del plazo, y no se procederá a la iniciación del proceso de enajenación forzosa mientras la autoridad no decida sobre la solicitud.
Ley 388 de 1997 - Art. 55
Le corresponderá al alcalde municipal o distrital, mediante resolución motivada, ordenar la enajenación forzosa de los inmuebles que no cumplan su función social en los términos aquí previstos; en dicha resolución se especificará el uso o destino que deba darse al inmueble en lo sucesivo, de conformidad con lo establecido en el plan de ordenamiento y normas urbanísticas que lo desarrollen.
La resolución que ordene la enajenación forzosa se notificará de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
Contra la resolución que declare la enajenación forzosa sólo procederá por la vía gubernativa el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la notificación, transcurrido el término de 2 meses, contados a partir de la fecha de la interposición del recurso de reposición, éste se entenderá negado y la autoridad competente no podrá resolverlo, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y judiciales a que hubiere lugar.
Una vez en firme el acto administrativo que ordena la enajenación forzosa se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria de los terrenos e inmuebles correspondientes.
Los inmuebles así afectados quedarán fuera del comercio a partir de la fecha de inscripción y mientras subsista, ninguna autoridad podrá otorgar licencias urbanísticas. La situación de enajenación forzosa se consignará en los certificados de libertad y tradición de los inmuebles objeto de dicho proceso.
Ley 388 de 1997 - Art. 53
En los casos en que la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria se refiera a terrenos o inmuebles que conforman unidades de actuación urbanística, los plazos establecidos en el artículo anterior se incrementarán en un 50%.
Pero en los mismos eventos la enajenación forzosa se referirá a la totalidad de los inmuebles que conforman la unidad de actuación que no se hubieren desarrollado.
Ley 388 de 1997 - Art. 56
Cuando se produzca la inscripción corresponderá a la administración municipal o distrital, dentro de los 3 meses siguientes, someter los terrenos e inmuebles respectivos a enajenación forzosa mediante el procedimiento de pública subasta, cuya convocatoria incluirá por lo menos los siguientes aspectos:
La determinación del plazo para la urbanización o edificación, según el caso, el cual no podrá ser superior al previsto en la presente ley para el propietario inicial.
La especificación de que el terreno objeto de la transacción tiene la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria.
El precio de base de la enajenación, que no podrá ser inferior al 70% del avalúo comercial del inmueble definido por peritos inscritos en la lonja de propiedad raíz u otras entidades especializadas.
Si en la subasta convocada no se presentaren posturas admisibles, se citará para una segunda subasta, en la cual será postura admisible la oferta que iguale al 70% del avalúo catastral. Pero si en la segunda subasta no se presentaren ofertas admisibles, el municipio o distrito iniciará los trámites de la expropiación administrativa de los correspondientes inmuebles, cuyo precio indemnizatorio será igual al 70% de dicho avalúo catastral, pagado en los términos previstos en el artículo 67 de la presente ley.
Incumplimiento de la función social por parte del comprador
Enajenación voluntaria y expropiación judicial
Entidades competentes
Ley 388 de 1997 - Art. 57
El incumplimiento por parte del adquirente en el desarrollo o la construcción de los terrenos o inmuebles adquiridos mediante la pública subasta, dará lugar a la iniciación del proceso de expropiación por vía administrativa por parte del municipio o distrito.
En este caso el precio indemnizatorio no podrá ser superior al monto pagado por el adquirente en la pública subasta, según el índice de precios al consumidor, la forma de pago será a plazo con una cuota inicial del 40% y el saldo en 8 contados anuales y sucesivos, el primero de los cuales vencerá un año después de la fecha de entrega del inmueble.
Sobre los saldos se reconocerá un interés ajustable equivalente al 80% del incremento porcentual del índice nacional de precios al consumidor para empleados certificado por el DANE para los 6 meses inmediatamente anteriores a cada vencimiento, pagadero por semestre vencido.
Ley 9 de 1989 - Art. 10
Para decretar su expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declara utilidad pública o de interés social la adquisición de inmuebles con fin de destinarlos a:
Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de salud, educación, recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana.
Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo los de legación de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales, rehabilitación de inquilinatos y reubicación de asentamientos humanos ubicados en sector de alto riesgo.
Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de aspectos públicos urbanos.
Ejecución de proyectos de producción, ampliación y abastecimiento de servicios públicos domiciliarios.
Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo.
Ley 9 de 1989 - Art. 11
La nación, las entidades territoriales, las áreas, metropolitanas y asociaciones de municipios podrán adquirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles para el desarrollo de actividades previstas en el art. 10 de la Ley9 de 1989.
Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta asimiladas a las anteriores de los órdenes nacional, departamental y municipal que estén expresamente facultados por sus propios estatutos.
Conformidad de la expropiación con el Plan de Ordenamiento Territorial
Ley 9 de 1989 - Art. 12
Toda adquisición o expropiación de inmuebles que se efectué en la presente ley se hará de conformidad con los objetivos y usos del suelo establecidos en los planes de ordenamiento territorial.
Modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria
Condiciones para la concurrencia de terceros
Procedimiento para la expropiación
Ley 388 de 1997 - Art 61
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno.
El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación económica.
La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en dinero o en especie, en títulos valores, derechos de construcción y desarrollo, derechos de participación en el proyecto a desarrollar o permuta.
La comunicación del acto por medio del cual se hace la oferta de compra se hará con sujeción a las reglas del Código Contencioso Administrativo y no dará lugar a recursos en vía gubernativa.
Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos 30 días hábiles después de la comunicación de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa.
Ley 388 de 1997 - Art 61 A
Para la adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial y administrativa de que trata la Ley 388 de 1997, los recursos para el pago del precio de adquisición o precio indemnizatorio de los inmuebles pueden provenir de terceros, cuando el motivo de utilidad pública e interés social que se invoque corresponda a los literales C o I del artículo 58 de la presente ley o al artículo 8 del Decreto 4821 de 2010, y se trate de actuaciones desarrolladas directamente por particulares o mediante formas mixtas de asociación entre el sector público y el sector privado para la ejecución de:
Programas y proyectos de renovación urbana, de conformidad con los objetivos y usos del suelo establecidos en los planes de ordenamiento territorial.
Unidades de actuación urbanística, conforme lo previsto en el artículo 44 de esta ley.
Actuaciones urbanas integrales formuladas de acuerdo con las directrices de las políticas y estrategias del respectivo plan de ordenamiento territorial, según lo previsto en los artículos 113 y siguientes de la Ley 388 de 1997;
Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN) que se encuentren en curso de acuerdo con la Sentencia C-149 de 2010.
Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU).
Los programas y/o proyectos desarrollados en función de las actuaciones de los literales a), b) y c), deben estar localizados en municipios o distritos con población urbana superior a los 500.000 habitantes, contar con un área superior a 1 hectárea y cumplir con las demás condiciones que defina el Gobierno Nacional.
