Simulacro 3

1. 1El artículo 3 de la Ley 1/2016 de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno en cuanto al ámbito subjetivo de aplicación de la ley dispone que las disposiciones de este título serán de aplicación:

   1. AA todas las demás entidades, agencias o entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas en los apartados anteriores, que fueron creadas específicamente para satisfacer necesidades de interese general que tengan un carácter industrial o comercial, siempre que un o varios sujetos de los indicados en los apartados anteriores financian mayoritariamente su actividad, controlan su gestión o nombran más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, gestión o supervisión.
   2. BAl Parlamento de Galicia, el Consejo Consultivo, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Cuentas, el Consejo Económico y Social, el Consejo Gallego de Relaciones Laborales y el Consejo de la Cultura Galega en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo, excepto en lo que respecta a sus actos en materia de personal y contratación.
   3. CA las corporaciones de derecho público que desarrollen su actividad exclusivamente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con sus actividades sujetas al derecho administrativo.
   4. DAl sector público autonómico, integrado, de conformidad con la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración General y del sector público autonómico de Galicia, por la Administración general y el sector público estatal, por la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia y las entidades instrumentales de su sector público.
2. 2Según el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, la obligación de suministrar información a la Administración para el cumplimiento de sus obligaciones previstas en esta ley se extenderá a:

   1. AA las personas jurídicas adjudicatarias de contratos, pero a las personas físicas solo en los casos en que la cuantía del contrato supere los 60.000 euros.
   2. BA las personas jurídicas beneficiarias de subvenciones, pero a las personas físicas solo en los casos en que la cuantía de la subvención supere los 60.000 euros.
   3. CA todas las personas físicas o jurídicas adjudicatarias de contratos y beneficiarias de subvenciones.
   4. DNi a las personas jurídicas ni a las personas físicas, e independientemente de que sean adjudicatarias de contratos o beneficiarias de subvenciones.
3. 3De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno de Galicia, en relación con la información específica sobre subvenciones, señale la opción correcta:

   1. ALas aportaciones monetarias que realice la Comunidad Autónoma de Galicia a favor de las entidades locales se consideran incluidas en las obligaciones de publicidad activa reguladas en este artículo, siempre y cuando no estén destinadas a financiar de manera global la actividad del ente local destinatario.
   2. BLa exclusión de la publicación de los datos de las personas beneficiarias por razones de protección de su honor o intimidad personal se aplicará únicamente en caso de que estas personas lo soliciten expresamente por escrito ante el órgano concedente de la subvención.
   3. CLos datos de subvenciones protegidos por el secreto comercial o industrial podrán excluirse de la publicidad de forma directa por decisión discrecional del órgano gestor, sin que se requiera la emisión de un informe motivado previo.
   4. DEl catálogo completo de obligaciones de publicidad activa sobre ayudas y subvenciones contenido en este artículo vincula a todos los sujetos del artículo 3.1, incluyendo sin distinción a las corporaciones de derecho público en toda su actividad privada y de giro ordinario.
4. 4De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno de Galicia, en relación con la ampliación de las obligaciones de publicidad activa, señale la opción CORRECTA:

   1. AEl deber de fomentar la difusión de información pública de interés que no esté estrictamente detallada en el catálogo de publicidad activa recae en exclusiva sobre el sector público autonómico (artículo 3.1.a), quedando exentos de esta obligación de fomento los partidos políticos, organizaciones sindicales y entidades privadas perceptoras de fondos públicos.
   2. BLos sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley fomentarán la difusión de cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía, extendiéndose este mandato tanto a las administraciones y órganos del artículo 3.1 como a los sujetos privados obligados del artículo 3.2.
   3. CToda información pública adicional que se difunda al amparo del artículo 20 requerirá, con carácter previo y preceptivo, una resolución favorable de la Comisión de la Transparencia que determine que su divulgación no compromete los límites del derecho de acceso.
   4. DEl incumplimiento del deber de fomento de información de interés del artículo 20 facultará a la ciudadanía para interponer la reclamación sustitutiva ante el Valedor del Pueblo, exigiéndole la publicación forzosa de la información omitida.
5. 5Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, el Comisionado de la Transparencia:

