Conceptos generales del derecho: norma y fuentes

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1. CONCEPTOS

GENERALES DEL DERECHO

1.1. El Derecho

Conjunto de normas que rige la vida social del hombre,

impuestas coactivamente, con

sanción correspondiente y que

tienen como fin ordenar las relaciones de los individuos y asegurar una convivencia pacífica.

Conjunto de reglas que en el seno de una colectividad humana

organizada se acatan como obligatorias para la conducta de los individuos.

1.2. Norma Jurídica

- Estructura

Supuesto de hecho: realidad

social.

Consecuencia

jurídica: mandato referido a dicha realidad.

- Características:

Abstracta: no se aplica a

sujetos concretos y se tienen que subsumir diferentes supuestos de hecho.

General:

aplicable a la mayoría.

- Clasificación de las

normas jurídicas:

· Atendiendo al sujeto destinatario

Normas de derecho común.

Normas de derecho especial

(minusválidos).

· Atendiendo al

territorio

Normas de derecho general.

Normas de derecho particular

(Comunidad Autónoma).

· Atendiendo a su

libertad de elección.

Normas imperativas.

Normas dispositivas.

1.3 Las fuentes del

derecho:

+ Fuente en sentido formal: modos o formas de manifestación

del derecho.

+ Fuente en sentido material: instituciones o grupos

sociales que tienen reconocida capacidad normativa.

+ Las fuentes: Art. 1 del Título Preliminar del CC: Las

fuentes del ordenamiento jurídico español son:

La ley:

- En

sentido material: normas generales y abstractas dictadas por los poderes

constituidos.

- En sentido formal: disposiciones reservadas en

exclusiva al poder legislativo.

- La Constitución Española de 27 de diciembre de

1978: norma fundamental, carácter consensual y carácter rígido.

a) Leyes

orgánicas:

o

Las relativas al desarrollo de los derechos

fundamentales y libertades públicas, las que aprueban los estatutos de

autonomía, el régimen electoral general y las demás previstas en la

Constitución.

o

La aprobación, modificación o derogación de

estas exigirá la mayoría absoluta del congreso, en una votación final sobre el

conjunto del proyecto.

b) Leyes

ordinarias:

o

Materia no reservada a la ley orgánica.

o

Aprobación, modificación o derogación exigirá

mayoría simple de ambas cámaras.

c) Leyes

autonómicas.

d)

Decreto legislativo:

o

Las cortes Generales podrán delegar en el

Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias

determinadas no incluidas en el art. de materia reservada a las leyes

orgánicas.

e) El

Decreto-Ley:

o

Disposiciones legislativas provisionales.

o

Sometida al control del legislativo para su

convalidación o derogación.

o

Limitación respecto a las materias que puede

regular.

o

En caso de extraordinaria y urgente necesidad,

el Gobierno, podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomaran

forma de Decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las

instituciones básicas.

f) La

potestad reglamentaria, Los Reglamentos:

o

Es una norma secundaria, subalterna, inferior y

complementaria de la ley.

o

Es una norma jurídica dictada por escrito, para

la ejecución, desarrollo o complementos de leyes preexistentes.

o

Ejerce la función ejecutiva y la potestad

reglamentaria.

1.4 La Constitución

Española de 1978

+ Características:

Larga, ni

original ni novedosa, imprecisa y ambigua, realista y adecuada a las circunstancias

socioeconómicas, rígida: dificultad de reforma.

+ Reforma de la Constitución:

Aprobación

por 3/5 de las Cámaras y es suficiente un 10% de las Cámaras para que sea

sometido a referéndum.

+ Si el proyecto afecta a toda la Constitución

o a una parte sustancial de la misma (Título preliminar, derecho y libertades

de los ciudadanos y sistema de monarquía parlamentaria):

Aprobación

por mayoría de 2/3 de las Cámaras, disolución de las mismas y convocatoria de

nuevas elecciones generales. Aprobación por mayores de 2/3 de las nuevas Cámaras y ratificación

por referéndum.

+ Eficacia normativa

de la Constitución:

Norma

superior del ordenamiento jurídico, investida de superlegalidad formal

(procedimiento de reforma) e investida de superlegalidad material (el resto del

ordenamiento ha de adecuarse a ella)

1.5. Los Tratados Internacionales.

Se entiende por

Tratado a un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido

por el Derecho internacional.

