Primer parcial

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Tema 2: DERECHO DEL MAR

Definición:

Compete al Derecho del mar la regulación de todo cuanto concierne al conjunto de derechos y deberes de los Estados en el ejercicio de sus competencias territoriales más allá de su territorio “terrestre”. Además esta disciplina es la que se ha ocupado de clasificar y delimitar los distintos espacios marítimos.

La navegación es una de las principales actividades reguladas por el Derecho del mar. Y, por ello, se hace necesario que muchas de sus disposiciones deban ser examinadas desde la óptica del Derecho de la navegación. Se trata de estudiar, la competencia de los Estados en materia de navegación.

Aplicación:

El derecho convencional aplicable en España está básicamente constituido por las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDMAR), aprobada en 1982. Esta Convención se encuentra en vigor en el plano internacional desde 1994 y para España desde 1997.

A su lado deben situarse las normas de origen interno como son la Ley sobre Mar Territorial y la Ley sobre Zona económica exclusiva y la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Régimen de navegación por las aguas interiores.-

Delimitación y condición jurídica

Son aguas interiores las situadas en el interior de la línea de base de mar territorial. Se incluyen las aguas marítimas de los puertos, además de las radas, bahías y otras encerradas por las líneas de base rectas. En los lugares en que se emplee la bajamar escorada, como línea de base normal, no existirán prácticamente aguas marítimas interiores. El estado ribereño posee plena soberanía sobre sus aguas interiores

Navegación lateral y vertical

El principio de soberanía sobre las aguas interiores conduce a que el Estado tiene plenas competencias para regular la navegación, sometiéndola a requisitos o condiciones para suspenderla, e incluso para prohibirla.

Puede intervenir a bordo de los buques de cualquier nacionalidad para ejercer cualquier clase de competencia administrativa o de jurisdicción. Sin embargo, la detención o el fondeo en aguas interiores, fuera de los límites portuarios, suele estar muy restringida cuando no totalmente prohibida por los Estados ribereños.

Régimen de acceso y estancia de los buques en puerto

1.- El Derecho de entrar en puerto.- Existen numerosos convenios bilaterales suscritos por los Estados en los que se garantiza la libre visita y estancia en sus puertos. En cualquier caso, el Estado visitado es soberano para determinar cuáles de sus puertos están abiertos al tráfico internacional.

2.- Régimen del buque extranjero en puerto.- Los buques extranjeros deben cumplir, sin excepciones, las leyes y reglamentos de policía dictados por el estado del puerto. El Estado puede ejercer plena jurisdicción civil, penal, sin perjuicio de aplicar la excepción denominada “paz del puerto”; y administrativa sobre el buque.

Se pueden realizar inspecciones de control, detención de buques por razones de seguridad o contra contaminación, e incluso prohibir la salida de puerto y no cumple los requisitos. MARPOL

Régimen de navegación por el Mar territorial.-

Delimitación y condición jurídica

La regulación internacional del mar territorial se encuentra en los artículos 2 a 16 de la CNUDMAR. Este espacio marítimo es la zona de mar, adyacente al territorio y a las aguas interiores, que se extiende hasta doce millas marinas, contadas desde las líneas de base.

La soberanía del Estado español se extiende fuera de su territorio y de sus aguas interiores al mar territorial adyacente hasta las 12 millas marinas.

El Derecho de paso inocente

Por paso inocente hay que entender aquel que no sea perjudicial para la paz, el orden o la seguridad del Estado ribereño. La regla general es permisiva y está concebida para el interés de la navegación marítima internacional. Cualquier buque extranjero tiene derecho a navegar por el mar territorial de cualquier Estado que no sea el de su pabellón con tal de que esa actividad sea constitutiva de un paso inocente.

El Estado ribereño puede suspender el derecho de paso inocente cuando concurran estos cinco requisitos: que la suspensión sea indispensable para la seguridad, que se haga sin discriminación por razón de pabellón, que se limite geográficamente a determinados lugares del mar territorial, que exista previa publicidad internacional, que sea temporal.

El paso debe ser ininterrumpido y rápido. Sin fondear ni deternese, salvo averías o para prestar auxilio a personas, buques o aeronaves en peligro. El derecho de paso inocente corresponde a todos los buques, incluidos los de guerra; y en el caso de los submarinos, éstos deberán navegar en la superficie y enarbolar su pabellón.

Derechos y deberes del Estado ribereño

El Estado ribereño debe tolerar el paso inocente y abstenerse de discriminar unos buques de otros, en razón de su pabellón.

A cambio es titular de un conjunto de derechos establecidos por el CNUDMAR como son:

Adoptar todas las medidas para evitar el paso no inocente.

Dictar y hacer cumplir leyes y reglamentos de policía de la navegación; fiscal, aduaneras, inmigración o sanitarias; protección de las ayudas a la navegación, y prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino.

Dispositivos de separación de tráfico

El Reglamento Internacional de Abordajes (COLREG) impone a todos los buques el deber de utilizar los dispositivos de separación de tráfico aprobados por la OMI.

