derecho procesal pt 2

En el evento que el ejecutado no oponga excepcione, no es necesaria la sentencia definitiva, bastará el el mandamiento de ejecución para realizar los tramites al tenor del art 471

esto se denomina sentencia ficta

1.- Cumplimiento de la Sentencia de Pago.

El cumplimiento de la sentencia de pago se realiza al tenor del art. 510 CPC

En otras palabras, debe efectuarse la liquidación del crédito y la tasación de costas, tanto la liquidación del crédito como la tasación de costas procesales las realiza el secretario, en cambio, las costas personales las fija el juez.

La liquidación del crédito se realiza con citación de las partes.

Si el embargo se ha trabado en la especie o cuerpo cierto materia de la ejecución o en una suma de dinero, una vez a firme la sentencia, el juez ordenará hacer entrega al ejecutante de dicha especie art. 512, u ordenará la liquidación del crédito y tasación de costas, para disponer el pago que corresponda, con cargo a los fondos embargados, art. 511 CPC.

el fallo de primera instancia causa ejecutoria, de modo que aunque esté apelado, el juez podrá ordenar la entrega o pago, pero el juez deberá exigir al ejecutante que rinda caución para garantizar que devolverá la especie o el dinero en caso de que la apelación sea acogida.- Si se ha interpuesto recurso de casación sólo podrá suspender la entrega o pago, cuando de acogerse el recurso sea posteriormente imposible cumplir con lo que en él se resuelva, art. 773 inc 1º, en los demás casos no hay impedimento para el pago, ya que el art. 773 inc. 2º, autoriza que éste se haga sin exigir fianza de resultas

2.- Cumplimiento de la Sentencia de Remate

Como el embargo no ha recaído en una especie o cuerpo cierto o en dinero, para hacer el pago es necesario realizar los bienes embargados, de acuerdo con un procedimiento de realización que es distinto, según la naturaleza de esas especies.

La realización de los bienes embargados se efectúa una vez notificada la sentencia definitiva, al tenor del art. 481, toda vez que la apelación que pudiera deducir el ejecutado, se concederá en el solo efecto devolutivo.

Art. 481. (503). Notificada que sea la sentencia de remate, se procederá a la venta de los bienes embargados, de conformidad a los artículos siguientes.

En cambio, el pago se realizará una vez ejecutoriada la sentencia definitiva, art. 510 CPC

Procedimiento de Realización de los Bienes Embargados

a.- Bienes sujetos a corrupción o susceptibles de deterioro o de difícil conservación.

El art. 483 autoriza al depositario (le entrega la facultad de disposición), sin previa tasación para vender los bienes, pero previa autorización del juez.

b.- Efectos de Comercio realizables en el acto.

Se trata de valores que se transan en las bolsas de comercio –acciones, bonos de la deuda, letras hipotecarias- los que serán vendidos por un corredor que se designará al efecto, en la misma forma que a los peritos, art. 484.- La excepción se funda en la naturaleza de estos instrumentos, pues su valor de transacción varía diariamente.

c.- Bienes muebles que se realizan en remate o pública subasta, no comprendidos en los casos anteriores.

El remate es un acto jurídico procesal por el cual se venden forzadamente las especies embargadas, por resolución del tribunal que así lo ordena, en forma pública y al mejor postor.

Estos se venden en martillo, sin necesidad de tasación, art 482.- Para ello, el ejecutante deberá solicitar al tribunal la designación de un martillero público, con el fin de que éste proceda a la venta de las especies embargadas en pública subasta y al mejor postor, sin previa tasación.

El martillero que se designe deberá indicar día, hora y lugar en que realizará el remate, publicando los anuncios correspondientes. Efectuado el remate, el martillero deberá rendir cuenta de su gestión al tribunal y entregar los dineros producto de este.

Si la sentencia no se encuentra ejecutoriada, los dineros producto de la venta quedarán depositados en la cuenta corriente del tribunal, y sólo podrán ser entregados, si el ejecutante garantiza su devolución.

