Cuadro sinoptico

el conflicto de las altas cortes colombianas en torno a la tutela contra sentencias

La evolucion del conflicto sobre la tutela contra sentencias

La norma dispuso que la tutela solamente procedería cuando la persona afectada no contara con otro mecanismo judicial para exigir la protección de sus derechos, salvo que se tratara de evitar que se presentar un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela cabría como un mecanismo transitorio.

El decreto 2591 de 1991 contempló la posibilidad de entablar acciones de tutela contra providencias judiciales. Además, el decreto dispuso que estas acciones debían instaurarse ante el superior jerárquico respectivo de la autoridad judicial acusada, o ante la sala o sección que seguía en orden a la sala o sección de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, respectivamente, que hubiere dictado la providencia impugnada.

La sentencia C-543 de 1992 abrió una posibilidad para que los jueces de tutela pudieran conocer sobre las sentencias judiciales, cual fue la de que la sentencia constituyera una actuación de hecho, al margen del ordenamiento jurídico.

Esta sentencia decidió que eran inconstitucionales los ya mencionados artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. En la sentencia se manifestó que la tutela no había sido concebida para impugnar decisiones judiciales y que la tutela contra sentencias vulneraba los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, y el de la autonomía funcional del juez.

Con el tiempo se observó que la declaración de inconstitucionalidad de las normas que regulaban la tutela contra sentencias había originado una serie de vacíos que debían llenarse. De esta manera, la misma Corte Constitucional determinó por vía jurisprudencial que las tutelas contra providencias judiciales debían ser instauradas dentro un plazo razonable, que se juzgaría en cada caso concreto. Igualmente, la Corte estableció que no cabía la tutela contra sentencias de tutela.

la sentencia T-678 de 2003, en la cual la Corte Constitucional le ordenó a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que le diera trámite a una demanda de tutela para lo cual había de seguir distintos lineamientos que fijaba el mismo Tribunal Constitucional.

También el conflicto ha llegado hasta el sistema interamericano de derechos humanos. En el año 2001, la Sala Plena de la Corte Constitucional dictó la sentencia SU-1185, mediante la cual dejó sin efecto una sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que había negado el reconocimiento de una pensión de jubilación, y le ordenó dictar una nueva providencia. Esta última Sala respondió que mantendría su sentencia.

La doctrina actual de la Corte Constitucional sobre la tutela contra sentencias

La Corte Constitucional de Colombia ha elaborado una detallada doctrina a través de la cual se han definido rigurosos requisitos de procedibilidad aplicables de manera exclusiva a la acción de tutela contra decisiones judiciales.

La Corte ha estimado que la aplicación estricta de esta doctrina puede lograr un balance razonable entre, por una parte, el deber de proteger los derechos fundamentales de las personas frente a las decisiones judiciales y, por la otra, el respeto por las funciones propias que la Constitución ha asignado al juez ordinario como defensor de la legalidad y el debido proceso.

Superados los anteriores requisitos

Tutela Contra Sentencia en el Derecho Comparado

Revisión de Tutela

la Constitución creó una serie de acciones judiciales De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, que consagra la acción de tutela, esta acción puede ser presentada ante cualquier juez de la República y deberá ser fallada en un plazo máximo de diez días

acciones de tutela. Precisamente, el amplio uso de la acción permite afirmar que la tutela ha generado toda una revolución jurídica, en la medida en que a través de ella se han ido constitucionalizando todos los espacios de la vida social y política del país. En realidad, casi no hay temas relacionados con la convivencia social sobre los cuales no se haya solicitado la intervención judicial a través de la tutela.

Justicia para aceptar la existencia de la tutela contra sentencias.

de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública

Fue la Sala de Casación Civil la que ideó por primera vez el concepto de vías de hecho que es lo que en la actualidad hace posible que la Corte Constitucional conozca de decisiones judiciales

La acción de tutela contra las providencias judiciales ha sido atacada fundamentalmente por dos razones. Así, por una parte, se argumenta que ella atenta contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, por cuanto permite que se revise una sentencia que ha sido dictada después de muchos años de duración de un proceso judicial.

De otra parte, a través de la tutela contra sentencias se especifica cómo deben aplicarse los derechos en los casos concretos, de manera que no tengan lugar interpretaciones distintas de los mismos de acuerdo con la jurisdicción que conoce, con la región en que se encuentra el juez o con otros factores. Con ello se garantiza una aplicación uniforme del derecho, con lo cual se asegura la vigencia de los principios de seguridad jurídica y de igualdad.

