Segunda República

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Composición 9. Evolución política y social de la II República.

La Segunda República es el periodo de tiempo comprendido entre los años 1931 y 1939. Su proclamación fue asimismo consecuencia del resultado de las elecciones de abril de 1931, que provocó la abdicación de Alfonso XIII. La inestabilidad y la tensión dieron lugar a situaciones de extrema gravedad. En julio de 1936 una fracasada rebelión militar dejó abierta la puerta a un grave conflicto civil.

El 12 de abril de 1931, Aznar, ya en el gobierno, convocó elecciones municipales. Supusieron una disputa entre el poder monárquico y el republicano. El resultado de las elecciones puso de manifiesto que no era posible retornar al sistema de la Restauración; los monárquicos obtuvieron más concejales, pero el éxito de las candidaturas republicanas en el medio urbano fue arrollador. Ambos se consideraban ganadores. En cualquier caso, el resultado revelaba la profunda transformación en la ideología política española.

Los acontecimientos se precipitaron: entre los ministros de Alfonso XIII cundía el desconcierto, ya que algunos contemplaban la abdicación, mientras que otros, como Bugallall, se mostraban partidarios de una resistencia a ultranza. Por el contrario, en las filas republicanas el optimismo desbordaba todas las previsiones.

A lo largo del día 13 se sucedieron las protestas en apoyo a la proclamación de la Segunda República. Así, al anochecer, el monarca decidió abdicar y abandonar España, mientras el ministro de Estado, conde de Romanones, buscaba una salida pactada con el Comité Revolucionario. La efervescencia popular en la calle era incontenible. En Éibar, Jaca y Sahagún los concejales proclamaron la República, al igual que en Barcelona, donde lo hacía Luis Companys.

A toda prisa se constituyó un gobierno provisional donde tuvieron cabida casi todas las opciones políticas. Ese gobierno, presidido por el conservador Alcalá Zamora, proclamó oficialmente la República el 14 de abril. Este pretendía ser el reflejo de las tendencias que se dieron cita en San Sebastián el verano anterior. Niceto Alcalá Zamora, de Derecha Liberal Republicana, asumió la presidencia y Manuel Azaña, de Acción Republicana, la del gobierno. El partido Radical estaba representado por Lerroux y los Radical-socialistas por Marcelino Domingo. Los socialistas contaban con 3 carteras: Largo Caballero, de tendencias radicales; Indalecio Prieto, de posiciones más moderadas; y Fernando de los Ríos en la línea intelectual. D´Olwer representaba al catalanismo político y Casares Quiroga a los galleguitas de la ORGA.

Quedaban fuera del gobierno los comunistas, la Liga Catalana, el Partido Nacionalista Vasco y por supuesto monárquicos y anarquistas.

El gobierno provisional inició sus tareas sin pérdida de tiempo y convocó elecciones a Cortes el 28 de junio, cuya tarea más importante sería elaborar una constitución. El resultado de las elecciones permitió el acceso a las Cortes de un amplio abanico ideológico, donde contaron con la mayoría los republicanos de centro izquierda y de izquierdas socialistas. Sobre esa base se configuró un gobierno de coalición que ratificó a Alcalá Zamora como presidente de la República y a Azaña del gobierno.

Desde una perspectiva social se ha considerado que el cambio de régimen significó el traspaso de poder de la aristocracia terrateniente y la alta burguesía a las clases medias, a la intelectualidad del país y a los sectores obreros organizados.

Una de las prioridades fue elaborar una Constitución que respondiese a la nueva realidad política del país. El 9 de diciembre de ese año, tras muchos debates y tensiones, se promulgó el texto ya aprobado en noviembre con 368 votos a favor y ninguno en contra, aunque con ausencia de diputados.

La Constitución de 1931 estaba articulada en IX títulos y desarrollada en 125 artículos, además de una serie de disposiciones transitorias. Sus rasgos definitorios más importantes serian de carácter democrático y progresista, así como su fuerte contenido social.En ella encontramos una definición de España como "república democrática de trabajadores" y derechos y deberes de los españoles, como el religioso, el voto de las mujeres (1933), la expropiación de propiedades privadas y temas más controvertidos como la abolición de la pena de muerte y la posibilidad de acometer la reforma agraria. Como vemos, la aconfensionalidad que se proclamaba y otras medidas en contra de la Iglesia hizo que en una sociedad con grandes convicciones religiosas se restaran muchos apoyos a la República. Sin embargo, logró recoger muchas realidades políticas, sociales y jurídicas.