Se aplica, en este caso, el procedimiento señalado en los arts. 485 y siguientes, es un procedimiento supletorio de todos los bienes muebles donde no se puede aplicar los procedimientos señalados anteriormente, tales como: derechos en comunidad, derechos en sociedades de personas, derechos hereditarios.

Es un procedimiento que se caracteriza por ser solemne y complejo puesto que deben cumplirse una serie de formalidades y trámites para proceder a la venta de los bienes, debe hacerse en subasta pública, previa tasación, fijando el tribunal día y hora para bla subasta.

d.- Liquidación de Bienes Inmuebles y otros.

Diligencias o trámites anteriores al remate mismo:

La Tasación

De conformidad al art. 486 CPC, la tasación será la que figure en el rol de avalúos vigente para el pago del impuesto territorial, salvo que el ejecutado solicite que se efectúe una nueva tasación.

En la práctica, el acreedor acompaña, con citación, un certificado de avalúo emanado del S.I.I.

Dentro del plazo de la citación el ejecutado podrá oponerse, solicitando se efectúe una nueva tasación por peritos, los que se designarán al tenor del art. 414.- El o los peritos designados, deberán evacuar su informe y una vez presentado, el tribunal ordenará ponerlo en conocimiento de las partes, las que tendrán el plazo de tres días para objetarlo.

Si alguna de las partes objeta la tasación, se conferirá traslado por tres días a la contraria, transcurrido ese plazo, con o sin la respuesta de la contraparte, el tribunal resolverá la incidencia.- Si la acoge podrá mandar que la tasación sea rectificada en los puntos que indicará, por el mismo perito o por otro, también el tribunal puede fijar por si mismo el valor de la tasación que estime pertinente, conforme al art. 487.- Practicada la nueva tasación, sea por peritos o por el propio tribunal, ella se tendrá por aprobada y no se admitirán nuevos reclamos al respecto.

Cuando se trata de bienes que no sean raíces, como por ejemplo los incorporales, necesariamente la tasación deberá hacerse por peritos, porque no tienen avalúo previo.

La Fijación de las Bases del Remate

Aprobada la tasación, al tenor del art. 488, se señalará día y hora para la subasta.

Sin embargo, previo a ello es necesario la aprobación de las bases, que consisten en las condiciones en que se va a efectuar la venta en pública subasta del bien embargado, art. 491, es decir el mínimo para las posturas, la forma de pago del precio, etc.

El art. 491, dispone las normas:

i.- El precio deberá pagarse de contado, salvo que las partes acuerden lo contrario o que el tribunal por motivos fundados resuelva otra cosa;

ii.- Las demás bases para el remate, tales como: la individualización del bien que se venderá; el precio mínimo; las garantías que se deben otorgar para caucionar el saldo de precio, si lo hubiere; forma de pago del precio; fecha en que se hará entrega del inmueble, ya que si no se fija fecha se debe entregar de inmediato; facultad del ejecutante para participar en el remate con cargo a su crédito, para ello el acreedor deberá solicitarlo previamente al tribunal , esta cláusula se puede incluir siempre que no haya acreedores preferentes, etc.- Éstas serán propuestas por el ejecutante con citación, de modo si el ejecutado nada objeta en ese plazo se tendrán por aprobadas.

En el evento que el ejecutado objete las bases, la objeción será resuelta de plano por el tribunal, conforme al art. 491 inc. 2º, esto es, será el tribunal quien fijará las bases para la subasta, con las limitaciones que le impone la ley:

Sólo por motivos fundados podrá establecer en las bases que el precio no se pagará de contado;

- No podrá fijar como mínimo de las posturas, una suma inferior a los dos tercios del monto de la tasación, art. 493, y

-Dispondrá que toda persona que desee participar en el remate deberá rendir previamente una caución que no podrá ser inferior al 10% del valor de la tasación, la que subsistirá hasta que se otorgue la escritura pública definitiva de compraventa o se deposite a la orden del tribunal el precio o la parte de él que debe pagarse de contado.