Es decir, si bien es posible que se presenten desaciertos por parte de la Corte Constitucional en la práctica de la tutela contra sentencias, ello no desvirtúa la importancia de la existencia de esta figura. Por lo menos cuatro argumentos justifican la existencia de la tutela contra sentencias.

En primer lugar, la garantía de la primacía de la Constitución exige que exista un órgano al que se confíe la interpretación auténtica de la misma. En Colombia, esta función le corresponde a la Corte Constitucional.

La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han manifestado que permitir la acción de tutela contra las sentencias de esas Corporaciones entraña desconocer su carácter de órganos límites dentro de su jurisdicción. Esta afirmación sería cierta si el juez de tutela entrara a conocer sobre esas sentencias sin ninguna restricción. La situación es distinta si se admite que el examen del juez de tutela sobre esos pronunciamientos se limita a observar si en ellos se respetaron las normas constitucionales

Por otra parte, la confrontación pública que se ha presentado entre las Altas Cortes alrededor de la tutela contra sentencias induciría a pensar que son múltiples las sentencias de la Corte Constitucional en las que se ha decidido dejar sin efecto los fallos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Sin embargo, las estadísticas muestran que ello no es así.

En Colombia estamos, sin embargo, viviendo todavía el tránsito hacia la real aceptación de la primacía normativa de la Constitución y de las correspondientes competencias de la Corte Constitucional. Precisamente, los términos en los que se ha planteado el conflicto sobre la acción de tutela contra las sentencias judiciales muestra cómo el país no ha logrado evacuar completamente esa transición.

Control Constitucionalidad en Colombia y en el Derecho Comparado

la mayor parte de los países en los que la guarda de la supremacía de la Constitución se encuentra asignada a tribunales constitucionales, separados de los tribunales supremos nacionales, se ha concedido a aquellos la facultad de controlar las sentencias de estos últimos en lo referido a su constitucionalidad.

En el constitucionalismo moderno impera la idea de que la Constitución constituye una norma jurídica, de obligatorio cumplimiento para todas las ramas del Poder Público. Ello ha conducido a la creación de los tribunales constitucionales, con el propósito de garantizar que el Poder Público

La situación anotada genera naturalmente conflictos en aquellos países, como Colombia, donde la Corte Constitucional no se encuentra incluida dentro de la estructura de las instancias propia de la justicia ordinaria y no aparece como superior funcional de los demás tribunales superiores.

Justicia y el Consejo de Estado levanten su voz contra la posibilidad de que sus sentencias sean revisadas a través de la acción de tutela.

Los tribunales judiciales forman parte del Poder Público. Por eso, sus decisiones también deben estar en armonía con la Constitución. Para supervisar que así sea, es necesario que los tribunales constitucionales tengan la posibilidad de revisar si sus sentencias se ajustan a las normas constitucionales.

Claro está que en su labor de guardián de la Constitución, el tribunal constitucional debe también apelar a la autorrestricción, con el objeto de garantizar que los tribunales especializados preserven un amplio margen para la interpretación y el desarrollo del derecho ordinario, y para la valoración de las pruebas dentro de los procesos concretos.

En el caso colombiano, en un principio, la Corte Constitucional apenas tuvo oportunidad de desarrollar su jurisprudencia sobre el control de las sentencias. .

La doctrina sobre las vías de hecho ha generado un amplio consenso dentro de la Corte Constitucional. Desarrollos más recientes sobre la tutela contra sentencias requieren todavía de un mayor desarrollo por parte de la jurisprudencia. Sin embargo, con el fin de ponerle término a todos los debates generados alrededor del mecanismo de la tutela contra sentencias, parece indicado que el legislador reglamente la materia. Para ello habría de reafirmar la facultad de la Corte Constitucional para conocer sobre las sentencias dictadas por las otras Altas Cortes, con el fin de unificar el entendimiento acerca del contenido y alcance de los derechos fundamentales.

El conflicto entre las Altas Cortes colombianas alrededor de la tutela contra sentencias judiciales se ha agudizado en los últimos años. Si bien este litigio tuvo desde un principio amplia resonancia pública, las características actuales del mismo lo hacen realmente muy grave. Ya no se trata de una mera diferencia de opiniones, que incluso se ventilaba por medio de la prensa, sino de enfrentamientos verdaderos entre las Altas Cortes.

No obstante, la división existente entre las Altas Cortes alrededor del tema de la tutela contra sentencias puede facilitar la aprobación de una reforma constitucional que cercene las facultades de los órganos de la Rama Judicial y, por consiguiente, restrinja la independencia judicial.