1.6 Las costumbres.

Fuente del derecho de

carácter subsidiario (de primer grado). Solo regirá en defecto de ley

aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público.

1.7. La Jurisprudencia

Doctrina. Función

complementadora del ordenamiento jurídico.

1. LA APLICACIÓN DE

LAS NORMAS JURÍDICAS.

1.1. Introducción.

Es una regla de conducta destinada a regular la convivencia

social. Está formulada en términos generales y abstractos. De carácter

obligatorio y coercible.

Dentro del conjunto de actividades dirigidas a la aplicación

de la norma destacan, la interpretación y los procedimientos de integración de

la misma.

1.1.1. La interpretación de las normas jurídicas.

La interpretación constituye una operación esencial para la

aplicación del Derecho y consiste en la averiguación del sentido y alcance del

texto de la norma.

La interpretación busca el significado de la norma como

operación básica para poder aplicarla al caso concreto.

1.1.2. Criterios

interpretativos. El artículo 3 del CC.

Son los medios e instrumentos de los que vale es el

intérprete para averiguar el significado de la norma.

El artículo 3.1 CC señala que las normas se interpretarán

según el sentido propio de sus palabras (criterio literal o gramatical), en

relación con su contexto (criterio sistemático), los antecedentes históricos y

legislativos (criterio histórico), y la realidad social del tiempo en que han

de ser aplicadas (criterio sociológico), atendiendo fundamentalmente al

espíritu y finalidad de aquellas (criterio lógico o teleológico).

a) Elemento

gramatical o literal. En este sentido, el artículo 3.1 CC señala que las

normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras. las palabras

pueden tener diferentes significados, por lo que el criterio gramatical no

basta para conocer el sentido de la norma.

b) Elemento sistemático.

Se interpretarán en relación con su contexto. Al interpretar la norma se debe

estudiar y relacionar todos los preceptos legislativos que regulan la misma

materia. La ubicación de la norma dentro del conjunto normativo es un elemento

a tener en cuenta

c) Elemento histórico.

La norma jurídica, es un producto histórico. La evolución que ha experimentado,

así como sus cambios legislativos constituyen elementos importantes para

conocer su significado.

d) Elemento

sociológico. La interpretación ha de tener en cuenta la realidad social del

tiempo en que ha de ser aplicada la norma. Obliga a un ajuste de la

interpretación de los preceptos para acomodarlos a la realidad. El criterio

sociológico funciona como contrapeso al criterio histórico.

e) Elemento

teleológico. La interpretación ha de atender fundamentalmente al espíritu y

finalidad de la norma. El resultado de la interpretación no puede ir en contra

de lo que se pretende con su promulgación. Rechazar interpretaciones que

supongan una contradicción con el fin buscado.

1.1.3. Clases de

interpretación.

En razón de quien la realiza- puede ser auténtica, usual y

doctrinal.

Es auténtica cuando es el legislador quien determina

como ha de ser interpretada o como ha de ser entendida.

Usual es la que realizan los órganos jurisdiccionales

en la resolución de los litigios. También interpretación judicial.

Doctrinal, también doctrina jurídica, es la que

efectúan los estudiosos del Derecho.

La interpretación puede ser:

-Declarativa cuando el sentido de la norma coincide

con su texto.

-Correctiva cuando la interpretación introduce

modificaciones en el texto de la norma, bien porque el sentido que se atribuye

a la misma es más amplio que el tenor literal de la ley (interpretación extensiva),

bien porque es más restrictivo de lo que permite su texto (interpretación

restrictiva).

La normas prohibitivas, las sancionadoras, las limitativas

de la capacidad de obrar y del libre ejerció de los derechos no son

susceptibles de interpretación extensiva.

1.2. La integración

del Ordenamiento jurídico. El problema de las lagunas de la Ley.

El término laguna de ley hace referencia a la existencia de

vacíos normativos. Es decir, hay laguna de ley cuando no existe una norma legal

que regule un determinado supuesto de hecho. Esto puede ocurrir porque la ley

no previó una determinada situación, por defectos de técnica legislativa o

porque la realidad es siempre más viva que el texto escrito y es imposible que

el legislador pueda prever todos los supuestos de hecho que se originarán

durante la vigencia de la norma escrita.