Esta caución tiene por objeto dar seriedad al remate, disponiendo el art. 494 inc 2º que, si el subastador no cumple posteriormente con la obligación de pagar el precio, se hará efectiva la caución y el remate quedará sin efecto.

La Fijación de Día y Hora para la Subasta.

Aprobada la tasación y las bases del remate, se procede a fijar día y hora para la subasta.

De acuerdo con el art. 489, el remate, con señalamiento de día y hora en que debe tener lugar, se anunciará por avisos publicados a lo menos por cuatro veces en un diario de la comuna asiento del tribunal o de la capital de la provincia o de la región, si en aquélla no lo hubiere.

Los avisos deberán ser redactados por el secretario del tribunal y contendrán los datos necesarios para identificar los bienes que van a rematarse.

El primero de estos avisos necesariamente debe ser publicado a lo menos con quince días corridos de anticipación, como mínimo, a aquél fijado para el remate.

Por otra parte, si los bienes objeto del remate se encuentran ubicados en otra comuna a aquélla en la cual tiene su asiento el tribunal, deberá anunciarse el remate de la misma manera en un diario de la comuna o de la capital de la provincia o región, según el caso.

Excepcionalmente, estos avisos pueden ser publicados en días inhábiles, la razón es que en los días festivos aparecen en los diarios los avisos de remates.

El secretario deberá certificar en el expediente el tenor del aviso publicado y las fechas en que lo fue.

Si se omiten las publicaciones el remate adolece de nulidad.

Citación de los Acreedores Hipotecarios

En el evento que existan acreedores hipotecarios, previo a la subasta es necesario citarlos, así lo dispone el art.2428 del CC, las hipotecas constituidas sobre un bien raíz, se extinguen cuando éste es enajenado en subasta pública ordenada por el juez, con citación de los acreedores hipotecarios (es la denominada purga de la hipoteca), para ello deben concurrir los siguientes requisitos:

i. Que el inmueble se venda en remate público ordenado por el juez.

Debe tratarse de una venta forzada ordenada por la justicia. Una venta judicial voluntaria no produce el efecto de extinguir la hipoteca.

ii. Que los acreedores hipotecarios hayan sido citados personalmente.

Deben ser notificados personalmente TODOS los acreedores hipotecarios, de cualquier grado que sean aunque sea manifiesto que no podrán pagarse con el precio de la subasta.- La ley no distingue, si un acreedor hipotecario no es citado, respecto de él la hipoteca subsiste, no se extingue.- Su objeto es advertir el hecho de que el bien va a ser rematado, para que pueden comparecer al juicio en resguardo de sus derechos, fijando bases, haciendo posturas, etc, para evitar que el precio se rebaje en perjuicio de sus derechos.

Practicada la notificación personal, si la subasta no se realiza por cualquier motivo, no es necesario para proceder a una nueva subasta que sean notificados personalmente, basta la notificación por cédula y aún por el estado diario, como lo ha señalado la jurisprudencia.

iii. Que haya transcurrido el término de emplazamiento entre la citación y la subasta.

Así lo exige el art. 2428 del CC. Pero cual emplazamiento, ¿el que alude el art. 258 CPC?, ¿debe aplicarse el art. 3º del CPC?, pues no hay regla especial al efecto.

La Corte Suprema, ha dicho que el término de emplazamiento que debe mediar entre la citación y la subasta es un plazo cualquiera, “…es inadmisible sostener que entre esa citación y la subasta debe mediar el término de emplazamiento para el juicio ordinario, pues no se trata de un juicio de esa índole, sino ejecutivo, y porque efectuado el llamamiento, se llenan los requisitos exigidos por la ley, y el acreedor puede hacer valer sus derechos. La expresión “en el término de emplazamiento” debe entenderse en el sentido que le da el art. 2428 CC, como emplazamiento de la subasta, cualquiera que sea ese término”.