Facultades sancionadoras por actos de contaminación

El Estado ribereño puede intervenir sobre los buques extranjeros que naveguen por su mar territorial, siempre que existan motivos fundados para creer que dicho buque ha infringido leyes y reglamentos en materia de prevención de la contaminación dictados por el propio Estado de acuerdo con el CNUDMAR o con los convenios internaciones de OMI (MARPOL, CLC, etc.).

Ejercicio de la jurisdicción del Estado ribereño

Jurisdicción penal.- Hay que distinguir según el buque navegue en paso vertical desde las aguas interiores, situación en la que las competencias jurisdiccionales son plenas.

Si no ha entrado en el mar territorial aun, el ribereño no tiene jurisdicción penal. Si está en paso inocente, existen unos supuestos tasados de competencia jurisdiccional:

El delito tiene consecuencias en el Estado ribereño

El delito puede perturbar la paz del país o el orden del mar territorial

El capitán o el cónsul del pabellón piden la intervención

Si es necesario para la represión de tráfico de drogas

Fuera de estos supuestos, el Estado ribereño no debería intervenir sobre el buque para ejercer su jurisdicción penal. Pueden ceder ante disposiciones especiales contenidas en otros tratados internacionales o bilaterales.

Jurisdicción civil.- El CNUDMAR la otorga incondicionalmente al Estado ribereño respecto a todos los buques civiles que se detengan en el mar territorial o naveguen por dicha zona procedentes de aguas interiores.

Si la navegación es lateral, el Estado ribereño no debería detener ni desviar de su ruta al buque extranjero para ejercer su jurisdicción civil sobre una persona a bordo.

Régimen de navegación por los Estrechos internacionales.-

La navegación por los estrechos ha sido una de las cuestiones más debatidas en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Delimitación y condición jurídica

Las aguas de los estrechos no son un espacio marítimo distinto del mar territorial, aunque se encuentran sometidas a un especial régimen jurídico. Para el artículo 37 son estrechos internacionales los utilizados para la navegación internacional entre una parte de alta mar o de una zona económica exclusiva y otra parte de alta mar o de una zona económica exclusiva”.

Navegación por los estrechos

Mientras el régimen de las aguas, su lecho y subsuelo es sustancialmente el mismo que el del mar territorial, el de la navegación es diferente al haberse sustituido el paso inocente, propio del mar territorial, por un nuevo concepto, especialmente concebido para los estrechos como es el “paso en tránsito”.

El derecho de paso en tránsito limita en mayor medida la soberanía del Estado ribereño que el derecho de paso inocente. Se pueden señalar tres notas diferenciadoras:

El derecho de paso en tránsito implica que el Estado ribereño no puede suspender el paso.

Los submarinos pueden navegar sumergidos.

El Estado ribereño no puede detener el buque en tránsito por incumplimiento de las normas relativas a la contaminación, salvo si el mismo causa o amenaza causar graves daños al medio ambiente marino del estrecho.

Estrechos especiales y canales internacionales

Los estrechos que unen el mar territorial de un Estado con la alta mar o la zona económica exclusiva de otro estado. Los formados por una isla de un Estado ribereño y su territorio continental, cuando al otro lado de la isla exista una ruta de alta mar o atraviese una zona económica exclusiva. Los estrechos no deben confundirse con los canales artificiales, en los que no existe ningún derecho de navegación, salvo que el mismo esté previsto por tratados específicos. Así sucede con el canal de Suez o el de Panamá.

Régimen de navegación por la Zona Contigua.-

La CNUDMAR dedica un solo artículo a la zona contigua. Se trata de un espacio marítimo adyacente al mar territorial, cuya extensión puede llegar hasta una distancia de 24 millas náuticas a partir de las líneas de base contempladas para medir aquel. Es un espacio marítimo cuya existencia depende de la potestad de cada Estado. La diferencia estriba en que el Estado tiene reconocida en la franja de la zona contigua, jurisdicción y control para prevenir o castigar infracciones de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración y sanitarios, cometidos en su territorio o en su mar territorial.

Régimen de navegación por la Zona Económica Exclusiva.-

La zona económica exclusiva era desconocida, en cuanto categoría jurídica, por los Convenios de Ginebra sobre el Derecho del Mar.

Delimitación y condición jurídica

El régimen general tiene, como elemento característico, la existencia de derechos soberanos para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales del mar y la jurisdicción para proteger y tutelar los recursos y para la preservación y conservación del medio marino.

En primer lugar, la zona económica exclusiva española tiene una extensión de 200 millas, contadas desde las líneas de base rectas. En segundo lugar, aquella zona se creó exclusivamente en las aguas españolas del océano Atlántico, incluido el mar Cantábrico. En tercer lugar el Estado español tiene competencia y jurisdicción exclusiva para hacer cumplir las disposiciones relativas a la conservación, exploración y explotación de los recursos y para la preservación del medio marino. Y, en cuarto lugar, no se verán afectadas las libertades de navegación, sobrevuelo, y tendido de cables.