Ley 1564 de 2012 - Art 399
Determinación del carácter administrativos
Expropiación administrativa por motivos de utilidad pública o interés social
Condiciones de urgencia
Criterios para la declaratoria de urgencia
Será procedente la concurrencia de terceros en la adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación, siempre que medie la celebración previa de un contrato o convenio, entre la entidad expropiante y el tercero concurrente, en el que se prevean, por lo menos, los siguientes aspectos:
El objeto del contrato o convenio contendrá la descripción y especificaciones de la actuación a ejecutar, y la determinación de los inmuebles o la parte de ellos a adquirir.
La obligación clara e inequívoca de los terceros concurrentes con la entidad pública de destinar los inmuebles para los fines de utilidad pública para los que fueron adquiridos dentro de los términos previstos en la ley.
La relación entre el objeto misional de la entidad competente y los motivos de utilidad pública o interés social invocados para adquirir los inmuebles.
La obligación de cubrir el aumento del valor del bien expropiado y las indemnizaciones decretados por el juez competente, si este fuere el caso.
La remuneración de la entidad pública expropiante para cubrir los gastos y honorarios a que haya lugar.
La obligación de los terceros concurrentes de constituir, a su cargo, una fiducia para la administración de los recursos que aporten
1. La demanda se dirigirá contra los titulares de derechos reales principales sobre los bienes y, si estos se encuentran en litigio, también contra todas las partes del respectivo proceso.
Igualmente se dirigirá contra los tenedores cuyos contratos consten por escritura pública inscrita y contra los acreedores hipotecarios y prendarios que aparezcan en el certificado de registro.
2. La demanda de expropiación deberá ser presentada dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la cual quedare en firme la resolución que ordenare la expropiación, so pena de que dicha resolución y las inscripciones que se hubieren efectuado en las oficinas de registro de instrumentos públicos pierdan fuerza ejecutoria, sin necesidad de pronunciamiento judicial o administrativo alguno.
El registrador deberá cancelar las inscripciones correspondientes, a solicitud de cualquier persona, previa constatación del hecho.
3. A la demanda se acompañará copia de la resolución vigente que decreta la expropiación, un avalúo de los bienes objeto de ella, y si se trata de bienes sujetos a registro, un certificado acerca de la propiedad y los derechos reales constituidos sobre ellos, por un período de 10 años, si fuere posible.
4. Desde la presentación de la demanda, a solicitud de la entidad demandante, se decretará La entrega anticipada del bien, siempre que aquella consigne a órdenes del juzgado el valor establecido en el avalúo aportado. Si en la diligencia el demandado demuestra que el bien objeto de la expropiación está destinado exclusivamente a su vivienda, y no se presenta oposición, el juez ordenará entregarle previamente el dinero consignado, siempre que no exista gravamen hipotecario, embargos, ni demandas registradas.
5. De la demanda se correrá traslado al demandado por el término de tres (3) días. No podrá proponer excepciones de ninguna clase. En todo caso el juez adoptará los correctivos necesarios para subsanar los defectos formales de la demanda.
Transcurridos 2 días sin que el auto admisorio de la demanda se hubiere podido notificar a los demandados, el juez los emplazará en los términos establecidos en la norma; copia del emplazamiento se fijará en la puerta de acceso al inmueble objeto de la expropiación o del bien en que se encuentren los muebles
6.Cuando el demandado esté en desacuerdo con el avalúo o considere que hay lugar a indemnización por conceptos no incluidos en él o por un mayor valor, deberá aportar un dictamen pericial elaborado por el IGAC o por una lonja de propiedad raíz, del cual se le correrá traslado al demandante por 3 días. Si no se presenta el avalúo, se rechazará de plano la objeción formulada.
A petición de la parte interesada y sin necesidad de orden judicial, el IGAC rendirá las experticias que se le soliciten, para lo cual el solicitante deberá acreditar la oferta formal de compra que haya realizado la entidad. El Gobierno Nacional reglamentará las tarifas a que haya lugar.
7. Vencido el traslado de la demanda al demandado o del avalúo al demandante, según el caso, el juez convocará a audiencia en la que interrogará a los peritos que hayan elaborado los avalúos y dictará la sentencia. En la sentencia se resolverá sobre la expropiación, y si la decreta ordenará cancelar los gravámenes, embargos e inscripciones que recaigan sobre el bien, y determinará el valor de la indemnización que corresponda.
8. El demandante deberá consignar el saldo de la indemnización dentro de 20 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Si no realiza la consignación oportunamente, el juez librará mandamiento ejecutivo contra el demandante.
9. Ejecutoriada la sentencia y realizada la consignación a órdenes del juzgado, el juez ordenará la entrega definitiva del bien.
10. Realizada la entrega se ordenará el registro del acta de la diligencia y de la sentencia, para que sirvan de título de dominio al demandante.
11. Registradas la sentencia y el acta, se entregará a los interesados su respectiva indemnización, pero si los bienes estaban gravados con prenda o hipoteca el precio quedará a órdenes del juzgado para que sobre él puedan los acreedores ejercer sus respectivos derechos en proceso separado. En este caso las obligaciones garantizadas se considerarán exigibles, aunque no sean de plazo vencido.
Si los bienes fueren materia de embargo, secuestro o inscripción, el precio se remitirá a la autoridad que decretó tales medidas; y si estuvieren sujetos a condición resolutoria, el precio se entregará al interesado a título de secuestro, que subsistirá hasta el día en que la condición resulte fallida, siempre que garantice su devolución en caso de que aquella se cumpla.
12. Cuando se hubiere efectuado entrega anticipada del bien y el superior revoque la sentencia que decretó la expropiación, ordenará que el inferior, si fuere posible, ponga de nuevo al demandado en posesión o tenencia de los bienes, y condenará al demandante a pagarle los perjuicios causados, incluido el valor de las obras necesarias para restituir las cosas al estado que tenían en el momento de la entrega.
Los perjuicios se liquidarán en la forma indicada en el artículo 283 y se pagarán con la suma consignada. Concluido el trámite de la liquidación se entregará al demandante el saldo que quedare en su favor.
La sentencia que deniegue la expropiación es apelable en el efecto suspensivo; la que la decrete, en el devolutivo.
Ley 388 de 1998- Art 63:
La expropiación por vía administrativa se considerará en los casos de utilidad pública o de interés social, siempre y cuando la respectiva autoridad administrativa considere que exista urgencia con alguna de las finalidades consagradas en el Art. 58 de la misma Ley.
Ley 388 de 1997 – Art. 64:
Las condiciones de urgencia que autorizan la expropiación por vía administrativa serán declaradas por la instancia o autoridad competente, según lo determine el concejo municipal o distrital, o la junta metropolitana, según sea el caso, mediante acuerdo.
Ley 388 de 1997 – Art. 65:
La condiciones de urgencia se referirán únicamente a:
Precaver la elevación excesiva de los precios de los inmuebles.
El carácter inaplazable de las soluciones que se deben ofrecer con ayuda del instrumento expropiado.
Las consecuencias lesivas para la comunidad que se producirán por la excesiva delación en las actividades de ejecución del plan, programa, proyecto u obra.
