Principio de la Función Judicial

Principio de la Función Judicial

1. Principio de Supremacía Constitucional (art. 4)

   • Los jueces, las autoridades administrativas y servidores de la Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. Cualquier juez de oficio o apetición de parte sólo si tiene duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional.

2. Principio de Aplicabilidad Directa e Inmediata de la Norma Cosntitucional (art. 5)

   • Los jueces, las autoridades administrativas y los servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de DD HH cuando sean más favorables a las de la Constitución. Los derechos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de Ley o desconocimiento para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, o para negar el reconocimiento de tales derechos.

3. Interpretación Integral de Norma Constitucional (art.6)

   • Los jueces aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos garantizados por la norma, de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional.

4. Principio de Legalidad, Jurisdicción y Competencia (art. 7)

   • La jurisdicción y la competencia nacen en la Constitución y la ley. Tiene potestad jurisdiccional los jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, los jueces de paz y los árbitros de conformidad con la Constitución y la ley.

5. Principio de Independencia (art. 8)

   • Los jueces sólo están sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley, son independientes incluso frente a los demás órganos de la Función Judicial. Nadie podrá interferir en el ejercicio de los deberes y atribuciones de la Función Judicial. Toda violación conlleva responsabilidad administrativa, civil y/o penal, de acuerdo con la ley.

6. Principio de Imparcialidad (art. 9)

   • La actuación de los jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los casos, los jueces deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que haya deducido los litigantes, sobre la única basa de la Constitución, los instrumentos ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes

7. Principio de Unidad Jurisdiccional y Gradualidad (art. 10)

   • Ninguna autoridad de las demas funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria. La adminstración de justicia ordinaria se desarrolla por instancias o grados. la casacion y la revisión no constituyen instanciaa ni grado de los procesos, sino recursos extraordinarios de control de la legalidad y del error judicial en fallo de instancia.

8. Principio de Especialidad (art. 11)

   • La potestad jurisdiccional se ejercerá por los jueces en forma especializada, según las diferentes áreas de la competencia. En lugares con escasa población o en atención a la carga procesal, un juez podrá ejercer varias o la totalidad de las especializaciones de conformidad con las previsiones el COFJ. Esto no se contrapone al principio de seguridad jurídica. Las decisiones definitivas de las juezas y jueces deberán ser ejecutadas en la instancia determinada por la ley.

9. Principio de Gratuidad (art. 12)

   • El acceso a la administración de justicia es gratuito. El régimen de costas procesales será regulado de conformidad con el COFJ y de las demás normas procesales. Los jueces deberá calificar si el ejercicio del derecho de acción o de contradicción ha sido abusivo, malicioso o temerario. Quien haya litigado en estas circunstancias, pagará las costas procesales. Quien litigue de forma abusiva, maliciosa o temeraria será condenado, además, a pagar al Estado los gastos en que hubiere incurrido por esta causa.

10. Principio de Publicidad (art. 13)

    • Las actuaciones o diligencias judiciales serán públicas, salvo los casos en que la ley determine lo contrario. Los tribunales pueden decidir que las deliberaciones para la adopción de resoluciones se lleve cabo privadamente, en ningún caso las audiencias podrán ser grabadas por medios de comunicación social.

11. Principio de Autonomía Económica y FInanciera (art. 14)

    • La Función Judicial goza de autonomía económica, financiera y administrativa. Administrativamente se rige por su propia ley, reglamentos y resoluciones, bajo los criterios de descentralización y desconcentración. El Estado tendrá la obligación de entregar los recursos suficientes para satisfacer las necesidades del servicio judicial que garantice la seguridad jurídica.

12. Principio de Responsabilidad (art. 15)

    • La administración de justicia es un servicio público que debe ser prestado de conformidad con los principios establecidos en la Constitución y la ley. el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo injustificado, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley, de conformidad con las previsiones de la Constitución y la ley.

13. Principio de Dedicación Exclusiva (art. 16)

    • El ejercicio de cualquier servicio permanente o de período en la Función Judicial, remunerado presupuestariamente o por derechos fijados por las leyes, es incompatible con el desempeño libre de la profesión de abogado o de otro cargo público o privado, con excepción de la docencia universitaria, que la podrán ejercer únicamente fuera de horario de trabajo. Tampoco se podrá desempeñar varios cargos titulares en la Función Judicial. Las juezas y jueces no podrán ejercer funciones de dirección en los partidos y movimientos políticos, ni participar como candidatos en procesos de elección popular, salvo que hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para la elección.