   1. APrestará la colaboración necesaria al Valedor do Pobo para el correcto desarrollo de sus funciones.
   2. BRemitirá al Valedor do Pobo el informe de la Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación.
   3. CEs un órgano colegiado independiente adscrito al Valedor do Pobo.
   4. DEjerce la función, entre otras, de adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones legales en materia de transparencia y buen gobierno, oída la Comisión de la Transparencia.
6. 6El artículo 42.2 de la Ley 1/2016 de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno en cuanto a la compatibilidad con actividades privadas, siempre que con su desarrollo no comprometa la imparcialidad o independencia de sus funciones públicos, indica en su apartado segundo que la persona interesada en la realización de dichas actividades, salvo en el supuesto establecido en el apartado 1.a) del artículo,

   1. Alo comunicará al Consejo de la Xunta de Galicia con carácter previo.
   2. Blo comunicará a la Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas con carácter previo.
   3. Clo comunicará a la Dirección General de la Función Pública con carácter previo.
   4. Dno es necesario que haga tal comunicación con carácter previo a ninguna entidad.
7. 7De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno de Galicia, en relación con el deber de abstención de las personas que ocupen altos cargos, señale la opción CORRECTA:

   1. ALa abstención se realizará por escrito para su adecuada expresión y constancia, notificándose a la persona superior inmediata o, en su defecto, al órgano que efectuó el nombramiento, debiendo ser comunicada además en el plazo máximo de un mes al Registro de Actividades de Altos Cargos.
   2. BEn caso de que un alto cargo intervenga en un procedimiento administrativo concurriendo en él alguna de las causas de abstención, dicha omisión determinará de forma automática y en todo caso la invalidez absoluta del acto administrativo en el que hubiese participado.
   3. CCuando la abstención se produzca en el seno de un órgano colegiado, bastará con que conste e incorpore al acta elaborada por la secretaría del órgano, quedando el alto cargo exento del deber de comunicar dicha abstención al Registro de Actividades de Altos Cargos.
   4. DEl alto cargo que albergue dudas sobre la procedencia de su abstención en un asunto concreto deberá elevar de forma preceptiva una consulta ante el Valedor do Pobo, quien resolverá con carácter vinculante previo informe de la Comisión de la Transparencia.
8. 8El artículo 45 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, establece un régimen riguroso de limitaciones al ejercicio de actividades posteriores al cese para aquellas personas que hayan ocupado altos cargos en la Administración autonómica. El objetivo principal de este precepto es evitar los conflictos de intereses y garantizar que el paso al sector privado o el reingreso a la función pública no suponga un menoscabo para la imparcialidad y la integridad de las instituciones públicas gallegas. Atendiendo a la regulación detallada de los plazos, las excepciones permitidas, la firma de contratos y las obligaciones de comunicación previa ante los órganos de control competentes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones referidas a estas limitaciones post-cese es totalmente INCORRECTA según la ley?

   1. ADurante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos tienen prohibido realizar actividades o prestar servicios en entidades privadas que estén relacionadas con expedientes sobre los cuales hubiesen dictado resolución en el ejercicio de su cargo, debiendo efectuar una declaración previa ante la Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas sobre las actividades que vayan a realizar.
   2. BQuedarán exceptuadas de las limitaciones de la ley, de manera absoluta y sin ningún tipo de condición vinculante, aquellas personas que se reincorporen a las mismas entidades privadas en las que ya hubiesen ejercido con anterioridad a ocupar el puesto de alto cargo, permitiéndoseles adoptar decisiones que afecten a las competencias del cargo público desempeñado para garantizar su derecho al trabajo.
   3. CDurante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán firmar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con la Administración pública en la que prestaron servicios, ya sea por sí mismos o a través de entidades participadas directa o indirectamente en más del diez por ciento, siempre que guarden relación directa con sus antiguas funciones.
   4. DAquellos ex altos cargos que reingresen en la función pública y tengan concedida la correspondiente compatibilidad para prestar servicios retribuidos de cualquier naturaleza a personas físicas o jurídicas de carácter privado, deberán abstenerse imperativamente en todas aquellas actuaciones privadas que guarden relación directa con las competencias del cargo que ejercieron, durante los dos años posteriores a su cese.
9. 9Según el artículo 6 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se realizará de acuerdo con el principio de:

   1. AIndependencia en la toma de decisiones.
   2. BLibertad en la toma de decisiones.
   3. CIgualdad en la toma de decisiones.
   4. DNo discriminación en la toma de decisiones.
10. 10De acuerdo con el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación establecerán medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones y para compensar desventajas o dificultades. Entre otros aspectos, se incluirán disposiciones sobre:

    1. ACondiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en los procedimientos de acceso a la Función Pública.
    2. BLa adopción de normas específicas que estimulen la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación de las personas con discapacidad en los procedimientos de cobertura de puestos de trabajo de la Función Pública.
    3. CLa adopción de normas internas en las empresas o centros que promuevan y estimulen la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las personas con discapacidad.
    4. DTodas las respuestas anteriores son correctas.

11. 11Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, previa audiencia de los sectores interesados y de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, el Gobierno establecerá un sistema arbitral que atienda y resuelva las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación. Señale la afirmación correcta:

    1. ATendrá carácter no vinculante, sin perjuicio de la protección administrativa y judicial que en cada caso proceda.
    2. BLos órganos de arbitraje estarán integrados por representantes de los sectores interesados, de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y de los juzgados de familia.
    3. CEl sometimiento de las partes al sistema arbitral será voluntario y deberá constar expresamente por escrito.
    4. DEl Observatorio Estatal de la Discapacidad se configura como órgano superior de arbitraje en materia de discapacidad.
12. 12De conformidad con el artículo 11 de la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, que define y diferencia las formas complejas de discriminación, señale la proposición jurídicamente exacta:

    1. ASe produce discriminación sexista interseccional cuando una persona es discriminada de manera simultánea o consecutiva por razón de sexo y por otra u otras causas de discriminación.
    2. BSe produce discriminación sexista múltiple cuando, junto al sexo, concurren o interactúan otra u otras causas de discriminación, generando una forma específica y agravada de discriminación.
    3. CSe produce discriminación sexista múltiple cuando una persona es discriminada de manera exclusivamente simultánea por razón de sexo y por otra u otras causas de discriminación.
    4. DSe produce discriminación sexista interseccional cuando, junto al sexo, concurren o interactúan otra u otras causas de discriminación, generando una forma específica de discriminación.
13. 13Conforme al artículo 27 de la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia, ¿bajo qué condiciones la Administración puede incumplir las obligaciones relativas a la integración de la perspectiva de género en la actividad estadística?

    1. ASi el Instituto Gallego de Estadística determina que la inclusión de nuevas variables supone un coste presupuestario inasumible.
    2. BÚnicamente en aquellos estudios técnicos cuya naturaleza sea estrictamente económica o financiera y no social.
    3. CSolo excepcionalmente y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente.
    4. DCuando el tamaño de la muestra sea inferior a mil individuos, imposibilitando la desagregación por la variable sexo.
14. 14De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, relativo a la erradicación de la pobreza y perspectiva de género, ¿sobre qué colectivo se establece expresamente que la pobreza tiene un impacto importante que debe ser tenido en cuenta al diseñar y aplicar medidas contra la pobreza y la aporofobia?

