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CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL MINERO EN EL PERÚ

es una

Disputa entre comunidades, empresas y el Estado por los impactos ambientales y sociales de la actividad minera,

especialmente en torno al agua, la salud y los derechos territoriales.

consideramos lo siguiente

Partes en conflicto

Población en condiciones de vulnerabilidad

Naturaleza del conflicto

Derechos vulnerados

Intereses de las partes

Alternativas de solución propuestas

- Comunidades campesinas y

pobladores locales: afectados por

contaminación de agua y suelos.

- Empresas mineras: como Bahena

Trade, Pacífico Dorado, Chaska II y

Olga Victoria, acusadas de

contaminar ríos y canales.

- Estado peruano: a través de

autoridades locales y nacionales,

responsable de fiscalización y

regulación ambiental.

- Campesinos y agricultores que

dependen del agua para riego y

consumo.

- Comunidades rurales con acceso

limitado a servicios básicos y

sistemas de salud.

- Niños y adultos mayores más

expuestos a enfermedades

derivadas de contaminación con

metales pesados como arsénico.

- Socioambiental: vinculado a la

explotación minera y sus impactos

en el medio ambiente.

- También tiene un componente

laboral y político, pues involucra

demandas de empleo, desarrollo

local y decisiones estatales sobre

concesiones.

- Derecho al agua limpia y a la

salud.

- Derecho a un ambiente sano y

equilibrado.

- Derechos colectivos de

comunidades campesinas e

indígenas sobre sus territorios.

- Comunidades: proteger su salud,

garantizar acceso a agua segura y

preservar sus medios de vida

agrícolas.

- Empresas mineras: mantener

operaciones y beneficios

económicos.

- Estado: equilibrar inversión

privada con estabilidad social y

cumplimiento de normas

ambientales.

- Mesas de diálogo: actualmente 98

conflictos están en fase de diálogo según

la Defensoría del Pueblo.

- Suspensión o cancelación de

operaciones mineras en casos críticos,

como el pedido en La Libertad contra la

minera Olga Victoria.

- Monitoreo ambiental independiente

con participación ciudadana.

- Reformas legales para fortalecer la

fiscalización y sanciones a empresas

contaminantes.

- Inversión en infraestructura básica

(agua potable, tratamiento de residuos)

en comunidades afectadas.

DERECHO CONSTITUCIONAL II

ALUMNO: JHON MANUEL ARRIETA CASTILLO NRC: 37623