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PROCESOS JUDICIALES.

Proceso es un término cuyo origen es latino y significa avanzar hacia un fin determinado pero a través de sucesivos momentos. (Processus,

procedere). En sentido amplio equivale a juicio, causa o litigio, mientras que en una interpretación restringida implica al expediente, auto o legajo en

el que se registran los actos de un juicio, Puesto ya de manifiesto el sentido del término se puede continuar sosteniendo que la actividad judicial, en

sentido acotado al juez, supone una decisión final o pronunciamiento con el cual generalmente concluye, de manera ordinaria, el proceso.

Para llegar a tal instancia se aplica el principio de cognición, que significa el grado de

conocimiento que asume el juez frente a las distintas situaciones jurídicas que se

plantean en los procesos hasta emitir una declaración de voluntad de la ley. En esta

instancia final el juez mediante una operación intelectual, subsunción jurídica, compara

la descripción fáctica de la norma jurídica con una situación determinada y, en su caso,

ordena la consecuencia jurídica prevista en la norma.

Apliquemos los conceptos teóricos en una situación concreta. Se presenta

judicialmente un matrimonio, solicita un divorcio por mutuo consentimiento alegando

que ha sido imposible la convivencia común en los veinte meses de casados que

acreditan mediante libreta matrimonial. El juez examina la pretensión y la confronta con

la norma aplicable al caso, que en el supuesto establece un mínimo temporal de dos

años de matrimonio (veinticuatro meses). En el caso no se da que la situación fáctica

coincida con la descripción prevista por la norma y por tanto no se puede ordenar la

consecuencia jurídica que sería la disolución del vínculo matrimonial por mutuo

consentimiento, al no reunirse los requisitos de ley.

En lo que respecta a la cognición, siempre existe, pero el “grado de

conocimiento” judicial no siempre es idéntico ya que en algunos casos debe conocer

con plenitud la situación jurídica, mientras que en otros no es necesario ya que es

suficiente un conocimiento limitado, formal o superficial. Así, se presentan distintas

alternativas, el conocimiento pleno en el proceso de conocimiento o plenario; el

conocimiento formal, en los procesos ejecutivos; el conocimiento superficial, en los

interdictos o limitado para el supuesto de un proceso alimentario.

El juicio o proceso ordinario es el prototipo de los procesos de cognición y en el

mismo es donde opera con mayor despliegue el conocimiento judicial, aunque esto

afecta la celeridad de las causas. Dicho de otra manera en este tipo de proceso el análisis

de las pretensiones, las defensas y pruebas es exhaustivo.

Dice Carlo Carli (La demanda. p.7), que la sentencia que el juez dicta al final de

cualquier proceso debe necesariamente fundarse en un conocimiento que puede ser de

mayor o menor complejidad, pero que siempre reconocerá como presupuestos una

norma jurídica aplicable a una situación jurídica.

La clasificación de los procesos tiene que ver con distintos parámetros. Por una

parte hay distintos criterios doctrinarios, a lo que se añaden las modalidades adoptadas

por cada legislación. El resultado de tal panorama supone una materia donde existe de

manera indudable la diversidad.

En nuestro sistema existen básicamente los siguientes procesos: civil y

comercial, penal, laboral y administrativo, sin olvidar el procedimiento concursal.

El análisis que a continuación se realiza tiene como objeto al proceso civil y

básicamente, a efectos de la mejor comprensión del sistema se adopta la estructura del

Código Procesal Civil y Comercial local por las consecuencias prácticas que conlleva.

Planteado el ámbito de análisis se dice que el código fue dividido en siete libros,

agrupados en una parte general y otra especial. El primer libro, denominado

Disposiciones Generales, contiene cinco títulos que regulan: órgano judicial, partes,

actos procesales, contingencias generales y modos anormales de terminación del

El segundo libro abarca a los procesos de conocimiento y en tres títulos trata de

las disposiciones generales, del proceso ordinario, del sumario y del sumarísimo o

El tercero contempla los procesos de ejecución y bajo tres títulos abarca la

ejecución de sentencias, el juicio ejecutivo y las ejecuciones especiales.