La prioridad otorgada a las actividades que requieren la utilización del sistema expropiario en los planes y programas de la respectiva entidad territorial o metropolitana.
Ley 388 de 1997 – Art. 66:
La determinación que la expropiación se hará por la vía administrativa deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento que legalmente deba observarse por la autoridad competente para adelantarlo, mediante acto administrativo formal, notificado al titular del derecho de propiedad sobre el inmueble.
Indemnización y forma de pago
Ley 388 de 1997 – Art. 67:
En el mismo acto que determine el carácter administrativo de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial. Igualmente se precisarán las condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el pago de contado o el pago entre un 40% y un 60% al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en 5 constados anuales sucesivos o iguales.
El pago del precio indemnizatorio se podrá realizar en dinero efectivo o en títulos valores, derechos de construcción y desarrollo, de participación en el proyecto o permuta.
Decisión de la expropiación
Notificación y recursos
Efectos de la decisión de expropiación por vía administrativa
Proceso contencioso administrativo
Ley 388 de 1997 - Art 68
La autoridad competente dispondrá mediante acto motivado la EXPROPIACION administrativa del BIEN INMUEBLE correspondiente, el cual deberá contener:
Identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación
Valor del precio indemnizatorio y la forma de pago
Destinación que se dará al inmueble expropiado, con los motivos de utilidad pública o de interés social que se haya invocado y las condiciones de urgencia que se hayan declarado
Orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado, en la OFICIA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
Orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros derechos reales sobre el bien expropiado, con su respectiva indicación de los recursos que legalmente procedan en vía publica
Ley 388 de 1997 - Art 69
El acto que se encarga de decidir la EXPROPIACION se notifica al propietario o titular de derechos reales sobre el inmueble expropiado, se encuentra en el CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, contra esta decisión que se da por medio de vía administrativa solo procederá el RECURSO: de REPOSICION, el cual se deberá interponer en los términos previstos y estipulados en el C.C.A a partir de la NOTIFICACION.
Este recurso deberá ser decidido dentro de los (10 días siguientes) HABILES a la fecha de su INTERPOSICION, y si transcurrido este tiempo no se ha tomado decisión alguna, se entenderá que el RECURSO HA SIDO DECISIDO FAVORABLEMENTE.
Ley 388 de 1997 - Art 70
Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por no haberse formulado el recurso, en el término legal o haber sido decidido el recurso en forma negativa la decisión producirá los siguientes efectos:
El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán de las personas titulares de ellos a la entidad que ha dispuesto la expropiación, solo basta con el registro de la decisión en la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, el registrador exigirá que la entidad acredite que el propietario o los titulares de otros derechos reales del inmueble, han retirado el valor de la indemnización y otros documentos de deber correspondiente #2 de este ART
La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a disposición inmediata del particular expropiado, el valor total correspondiente o el % del precio indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de deber correspondientes a los 5 valores contados sucesivos anuales del saldo.
Efectuado el registro de la decisión la entidad pública, podrá exigir la entrega del bien inmueble expropiado, sin necesidad de INTERVENCION JUDICIAL, se podrá solicitar auxilio a las autoridades de la policía si es necesario
En caso de que los valores y documentos de deber no se pongan a disposición del propietario o no se consignen dentro de los términos señalados en el #2, la decisión de expropiación por vía administrativa no producirá efecto alguno y la entidad deberá surtir un nuevo procedimiento extra propietario
La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la expropiación por vía administrativa, adquiere la obligación de utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que hayan sido invocados. Termino máx. (3 años)
La persona que tenía la calidad de propietario del bien expropiado solicitara ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, la verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante un proceso abreviado, el cual se limita únicamente a la práctica de las pruebas las cuales se deberán solicitar únicamente en la demanda, durante un término no superior a 1 mes. SE PRODUCIRA UNA SENTENCIA INAPELABLE
Si se llega a comprobar el INCUMPLIMIENTO de la obligación por parte de la entidad, la sentencia lo declarará y ordenará una INSCRIPCION EN LA RESPECTIVA OFICINA DE REGISTRO, a fin de que el demandante recupere la TITULARIDAD DEL BIEN EXPROPIADO
Ley 388 de 1997 - Art 71
Contra la decisión de expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso administrativo, con el fin de obtener su NULIDAD y el RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LESIONADO, también se puede para CONTROVERTIR el PRECIO INDEMNIZATORIO RECONOCIDO, este se deberá interponer en un término de 4 meses calendario siguientes a la ejecución respectiva de la decisión, este proceso estará sometido a estas reglas:
Órgano competente será el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, la jurisdicción se encuentra dónde está el inmueble expropiado. 1 INSTANCIA: cualquiera que sea la cuantía
La demanda deberá acompañarse: Requisitos ordinarios / Prueba de haber recibido los valores y documentos de deber puestos a disposición por la administración o consignados por el mismo TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
No se podrá solicitar la SUSPENSION PROVISIONAL del ACTO que dispuso la expropiación por vía administrativa
Notificada la demanda y concluido el termino de 5 días, se ordenará un periodo probatorio que no podrá ser superior a 2 meses, concluido dicho trámite. Después de dar traslado a las partes para alegar por 3 días se PRONUNCIARÁ SENTENCIA
Contra esta sentencia procederá recurso de APELACION ante el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO: Este decidirá de plano
ART. 58 C.P en el proceso no pondrán controvertirse los motivos de utilidad pública o de interés social, pero si lo relativo al precio INDEMNIZATORIO.
Aplicación del procedimiento a otros casos de expropiación por vías administrativa
Ley 388 de 1997 - Art 72
El trámite para la aplicación de la expropiación por vía administrativa previsto en este capítulo se aplicará a los demás casos en que las LEYES hayan AUTORIZADO.
INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ordenamiento del territorio
Planes de ordenamiento terriorial
Tiene por objeto dar a la planeación económica y social su dimensión territorial, racionalizar la intervención sobre el territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, además este tendrá en consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales, acompañadas de las diversidades étnicas y culturales, no dejando por fuera la utilización óptima de los recursos naturales, económicos y humanos para el logro de una mejor calidad de vida
Prioridades del ordenamiento del territorio
Participación democrática en el ordenamiento del territorio
Es un instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital, estos planes deberán ser el producto de una efectiva participación de los diferentes actores sociales relacionados con la dinámica territorial. Para lograr esto, la administración MUNICIPAL o DISTRITAL deberá garantizar la participación y concentración en la formación del plan
Componentes de los planes de ordenamiento territorial
Programa de ejecución
Vigencia del plan de ordenamiento territorial, de los componentes y contenidos y del programa de ejecución
En la definición del ordenamiento territorial, se tendrán en cuenta las prioridades del plan de desarrollo del municipio o distrito y los determinantes establecidos en normas de superior jerarquía:
Todo lo relacionado con la conservación y protección del medio ambiente, recursos naturales, prevención de amenazas y riesgos naturales
Políticas y normas sobre la conservación y uso de las áreas e inmuebles que son patrimonio cultural
Señalamiento y localización de las infraestructuras de la red vial nacional. Regional, puertos y aeropuertos, sistemas de suministros de agua, energía y servicios de saneamiento básico
Componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano
En el proceso de formulación y ejecución de las administraciones municipales, distritales y metropolitanas se dará por medio de los CIUDADANOS y sus ORGANIZACIONES.