El art. 492 CPC modificó el art. 2428 del CC.

La ley civil dispone: “La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posee, y a cualquier título que la haya adquirido. Sin embargo, esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido la finca hipotecada en pública subasta, ordenada por el juez.

Mas, para que esta disposición surta efecto a favor del tercero, deberá hacerse la subasta con citación personal, en el término de emplazamiento, de los acreedores que tengan constituidas hipotecas sobre la misma finca; los cuales serán cubiertos sobre el precio del remate en el orden que corresponda.

El juez entretanto hará consignar el dinero”.

De acuerdo con esta disposición la subasta realizada con citación personal de los acreedores hipotecarios produce indefectiblemente la extinción de todas las hipotecas.

Sin embargo, el art. 492 CPC, ha modificado esta situación, en el sentido de que, si el ejecutante es un acreedor hipotecario de grado posterior, el o los acreedores de grado preferente, citados legalmente a la subasta, tienen el derecho optativo de exigir el pago de sus créditos con el precio de la subasta, o conservar sus hipotecas, siempre que sus créditos no estén devengados.

En conclusión, los arts. 2428 CC y 492 CPC deben interpretarse en forma armónica.

El art. 2428 CC, es la regla general, la citación personal de los acreedores hipotecarios, produce la extinción de la hipoteca.

El art. 492 CPC es la excepción, si la subasta es solicitada por acreedores hipotecarios de grado posterior, los acreedores de grado preferente tienen derecho de optar entre la subsistencia de la hipoteca o el pago de sus créditos, siempre que estos últimos no estén devengados.

En las bases del remate, se podría, por ejemplo, señalar que el subastador, en pago de parte del precio, se haga cargo de los créditos hipotecarios aún no devengados.

La no citación de algún acreedor hipotecario a la subasta no acarrea la nulidad del remate, la ley no señala esa sanción, sino que deja subsistente la hipoteca a favor de los acreedores no citados.

Es preciso tener presente que el subastador de una finca hipotecada se subrogará por el sólo ministerio de la ley, en los derechos del acreedor hipotecario que fue pagado con el precio de la subasta, y si la finca es sacada a un nuevo remate por otro acreedor no citado, el subastador se pagará con la misma preferencia del acreedor hipotecario cuyos derechos se subrogó.- De este modo, el acreedor hipotecario no citado a la primera subasta, conserva en la segunda el mismo grado que tenía antes, en otras palabras, no puede mejorar su derecho, art. 1610 Nº2 CC.

Autorización para Enajenar un Bien Raíz Embargado.

Puede suceder que el bien raíz esté embargado por otro tribunal, para la validez del remate es preciso obtener la autorización del otro tribunal, al igual que los bienes muebles, sin embargo, tratándose de inmuebles es necesario inscribir el embargo en el correspondiente registro del Conservador de Bienes Raíces pertinente. Por ello es útil acompañar al proceso un certificado de Gravámenes y Prohibiciones

Calificación de las Cauciones o Garantías: Como lo dijimos anteriormente, en las bases del remate se disponen las cauciones o garantías que deben rendir los subastadores, para garantizar la seriedad de participación en el remate, es decir hagan ofertas, se adjudiquen el bien y en definitiva no paguen su precio, art. 494 CPC.

Calificación de las Cauciones o Garantías: Como lo dijimos anteriormente, en las bases del remate se disponen las cauciones o garantías que deben rendir los subastadores, para garantizar la seriedad de participación en el remate, es decir hagan ofertas, se adjudiquen el bien y en definitiva no paguen su precio, art. 494 CPC

El Remate Mismo: Cumplidos todos los trámites anteriores y llegado el día y hora señalados para el remate, éste se llevará a efecto ante el tribunal que conoce del juicio o ante aquél que corresponda al territorio donde se encuentra ubicado el inmueble, cuando así se haya solicitado y existan motivos fundados, al tenor del art. 485