El cuarto regula los procesos especiales, regulando en diez títulos, interdictos y

acciones posesorias, procesos de declaración de incapacidad y de inhabilitación,

alimentos y litis expensas, rendición de cuentas, mensura y deslinde, división de cosas

comunes, desalojo, acción de inconstitucionalidad y de nulidad, conflicto de poderes y

adquisición del dominio por usucapión.

El quinto relativo a los procesos universales, se ocupa en dos títulos del

concurso civil y del proceso sucesorio.

El sexto, destinado al proceso arbitral consta de tres títulos dedicados a la

reglamentación del juicio arbitral, del juicio de amigables componedores y del juicio

Por último, el séptimo denominado procesos voluntarios y disposiciones

transitorias, en dos títulos regula los contenidos ya mencionados.

Básicamente a partir del estudio del proceso de conocimiento ordinario (juicio

ordinario) se pueden perfilar los contornos teóricos de otros procesos como por ejemplo

el sumario o el sumarísimo y en consecuencia, otros procesos especiales (alimentos,

declaración de incapacidad) porque la ley en estos casos remite a los mencionados.

En lo que respecta a los procesos de declaración o de conocimiento o cognición

tienen por objeto una pretensión tendiente a que el órgano judicial, dilucide y declare,

mediante la aplicación de las normas pertinentes a los hechos planteados y,

eventualmente discutidos, el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre

En este sentido el efecto invariable y básico de los pronunciamientos para este

tipo de procesos es una declaración de certeza respecto de la existencia o inexistencia

del derecho reclamado por el actor, declaración que requiere por parte del juez, una

actividad cognoscitiva que evalúa los elementos de juicio incorporados por las partes

mediante sus alegaciones y pruebas. Esto que se traduce como incertidumbre jurídica

inicial del proceso se disipa mediante el contradictorio.

La sentencia que recae en este tipo de juicios tiene efectos de cosa juzgada

material, es decir que no puede ser revisada mediante otros procesos posteriores y su

ejecución en caso de no ser cumplida se tramita por otro tipo de proceso, que es la

El juicio sumario se plantea como idóneo para el conocimiento de cuestiones

relativamente poco complejas, sea por su menor cuantía o bien, por la índole del

derecho debatido que hacen obviables trámites complicados o de dilatada extensión

temporal. Este es el caso del pago por consignación, obligación de otorgar escritura

En el juicio sumarísimo se percibe una mayor limitación de las formas

procesales y su ámbito de aplicación se circunscribe a la sustanciación de trámites

Procesos de conocimiento y de ejecución. Análisis comparativo

En ambos casos quien demanda, actor, persigue que judicialmente se compruebe

el derecho que invoca, y su consiguiente satisfacción si la sentencia le es favorable ya

que inclusive cuenta con la posibilidad de auxilio de la fuerza pública para hacer

cumplir la condena contra el demandado.

También en ambos procesos cabe la posibilidad de una etapa previa a la

presentación de la demanda sean diligencias preliminares, en el juicio ordinario, o

preparación de la vía ejecutiva, en el juicio ejecutivo.

En cuanto a diferencias se puede establecer que en los procesos de conocimiento

se consagra ampliamente el principio de seguridad jurídica, mientras que en el ejecutivo

el de celeridad es que prima. Por otra parte, el objetivo perseguido, en el proceso de

conocimiento, es que el juez declare en la sentencia la procedencia de la pretensión del

demandante previa comprobación. Para el supuesto del proceso de ejecución se

persigue, en la mayoría de los casos, el rápido y expeditivo cobro de una suma de

dinero, líquida o fácilmente liquidable, en base a un título que trae aparejada ejecución.

En lo que respecta a las etapas, en ambos procesos se pueden distinguir las

siguientes: de constitución del proceso o introductiva, probatoria, decisoria y finalmente

impugnativa o de acceso a la segunda instancia. Debe distinguirse dentro de la etapa de

constitución en el proceso de conocimiento, que el principio predominante es el de

sustanciación, ello implica que la demanda escrita debe contener los hechos que la

originan, claramente explicados. En el proceso ejecutivo, en la misma etapa rige el

principio de individualización lo que significa que la ejecución se hace en virtud de un

acto o instrumento en las condiciones en las que se presenta, sin necesidad de otra

En el proceso ordinario, el demandado, antes de contestar la demanda, puede

oponer, en la contestación, todas las excepciones de previo y especial pronunciamiento

y, en la etapa probatoria, todas las pruebas de las que intente valerse. En el juicio

ejecutivo sólo cabe oponer excepciones, las que al ser abiertas a prueba permiten en

dicho proceso un conocimiento limitado.