C. GENERA: está constituido por OBJETOS, ESTRATEGIAS y CONTENIDOS estructurales a LARGO PLAZO
C. URBANO: está constituido por POLITICAS, ACCIONES, PROGRAMAS Y NORMAS para ENCAUZAR el desarrollo físico urbano
C. RURAL: está constituido por POLITICAS, ACCIONES, PROGRAMAS y NORMAS para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal
Se define con carácter obligatorio, las actuaciones sobre el territorio previstas en aquel durante el periodo de la correspondiente administración municipal o distrital, de acuerdo a lo que se encuentre definido en el PLAN DE DESARROLLO señalado por los proyectos prioritarios, programación de actividades, entidades, responsables y los recursos respectivos
Componente general
Componente urbano
Este comprende la totalidad del territorio del municipio o distrito y prevalece sobre los demás componentes, este señala la primera instancia de los objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo, lo cual incluye entre otros, las acciones necesarias para aprovechar las ventajas comparativas y mejorar la conectividad del municipio o distrito. La división se materializa en el contenido estructural que define:
Sistemas de comunicación entre áreas urbanas y rurales del municipio o distrito
Medidas para la protección del medio ambiente, como conservación de recursos naturales
Determinación de zonas de alto riesgo para la localización de asentamientos humanos
Localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos
Clasificación del territorio en suelo urbano y rural de expansión urbana
Administración del suelo urbano y de expansión urbana, integrada por políticas de mediano y corto plazo, procedimientos e instrumentos de gestión y esta insertado al componente general del plan. Deberá contener:
Políticas a mediano y corto plazo sobre su uso y ocupación
Localización y dimensionamiento de la infraestructura
Delimitación de las áreas de conservación y protección de recursos naturales y paisajísticos.
Determinación de los tratamientos y actuaciones urbanísticas aplicables a cada área
Estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés social
Estrategias de crecimiento y reordenamiento de la ciudad, y los parámetros para la identificación y declaración de inmuebles
Determinación de las características de las unidades de actuación urbanística
Determinación de las áreas morfológicas homogéneas: edificación
Especificación, de los macro proyectos urbanos
Adopción de directrices y parámetros para los planes parciales
Definición de los procedimientos e instrumentos de gestión en actuaciones urbanísticas requeridos en la administración
Adopción de instrumentos para financiar el desarrollo urbano, participación municipal o distrital en la plusvalía y emisión de títulos de derechos.
Componente rural
Es un instrumento por el cual se garantiza la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y su cabecera municipal más la conveniente utilización del suelo rural
Deberá contener:
Políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en relación con los asentamientos humanos localizados en esas áreas
Señalamiento de condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de producción: AGROPECUARIA, FORESTAL O MINERA
Delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales
Localización y dimensionamiento de zonas determinadas como suburbanos con precisión de índices máximos de ocupación y baja densidad
Identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las previsiones para orientar la ocupación de los suelos
Determinación de los sistemas de aprisionamiento de los servicios de agua potable, y saneamiento básico de las zonas rurales
Expedición de normas para la parcelación de los predios rurales destinados a la vivienda campestre
Planes básicos de ordenamiento territorial y esquemas de ordenamiento territorial
Componente general
Componente urbano
Componente rural
Los municipios con población entre 30.000 a 100.000 habitantes deberán adoptar PLANES BASICOS de ORDENAMIENTO TERRITORIAL. En los términos del ART. 23 de la Ley 388/97
Señala los objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo que permitan localizar acciones necesarias para aprovechar las ventajas comparativas y mejorar la competitividad del territorio municipal, para delimitar y definir la localización se deben mirar los siguientes aspectos estructurales:
Áreas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales
Áreas de reserva para la conservación y protección del patrimonio histórico y cultural
Áreas expuestas a amenazas y riegos
Sistema de comunicación entre el área urbana y rural
Actividades, infraestructura y equipamientos
Clasificación del territorio en suelo urbano, de expansión urbana y rural
Deberá identificar, señalar, y delimitar en forma detallada la localización de:
Áreas de conservación y protección de recursos naturales
Conjuntos urbanos, históricos y culturales
Áreas expuestas amenazas y riesgos
Infraestructura para vías y transporte
Redes de servicios públicos
Equipamiento colectivo y espacio públicos libres para parques y zonas verdes
Estrategia de mediano plazo para programas de vivienda de interés social
Planes parciales y unidades de actuación urbanística
Deberá identificar, señalar y delimitar en forma detallada la localización de:
Áreas de conservación recursos naturales
Áreas expuestas amenazas y riegos
Áreas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios públicos
Áreas de producción agropecuaria, forestal y minera
Centros poblados y áreas suburbanas
Equipamiento de salud y educación
Expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre
Presentaciòn de los planes de ordenamiento territorial
PROCESO DE PLANIFICACION: Los resultados de este proceso se consagran en estos documentos:
Documento técnico de soporte: contiene el desarrollo, la descripción y aplicación de los distintos procesos técnicos empleados para la formulación del plan.