No se puede confundir las lagunas de ley con las denominadas

lagunas del Derecho. La existencia de las llamadas lagunas de ley no implica

que planteado un conflicto éste no se pueda resolver, en el sentido, de que el

Ordenamiento jurídico carezca de medios para darle una solución jurídica. El

Ordenamiento jurídico- está dotado de un sistema de fuentes y otros mecanismos

destinados a superar estas lagunas.

1 del CC (ley, costumbre y principios generales del Derecho)

es suficiente para resolver la laguna de ley y así dar respuesta. Los Jueces y

Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de

que conozcan, no pueden excusarse en la existencia de lagunas de ley para no

resolver.

El Ordenamiento jurídico se auto declara completo y ofrece

mecanismos para la resolución de los conflictos que se le planteen.

1.2.1. La analogía.

Es un instrumento jurídico destinado a suplir las lagunas de

ley. Consiste en aplicar a un supuesto carente de regulación la solución que la

ley establece para otro similar o semejante.

Puede ser analogía legis o analogía iuris. En la analogía

legis el vacío normativo se resuelve acudiendo a una norma concreta que guarda

similitud o identidad de razón con el supuesto carente de regulación.

Los elementos de la analogía son:

a) existencia de laguna de ley.

b) Igualdad jurídica entre el supuesto

específico no contemplado y otro regulado por la ley.

c) La consecuencia es que la

solución prevista en la norma jurídica se aplica al supuesto carente de

regulación.

Analogía iuris se cubre el vacío normativo por medio de la

aplicación de los principios generales del Derecho.

No siempre es aplicable la analogía. El artículo 4.2 CC

establece restricciones para su uso en las leyes penales, las excepcionales, y

las de ámbito temporal que no se aplicarán a supuestos ni momentos distintos. No

cabe tampoco la aplicación analógica respecto a las normas prohibitivas, las

limitativas de la capacidad de las personas y del ejercicio de los derechos

fundamentales de las personas individuales.

1.2.2 La equidad.

El artículo 3.2. CC: “habrá de ponderarse en la aplicación

de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales sólo podrán descansar

de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita”.

La doctrina señala que dicho precepto establece dos

conceptos o nociones de equidad. El primero como criterio de ponderación en la

aplicación de las normas. Es la función general como pauta que se ha de tener en

cuenta en la aplicación. El segundo como razón exclusiva en que se funda una

decisión judicial.

2. LOS EFECTOS DE LAS

NORMAS JURÍDICAS

Ha destacado la eficacia obligatoria y sancionadora de las

normas jurídicas.

2.1. Eficacia

obligatoria.

Uno de los efectos esenciales de las normas jurídicas es que

contiene un deber jurídico. Los destinatarios están obligados a cumplirlas.

El artículo 6.1 CC señala que la ignorancia de la ley no

excusa de su cumplimiento.

El artículo 6.2. Del CC que dispone que la exclusión

voluntaria de la ley aplicable sólo será válida cuando no contraríen el interés

o el orden público ni perjudiquen a terceros.

-

las

normas imperativas: son indisponibles para las partes, de tal forma que no

pueden sustraerse a su contenido.

-

las

dispositivas: rigen en defecto de lo establecido por las partes.

El Ordenamiento jurídico permite a los particulares pactar

una reglamentación acorde con sus intereses. Si no lo hacen quedarán sujetos a

la normativa legal.

2.2. Eficacia

sancionadora.

Cuando los destinatarios no cumplen con el mandato de la

norma el Ordenamiento jurídico reacciona imponiendo una sanción al infractor.

Los tipos de sanciones son variadas y heterogéneas:

a) La pena. Consiste en la privación de un bien jurídico o de

derechos.

b) El resarcimiento de daños. Reparar los daños ocasionados a

consecuencia del acto ilícito.

c) La ejecución forzosa. Se obliga al infractor coactivamente a

cumplir con la norma que no ha observado

d) La nulidad. Supone la

ineficacia del acto ejecutado contra lo dispuesto en la ley.

2.2.1. El fraude de

ley.