En lo que respecta a medidas precautorias, en el proceso de conocimiento se

puede decretar embargo preventivo y en el juicio ejecutivo el juez puede disponer

embargo ejecutivo. En esta línea conviene distinguir tres tipos de embargo: el

preventivo, que se traba para que no resulte ilusoria una futura sentencia judicial, e

impide que el deudor, durante la tramitación de un pleito, se desprenda de bienes, y con

ello se torne insolvente. El embargo ejecutivo es el primer paso de la venta forzada de

un bien del deudor, que con esa medida queda sometida a la disposición del juez quien

establece, de acuerdo con las previsiones de ley las condiciones de la subasta. Procede

cuando el acreedor exhibe un título que trae aparejada ejecución, o cuenta con una

sentencia de condena a su favor. Por último, el embargo ejecutorio es el que resulta de

la circunstancia de no haberse opuesto excepciones al progreso de la ejecución o de

haber sido desestimadas por sentencia firme.

El proceso de conocimiento puede originarse en cualquier pretensión fundada en

ley, mientras que el de ejecución generalmente sólo sobre sumas de dinero líquidas o

fácilmente liquidables, cabe diferenciar el proceso de ejecución de sentencia el cual,

puede establecer condenas de dar, hacer o no hacer una cosa.

Con relación a la etapa probatoria es una de las más importantes, por su

amplitud, en el proceso de conocimiento lo que significa que pueden producirse todas

las pruebas previstas por la ley, a diferencia del juicio ejecutivo en el cual la producción

de prueba está limitada sólo a las excepciones y en general, a lo que está incorporado al

Finalmente, en lo que respecta a la sentencia se puede distinguir que el proceso

de conocimiento concluye con la sentencia definitiva, la que se dicta en la etapa

decisoria, la cual, una vez firme, hace cosa juzgada material. En el caso del juicio

ejecutivo, la sentencia tiene carácter de cosa juzgada formal. Aclarando el significado

de estos conceptos se establece que una sentencia que ya no puede ser objeto de recurso

alguno pero admite la posibilidad de modificarse o revisarse por procedimiento

posterior, hace cosa juzgada formal, mientras que existe cosa juzgada material o

sustancial cuando la sentencia no admite recurso contra ella ni puede ser modificable

por otro procedimiento posterior con lo que la resolución adquiere carácter definitivo.

Dentro del ámbito de la sentencia definitiva se agrega, con respecto a los

recursos, que en los procesos de conocimiento ordinario y sumario se puede apelar (lo

cual significa que la sentencia del juez de primera instancia es revisada por una cámara

de apelaciones en carácter de segunda instancia) el recurso se concede libre y con efecto

suspensivo. En el proceso sumarísimo, en cambio, el recurso de apelación se concede en

relación y con efecto devolutivo.

En los procesos ejecutivos el recurso contra la sentencia se concede en relación y

con efecto suspensivo, salvo excepciones.

¿Quién determina la clase de proceso?

El código de procedimiento establece con claridad un principio general, todas las

contiendas judiciales que no tienen señalada una tramitación especial serán sustanciadas

en juicio ordinario, pero se hace una excepción que existe cuando la propia norma

autoriza al secretario a determinar la clase de proceso aplicable.

A modo de principio se puede establecer que las partes carecen de la

disponibilidad de las formas procesales, o sea que es la ley que determina el tipo de

proceso para la situación y el actor debe ajustarse a tal mandato. En ciertas

circunstancias, legalmente determinadas, es el secretario quien detenta el poder-deber de

Ámbito de procedencia de los procesos ordinario, sumario y sumarísimo. ¿Cuándo

corresponde cada uno de ellos?

