Principios constitucionales del poder judicial

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3. La independencia del Poder Judicial

Evolución histórica:

El Antiguo Régimen

El Estado liberal

Los Estados totalitarios

Los Estados de Derecho contemporáneos

El autogobierno del Poder Judicial

La Constitución de 1978 supuso la creación de un auténtico Poder Judicial, la abolición del sistema bonapartista y la instauración del régimen de autogobierno de la Magistratura.

El CGPJ

Es el máximo órgano de autogobierno de nuestra Magistratura correspondiendole realizar la totalidad de actos administrativos referentes al ingreso, formación, promoción o ascenso y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados, así como la inspección de Juzgados y Tribunales.

Competencias: art 558 y ss. de la LOPJ

Composición: art. 122.3 CE El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Procedimiento vigente de 2013

Estructura;

Presidente

Vicepresidente

Pleno

Comisiones ( permanente, disciplinaria, asuntos económicos e igualdad)

Los órganos de gobierno interno de los Juzgados y Tribunales

La potestad de autogobierno de CGPJ se extiende a todo el territorio nacional pero eso no ha impedido al legislador apoderar a las salas de gobierno y demás órganos gubernativos ( Presidentes del TSJ y de AP, de salas de Justicia, Decanos y Juntas de Jueces) para ejercer facultades gubernativas no reservadas expresamente al CGPJ.

Las salas de Gobierno

Presidentes de Tribunales y Audiencias

Presidentes de Salas de Justicia y Jueces

Decanos y Juntas de Jueces y Magistrados

La inspección de los tribunales

Los actos del CGPJ

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4. La exclusividad de la jurisdicción

El principio de unidad jurisdiccional

Concepto y fundamento art 117.5 El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. No jurisdicciones especiales

Evolución histórica. El principio de unidad jurisdiccional tuvo las mayores agresiones tras la sublevación militar de 1936. El Tribunal de Orden Público, junto con la "jurisdicción militar", compartió la función de represión de los delitos políticos; la "jurisdicción eclesiástica" el derecho de familia. En el estado franquista se optó por la vía de extraer de la Jurisdicción determinadas materias con respecto a las cuales el Ejecutivo desconfiaba de la actuación imparcial de lo Tribunales. Con el advenimiento de la Monarquía parlamentaria afortunadamente se produce una política legislativa de signo inverso, tendente a la abolición de las jurisdicciones especiales.

Régimen jurídico vigente. Art.3. 1. de la LOPJ La jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados y Tribunales previstos en esta Ley, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros órganos. Estos son los tribunales consuetudinarios y tradicionales (art. 125 CE), el Tribunal de cuentas (art. 136) y el Tribunal Constitucional (art. 159 y ss)

La jurisdicción militar. Concepto y fundamento; naturaleza y régimen vigente

El monopolio de la jurisdicción

El monopolio jurisdiccional, se atribuye en nuestra Constitución a los Juzgados y Tribunales establecidos por las leyes (art. 117.3) y a tenor del cual, el art. 2.1 de la LOPJ proclama "el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan".

Se encuentra fundado en la prohibición que tienen los particulares de acudir a la "autodefensa" como medio para solucionar conflictos, y las coacciones contra las personas, de tal modo que no pueden los ciudadanos "tomarse la justicia por su mano", debiendo acudir a la tutela judicial.

A este principio de exclusividad (monopolio) no se opone la posibilidad de que determinados conflictos intersubjetivos puedan solucionarse extramuros de la Jurisdicción a través del arbitraje. Se encuentra fundado en el principio dispositivo (poder de disposición) que tienen los ciudadanos sobre determinados derechos subjetivos o relaciones jurídicas.

Viene regulado por la Ley de Arbitraje de 2003, la cual exige que "recaiga sobre materias de su libre disposición conforme a Derecho".

La legitimación estriba en la previa suscripción por las partes de un convenio arbitral, por el que someten al arbitro los litigios que pudieran surgir.

Los árbitros ostentan la potestad de juzgar, pero no la de hacer ejecutar lo juzgado. Sus decisiones definitivas, llamadas "laudos arbitrales", equivalen a una Sentencia. La parte interesada puede instar su ejecución ante el Juez de 1ª Instancia de la demarcación en donde se dictó el laudo, a través del procedimiento de ejecución de Sentencias.

La atribución de la potestad jurisdiccional a Juzgados y Tribunales.Dicho monopolio consiste en "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", lo que significa que ha de ser, tanto en la fase declarativa, como en la ejecutiva.

En la fase declarativa Se establece que todos los litigios y conflictos sociales, que surjan, han de ser solucionados por el Juez legal, predeterminado por la Ley, conforme al principio de legalidad procesal.

En la fase de ejecución Se encuentra implícito en la exigencia de que la tutela de los derechos e intereses legítimos se "efectiva". La resistencia a la ejecución del fallo permitirá al acreedor ejercitar el oportuno recurso de amparo.

Todos los ciudadanos y demás Poderes del Estado quedan obligados a cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes, y a prestar la colaboración en la ejecución de lo resuelto.

Con todo, todavía permanecen privilegios difícilmente justificables, tales como la expropiación de derechos reconocidos en la Sentencia, la novación y el aplazamiento del fallo.

La autotutela administrativa y la potestad sancionadora

Funciones no jurisdiccionales atribuidas por la ley a Juzgados y Tribunales

El Registro Civil

La investigación penal

La jurisdicción voluntaria

Otras funciones

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5. La independencia de jueces y magistrados

La independencia de jueces y magistradosArt. 117.1 de la CE, " La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley".

Este artículo representa las notas esenciales con que el texto fundamental ha querido identificar al juez frente a los demás servidores públicos. Establece un conjunto de requisitos básicos que atribuye como propios a los jueces y magistrados. Se trata de los pilares esenciales del estatuto judicial, que deben seguir a los jueces y magistrados en todo momento en que estén ejerciendo la potestad jurisdiccional.

La independencia del juez no es más, pero tampoco menos, que la libertad para el enjuiciamiento, teniendo como único referente el sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Frente a otros poderes del Estado

Frente a la sociedad

Respecto a las partes procesales y del objeto litigioso

La abstención

La recusación

Frente a sus superiores y órganos de gobierno

La responsabilidad personal de jueces y tribunales

Responsabilidad penal

Responsabilidad disciplinaria

La sumisión del juez a la Ley

El juez constitucional puede ser independiente porque se encuentra sometido a la ley. Esta sumisión a la ley, y sólo a ella, es el referente necesario para preservar escrupulosamente la independencia judicial. El juez ha de estar sometido al resto del derecho positivo, al conjunto del ordenamiento jurídico, por encima y con independencia de la función complementadora de éste que la jurisprudencia, desde luego, está llamada a desempeñar. La sumisión a la ley opera en una doble dirección: de un lado como un poderoso mecanismo para preservar el principio de igualdad de todos los ciudadanos que demandan una respuesta judicial a un mismo problema; de otro lado, el sometimiento al ordenamiento jurídico ha de funcionar como un factor de fijeza y certidumbre o, al menos, de previsibilidad de las resoluciones judiciales. El juez, su independencia conoce unos límites o un marco donde puede desenvolverse, el ordenamiento jurídico. No obstante, no supone crear un juez sin criterio político o sin ideología.

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6. El derecho al juez legal

Concepto y regulación

Notas esenciales