La infracción directa. El sujeto realiza lo que se

prohíbe o no cumple con lo que se ordena. (Es la más sencilla)

Fraude de ley. El sujeto no adopta formalmente una

conducta contraria a la misma sino que trata de burlar su contenido a través de

una vía indirecta.

Se trata de un acto o actos realizados al amparo del texto

de una norma (la llamada ley de cobertura) que producen la inaplicación de una

norma jurídica (ley defraudada), es decir, un resultado prohibido por el

Ordenamiento jurídico.

No impedirá la aplicación de la ley que se ha tratado de

eludir.

2.2.2. La sanción

general de nulidad.

Los actos contrarios a normas imperativas o prohibitivas son

nulos de pleno derecho, salvo un efecto distinto.

Una infracción de las normas imperativa. La nulidad

significa la ineficacia de acto.

3. VIGENCIA DE LAS

NORMAS JURÍDICAS EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO.

3.1. La vigencia

temporal de la Ley.

Viene determinada por dos momentos. El primero, viene

representado por la entrada en vigor; y el segundo, por su derogación.

La entrada en vigor de la Ley es el momento en que ésta

inicia su vigencia. Con carácter general las leyes entrarán en vigor a los 20

días de su completa publicación en el BOE.

El periodo de tiempo que media entre la publicación de la

norma y el inicio de su vigencia se denomina vaca tío legis.

La derogación de la ley determina el término de la vigencia

de la misma. La derogación es un mandato del legislador que pone fin a la

vigencia de la norma.

La derogación puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando

el legislador manifiesta de forma explícita su voluntad de derogar las leyes

anteriores, (deja de tener vigencia), bien porque sin decir qué leyes quedan

derogadas dispone de forma general que quedan derogadas cuantas leyes y

disposiciones se opongan a la presente ley. Es tácita cuando la ley no dispone

de forma expresa la voluntad derogatoria pero su contenido es distinto y

sustituye a la regulación de una disposición anterior.

La derogación puede ser total, si deroga totalmente la ley

anterior, o parcial, si sólo afecta una parte de la norma.

3.1.1. Las

disposiciones transitorias.

La nueva ley puede regular sólo las relaciones jurídicas que

nazcan con posterioridad a su entrada en vigor, o también puede pretender que

la misma sea aplicable a las relaciones jurídicas creadas conforme a la

normativa anterior. La ley puede tener eficacia retroactiva y se aplica a las

situaciones jurídicas pasadas, o ser ir retroactiva, y estar destinada a

disciplinar los actos, hechos, o relaciones jurídicas nuevas.

Para resolver esta cuestión se dictan las disposiciones

transitorias o normas de Derecho transitorio que son un conjunto de norma,

insertas en la ley nueva, destinadas a resolver los conflictos planteados por

el cambio de legislación, indicando a las situaciones jurídicas originadas.

Las disposiciones transitorias del CC se imponen cuando la

ley que produce la modificación normativa carezca de disposiciones transitorias

o las mismas sean incompletas.

3.1.2. La regla

general de irretroactividad de las normas.

El legislador cuando promulga una ley puede darle carácter

retroactivo, pero si no dice nada, ni se deriva del sentido ni finalidad de la

norma, el principio que rige es que la norma es irretroactiva.

El artículo 9.3 de la CE no permite la retroactividad de las

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos

individuales. El legislador ordinario puede ordenar la eficacia de la norma

hacia el pasado o sólo hacia los hechos que se produzcan después de su entrada

en vigor.

3.2. La vigencia de

las normas en el espacio.

La disciplina jurídica que resuelve estos conflictos es el

Derecho internacional privado a través de las normas de conflicto. La

peculiaridad de esta disciplina jurídica posiciones es que no resuelve el

conflicto material, sino que remite o indica la legislación –nacional o extranjera-

que se debe aplicar.

Las normas de Derecho internacional privado se encuentran en

el Capítulo IV del Título preliminar del Código civil Los principios recogidos en ellos, son los

siguientes:

a) Las normas penales, de policía

y de seguridad pública españolas se aplican a todos los que se hallen en

territorio español (art. 8 CC).

b) La ley personal, (corresponde

con la nacionalidad del sujeto y en su defecto, por la ley de su residencia

habitual) es la que regula la capacidad de las personas, el estado civil, las

relaciones familiares y la sucesión mortis causa

c) Le ley del lugar donde se

encuentren (lex rei sitae) regirán la posesión, la propiedad y demás derechos

reales sobre los bienes (art. 10.1 CC).

d) En materia contractual se

aplica el principio de autonomía de la voluntad.

e) Las formas y solemnidades de

los contratos, testamentos y demás actos se regirán por la ley del lugar en

donde se otorguen (lex locus regit actum) (art. 11 CC).