Existen Postores Interesados: En este caso el tribunal calificará las cauciones que hayan rendido estos interesados, de acuerdo con las bases del remate, normalmente el secretario procede a leerlas, y acto continuo, se procede al remate comenzándose a efectuar ofertas por sobre el mínimo establecido y concluirá cuando se llegue a la postura más alta. El acreedor puede participar en la subasta y no requiere caución

Una vez adjudicado el bien al mejor postor, se debe levantar un acta de remate, conforme lo dispone el art. 495, cuando se trata de bienes raíces, servidumbres, censos y sucesión hereditaria, acta que se extenderá en un libro especial que debe llevar al efecto el secretario del tribunal. En el acta se asentarán los pormenores de la venta efectuada, la que será suscrita por el juez, el secretario y el subastador, debiéndose dejar un extracto de ella en el expediente, art. 498

IMPORTANTE: Esta acta valdrá como escritura pública, para los efectos del art. 1810 citado, viene a ser el contrato mismo de compraventa, ya que en ella se indicarán los requisitos de dicho contrato: partes, cosa vendida y precio, sin perjuicio que dentro de tercer día debe extenderse la escritura pública propiamente tal, escritura en la que el juez comparecerá en representación del ejecutado y el subastador como comprador.

De acuerdo con el art. 496, el subastador en el acta de remate puede indicar la persona para quien adquiere, siempre que ésta se presente con posterioridad aceptando lo obrado, ya que si no comparece subsistirá la responsabilidad del subastador, así como la caución rendida

Como lo señalamos, dentro de tercero día de suscrita el acta de remate, deberá extenderse la correspondiente escritura pública de compraventa en remate, en las que comparecen el juez representando al ejecutado y el rematante, quien sólo mediante esta escritura podrá requerir la correspondiente inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, art. 497. En esta escritura, además del acta de remate, debe insertarse los antecedentes necesarios para su debida inteligencia, en la práctica se transcribe casi íntegro el juicio

La escritura pública será extendida, a petición del subastador, quien en ese momento podrá solicitar al tribunal los alzamientos de embargos y cancelación de hipotecas sobre el bien, el tribunal accederá a ello con citación de los interesados.

Ahora bien, si el subastador no consigna oportunamente el precio, de acuerdo con las bases del remate, o no concurre a suscribir la escritura definitiva, el remate quedará sin efecto y se hará efectiva la caución otorgada, de cuyo monto se deducirán los gastos del remate, el 50% restante se abonará al crédito y el otro 50% quedará a beneficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, 494 inc. 2º.

Las apelaciones que pueda deducir el subastador se concederán en el solo efecto devolutivo.

Como podemos ver, la subasta de un inmueble es un procedimiento complejo, con aspectos de índole procesal y aspectos de fondo o sustanciales, de modo que, si se han omitido trámites o se ha incurrido en vicios, se producirá la nulidad del remate:

i.- Nulidad de la Subasta de carácter Procesal: Se produce cuando se han omitido los trámites que contempla la ley dentro del procedimiento ejecutivo.

Esta nulidad debe solicitarse dentro del juicio ejecutivo, promoviéndose el correspondiente incidente de nulidad. Según la jurisprudencia, la oportunidad procesal para alegar la nulidad del remate es hasta que quede ejecutoriada la resolución que ordena extender la escritura pública. Hay fallos minoritarios que se han pronunciado en el sentido a que se puede alegar la nulidad con posterioridad a que quede ejecutoriada esa resolución.

ii.- Nulidad de la Subasta de carácter Civil: Se producirá como consecuencia de haber incurrido en un vicio que diga relación con el contrato de compraventa, que en definitiva es la subasta. Las causales están contempladas en el C. Civil, y se debe reclamar de la nulidad en un juicio ordinario posterior, en el que se deberá interponer la acción de nulidad que afecte a la compraventa.

No existen postores interesados.