Documento de resumen: Deberá tener un documento resumen o memoria explicativa como medio de divulgación y socialización para que la ciudadanía conozca la síntesis y conclusiones generales del mismo
Acuerdo que adopta el plan : Este aprueba en toda su extensión los planes generales y el documento técnico de soporte
Formulaciòn de los planes de ordenamiento territorial
Los municipios o distritos deberán formular el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL OBEDENCIENDO UNA SECUENDIA DE 5 ETAPAS:
ETAPA PRELIMINAR: esta etapa comprende un análisis de la factibilidad técnica, institucional y financiera de los procesos participativos requeridos para la elaboración del plan deberá contener:
CARTOGRAFIA
ESCENARIOS DE ORDENAMIENTO
DOCUMENTOS SINTESIS
DIAGNOSTICO: deberá permitir consolidar la imagen actual del territorio para confrontarlo con la imagen deseada de tal manera que permita formular adecuadamente el propósito general de desarrollo del municipio o distrito en términos especiales, como resultados de esta etapa se debe obtener:
Presentación del diagnóstico por cada tema
Planos técnicos y percepción social de la visión urbano-regional
Un documento síntesis
FORMULACIÓN: se traducen en los componentes generales y su contenido estructural urbano y rural, deben incluir las acciones y actuaciones que serán incorporadas en el programa de ejecución
INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN: comprende las acciones necesarias para hacer realidad los propósitos del Plan de Ordenamiento con la participación de todas las partes interesadas en especial el CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
EVALUACION & SEGUIMIENTO: Se desarrolla de manera permanente a lo largo de la vigencia del plan de ordenamiento con la participación de todas las partes interesadas y en especial el CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Procedimiento de adopciòn de los planes
PROCEDIMIENTOS: Para asegurar la participación comunal se seguirá lo dispuesto en los ART. 22,24,25 de la Ley 388/97
ADOPCION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: ART. 26 de la Ley 388/97, transcurridos 60 días desde la presentación del proyecto, el alcalde podrá adoptarlo mediante decreto
REGULACION DE APROVECHAMIENTOS, CESIONES Y VOLUMENTRIAS: ART. 15 #2 de la Ley 388/97, los municipios y distritos deberán adoptar una NORMA URBANISTICA GENERAL, donde se desarrolle la regulación referente a los aprovechamientos, cesiones específicas y voluntarias básicas para la totalidad del suelo urbano
APROBACION Y ADOPCION DE POT: cuando los Municipios o Distritos no hayan aprobado y adoptado los planes de ordenamiento territorial o se encuentren en proceso de formulación conforme a lo dispuesto en la Ley 388/97 y 507/546/99 los gobernantes darán instrucciones a las oficinas de planeación de los departamentos respectivos, para que acometan su elaboración
Revisiòn y ajuste de los POT
Servicios de alto impacto referidos a la prostituciòn y actividades afines
REVISION DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO: Los consejos municipales o distritales, por iniciativa del alcalde y en comienzo del periodo constitucional de este, podrán revisar y ajustar los contenidos de largo, mediano o corto plazo de los planes de ordenamiento territorial, siempre y cuando haya vencido el termino de vigencia de cada uno de ellos
MODIFICACION EXCEPCIONAL DE NORMAS URBANISTICAS: ART. 15 de la Ley 388/97, la modificación excepcional de estas normas, se sujetará en todo a las previsiones vigentes en el Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con la jerarquía de prevalencia de los componentes, contenidos y demás normas que lo integran
ADOPCION DEL DECRETO: Transcurridos los 90 días desde la presentación del proyecto de revisión del plan de ordenamiento territorial o de alguno de sus contenidos al consejo municipal o distrital. El alcalde podrá adoptarlo por Decreto
DOCUMENTOS: El proyecto de revisión o alguno de sus contenidos, deberá acompañarse por estos documentos:
Memoria justificativa
Proyecto de acuerdo con los anexos, planos y demás
Documentos de seguimientos y evaluación de los resultados obtenidos
INCOMPATIBILIDAD Y LOCALIZACION: para la delimitación de las áreas zonas y sectores en los que se permitan los servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines se tendrán en cuenta las características y formas de convivencia de cada municipio
Contar con la respectiva licencia de construcción
Desarrollar y localizar la actividad y sus servicios complementarios
Los demás que determinen las autoridades locales
PROGRAMAS DE REORDENAMIENTO: en los actos modificatorios de los planes que resulten de los procesos de revisión de los mismos se contemplarían las condiciones para la relocalización de los usos incompatibles mencionados en el decretó1077/15
Arminizaciòn de usos del sueio en los POT y el desarrollo de provectos, obras o actividades de utilidad pùblica y de interès social
REQUISITOS PREVIOS PARA LOS PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES DE UTILIDAD PUBLICA: Considerados por el legislador de utilidad pública e interés social cuya ejecución corresponda a la Nación, podrán ser adelantador por esta en todo el territorio nacional de manera directa e indirecta a través de cualquier modalidad contractual.
OPONIBILIDAD DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios y distritos oponibles a la ejecución de proyectos, obras o actividades
INFORMACION DE LOS PROYECTOS, ACTIVIDADES O OBRAS DE LA UTILIDAD PUBLICA: incorporación en el proceso de formulación, concentración, adopción, revisión y ajuste de los planes.
Tratamientos urbanìsticos
Espacio pùblico
Estàndares urbanìsticos
Instrumentos de planeaciòn y gestiòn del desarrollo territorial
iNSTRUMENTOS DE FINANCIACIÒN Y MECANISMOS DE GESTIÒN DEL DESARROLLO TERRITORIAL
Urbanizaciòn e incorporaciòn al desarrollo de los predios y zonas comprendidas en el suelo urbano
Disposiciones generales
Tratamiento urbanistico de desarrollo
El espacio pùblico en los planes de ordenamiento territorial
Del manejo del espacio pùblico
OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN: Desarrollo urbano de los predios y zonas sin urbanizar en el suelo urbano y expansión urbana DECRETO 1077/15
ZONAS Y PREDIOS SUJETOS A LAS ACTUACIONES DE URBANIZACION: Se someterán a las actuaciones de urbanización de todos los predios urbanizables no urbanizados a los que se les haya asignado el tratamiento urbanístico de desarrollo y los de tratamiento urbanístico distinto
CONDICIONES PARA ADELANTAR LA ACTUACION DE URBANIZACION: Art. de la Ley 388/97, actuaciones de urbanización en predios urbanizables no urbanizados se adelantará teniendo en cuenta
Suelo de expansión urbana: adopción del respectivo plan parcial de todos los casos
Suelo urbano: plan parcial, aprobación de proyectos urbanísticos
Mirar si se trata de predios localizados en zonas cuya área no supere las 10 hectáreas netas urbanizables
PROHIBICION DE SIBDIVION PREVIA AL PROCESO DE URBANIZACION EN SUELO URBANO: Los predios urbanizables no urbanizados ubicados en el suelo urbano no podrán ser subdivididos previamente a la actuación de urbanización salvo excepción:
Se trate de subdivisiones, particiones o divisiones materiales ordenadas por sentencia judicial en firme
Se requiera por motivo de la ejecución de obras de utilidad publica
Se pretenda dividir la parte del predio que este ubicada en el suelo rural
Existan reglas especiales para subdivisión contenida en el plan de ordenamiento territorial.
ACTUACIONES URBANISTICAS EN EL SUELO DE EXPANSION URBANA: Decreto 1077/15 y ART.19 de la Ley 388/97, el suelo de expansión únicamente podrá ser objeto de urbanización y construcción precia adopción del respectivo plan parcial
En los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen se deberán definir para los suelos urbanos y la expansión urbana, las normas que orientan el tratamiento urbanístico de desarrollo, establecido por sus particularidades en cuanto a la localización, usos principales… El contenido mínimo del tratamiento urbanístico de desarrollo es:
Áreas mínimas de supermanzanas y manzanas, lotes o superlotes
Normas volumétricas:
Índices de ocupación construcción básicos y máximos
Aislamientos
Antejardines
Retrocesos
Sótanos y semisótanos
Rampas
Escaleras
Estacionamientos
Cesiones obligatorias
PROTECCION DEL ESPACIO PUBLICO: es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
DEFINCION DE ESPACIO PUBLICO: conjunto de inmuebles públicos y elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza
COMPONENTES DEL ESPACIO PUBLICO: el espacio público comprende los siguientes aspectos
Bienes de uso público
Elementos arquitectónicos
Áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio publico
DESTINACION DE LOS BIENES DE USO PUBLICO: estos no podrán ser variados sino por los CONSEJOS MUNICIPALES o DISTRITALES a través de los planes de ordenamiento territorial o de los instrumentos que los desarrollen aprobados por la autoridad competente
ELEMENTOS DEL ESPACIO PUBLICO: Está conformado por el conjunto de los elementos CONSTITUTIVOS y COMPLEMENTARIOS
ELEMENTO ESTRUCTURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: el espacio público es el elemento articulador y estructuralmente fundamental del espacio en la ciudad
ELEMENTOS EN ELPLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
EN EL COMPONENTE GENERAL DEBE INCLUIRSE….