4. EL DERECHO

SUBJETIVO

4.1. Introducción.

Los hechos jurídicos, pueden ser voluntarios, o

involuntarios. A hechos jurídicos voluntarios, se les denomina actos jurídicos.

4.2. La relación

jurídica.

Es aquella relación social, de persona a persona.

En el ámbito civil las relaciones jurídicas más importantes

son:

a) las familiares, que surgen

como consecuencia de la pertenencia a una familia (matrimonio, filiación).

b) las patrimoniales, derivadas

de la atribución y tráfico de bienes económicos (la propiedad, el usufructo,

los contratos).

c) las de cooperación social, las

destinadas a fines de carácter asociativo entre individuos (las asociaciones,

las sociedades).

La estructura de la relación jurídica es la siguiente:

a) Sujetos. Son las personas. Se distingue entre el sujeto activo,

para referirse al titular del derecho, y el sujeto pasivo que es el que soporta

la situación de deber.

b) Objeto. Es la realidad social que constituye el substrato de la

relación jurídica.

c) Contenido. Es el conjunto de derechos y deberes que comprende.

En la relación jurídica existe una situación de poder y de deber. En la

situación de poder, el Ordenamiento jurídico atribuye a una persona –su

titular- la posibilidad de reclamar la adopción de un determinado

comportamiento. El deber jurídico implica que una persona debe adoptar una

conducta o comportamiento en respeto del derecho de otra.

4.3. El derecho

subjetivo.

4.3.1. Concepto.

Poder que el ordenamiento jurídico otorga o reconoce a los

particulares para que satisfagan sus propios intereses.

-

Derechos absolutos: Oponibles “erga omnes”=

frente a todos.

-

Derechos

relativos: Oponibles solo a persona determinada.

4.3.2. Las

potestades.

Poder concedido por el ordenamiento jurídico a una persona

individual para que lo ejercite en beneficio de intereses de otra u otras

personas.

4.3.3 Las facultades.

Posibilidades de actuación del titular del derecho subjetivo

(un todo unitario) que son susceptibles de distinción y de utilización separada.

4.4. Clases de

derechos subjetivos.

4.4.1. Derechos

absolutos o generales y derechos relativos.

Los absolutos o generales se pueden hacer valer frente a

cualquiera porque tienen eficacia frente a todos (erga omnes). El sujeto

pasivo, el que soporta el deber, no es una persona determinada sino todos los

miembros de la comunidad.

Los relativos son aquellos que se ejercitan frente a una persona

concreta y determinada. El sujeto pasivo está individualizado.

-

Personales: innatos, no patrimoniales, intransmisibles, absolutos.

- De

créditos: adquirido, patrimoniales, transmisibles, relativos.

- Reales: adquirido, patrimoniales, transmisibles,

absolutos.

4.4.2. Derechos

patrimoniales y extrapatrimoniales.

Los derechos patrimoniales son susceptibles de valoración en

dinero (sirven para satisfacer las necesidades materiales).

Los extrapatrimoniales o personales son aquellos que no

están destinados a realizar los fines económicos de la persona (derechos de la

personalidad, derechos de familia…).

4.5. Nacimiento y

adquisición de los derechos subjetivos.

El derecho subjetivo nace cuando se dan los requisitos

establecidos en la norma para que se produzca este efecto. No hay una regla

general, sino que depende de cada derecho subjetivo (derechos de la

personalidad por el hecho de nacer…)

La adquisición del derecho subjetivo puede ser originaria o

derivativa.

Es originaria cuando la adquisición no trae causa del

titular anterior sino que el derecho nace ex novo. El derecho de propiedad no

se funda en el derecho anterior. Es decir, nadie trasmite el derecho al

propietario sino que éste adquiere ex novo el derecho de propiedad. Por

ejemplo, en la caza el cazador adquiere originariamente la propiedad sobre la

pieza de caza.

