Impugnación de Actos Administrativos

Impugnación de Actos Administrativos

1. Via Administrativa COA

   • El Código Orgánico Administrativo prevé la impugnación de actos administrativos que abarcan también los actos administrativos que emanan de los GADs, que en muchos casos pueden derivarse de un procedimiento administrativo sancionador.
     • Un acto administrativo es firme cuando no admite impugnación por ninguna vía, esto puede deberse a que fenecieron los plazos para interponer recursos y no se ha ejercido el derecho, también a que se interpuso una acción por la vía contenciosa administrativa (vía judicial) o cuando se ha presentado un recurso de apelación y se ha expedido un acto administrativo.Para impugnar un acto administrativo por la vía administrativa el Código Orgánico Administrativo contempla dos recursos
       • Apelación
         • Estos recursos deben ser conocidos por la máxima autoridad administrativa de la administración pública en la cual se emitió el acto impugnado, pero si fue la máxima autoridad de la administración pública la que emitió el acto administrativo, se puede impugnar dicho acto administrativo únicamente por la vía judicial, para evitar que la máxima autoridad en este caso sea juez y parte.
       • Recurso Extraordinario de Revisión
   • Toda impugnación debe presentarse por escrito y de acuerdo a lo previsto en el artículo 220 del Código Orgánico Administrativo debe contener los siguientes requisitos:
     • 1. Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica del impugnante. Cuando se actúa en calidad de procuradora o procurador o representante legal, se hará constar también los datos de la o del representado.
     • 2. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y numerados.
     • 3. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompañará la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación de los objetos sobre los que versarán las diligencias, tales como la inspección, la exhibición, los informes de peritos y otras similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica.
     • 4. Los fundamentos de derecho que justifican la impugnación, expuestos con claridad y precisión. 5. El órgano administrativo ante el que se sustanció el procedimiento que ha dado origen al acto administrativo impugnado. 6. La determinación del acto que se impugna.
     • 7. Las firmas del impugnante y de la o del defensor, salvo los casos exceptuados por la ley. En caso de que el impugnante no sepa o no pueda firmar, se insertará su huella digital, para lo cual comparecerá ante el órgano correspondiente, el que sentará la respectiva razón.
     • Al igual que al presentar una demanda si el escrito de impugnación no está completo, la máxima autoridad dispondrá que éste se complete en el término de cinco (5) días, si no lo hace se entenderá como desistimiento y se dispondrá la devolución de los documentos. En este punto es importante señalar que no se aceptará una modificación del fundamento o de la pretensión planteada. Por principios internacionales contemplados en instrumentos internacionales de derechos humanos, la resolución de una impugnación no puede agravar aún más la situación inicial de la persona interesada.