El gobierno de coalición bajo la presidencia de Azaña, llamado Conjunción republicano-socialista, impulsó a lo largo de sus dos años de existencia un programa de reformas sociales y administrativas con el objetivo de modernizar de las estructuras de España. Fueron 5 los ámbitos donde estas cobraron mayor entidad: la modernización del ejército, la reforma agraria, la universalización de la enseñanza, el asentamiento de un Estado descentralizado y la transformación de las relaciones laborales y sociales. Pero la oposición llegó desde la Iglesia católica, el ejército y los grandes propietarios, hasta los sectores de la izquierda más radical. Tanto unos como otros intentaron desestabilizar a un gobierno heterogéneo sometido a fuertes presiones internas.

En primer lugar, el problema militar ya había sido un tema de debate en la política española y su reforma era urgente: las fuerzas armadas tenían una estructura macrocefálica, con más generales que efectivos, por lo que se cerró temporalmente la Academia General Militar de Zaragoza. Esto provocó un malestar que culminó con una manifestación dirigida por Sanjurjo.

En segundo lugar, la reforma agraria, cuestión más relevante y polémica, significó la expropiación de fincas que no cumpliesen un fin social. La aplicación de la ley fue lenta y en un campesinado que siempre había tenido míseras condiciones y paros estacionales que se traducía en hambruna, el cual se impacientó creándose un fuerte rechazo entre propietarios y ambientes conservadores. En Andalucía fueron intensos los enfrentamientos, descollando el de Casas Viejas en 1933.

En cuanto a la educación, había dos posturas: los krausistas y la Institución de Libre Enseñanza, quienes la querían universal, laica y obligatoria, y los que defendían el papel de las órdenes religiosas. El poder puso en marcha un proyecto de construcción de muchos centros escolares y de subida de sueldo a los maestros para acabar con el analfabetismo reinante (más del 80%). Tuvieron lugar Misiones Pedagógicas como "La barraca" de García Lorca o Miguel Hernández entre otros intelectuales. Ante un gobierno que apoyaba una enseñanza secularizada, la Iglesia enturbió su relación con este dando lugar a varios conflictos.

En lo referente al nuevo modelo de estado, la constitución señalaba la posibilidad de que un territorio elaborase un Estatuto de autonomía para asumir determinadas competencias de gobierno como forma de hacer frente a los denominados nacionalismos.

En 1932 entró en las cortes el proyecto de Estatuto de Cataluña, aprobada aun con la oposición de la derecha y sin complacer a los catalanistas, pues el gobierno central controlaba la enseñanza y podía suspender el Estatuto. En el País Vasco y Navarra la situación fue mucho más complicada. El Estatuto de Estella, aprobado en 1931 fue rechazado por el gobierno. En Galicia, en 1932 se aprobó el Estatuto Gallego. Sin embargo las disensiones entre los partidos complicaron la celebración del referéndum popular de ratificación, y la llegada del Bienio Conservador supuso también un parón a las aspiraciones autonomistas de los gallegos.

Por último, la reforma laboral y social como respuesta al "problema obrero". España había estado recientemente sacudida por graves enfrentamientos sociales, algunos cargados de violencia como la "Semana Trágica de Barcelona", que tras la crisis de 1917 se habían manifestado con el “pistolerismo barcelonés”, además de en zonas rurales. El ministerio de trabajo impulsó una legislación laboral que llevaba la jornada de ocho horas al campo y el establecimiento de un salario mínimo agrícola. Se crearon los jurados mixtos y se estableció la llamada Ley de Términos Municipales para hacer frente a la contratación de los trabajadores agrícolas procedentes de otras localidades. Pero la agitación continuó siendo una realidad en el mundo agrario con frecuentes enfrentamientos contra la guardia civil.

Dejando atrás este bienio progresista (1931-1933), en septiembre de 1933, las divergencias entre los partidos que integraban la coalición, acentuadas por el suceso de Casas Viejas, llevaron a Azaña a plantear la disolución de las Cortes, fijando elecciones para el 19 de noviembre. La campaña electoral fue tensa; mientras las izquierdas acudían divididas a las elecciones, la derecha se había agrupado en torno a la CEDA bajo la dirección de Gil Robles.

El resultado fue un importante vuelco electoral que llevó a la derecha al poder, dando lugar al llamado Bienio Conservador (1933-1935) en el que se paralizaron todas las reformas emprendidas. La derecha española no respondía, pese a su unificación, a unos planteamientos homogéneos. Por un parte, se encontraban los monárquicos (tradicionalistas y carlistas), también habían aparecido grupos emparentados ideológicamente con el nacionalsocialismo de Hitler o Mussolini, como eran las JONS y la FE. Por otra parte, estaban quienes aceptaban la República como un mal menor y es primer objetivo era darle un tinte conservador. En el centro se encontraba la CEDA vinculada al diario El Debate.