Procedencia del juicio ordinario.

De acuerdo a lo mencionado como principio general, el juicio ordinario es el

instrumento que corresponde aplicar a todas las cuestiones judiciales que no tuvieran

señalada, por ley, una tramitación especial. Esto marca la primacía del mismo y se

reafirma por ser el instituto regulador de los restantes procesos en carácter supletorio. Es

decir, que para todos los restantes procesos si la ley no marca una regulación específica

se aplican las reglas del juicio ordinario. Son ejemplos de sustanciación por proceso

ordinario las causas relativas a las cuestiones de estado de familia, entre ellas, la

nulidad, inexistencia o falta de efectos del matrimonio.

Procedencia del proceso sumario.

El artículo 320 del CPCC determina los supuestos de procedencia del mismo

tomando como elemento diferencial la cuantía pecuniaria o la naturaleza de la

pretensión. Es que el proceso sumario es de naturaleza plenaria pero acelerado o

abreviado. Ello significa que agota el debate del conflicto y la sentencia que le pone fin

tiene efectos de cosa juzgada material.

Se trata de un proceso de excepción que por la cantidad de contiendas judiciales

a las que se aplica hacen que se haya convertido en regla.

Ámbito de procedencia del proceso sumarísimo.

El proceso sumarísimo es un proceso de conocimiento pleno, en tanto agota el

tratamiento y decisión del conflicto, al igual que los anteriores desarrollados, la

diferencia fundamental estriba en la celeridad que se precisa. De tal modo los trámites

se reducen al mínimo indispensable. Aplicándose a reclamos de poca cuantía o máxima

sencillez, con rápida resolución y poco desarrollo de actividad jurisdiccional. En tal

sentido la regulación del artículo 321 del CPCC.

Medidas Cautelares. Principales aspectos.

Las medidas cautelares no presentan uniformidad conceptual ya que la opinión

de los doctrinarios, en este sentido es variada.

Se entiende por medida cautelar al proceso no autónomo que garantiza el buen

fin, o eficacia práctica del proceso. También ha sido definida como medio tendiente a

asegurar el cumplimiento de la resolución judicial interpuesta antes o después de la

demanda si la parte demuestra prima facie los siguientes extremos verosimilitud del

derecho, peligro en la demora y otorgamiento de contracautela.

Caracterización de las medidas cautelar es.

La incidencia del tiempo en el proceso, o sea la lentitud de su desarrollo hace

imprescindible contar con medidas preventivas que garanticen el resultado del proceso,

en tal sentido las cautelares operan como reaseguro de la sentencia tanto para quien las

solicita como para el órgano judicial.

Dentro del aspecto de la autonomía se dice que son accesorias, instrumentales y

complementarias del proceso principal, por garantizar el buen fin del mismo.

Las medidas precautorias se adecuan a la legislación sobre la materia y sus

requisitos formales varían según el objeto preservado, con lo cual se refuerza el carácter

de instrumentalidad y eficacia. Así se distinguen las medidas que tienden a asegurar el

resultado de la ejecución forzosa (como el embargo preventivo, inhibición general,

intervención judicial, anotación de litis), las que previenen situaciones de peligro sobre

bienes o personas (prohibición de innovar, exclusión del hogar, guarda, protección de

personas) y las que aseguran producción anticipada de prueba (declaración de testigo,

reconocimiento judicial, pedido de informes)

Básicamente estas medidas son:

● Provisionales o provisoras porque durante cualquier estado del proceso se

pueden modificar, denegar, acordar, revocar mediante vía de incidente.

● Aseguran la sentencia principal, pero no la sustituyen.

● Son accesorias, en tanto dependen del juicio principal. Si el mismo se extingue,

la precautoria también.

● Congruentes, en el sentido de guardar proporcionalidad con el juicio principal en

cuanto a su extensión. Se invocaría falta de congruencia para el supuesto de

pedir un embargo de $ 10.000, por una deuda de $5.000.

● Instrumental al juicio principal, es decir ligada al mismo por un nexo de

instrumentalidad, de manera tal que se levanta la medida cautelar si se rechaza la

demanda por sentencia definitiva o si quien la presentó (actor) desiste del juicio.