14. Principio de Servicio a la Comunidad (art. 17)

    • La administración de justicia es un servicio público, básico y fundamental del Estado, coadyuva a que se cumpla el deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados por la Constitución, los instrumentos internacionales de DD. HH y las leyes. El arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos establecidos por la ley, constituyen una forma de este servicio público, al igual que las funciones de justicia que en los pueblos indígenas ejercen sus autoridades.

15. Sistema.Medio de Administración de Justicia (art. 18)

    • El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

16. Principio Dispositivo, de Mediación y Concentración (art. 19)

    • Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas, en procesos de garantías jurisdiccionales de constatarse vulneración de derechos que no fueren expresados los jueces podrán pronunciarse sobre la cuestión en la resolución. Los procesos se sustancian con intervención directa del juez que conoce la causa. Se propenderá a reunir la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos, para lograr la concentración que contribuya a la celeridad del proceso.

17. Principio de Celeridad (art. 20)

    • La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación, resolución y ejecución de lo decidido. Una vez iniciado un proceso, los jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales. El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley.

18. Principio de Probidad (art. 21)

    • La Función Judicial tiene la misión sustancial de conservar y recuperar la paz social; garantizar la ética laica y social como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico; y, lograr la plena eficacia y acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. Todo servidor de la Función Judicial en el desempeño de sus funciones observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial.

19. Principio de Acceso a la Justicia (art. 22)

    • Los operadores de justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las personas y colectividades a la justicia. En consecuencia, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con los organismos de la Función Judicial, establecerá las medidas para superar las barreras estructurales de índole jurídica, económica, social, generacional, de género, cultural, geográfica, o de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la igualdad de acceso y de oportunidades de defensa en el proceso.

20. Principio de Tutela Judicial Efectiva de los Derechos (art. 23)

    • Los los jueces tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad. Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de DD. HH., la ley, y los méritos del proceso., los jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o inhibirse por no corresponderles. La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando los mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocado indefensión en el proceso.

21. Principio de Interculturalidad (art. 24)

    • En toda actividad de la Función Judicial, los servidores de justicia deberán considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos la servidora y el servidor de justicia buscará el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a la cultura propia del participante.

22. Principio de Seguridad Jurídica (art. 25)

    • Los jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de DD. HH., los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas.

23. Principio de Buena Fe y Lealtad Procesal (art. 26)

    • En los procesos judiciales los jueces exigirán a las partes y a sus abogados que observen una conducta de respeto y ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis. La parte procesal y su defensor que indujeren a engaño al juzgador serán sancionados de conformidad con la ley.

24. Principio de la Verdad Procesal (art. 27)

    • Los jueces, resolverán únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes. No se exigirá prueba de los hechos públicos y notorios, debiendo el juez declararlos en el proceso cuando los tome en cuenta para fundamentar su resolución.

25. Principio de la Obligatoriedad de Administrar Justicia (art. 28)

    • Los jueces en el ejercicio de sus funciones, se limitarán a juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado, con arreglo a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de la República. Los principios generales del derecho, así como la doctrina y la jurisprudencia, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento legal, así como también para suplir la ausencia o insuficiencia de las disposiciones que regulan una materia.

26. Interpretación de Normas Procesales (art. 29)

    • Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley sustantiva o material. En caso de existencia de dudas se aplicara principios generales de derecho procesal, cualquier vacío se llenará con normas que regulen casos análogos.

27. Principio de Colaboración con la función Judicial (art. 30)

    • Las Funciones Legislativa, Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, con sus organismos y dependencias, los gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, y más instituciones del Estado, así como las funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados y más servidoras y servidores que los integran, están obligados a colaborar con la Función Judicial y cumplir sus providencias. Las personas que, estando obligadas a dar su colaboración, auxilio y ayuda a los de la Función Judicial, no lo hicieran sin justa causa, incurrirán en delito de desacato.

28. Principio de Impugnabilidad en sede Judicial de los Actos Administrativos (art. 31)

    • Las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento por otras autoridades e instituciones del Estado, distintas de las expedidas por quienes ejercen jurisdicción, en que se reconozcan, declaren, establezcan, restrinjan o supriman derechos, no son decisiones jurisdiccionales; constituyen actos de la Administración Pública o Tributaria, impugnables en sede jurisdiccional.