2. Via Judicial COGEP

   • Los actos administrativos pueden impugnarse de forma directa a través de las jurisdicciones contencioso tributaria y contencioso administrativo. Cualquier reclamo administrativo puede extinguirse en sede administrativa con la presentación de la acción contenciosa tributaria o contencioso administrativa.
   • La legitimación activa comprende a aquellas personas que se encuentran habilitados para demandar en procedimiento contencioso tributario y contencioso administrativo; de acuerdo a lo previsto en el artículo 303 del Código Orgánico General De Procesos
   • La persona natural o jurídica que tenga interés directo en demandar la nulidad o ilegalidad de los actos administrativos o los actos normativos de la administración pública, ya sea en materia tributaria o administrativa.
   • Las instituciones y corporaciones de derecho público y las empresas públicas que tengan la representación o defensa de intereses de carácter general o corporativo, siempre que la acción tenga como objeto la impugnación directa de las disposiciones tributarias o administrativas, por afectar a sus intereses.
     • La o el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento jurídico, que se considere lesionado por el acto o disposición impugnados y pretenda el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o su restablecimiento.
     • La máxima autoridad de la administración autora de algún acto que, en virtud de lo prescrito en la ley, no pueda anularlo o revocarlo por sí misma.
     • La persona natural o jurídica que pretenda la reparación del Estado cuando considere lesionados sus derechos ante la existencia de detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado, inadecuada administración de justicia o violación del derecho a la tutela judicial efectiva por violaciones al principio y reglas del debido proceso.
       • La persona natural o jurídica que se considere lesionada por hechos, actos o contratos de la administración pública. Las sociedades en los términos previstos en la ley de la materia.
   • Art. 304 COGEP Legitimación pasiva. La demanda se podrá proponer contra: 1. La máxima autoridad, el representante legal de la institución con personería jurídica o el servidor público de quien provenga el acto o disposición a la que se refiere la demanda. 2. La o el director, delegado o jefe de la oficina u órgano emisor del título de crédito, cuando se demande su nulidad o la prescripción de la obligación tributaria o se proponga excepciones al procedimiento coactivo.
     • 3. La o el funcionario recaudador o el ejecutor, cuando se demande el pago por consignación o la nulidad del procedimiento de ejecución. 4. Las personas naturales o jurídicas a cuyo favor deriven derechos del acto o disposición en los casos de la acción de lesividad. 5. Las personas naturales o jurídicas que hayan celebrado contratos con el Estado.
   • Art. 305 COGEP Comparecencia a través de patrocinador.
     • La autoridad competente de la institución de la administración pública que interviene como parte o el funcionario a quien se delegue por acto administrativo, podrán designar, mediante oficio, al defensor que intervenga como patrocinador de la defensa de los intereses de la autoridad demandada. Tal designación surtirá efecto hasta la terminación de la causa, a no ser que se lo sustituya. No obstante, en aquellas acciones o procedimientos en los que deba intervenir directamente la o el Procurador General del Estado se procederá conforme con la ley.
       • Se pueden plantear acciones subjetivas o de plena jurisdicción, acciones objetivas o de anulación, acciones en materia contractual, acciones de lesividad, acciones contencioso tributarias o directas, acciones por pago indebido y otras específicas que determine la ley.
   • Art. 306 COGEP Oportunidad para presentar la demanda Para el ejercicio de las acciones contencioso tributarias y contencioso administrativas se observarán los siguientes términos:
     • 1. En los casos en que se interponga una acción subjetiva o de plena jurisdicción, el término para proponer la demanda será de noventa días, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó el acto impugnado. La acción subjetiva o de plena jurisdicción busca la anulación del acto impugnado, ampara un derecho del recurrente que mediante acto administrativo ha sido negado, desconocido o no reconocido de forma total o parcial. En otras palabras esta acción ampara un derecho subjetivo del recurrente.
     • 2. En los casos de acción objetiva o de anulación por exceso de poder, el plazo para proponer la demanda será de tres años, a partir del día siguiente a la fecha de expedición del acto impugnado. La acción objetiva o de anulación busca tutelar el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, en estos casos se plantea la nulidad del acto administrativo por adolecer de vicio legal. 3. En casos que sean de materia contractual y otras de competencia de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, se podrá proponer la demanda dentro del plazo de cinco años
       • 4. La acción de lesividad podrá interponerse en el término de noventa días a partir del día siguiente a la fecha de la declaratoria de lesividad. La acción de lesividad consiste en un proceso administrativo que puede ser promovido por un particular en contra de un acto estatal, susceptible de ser impugnado en vía jurisdiccional; o que puede ser impugnado o subsanado de oficio, por parte de la administración.La acción de Lesividad, es un proceso administrativo de carácter especial, cuando es entablado por la propia administración, con el fin de que se anule o deje sin efecto un acto administrativo emanado por la propia administración, por considerarlo como un acto ilegal en contra de un particular o por considerarlo lesivo a sus propios bienes o al bien común.
     • 5. En las acciones contencioso tributarias de impugnación o directas, el término para demandar será de sesenta días a partir del día siguiente al que se notificó con el acto administrativo tributario o se produjo el hecho o acto en que se funde la acción.
     • 6. Las acciones de pago indebido, pago en exceso o devoluciones de lo debidamente pagado se propondrán en el plazo de tres años desde que se produjo el pago o desde la determinación, según el caso. 7. Las demás acciones que sean de competencia de las o los juzgadores, el término o plazo será el determinado en la ley de acuerdo con la naturaleza de la pretensión.
   • Art. 308 COGEP Requisitos de la demanda
     • Cuando se trate de procesos contencioso tributarios y contencioso administrativos, además de cumplir los requisitos previstos para la demanda en las normas generales del Código General de Procesos, se adjuntará la copia de la resolución, del acto administrativo, del contrato o disposición impugnados, con la razón de la fecha de su notificación a la o al interesado y la relación circunstanciada del acto o hecho impugnado. En ningún caso se archivará la demanda una vez que el legitimado activo haya presentado el escrito con la aclaración y completado el respectivo libelo. El trámite que se seguirá a la demanda será el previsto en el Código Orgánico General de Procesos.