Definición de políticas y estrategias del espacio público en el territorio
Definición del sistema del espacio público y delimitación de los elementos que lo constituyen
Las prioridades del ordenamiento del territorio, de acuerdo con lo previsto en el DECRETO 1077/15
EN EL COMPONENTE URBANO DEBE INCLUIRSE…
Conformación del inventario general de los elementos constitutivos del espacio público en el área urbana
Definición del sistema de enlace y articulación entre los diferentes niveles y acciones
Definición de la cobertura de espacio público por habitante y déficit
Definición de proyectos y programas que permitan suplir las necesidades y desequilibrios del espacio publico
Definición del espacio público del nivel sectorial y local dentro de los planes parciales y las unidades de actuación
EN EL COMPONENTE RURAL DEBE INCLUIRSE…:
La conformación del inventario general de los elementos constitutivos del espacio público en el área rural en el nivel estructural
La definición del sistema rural regional del espacio publico
La definición de estrategias para su preservación y mantenimiento
ESPACIO PUBLICO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION: Se deben incorporar las definiciones con carácter OBLIGATORIO de las actuaciones sobre el espacio publico
DIAGNOSTICO DEL ESPACIO PUBLICO: Este diagnóstico deberá comprender un análisis de la OFERTA y la DEMANDA del espacio público, que permita establecer y proyectar el déficit CUANTITAVIVO y CUALITATIVO
DEFICIT CUANTITATIVO: Se hace con base en un índice mínimo de espacio público efectivo, espacio público de carácter permanente, conformado por ZONAS VERDER, PARQUES, PLAZAS, PLAZOLETAS
DEFICIT CUALITATIVO: Condiciones inadecuadas para el USO, GOCE y DISFRUTE de los elementos del espacio público, para satisfacer necesidades colectivas por parte de los residentes y visitantes del territorio.
INDICE DEL ESPACIO PUBLICO EFECTIVO: Es considerado como el índice mínimo de espacio público efectivo, para ser obtenido por las áreas urbanas de los MUNICIPIOS y DISTRITOS dentro de las metas y programas de largo plazo
FUNCIONES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DEL ESPACIO PUBLICO: Los municipios y distritos podrán crear de acuerdo con su organización legal entidades responsables de la administración, desarrollo, mantenimiento y apoyo financiero del espacio público cumpliendo con:
Elaboración del inventario
Definición de políticas y estrategias
Articulaciones entre las distintas entidades
Elaboración y coordinación del sistema general
Diseño de los subsistemas, enlaces y elementos
Definición de escalas y criterios de intervención
Desarrollo de mecanismos de participación y gestación
ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO: los Municipios y Distritos podrán contratar con entidades privadas, sin que impida a la ciudadanía su uso, goce disfrute visual y libre transito
ESPACIO PUBLICO EN AREAS DESARROLLADAS: El municipio o distrito, podrá crear áreas generadoras de derechos transferibles de construcción y desarrollo, de conformidad con lo establecido en el DECRETO – LEY 151/98
PARQUES Y ZONAS VERDES: Los que tenga el carácter de bienes de uso público NO podrán ser encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de su:
Uso
Goce
Disfrute visual
Libre transito
ACCION POPULAR: Los elementos constitutivos del espacio público y el medio ambiente tendrán para su defensa la ACCION POPULAR consagrada en el ART. 1005 C.C de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 472/98, esta acción se podrá dirigir a cualquier persona pública o privada.
AREAS DE CESION PUBLICA Y ESPACIO PUBLICO: Licencias de urbanización y proyectos urbanísticos generales que se deberán garantizar para la continuidad de la red vial y de las áreas de espacio público destinadas o las áreas de cesión obligatoria existentes
Se conciben como el conjunto de patrones de medida o referentes que orientan la planificación, diseño y construcción de los desarrollos de la vivienda, equipamientos y los espacios públicos. Así como de los elementos que constituyen los perfiles viales
E.U para el desarrollo de vivienda, equipamentos y espacios pùblicos necesarios para articular los sistemas de movilidad con la estructura urbana propuesta en los planes de ordenamiento territorial.
Condiciones minimas de los perfiles al interior del perimetro
ARTICULACION DE LOS DESARROLLOS DE VIVIENDA CON LOS SITEMAS DE MOVILIDAD: Proyectos residenciales en zonas y predios urbanizables no urbanizados a los que se les haya asignado el tratamiento urbanístico de desarrollo en el suelo urbano o de expansión urbana
ELEMENTOS DE LOS PERFILES VIALES:
Planificación
Diseño
Construcción
Adaptación de las vías del parámetro urbano
de los municipios o distritos podrán establecer los perfiles cuales vehiculares se conformen como mínimo por el andén y la calzada
La vía de circulación peatonal se podrá conformar como mínimo por la franja de circulación peatonal y la franja de amoblamiento
ARTICULACION DEL ESPACIO PUBLICO CON LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD:
Parques
Zonas verdes
Plazas públicas
Que se desarrollen en zonas y predios urbanizables no urbanizados a los que se les haya asignado el tratamiento urbanístico de desarrollo en suelo urbano o de expansión urbana, podrán delimitar por:
Vías públicas peatonales
Vías vehiculares
Garantizando la continuidad de la franja de circulación peatonal
ESTANDARES PARA LOS ANDENES: Se podrán adoptar los siguientes estándares:
El andén se compone de la franja de circulación peatonal de los andenes y la franja de amoblamiento
La dimensión mínima de la franja de circulación peatonal será de 1.20 metros
La dimensión mínima de la franja de amoblamiento cuando se contemple arborización será 1.20 metros y sin arborización 0.70 metros
Para el diseño y la construcción de vados y rampas se aplicada lo pertinente a la norma técnica 4143
Para orientar el desplazamiento de las personas invidentes o de baja visión en el diseño se aplicará lo pertinente en la norma 5610
nte en la norma 5610
ESTANDARES PARA CICLORUTAS: Para garantizar la seguridad, comodidad y maniobrabilidad de los usuarios se podrán adoptar los siguientes estándares del ciclo rutas en el perímetro urbano de los municipios o distritos:
La ciclorruta hará parte integral del perfil vial de las vías, su dimensión será independiente a la del andén o la calzada
El ancho mínimo será de 1.20 metros por cada sentido
Debe estar aislada de la calzada vehicular mínimo 0.60metros de distancia
Se debe mantener la continuidad en las ciclorrutas mediante la instalación de elementos necesarios que supere los cambios de nivel
ESTANDARES PARA LOS CRUCES PEATONALES A DESNIVEL
Para el diseño y construcción de los elementos de protección delos cruces a desnivel, puentes y túneles peatonales se tomará la norma 4201
El Galibo para puentes peatonales sobre pasos urbanos tendrá una altura mínima de 5.00 metros
El Galibo para puentes peatonales sobre vías férreas tendrá una altura mínima de 5.50 metros
CONSTRUCCION DEL PERFIL VIAL: Ley 1086/06 ART. 3: Cuando las vías de la red vial principal se planteen calzadas con más de 2 sentidos, las construcciones de las calzadas se podrán realizar en conformidad con el programa de ejecución del plan de desarrollo municipal o distrital
Planes parciales
Macroproyectos de interes social nacional
Las disposiciones contenidas en este capítulo reglamentan:
de manera general: el procedimiento para la formulación y adopción de todo tipo de planes parciales y
de manera especial: el contenido de los planes parciales para las áreas sujetas a tratamiento de desarrollo dentro del perímetro urbano y las áreas comprendidas en el suelo de expansión urbana.