Áreas de seguridad de la navegación.-

Con respecto a la seguridad, el Estado ribereño puede dictar leyes y reglamentos, como son los de prevención de accidentes de la navegación susceptibles de perjudicar sus recursos marinos.

Facultades sancionadoras por actos de contaminación.-

Se puede intervenir sobre los buques que infrinjan sus leyes y reglamentos para reducir y controlar la contaminación marina.

Ahora bien, con carácter general, la retención del buque sólo encuentran legitimación internacional cuando se cumplan tres requisitos: 1) Cuando las leyes y reglamentos incumplidos hayan sido dictados al amparo de normas internacionales. 2) que exista prueba objetiva y clara de que se ha cometido una infracción que haya o pueda ocasionar graves daños. 3) Que las medidas a adoptar se tomen respetando las garantías establecidas al efecto.

Régimen de navegación sobre la Plataforma continental.-

La Plataforma continental es el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas del Estado que se extienden más allá de su mar territorial. Llega, o bien hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas, contadas desde las líneas de base de medición del mar territorial, según cuál de las dos distancias sea mayor, pero sin exceder nunca 350 millas contadas desde las líneas base.

La PC es un volumen terrestre subyacente al mar en el que el Estado ribereño tiene derechos de soberanía a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales no vivos o, incluso vivos, si éstos últimos pertenecen a especies sedentarias.

Régimen de navegación por la aguas archipelágicas.-

Se trata de las aguas marítimas que existen dentro de los archipiélagos, entendiendo por tales un grupo de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales, que estén estrechamente relacionados entre sí que formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca. El concepto se conecta con el de estados archipelágicos. La CNUDMAR reconoce soberanía del Estado ribereño sobre las aguas archipelágicas con algunas limitaciones como el deber de respetar el derecho a navegar por ellas de todos los buques y aeronaves.

El derecho de navegación se halla sometido a un régimen especial, intermedio entre el derecho de paso inocente y el de paso en tránsito por los estrechos. Así, se declara que todos los buques gozan de un derecho de paso inocente y que los Estados archipelágicos poseen un derecho de suspensión del mismo, con los mismos requisitos que en el mar territorial. En cambio, tanto los deberes del buque durante su paso como las facultades del estado para regular ese paso se rigen por las disposiciones aplicables al derecho en tránsito.

Régimen de navegación por Alta mar.-

Delimitación y condición jurídica

Para el CNUDMAR constituyen alta mar las partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial, en las aguas interiores o en las aguas archipelágicas de un Estado archipelágico, a las que habría que añadir la zona contigua y las aguas de los estrechos internacionales.

El alta mar será utilizado exclusivamente con fines pacíficos y ningún Estado podrá pretender someter a su soberanía cualquiera de sus partes. De este modo, el alta mar no pertenece a ningún Estado pero puede ser utilizado por todos ellos, sean ribereños o sin litoral para realizar actividades lícitas y pacíficas que se traducen en seis libertades:

1.- navegación.

2.- pesca.

3.- tendido de cables y tuberías.

4.- sobrevuelo.

5.- construcción de islas artificiales.

6.- investigación científica.

La libertad de navegación y el Estado de pabellón.

Esta libertad es proclamada por el CNUDMAR diciendo que todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, tienen el derecho de que los buques que enarbolen su pabellón naveguen en el alta mar.

Ello comporta medidas para garantizar la seguridad de la navegación y la protección del medio ambiente y velar por la implantación y cumplimiento de toda la normativa de carácter internacional sobre la materia.

El principio de exclusividad de jurisdicción

El principio de libertad de navegación lleva consigo el de la exclusividad de jurisdicción. Con algunas excepciones, los buques que navegan por la alta mar quedan sometidos exclusivamente a la jurisdicción del estado de pabellón.

Determinados buques civiles, en casos delimitados, pueden ser interceptados, visitados e incluso detenidos o destruidos por buques de guerra pertenecientes no sólo a su Estado de pabellón sino a:

1.- La previsión establecida en tratados internacionales o bilaterales.

2.- Se excepciona el caso en que medie autorización del Estado de pabellón.

3.- Delitos de piratería y de trata de esclavos. El primero es un delito universal que aparece regulado en la propia CNUDMAR. En cuanto al segundo, impedir y castigar el transporte de esclavos.

4.-Cuando se realicen transmisiones radioeléctricas no autorizadas.

5.- Todo Estado tiene derecho a ejercitar el derecho de visita o investigación del pabellón, cuando exista sospecha de que el pabellón enarbolado por el buque investigado es falso y que su nacionalidad es la misma que la del buque de guerra o estado que investiga.

6.-“Derecho de persecución en caliente” por los buques o aeronaves del Estado ribereño, respecto de los buques procedentes de las aguas sometidas a su soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.

La navegación sobre la zona internacional de los fondos marinos

La “zona” está constituida, como la PC, por el lecho y el subsuelo de la alta mar con todos sus minerales, sólidos, líquidos o gaseosos. El centro de su regulación está constituido por el principio del patrimonio común de la humanidad. Ningún Estado tiene soberanía sobre la “zona”.

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