La adquisición es derivativa cuando el titular cede o

transmite su derecho. La regla en estos casos es que adquirirá el derecho en

las mismas condiciones que tenía el anterior titular.

La adquisición derivativa puede ser a su vez:

-

Traslativa: En la adquisición

derivativa traslativa se trasmite, y se adquiere por tanto, el mismo derecho

que tenía el titular anterior. Por ejemplo, el propietario de una casa la vende

a otra persona.

-

Constitutiva:

En la adquisición derivativa constitutiva el titular anterior no dispone

íntegramente del derecho, sino que se desprende y trasmite alguna de las

facultades que lo integran constituyendo un derecho nuevo que es el que

adquiere el nuevo titular.

4.6. Modificación de

los derechos subjetivos.

El derecho subjetivo puede experimentar diversas variaciones

o modificaciones a lo largo su vida. Según afecten a los sujetos o al objeto se

denominan modificaciones subjetivas u objetivas.

Las modificaciones subjetivas suponen el cambio del

titular del derecho. La sucesión puede ser inter

vivos o mortis causa.

También se distingue entre sucesión universal y sucesión

particular. En la primera se adquiere un conjunto de bienes y derechos,

mientras que la segunda se refiere a la adquisición de un derecho concreto y

determinado.

4.7. Extinción de los

derechos subjetivos.

4.7.1. En general.

Se suele distinguir entre:

-

extinción

para hacer referencia a la desaparición total del derecho sin que otra

persona venga a sustituir al anterior titular. Los derechos son intrasmisibles

y transmisibles. Los derechos subjetivos cuando en una misma persona concurra

la situación de poder y de deber.

-

pérdida

supone la trasmisión del derecho a otra persona lo que implica la

pérdida para su titular pero no la desaparición del derecho.

4.7.2. La renuncia.

Los derechos se extinguen por renuncia de su titular. La

renuncia supone abandono del derecho. Dispone la validez de la renuncia de los

derechos cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a

terceros.

El CC establece como límites a la renuncia que ésta no

contraríe el interés o el orden público ni perjudique a terceros. El primer

límite hace referencia a la categoría de los derechos irrenunciables. En

segundo lugar, aun siendo el derecho renunciable, no es válida cuando perjudique

a terceros.

4.8. Ejercicio del

derecho subjetivo.

4.8.1. Introducción.

El ejercicio puede ser judicial o extrajudicial según se

efectúe ante los Tribunales de justicia reclamando una resolución para la

satisfacción de su derecho –ejercicio judicial- o fuera de los mismos

–extrajudicial.

4.8.2. Ejercicio por

medio de representante.

4.8.2.1. Concepto y

clases.

Esta situación puede tener su origen en la voluntad del

representado o en la ley. En el primer caso la representación es voluntaria. En

el segundo es legal, porque es la ley quien la ordena con independencia de la

voluntad de los representados y con la finalidad de proteger sus intereses.

Los supuestos más importantes de la representación legal son:

a) La que corresponde a los

titulares de la patria potestad sobre los hijos menores de edad no emancipados o

sometidos a patria potestad prorrogada.

b) La que ejerce el defensor del

desaparecido o del declarado ausente.

c) La del tutor, que es

representante legal del menor o incapacitado sometido a tutela (art. 267 CC).

La representación

voluntaria se puede distinguir entre:

a) la representación directa el representante actúa en nombre y por

cuenta del representado, de tal forma que los efectos se producen directamente

en el patrimonio del representado como si éste hubiera intervenido de forma

personal.

b) En la indirecta, el representante procede en interés o por

cuenta del representado, pero actúa en su propio nombre, de tal forma que el

tercero desconoce la existencia de la representación.

4.8.2.2 El poder.

Para que una persona pueda actuar en nombre de otra debe de

estar autorizada por ésta o facultada por la ley (art. 1259 CC).

El acto se llama apoderamiento. El que lo concede se

denomina poderdante o representado y el que recibe la legitimación para actuar

por otra persona se llama apoderado o representante.

El apoderamiento es un acto unilateral que concreta y

determina las facultades que corresponden al representante.

Según la extensión el poder puede ser:

-

general cuando

el apoderado está facultado gestionar todos o una serie de negocios del

poderdante.