El éxito de la CEDA llevó a la coalición derechista a apoyar parlamentariamente a un gobierno de los radicales de Lerroux, que anteriormente habían ostentado varios ministerios bajo la presidencia de Azaña. La situación política era muy complicada no solo por la heterogeneidad de la CEDA si no por la falta de una declaración explícita de fidelidad a la República, que llevó al PSOE y a la UGT a preparar una huelga general revolucionaria. Gil Robles se encontró con un rechazo frontal por parte de las izquierdas para asumir la jefatura del gobierno. Alcalá Zamora, en condición de presidente de la República, propuso a Lerroux como presidente del nuevo gobierno con el apoyo parlamentario de la CEDA.

Cuando el 4 de octubre Lerroux configuró un nuevo gabinete, la UGT, temiendo un golpe de Estado que pusiese fin a la República, hizo un llamamiento a la huelga general, que no se consiguió movilizar totalmente a las masas obreras. En Cataluña, Companys proclamó el Estat Catalá pero la falta de apoyos lo llevó al fracaso. Por el contrario, en Asturias, donde la CNT se sumó a la huelga, se produjo una insurrección armada que significó el comienzo de movimiento revolucionario. Las cuencas mineras se alzaron en armas contra el gobierno y las fuerzas de seguridad no pudieron controlar la situación.

El gobierno vio la necesidad de reprimir la insurrección con dureza, hasta que el orden quedó restablecido. Las consecuencias de la revolución de octubre fueron más de dos mil muertos, varios miles de heridos y 30.000 detenidos. También supuso el incremento de la crispación política y una crisis en el gobierno. La dura represión que sigue a los sucesos de 1942 y la actuación del gobierno en diferentes parcelas lo llevó a una creciente impopularidad. A esto se sumó que la Ley de Reforma Agraria quedó paralizada con el nombramiento del nuevo ministro de agricultura, que era el mayor terrateniente de Ávila. También se produjo la paralización del Estatuto de Autonomía vasco.

Los nombramientos de militares de dudosa lealtad a la república como Franco generaron malestar y tensiones entre Lerroux y la CEDA. En octubre de 1935, un escándalo que salpicaba a la familia de Lerroux, conocido como estraperlo, fue el detonante de la crisis: este dimitió y se convocaron elecciones anticipadas para febrero de 1936.

Tras las elecciones, accede al poder el Frente Popular, una coalición formada por republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas y que hizo frente a la CEDA. El origen del Frente Popular está íntimamente relacionado con los planteamientos políticos de Stalin, dispuesto a impulsar a los débiles partidos comunistas del occidente europeo. La campaña electoral fue muy virulenta y el resultado dio una pequeña ventaja al Frente Popular.

Aunque la ley electoral permitió al Frente Popular una amplia mayoría en el Congreso, Alcalá Zamora encargó la formación de gobierno a Azaña sobre la base recogida durante el Bienio Progresista. Sin embargo los socialistas habían radicalizado sus posturas. Las posiciones moderadas de hombres como Indalecio Prieto o Julián Basteiro se habían visto desbordadas. En el PSOE se había impuesto la línea más radical implantada por Largo Caballero.

Ese radicalismo se trasladó a la calle, haciendo el ambiente era muy tenso. Menudearon los enfrentamientos entre militantes de la izquierda radical y de la derecha totalitaria. La violencia callejera entre los meses de febrero y de junio de 1936 se cobró un importante número de víctimas. El gobierno de Azaña, que pretendía retomar las reformas, se vio desbordado por los acontecimientos, contando con que se sabía por rumores de un cercano golpe militar.

El deterioro del orden público, con su secuela de muertes y violencia era el argumento que se esgrimía en ciertos círculos para justificar una intervención militar. En realidad las motivaciones eran más profundas: en un amplio sector del ejército había un malestar por las reformas. También la iglesia y los conservadores se mostraban reacios. En el tenso ambiente de aquellos meses, cualquier reforma era considerada la antesala de una revolución.

En mayo se produjo la salida de Alcalá Zamora de la presidencia, mientras que un Azaña desilusionado por el curso de los acontecimientos abandonó la presidencia del gobierno y asumió la de la República. Casares Quiroga se hacía cargo del gobierno. En medio de incesantes rumores de un golpe de Estado que apuntaban al general Emilio Mola y a Franco, se produjo el asesinato del jefe del Bloque Nacional José Calvo Sotelo, cometido por un grupo de guardias de asalto. Los falangistas asesinaron al teniente Castillo.

La tarde del 17 de julio el general Franco se sublevaba en Canarias. Se adelantaba así a los planes de Mola, conocido como “el director” de la conspiración militar que cerraba los últimos acuerdos para llevar a cabo un golpe de Estado el 25 de agosto.