Los planes parciales no podrán en ningún caso, modificar la clasificación del suelo, ni las determinaciones y demás normas urbanísticas adoptadas
Etapa de concertaciòn y consulta
Formulaciòn y adopaciòn de planes parciales
Etapa de adopciòn
INICIATIVA DE LOS PLANES PARCIALES: Serán elaborados por las autoridades municipales o distritales de planeación, de acuerdo con los parámetros que al respecto determine el plan de ordenamiento territorial
ETAPAS PARA LA FORMULACION Y ADOPCION DE LOS PLANES PARCIALES: Se seguirán 3 etapas:
E. de formulación y revisión
E. de concentración y consulta
E. de adopción
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 388/97 ART. 37, corresponderá a los municipios y distritos señalar el procedimiento previo para establecer la factibilidad para la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL: La autoridad de planeación tanto municipal como distrital, dentro de los 5 días siguientes hábiles a la radicación de la solicitud de determinantes para la elaboración del plan parcial, deberá solicitar el pronunciamiento de las autoridades ambientales.
Recibida la totalidad de la información y los conceptos requeridos, la autoridad de planeación municipal o distrital, dispondrá de un término de 15 días para dar respuesta a la solicitud de determinantes para la formulación del respectivo plan parcial
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE DETERMINANTES: La oficina de planeación municipal, distrital o la entidad que haga sus veces dispondrá un término MAXIMO de 15 días, el cual lo concluirá
Normas urbanísticas aplicables
Indicación y reglamentación de las áreas de reserva y protección ambiental
Delimitación de las afectaciones urbanísticas
Áreas o inmuebles declarados como bienes de interés cultural
Delimitación del área de planificación del plan parcial de acuerdo.
DETERMINANTES ABIENTALES PARA LA FORMULACION DEL PLAN PARCIAL: según el ART. 80 de la Ley 1151/07, la autoridad de planeación municipal o distrital se deberá solicitar el pronunciamiento de las autoridades ambientales competentes sobre las determinantes ambientales:
Medidas específicas de protección para evitar alteración o destrucción
Características geológicas, geotécnicas, topográficas y ambientales del área
Áreas de conservación y protección ambiental incluidas y condiciones para su manejo
Factibilidad, cantidad y calidad, de los recursos hídricos y condiciones para el manejo integral de vertimientos líquidos, de residuos sólidos o peligrosos
FORMULACION Y RADICACION DEL PROYECTO DE PLAN PARCIAL: Esta formulación consiste en la elaboración de la propuesta completa del plan parcial su radicación será en la oficina de planeación municipal, distrital o la dependencia que haga sus veces anexando además los documentos exigidos en los # 1 y 2 del ART. 2.2.4.1.1.3 del presente decreto
INFORMAION PUBLICA, CITACION A PROPIETARIOS Y VECINOS: Radicado el proyecto de plan parcial, el ente encargado convocara a los propietarios y vecinos colindantes en los términos señalados por el CAP. V del TITULO III de la parte 1 del C.P.A y de lo Contencioso Administrativo, para que este conozca la propuesta
REVISION DEL PROYECTO DE PLAN PARCIAL: Se revisará el proyecto, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas tenidas en cuenta para la formulación del plan y así el pronunciamiento de su viabilidad, se contará con 30 días hábiles
según lo dispuesto en el ART. 17 del C.P.A y de lo Contencioso Administrativo, para que se lleven a cabo las actualizaciones, correcciones o aclaraciones que deban realizar al proyecto aporten la información técnica adicional
PLANES PARCIALES OBJETOS DE CONCERTACION CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL: Sera objeto de concentración los que presenten alguna de estas situaciones:
Contemplen proyectos, obras y actividades que requieran licencia ambiental
Planes parciales que precisen la delimitación de los suelos protección colinden con ecosistemas
Los que incluyan o colinden con áreas de amenaza y riesgo, identificados por el plan de ordenamiento
Los que se desarrollen en suelo de expansión urbana
CONCENTRACION CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ELLO: Expedido el concepto de viabilidad por parte de la oficina de planeación correspondiente, esta lo someta a consideración de la autoridad ambiental correspondiente, adelantando la concentración de asuntos exclusivamente ambientales
La concentración culminará con un acto administrativo que hará parte integral de los documentos constitutivos del plan parcial, frente a este cabe recurso de REPOSICION
EXPEDICION DEL DECRETO DE ADOPCION DEL PLAN PARCIAL: Mediante acto administrativo expreso o ficto a la concertación ambiental, el alcalde municipal o distrital lo adoptara mediante decreto, una vez surtidas las etapas previstas en el ART. 2.2.4.1.3.1. del decreto 1077/2015 Y dentro de los 15 días hábiles.
Contenido de los planes parciales para las àreas sujetas a tratamiento de desarrollo dentro del perimetro urbano y las àreas comprendidas en el suelo de expansiòn
Cargas y beneficios
Unidades de actuaciòn urbanistica del plan parcial
CONTENIDO:
Delimitación del área de planificación objeto del plan parcial
Proyecto de delimitación de las unidades de actuación urbanística
Normas urbanísticas específicas para el área de planificación
Identificación de los elementos por sus valores naturales y ambientales
Identificación de bienes de interés cultural del orden municipal o distrital
Definición del trazo y localización de las áreas de dominio público o reservas al uso o servicio publico
Fijación y localización del % obligatorio del suelo que se deberá desarrollar en programas de vivienda de interés social
Adopción de los instrumentos legales de manejo y gestión del suelo
La asignación de cargas y beneficios en los términos señalados
La evaluación financiera de las obras de urbanización de las unidades de actuación y su programa de ejecución
Los planos de diagnóstico, incluidos en el catastral cuando existan
CARTAS LOCALES DE LA URBANIZACION: serán por objeto de reparto entre los propietarios del inmueble y la realización de obras públicas, para la dotación de los equipamientos comunitarios.
