Reinado de Fernando VII

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Reinado de Fernando VII.

En virtud del Tratado

de Valençay (1813), Fernando VII regresó a España, en un clima de

entusiasmo popular y aclamaciones.

Desde su entrada en España, los partidarios del

absolutismo le incitaron a restaurar el viejo orden de cosas. Recibió el Manifiesto de los Persas, un documento

redactado por los diputados partidarios del absolutismo, en el que se animaba

al monarca a ignorar las propuestas liberales y a restaurar la monarquía

absoluta.

Así pues, Fernando VII defraudó todas las

expectativas de los reformadores y liberales que habían luchado por su

reinstauración en el trono, anuló la Constitución de Cádiz de 1812 y toda la obra

legislativa de las Cortes gaditanas, restauró el absolutismo y las viejas

instituciones, incluida la Inquisición.

Fernando VII no se conformó con derogar toda la

labor inspirada en los principios del liberalismo, sino que acometió contra los

propios liberales, obligándoles a pasar a la clandestinidad y a formar sociedades secretas siempre dispuestas

a la conspiración. Muchos fueron arrestados, otros decidieron exiliarse a

Francia o a Inglaterra. En correspondencia, los Gobiernos ingleses concedieron

derecho de asilo a los españoles perseguidos por Fernando VII. Gibraltar fue la

base principal de actuación para la propaganda y las conspiraciones del

liberalismo español.

Entre 1815 y 1820 se produjo en España toda una

serie de conspiraciones protagonizadas por los liberales: pronunciamientos militares. El protagonismo de los militares

compensaba el escaso desarrollo y la debilidad de la burguesía en España. El

primer pronunciamiento liberal (1815) lo protagonizó el ex guerrillero Díaz Porlier en La Coruña; proclamó la

Constitución de 1812, pero la falta de apoyos propició su detención y

fusilamiento una semana después. Similar fue el del general Lacy en Cataluña. Pero el de mayor importancia fue el del Comandante Riego en 1820.

Entretanto, en las colonias americanas se

producían levantamientos independentistas, animados por la experiencia

norteamericana y los principios liberales. Esto supuso un fuerte revés político

y sobre todo económico, ya que se interrumpió el comercio con América y se

perdieron los ingresos, necesarios por la grave situación económica que

atravesaba España tras la Guerra de la Independencia contra Francia.

El pronunciamiento en Cabezas de San Juan del

Comandante Riego, con parte de las tropas que iban a embarcar para sofocar a

los sublevados americanos proclamando la Constitución de 1812 se extendió por

otras ciudades, por lo que Fernando VII se vio obligado a capitular y en marzo

juró la Constitución de 1812.

La intención de las Cortes de Cádiz de acabar con

el Antiguo Régimen e iniciar el proceso de revolución liberal había sido

frustrado con el retorno de Fernando VII, pero ahora contaban con el juramento

constitucional del rey.

Sin embargo, el monarca utilizaba todos los

resortes que la Constitución de 1812 le proporcionaba para obstaculizar las

reformas legislativas de las nuevas Cortes de liberales (la Constitución

otorgaba al rey la sanción de las leyes y le permitía el veto suspensivo de las

mismas durante dos años). Además, entre los liberales se estaba formando una

división: moderados o doceañistas

(eran los grandes personajes relacionados con la obra de las Cortes de Cádiz,

que habían ido suavizando con el tiempo sus planteamientos políticos) y los exaltados o veinteañistas (los

protagonistas de la reimplantación del régimen constitucional en 1820).

Las nuevas Cortes liberales intentaron acelerar la

obra iniciada por las Cortes de Cádiz para desmantelar el Antiguo Régimen:

suprimieron los mayorazgos, que se convirtieron en propiedades libres de sus

titulares (gremios); prohibiéndole a la Iglesia la adquisición de bienes

inmueble, definiendo las bases para una desamortización de tierras

eclesiásticas, abolición del régimen señorial y aprobación de leyes

comerciales.

Sin embargo, más allá de la elaboración de leyes,

apenas hubo tiempo u oportunidad para llevarlas a la práctica.

Los absolutistas habían manifestado su oposición

al Gobierno liberal desde el comienzo del Trienio, pero a partir de 1822 esta

oposición fue generando un poderoso grupo conocido como los realistas, cuya intervención, en

complicidad con el propio rey, fue encaminado a restablecer el viejo

absolutismo: la sublevación de la

Guardia Real (sofocada por la Milicia Nacional), la organización de fuerzas guerrilleras en Navarra y

Cataluña, y la creación de la Regencia

de Urgel que pretendió actuar como Gobierno legítimo mientras durase la

‘cautividad’ del rey por parte de los liberales. Finalmente, la regencia fue

disuelta por el ejército.

Mientras, las potencias absolutistas que habían

vencido a Napoleón formaron la Santa

Alianza, que, fracasados los intentos de restaurar el absolutismo en

España, se reunieron en el Congreso de

Verona y encargaron a Francia que interviniera en España con un ejército

conocido como los Cien Mil Hijos de San

Luis que, apoyados por realistas españoles, invadieron España sin encontrar

apenas resistencia. Así, Fernando VII pudo restablecer por segunda vez el

absolutismo.

Declaró nulos todos los actos del Gobierno durante

el Trienio Liberal y restauró de nuevo el absolutismo y la represión contra los

liberales, que huyeron en masa del país a Francia e Inglaterra. Esta etapa, Década absolutista u ominosa, se

desarrolló con un carácter más moderado, aunque la represión fue más dura.

Fernando VII se encontró una doble oposición: los liberales

(opositores naturales a un régimen absolutista) y los apostólicos (el grupo más exaltado de los realistas, que

consideraban sospechosas las tímidas medidas de reforma y del moderantismo del

monarca).

Por otra parte, culminó la independencia de las colonias americanas, excepto Cuba y Puerto

Rico, con lo que se originó una difícil situación para la Hacienda Real.

Al final del reinado de Fernando VII se planteó el

problema sucesorio. Felipe V, el primer Borbón había introducido en España la

llamada ley sálica francesa, que

impedía reinar a las mujeres. Pero el rey carecía aún de descendencia y, en

previsión de que el fruto de su matrimonio con María Cristina fuera niña,

derogó la ley sálica promulgando la Pragmática

Sanción.

El hermano de Fernando VII, el infante Carlos María Isidro, consideró ilegal

esta medida y no la aceptó, ya que se le privaba de lo que él consideraba su

derecho legítimo a heredar la Corona.

Los absolutistas apostólicos encontraron en el infante un líder dotado de

legitimidad dinástica y apoyaron sus pretensiones al trono. Nació así el

problema del carlismo, que agrupaba

a las fuerzas absolutistas y que desencadenó una guerra civil a la muerte de

Fernando VII.

En consecuencia, el acceso y la permanencia en el

trono de Isabel II (hija de Fernando VII), dependía del apoyo de los liberales.

Carlos María Isidro se proclamó rey al morir su

hermano, desencadenando la Primera

Guerra Carlista en España. Al salir gloriosa Isabel II, su madre María

Cristina asumió la regencia en su nombre durante su minoría de edad (1833).