Puede suceder que el día del remate no haya interesados en él

En este caso el art. 499 entrega al ejecutante dos posibilidades:

A.- Solicitar al tribunal que los bienes le sean adjudicados por los dos tercios del valor de tasación de estos: En este caso el juez accederá a la petición, con citación del ejecutado y demás interesados, si los hubiere, en este caso existirá una verdadera venta en pública subasta y el acreedor será el comprador, procediéndose como si efectivamente hubiera habido remate.

B.- Solicitar que se reduzca prudencialmente la tasación: La reducción del monto de la tasación no podrá exceder de una tercera parte del avalúo.

En este caso se deberá procede a un nuevo remate, en el que el mínimo de las posturas serán los dos tercios de la tasación, debiendo efectuarse las publicaciones en la forma que hemos analizado.

Si llegado el día del segundo remate, nuevamente no se presentan postores, de conformidad al art. 500, el acreedor tendrá derecho a pedir alguna de estas tres cosas, a su elección:

Que se le adjudiquen los bienes por los dos tercios de este nuevo avalúo;

Que se pongan los bienes en remate por tercera vez, por el precio mínimo que el tribunal señale.

Que se le entreguen los bienes en prenda pretoria: Es decir, que le sean entregados los bienes con el objeto de ir percibiendo las rentas líquidas que éstos produzcan, las que se irán abonando al crédito.

En el evento que el acreedor opte por la prenda pretoria, el ejecutado tiene derecho a oponerse, y solicitar en cambio que se saquen los bienes a remate por última vez, sin mínimo para las posturas.

Cuando se efectúe un tercer remate por haberlo solicitado el acreedor conforme al art. 500 Nº 2 o cuando éste tiene lugar a petición del ejecutado que se opuso a la prenda pretoria, deberán practicarse los trámites ya señalados en el art. 489, pero el plazo se reducirá a la mitad, al tenor del art. 502, salvo que hayan transcurrido más de tres meses desde el día designado para el remate anterior y aquél en el que se pide nuevo remate.

La Prenda Pretoria: No está definida en el CPC, Casarino la define como “un contrato celebrado por intermedio de la justicia, por el que se entrega al acreedor una cosa mueble o inmueble embargada en una ejecución, para que se pague con sus frutos”.

Nosotros diremos que la prenda pretoria o anticresis judicial, es un contrato en cuya virtud, por el ministerio del tribunal se entregan al acreedor los bienes embargados, sean raíces o muebles, para que se pague con sus frutos

Este concepto se desprende de los arts. 504 CPC y 2435 CC.

Es un contrato celebrado por intermedio de la justicia, que se rige preferentemente por los arts. 503 a 507 CPC y 2435 y siguientes del CC, la anticresis.

Aceptada la solicitud del acreedor por el tribunal, los bienes embargados se entregan bajo inventario solemne, al tenor del art. 503, es ese momento que se perfecciona el contrato.

Efectos que produce la Prenda Pretoria: son los derechos y obligaciones que confiere el contrato, tan al acreedor como al ejecutado.

Derechos del Acreedor: Aplicar las utilidades líquidas de los bienes dados en prenda al pago del crédito, art. 504;

Poner fin a la prenda pretoria en cualquier tiempo, y solicitar su enajenación o el embargo de otros bienes, de conformidad a las normas del Título I Libro III del CPC, art. 505, y

Tener sobre los bienes constituidos en prenda pretoria, cuando sean muebles, los derechos y privilegios de un acreedor prendario, art. 507 inc. 2º.

Obligaciones del Acreedor: Llevar cuenta exacta, en lo posible documentada, de los productos de los bienes muebles o inmuebles, art. 504, inc. 1º, primera parte, y

Rendir cuenta de su administración, cada año si es inmueble, y cada seis meses si son muebles, bajo pena, si no lo hace, de perder la remuneración que le habría correspondido, de conformidad al art. 504, por los servicios prestados, art. 506 CPC.

Derechos del Ejecutado: Salvo estipulación en contrario, puede pedir en cualquier tiempo los bienes dados en prenda pretoria pagando la deuda y las costas, incluso todo lo que el acreedor tenga derecho a percibir por concepto de gastos, intereses y remuneraciones, art.505 Inc. 1º.-

Procedimiento de Apremio en el caso de que los bienes embargados consistan en el derecho de gozar una cosa o percibir sus frutos.