Las cargas correspondientes al costo de la infraestructura vial principal y redes matrices de servicios públicos, se distribuirán entre los propietarios y serán recuperados mediante tarifas cumpliendo con lo dispuesto en el ART. 338C.P
Disposiciones generales
PLANTEAMIENTO URBANISTICO DEL PLAN PARCIAL: deberá contemplar estas condiciones adecuadas para el desarrollo de las diferentes actividades que se vayan a desarrollar independientemente:
Continuidad de la red vial para lograr una adecuada interconexión y movilidad en las zonas vecinas
Confortación de los elementos ambientales de la zona como áreas protegidas o parques de uso publico
Delimitación de las áreas de espacio publico
Facilidad de acceso vehicular y peatonal a los equipamientos
Localización de actividades sobre las vías vehiculares
Trazado y características de las redes de servicios públicos domiciliarios
DELIMITACION DEL AREA DE PLANIFICACION DEL PLAN PARCIAL: la oficina de planeación municipal o distrital, será la encargada de delimitar el área de planificación o el plan parcial de acuerdo a los lineamientos del plan de ordenamiento territorial
Delimitaciòn de unidades de actuaciòn urbanistica en el plan pacrcial
Disposiciones varias
UNIDAD DE ACTUACION URBANISTICA: Cap. V de la ley 388/97 Esta área está conformada por 1 o varios inmuebles explícitamente delimitados en las normas que desarrolla el plan de ordenamiento territorial, y este deberá ser urbanizado o construido como una unidad de planeamiento.
UNIDADES DE GESTION: Los propietarios de la totalidad de los predios incluidos en el proyecto de delimitación de una unidad de actuación urbanística, podrán solicitar una única licencia de urbanización, para ejecutar las obras de urbanización de los predios que conforman el proyecto de delimitación de la unidad.
PROCEDIMIENTO PARA LA DELIMITACION: será presentado ante la oficina de planeación municipal o distrital, por las autoridades competentes o por los particulares interesados, se acompañará de:
Copia del documento de identificación del propietario de los predios que presentan la solicitud o certificado de existencia y representación legal
Poder debidamente otorgado, cuando se actué mediante apoderado
Plancha IGAC o medio cartográfico
Relación e identificación de los predios incluidos en la propuesta de delimitación
Boletines catastrales
Relación de direcciones de titulares de derechos reales y los vecinos de predios
Plano topográfico de los predios incluidos en la propuesta
Estudio de títulos de cada uno de los predios incluidos en la propuesta
APROBACION: El alcalde municipal o distrital contará con un plazo máximo de 3 meses contados a partir de la prestación del proyecto de delimitación, para impartir si aprobación definitiva, se hará por medio de acto administrativo
Transcurrido el plazo sin que se hubiera notificado la decisión, la delimi| tación se entenderá aprobada siempre y cuando se haya realizado el trámite de citación
CONTENIDO DEL ACTO DE DELIMITACION: este contendrá como mínimo:
Señalamiento de los inmuebles que conforman la unidad de actuación urbanística
Plano de delimitación del área objeto de la unidad
Orden de inscripción de la unidad de actuación urbanística en c/u de los folios de matrícula inmobiliaria de los predios
Señalamiento de los predios afectados
Aspectos que se deben contemplar en la definición de las bases para la actuación ART. 44/Ley 388/97
Orden de notificación del acto delimitación a los titulares de derechos reales
LICENCIAS DE INTERVENCION Y OCPUACION DEL ESPACIO PUBLICO
INCORPORACION AL PERIMETRO URBANO
CARTOGRAFIA OFICIAL DEL PLAN PARCIAL
ASIGNACION DE NOMENCLATURA URBANA EN SUELO DE EXPANSION
ADECUACION DE LAS NORMAS URBANISTICAS
Macroproyectos de interès social de primera generaciòn
Ejecuciòn de macroproyectos
Licencias urbanísticas para la ejecución de macroproyectos
Ejecución de macroproyectos
Esquemas de participación
MACROPROYECTOS DE INTERES SOCIAL DE PRIMERA GENERACION: Son el conjunto de decisiones administrativas y actuaciones urbanísticas adoptadas por el gobierno nacional, se vinculan instrumentos de planeación, financiación y gestión del suelo
OBJETIVO: Estos macro proyectos deberán promover el diseño y ejecución de proyectos integrales que contemplen la habilitación de suelo para vivienda de interés social
DETERMINANTES: Los términos dispuestos en el ART. 10 de la Ley 388/97
ETAPAS DE LOS MACROPROYECTOS:
Identificación
Adopción
Ejecución
IDENTIFICACION Y DETERMINACION:
Dinámica poblacional
Déficit cuantitativo y cualitativo
Impacto territorial de la intervención
AVISO A LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS: Se dará aviso mediante comunicación escrita a los representantes legales en cuya jurisdicción se ejecutará el MACROPROYECTO, contaran con un término máximo de 30 días hábiles
ADOPCION DE MACROPROYECTOS: surtidas las etapas anteriores, el ministerio de ambiente, vivienda, desarrollo territorial, adoptará el MACROPROYECTO, el cual incluirá:
Licencias
Permisos
Autorizaciones
Concesiones de carácter ambiental que se requieran
Participaciòn en plusvalia
Promociòn, anuncio o desarrollo de la activiades de enajenaciòn de inmuebles
OBJETIVO: se reglamentará la estimación y liquidación de la participación en plusvalía en los procesos de urbanización y edificación
PARTICIPACION: Lo que trata el ART. 74 de la Ley 388/97, las autoridades competentes solo podrán expedir los respectivos actos administrativos
VALORES COMERCIALES: Hacen referencia a los ART. 74,75,76 Y 77 de la Ley 388/97, serán ajustados al valor presente, aplicando el índice de precios al consumidor IPC
CALCULO PLUSVALIA: Art. 77 de la ley mencionada se tendrá en cuenta la incidencia de la edificabilidad
ENTIDAD O PERSONA ENCARGADA: Establecerá un solo precio por metro cuadrado de los terrenos o de los inmuebles según sea el caso
PLUSVALIA EN PROYECTOS POR ETAPAS: la participación se hará exigible para la etapa autorizada por la respectiva licencia
PARTICIPACION: ART. 82 C.P los municipios y distritos deberán tomar las medidas necesarias para implementar el cobro de la participación, en aquellas áreas del suelo rural en donde se concreten los hechos generadores
Radicación de documentos
Revisión de documentos presentados
Licencia urbanística
Presupuesto financiero del proyecto
Acreditación de liberación de lores o construcciones
Sistema de pre-ventas
Anunciòn de proyectos, programas u obras que constituyan motivos de utilidad pùblica o interes social
Las entidades competentes para adquirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles para la ejecución de proyectos u obras de utilidad publica o interés social
EFECTOS DEL ANUNCIO DEL PROYECTO, PROGAMA U OBRA: ART. 61 de la Ley 388/97
CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:
Descripción del proyecto
Delimitación preliminar
Avalúos de referencia (6 MESES)
Informações
- Descrição
- Fluxograma sobre CAP 2 FINANZAS L2, criado por CAMILA OCHOA em 15-07-2020.
- Criado por
- CAMILA OCHOA
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