-

especial

cuando se otorga para un asunto concreto y determinado.

4.8.2.3 La

inadecuación entre la actuación representativa y apoderamiento.

La actuación representativa requiere la existencia de un

apoderamiento o una autorización legal. Sin embargo, existen supuestos en los

que una persona representa a otra sin tener suficiente poder de representación.

Esto puede suceder porque el poder nunca existió, o porque se utilizó después

de su extinción, o porque el apoderado se ha excedido de los límites del mismo.

Es lo que se conoce con la expresión de falsus

porcurator.

Para estas situaciones, de abuso o extralimitación del

poder, el articulo 1259 CC señala que el contrato será nulo.

4.9. Límites al

ejercicio del derecho subjetivo.

El derecho no se puede ejercitar de cualquier manera. El

Ordenamiento jurídico atribuye un poder a las personas para la satisfacción de

sus intereses existen una serie de límites a su ejercicio. Se distinguen dos tipos de límites:

4.9.1. Límites

extrínsecos al ejercicio de los derechos subjetivos.

Existe colisión de derecho cuando varios derechos,

pertenecientes a distintas personas, recaen sobre el mismo objeto o tiene el

mismo contenido de tal forma que no es posible su ejercicio simultáneo (varias

hipotecas sobre la misma finca.).

En estos casos el Ordenamiento jurídico tiende a proteger al

derecho de mayor rango sacrificando al del menor. Si colisionan varios derechos

patrimoniales de igual categoría se entiende que prevalece el de mayor

antigüedad (prior tempore potior iure). Si todos son de igual rango y condición

se sacrificarán todos proporcionalmente.

También se producen limitaciones en las situaciones de

cotitularidad que se producen cuando el mismo derecho pertenece a varios

titulares al mismo tiempo.

4.9.2. Límites

intrínsicos al derecho subjetivo.

Los límites intrínsecos o genéricos son aplicables a todos

los derechos subjetivos e implican que éstos se ejerciten de acuerdo con unos

parámetros de conducta, en caso contrario su ejercicio se vuelve inadmisible.

En este sentido, se afirma que los derechos deben ejercitarse conforme a su

finalidad. Dichos límites vienen constituidos por la buena fe y la prohibición

del abuso del derecho.

4.9.2.1. La buena fe.

Es un concepto jurídico indeterminado y se define como un

modelo de conducta considerado socialmente honesto y adecuado de acuerdo con

las convicciones éticas que rigen una determinada comunidad.

La buena fe es un principio general que informa todo el

Ordenamiento jurídico. En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas

de la buena fe.

Nadie puede ir en contra de sus propios actos.

4.9.2.2. El abuso del

derecho.

La doctrina de abuso del derecho tiene sus antecedentes en

teoría de la prohibición de los actos de emulación. En virtud de la misma no es

admisible el ejercicio del derecho cuando se realiza sin utilidad propia y con

la intención exclusiva de perjudicar a otro.

La jurisprudencia señala como elementos integrantes del

abuso del derecho los siguientes:

a) Uso de un derecho, objetiva o externamente legal.

b) Daño a un interés no protegido por una específica

prerrogativa jurídica. El abuso del derecho requiere que se haya producido un

daño para un tercero. Sólo resulta aplicable cuando no hay una norma concreta

que proteja el daño causado.

c) Inmoralidad o antisocialidad del daño, manifestada en

forma subjetiva (cuando el derecho se actúa con la intención de perjudicar o

sin un fin serio o legítimo) o bajo forma objetiva (cuando el daño proviene del

exceso o anormalidad en el ejercicio).

El perjudicado puede solicitar la correspondiente

indemnización de daños y perjuicios y, en el supuesto de que la situación de

abuso persista en el tiempo puede solicitar la adopción de medidas, judiciales

o administrativas.

4.9.3 Los límites

temporales de los derechos subjetivos.

Con carácter general el titular del derecho dispone de un

tiempo razonablemente amplio para hacer uso del mismo. Esta situación no se

puede prolongar indefinidamente en el tiempo.

La seguridad jurídica aconseja establecer un límite temporal

para el ejercicio de los derechos de tal forma que si no se ejercitan durante

un determinado plazo legal se perderá la posibilidad de ponerlos en acción.