En este caso el acreedor tendrá un derecho optativo, como lo dispone el art. 508:

Hay que pedir que se le dé en arrendamiento dicho derecho.

En este caso, el arrendamiento se hará en remate público, el que deberá anunciarse con 20 días de anticipación en la forma y lugares que señala el art. 489, fijando el tribunal, previamente y con audiencia de las partes, las condiciones que haya de tenerse como mínimum para las posturas, o

- Pedir que se le entregue en prenda pretoria este derecho.

Procedimientos Finales del Apremio.

El procedimiento de apremio llega a su fase final cuando se ha efectuado el remate de los bienes embargados, de modo que corresponde realizar alguno de los siguientes trámites o actuaciones:

1.- Consignación de Fondos: Conforme lo dispone el art. 509 CPC, los dineros que se obtengan de la realización de los bienes embargados, se depositarán en la cuenta corriente del tribunal, ya sea por el martillero, por el depositario o por el comprador.- Es decir, si los bienes son muebles y se han vendido al martillo, será el martillero, quien debe rendir cuenta de su gestión y depositar el producto del remate en él cuenta corriente del tribunal; si el depositario ha vendido los bienes sujetos a deterioro o corrupción, deberá depositar el producto de la venta, si ha sido un corredor, además de rendir cuenta, deberá efectuar el depósito.- Si se trata de remates efectuados por el propio tribunal, fundamentalmente bienes raíces, será el adjudicatario quien deberá efectuar el valor de lo comprado.

2.- Liquidación del Crédito: Una vez ejecutoriada la sentencia definitiva y realizados los bienes, el ejecutante deberá solicitar la liquidación del crédito. La liquidación podrá realizarse, aunque la sentencia no esté ejecutoriada, cuando el acreedor caucione las resultas de lo que se resuelva eventualmente por un tribunal superior, art. 510.- Liquidar el crédito consiste en determinar a cuánto asciende el capital e intereses. En la práctica lo realiza el secretario.

3.- Tasación de Costas: De conformidad al art. 510 deberán tasarse las costas de cargo del deudor, incluyéndose las causadas después de la dictación del fallo, o sea las causadas en el procedimiento de apremio, para ello la sentencia debe estar a firme o causar ejecutoria, como hemos visto.

4.- Rendición de Cuenta del Depositario: Cuando por cualquier causa expire el cargo de depositario, éste debe rendir cuenta de su administración en la forma que la ley establece para los tutores y curadores, sin embargo, a solicitud de parte, el tribunal puede ordenar que se rinda cuentas parciales antes de la terminación del depósito, art. 514 inc. 1º.- Presentada la cuenta, las partes tienen seis días para examinarla. Los reparos se tramitan como incidentes, art. 514 inc. 2º.

5.- Remuneración del Depositario: El tribunal la al aprobar la cuenta de éste, si hay lugar a ella, tomando en consideración el trabajo y responsabilidad que haya tenido, art. 516 inc. 1º La remuneración goza de preferencia aún sobre el crédito mismo, art. 516 inc. 2º.

El art. 517 CPC señala los depositarios que no tienen derecho a remuneración:

En el primer caso, porque no hay trabajo alguno, y

En el segundo caso, por conducta inmoral.

6.- Pago al Acreedor: De conformidad al art. 511 el pago al acreedor o imputación al pago se hará en el siguiente orden:

Créditos declarados preferentes por sentencia ejecutoriada, art. 513, inc. 1º.

Costas y remuneración del depositario, art.516. inc. 2º2.

Intereses del capital, y

El Capital, art. 513 inc. 1º, practicada la liquidación del crédito y la determinación de las costas, se ordenará hacer pago al acreedor con el dinero que resulte de la realización de los bienes embargados, art 511, último trámite del apremio.