● Requisitos o presupuestos: a fin de obtener la medida es preciso elevar al órgano

judicial un escrito que contenga:

o mención del derecho a tutelar;

o invocar qué medida se solicita;

o citar la disposición legal en la que se sustenta la medida;

o cumplimiento de los requisitos previstos por la ley.

● Oportunidad: la oportunidad para deducir una medida cautelar es antes o

después de la demanda.

● Con respecto a las facultades del juez, éste pude disponer de las cautelares

otorgándolas tal como fueron solicitadas o limitarlas para evitar perjuicios de

acuerdo al derecho que se busque proteger. Siempre con conocimiento (traslado)

a la otra parte, es decir a la destinataria de la medida.

● Sobre el plazo de caducidad, las medidas cautelares tienen una vigencia de

treinta días hábiles antes de interponer la demanda, si ello no se hace, caen. Esto

en el caso de una medida previa al juicio principal. En el supuesto de que la

medida se trabe durante el juicio y se inscriba, tiene un plazo de cinco años se

cita como ejemplo el caso de inscripción del embargo de un automotor en el

respectivo registro con una periodo útil de cinco años desde que se registró.

Requisitos de las medidas cautelares.

Básicamente a fin de solicitar una medida cautelar es preciso acreditar,

verosimilitud del derecho, peligro en la demora y otorgar contracautela que funcionan

como condición de otorgamiento de la misma. Dentro de los requisitos objetivos (ser

refieren al requerimiento) se mencionan la verosimilitud del derecho y el peligro en la

demora, dentro de los subjetivos (recaen sobre el sujeto), la contracautela

1. Verosimilitud del derecho: la función jurisdiccional de cautela supone

conocimiento aunque limitado, superficial o focalizado a los hechos o

circunstancias que rodean al proceso. El conocimiento se da en grado de

apariencia, no es necesario que sea exhaustivo o de certeza absoluta, y lo que se

comprueba es que quien invoca la cautelar sea titular de un derecho serio,

legítimo, menoscabado por la contraparte. Esto tiene valor de hipótesis y se

verifica en la sentencia del juicio principal. Y es que el juez no debe perseguir la

certeza cuando otorga la cautelar, ya que tal certeza es producto de

verificaciones y deducciones que juegan armónicamente en otra etapa del juicio.

2. Peligro en la demora: se trata del temor justificado, de la falta de seguridad que

tiene la parte que la solicita. Ello se vincula con la insolvencia del demandado y

el tiempo prolongado que transcurre entre el pedido de la medida y la obtención

del la sentencia como resultado del proceso. Se trata de un riesgo cierto e

ineludible que debe tener el carácter de actual. Se deriva de los hechos

invocados por quien solicita la medida.

3. Contracautela. La misma equilibra a las partes en el proceso. Se trata de un

reaseguro que tiene el sujeto pasivo de la medida cautelar respecto de hipotéticos

daños por una precautoria sin derecho o abusiva. Su fundamento reside en

instituirse como reemplazo de la bilateralidad o controversia, asegurando al

actor un derecho no reconocido y al demandado la efectividad del eventual

resarcimiento. Conceptualmente consiste en la garantía que deben suministrar

quienes la soliciten con el objeto de asegurar la reparación de los daños que

aquellos puedan ocasionar al afectado en el supuesto de decretarse

indebidamente. Los requisitos que debe reunir la contracautela son:

Se otorga bajo responsabilidad del solicitante por los daños y perjuicios

que pudiera ocasionar y las costas del juicio.

o El secretario pide caución (garantía) real o personal según la

verosimilitud del derecho. Es importante recordar que hay tres clases de

caución: juratoria, es el juramento prestado por la parte solicitante o el

apoderado en su nombre; personal: prestada por un tercero y real cuando

se otorgan en garantía bienes libres de gravámenes o restricciones.

o Pueden ofrecer garantía (fianza personal) las instituciones bancarias,

personas con solvencia económica o los abogados.

o La oportunidad de prestar la contracautela es antes de solicitar la medida

cautelar bajo apercibimiento de cancelar el embargo.