El CC regula la incidencia del paso del tiempo en los

derechos subjetivos a través de dos figuras diferentes la prescripción y la

caducidad.

4.9.3.1. La

prescripción.

4.9.3.1.1. Clases y

concepto.

Prescripción extintiva y prescripción adquisitiva. En ambas

el transcurso del tiempo produce consecuencias jurídicas.

-

la

prescripción extintiva -o simplemente prescripción- la inactividad del

derecho durante un determinado plazo de tiempo fijado por la ley produce su

extinción.

-

la

prescripción adquisitiva el transcurso del tiempo unido al uso del derecho

origina su adquisición. También se denomina usucapión.

Sus efectos como hemos dicho la extintiva produce la

extinción de derechos y la adquisitiva la adquisición. En cuanto a su ámbito la

adquisitiva se aplica sólo a los derechos reales. Es un modo de adquisición de

la propiedad. La prescripción extintiva afecta tanto a los derechos reales como

a los derechos de crédito.

4.9.3.1.2. Requisitos

de la prescripción.

Los presupuestos de la prescripción extintiva son:

a) Que

el derecho sea prescriptible. El primer requisito para que la prescripción

extinga el derecho es lógicamente que el mismo sea prescriptible. La regla que

señala qué derechos lo son la recoge el artículo 1930 CC, que dispone que por

la prescripción se extinguen todos los derechos y acciones de cualquier clase

que sean. A pesar de la generalidad del precepto la doctrina entiende que se

refiere a los derechos de naturaleza patrimonial.

b) Que

permanezca inactivo. La prescripción requiere que el derecho permanezca

inactivo durante el plazo establecido como límite máximo para su ejercicio. Puede

ocurrir que la falta de ejercicio se prolongue durante un tiempo pero que antes

de haber trascurrido el plazo total su titular lo ejercite nuevamente. En estos

casos se produce lo que se denomina interrupción de la prescripción. El efecto

fundamental de la interrupción de la prescripción es que el tiempo trascurrido

pierde validez para el cómputo del plazo de prescripción. (5 años).

Las causas de interrupción son las

siguientes: ejercicio judicial del derecho, ejercicio extrajudicial del derecho

y el reconocimiento del derecho.

c) Que

haya transcurrido el plazo de tiempo determinado por la ley. El CC establece

los plazos de prescripción en atención al derecho que se prescribe. Los

principales son:

1º)

Prescripción de acciones reales (son las que están dirigidas a la defensa de la

propiedad y demás derechos reales.

Los plazos de prescripción de dichas acciones son:

- Los derechos reales sobre bienes inmuebles prescriben a los 30 años

salvo la acción hipotecaria que se extingue a los 20 años-

-Los derechos reales sobre bienes muebles prescriben a los 6 años.

2º)

Para las acciones personales o derechos de créditos el plazo general de

prescripción es de 15 años.

3º)

Establecen plazos de prescripción más breves -5, 3 y 1 años. Entre ellas su

importancia el plazo de prescripción anual que rige las reclamaciones de los

daños y perjuicios que deriven de la responsabilidad civil extracontractual.

El cómputo de dichos plazos de prescripción

se inicia el día en que el derecho pudo ejercitarse, salvo que una disposición

especial dictamine otra cosa.

El artículo 1960 CC establece reglas para el cómputo de los

plazos:

a) El día en que comienza a contarse el tiempo de

prescripción se tiene por entero. Es decir, no se excluye.

b) El último día debe cumplirse en su totalidad.

c) por lo demás se aplica las reglas generales del artículo

5 CC.

d) El último requisito de la prescripción es que debe ser

alegada por el que se beneficia de la misma.

4.9.3.2. La

caducidad.

El Ordenamiento jurídico fija de antemano un plazo para el

ejercicio del derecho que no admite suspensión o interrupción. Transcurrido el

mismo ya no se podrá ejercitar.

La caducidad supone la extinción del derecho. Se diferencia

de la prescripción en que la caducidad opera automáticamente, por ministerio de

la ley, es aplicable de oficio y no es susceptible de interrupción. Los plazos

de caducidad son más breves que los de prescripción.

En el ámbito del Derecho privado son plazos de caducidad: el

de impugnación de la filiación (paternidad), el de ejercicio de la acción

rescisoria, el de la acción para la anulación de los contratos.