    1. ASobre las familias monomarentales y monoparentales en situación de exclusión social.
    2. BSobre las mujeres con discapacidad y las mujeres de etnias minoritarias.
    3. CSobre las mujeres, en particular sobre las mujeres mayores.
    4. DSobre las mujeres que residen en zonas rurales y costeras no urbanas.
15. 15De conformidad con el artículo 83 de la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia, ¿cuál es el enfoque establecido por la Administración autonómica en su lucha contra el tráfico de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual?

    1. AUna intervención penal y sancionadora que permita la persecución del delito y la reparación económica de las víctimas a través de los centros de información a la mujer.
    2. BUna intervención integral que permita la prevención de las situaciones de explotación y la detección, atención y, en su caso, integración de las mujeres víctimas.
    3. CUna política de coordinación interinstitucional estricta que consistirá en remitir de oficio lo investigado a la Fiscalía o a la autoridad judicial en cuanto se detecten víctimas.
    4. DLa realización periódica de campañas informativas y de sensibilización que refuercen los servicios sanitarios y sociales dirigidos a las mujeres prostituidas.
16. 16¿Quiénes ostentan un derecho preferente absoluto, en concurrencia con otras personas, para acceder al teletrabajo?

    1. AEl personal con residencia fijada en municipios rurales de alta dispersión geográfica
    2. BLos funcionarios de carrera del grupo A1 con necesidades de conciliación acreditadas
    3. CLas víctimas de violencia de género, sin límite temporal, y las trabajadoras embarazadas, en parto reciente o en lactancia natural, mientras duren dichas situaciones y hasta que el menor cumpla los 3 años.
    4. DEl personal con más de veinte años de servicios efectivos continuados en la Administración autonómica
17. 17En relación con la configuración del Observatorio de las Mujeres Rurales y del Mar, regulado en el artículo 179 de la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia, ¿qué exigencia específica establece la normativa respecto a su composición de género?

    1. ASe aplicará estrictamente el principio general de presencia o composición equilibrada, de forma que las personas de cada sexo no superen el 60 por ciento ni sean menos del 40 por ciento del total de miembros.
    2. BLa mitad, al menos, de los miembros del Observatorio serán mujeres.
    3. CLa composición procurará la paridad de género de forma global, exigiéndose en todo caso que el cien por cien de las vocalías en representación de las organizaciones profesionales agrarias y pesqueras recaigan en mujeres.
    4. DSe exigirá una representación mínima del 40 por ciento de mujeres, debiendo la Presidencia, de carácter rotatorio, recaer siempre en una de las mujeres expertas de reconocido prestigio designadas por las consejerías.
18. 18De conformidad con el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, no serán objeto de recurso:

    1. AEl anuncio de licitación.
    2. BEl acuerdo de inicio del procedimiento.
    3. CEl pliego de las cláusulas administrativas particulares.
    4. DEl acuerdo de adjudicación
19. 19De conformidad con el artículo 45 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, analice detalladamente las siguientes opciones sobre el nombramiento, mandato y causas de remoción del Presidente y los Vocales del Tribunal, e indique la afirmación rigurosamente correcta:

    1. ALa designación del Presidente y los Vocales de este Tribunal se realizará por el Gobierno a propuesta exclusiva del Ministro de Hacienda y Función Pública. Los designados tendrán carácter independiente e inamovible, y la duración de su nombramiento será de seis años, no pudiendo prorrogarse, pasando durante la prestación de sus servicios a la situación de excedencia voluntaria.
    2. BLa designación del Presidente y los Vocales de este Tribunal se realizará por el Gobierno a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y Función Pública y del Ministro de Justicia. La duración del nombramiento efectuado de conformidad con este apartado será de seis años y no podrá prorrogarse. Durante el tiempo en que se hallen prestando servicio en el Tribunal, tanto el Presidente como los Vocales pasarán a la situación de Servicios Especiales dentro de su cuerpo de origen.
    3. CLa designación del Presidente y los Vocales de este Tribunal se realizará por el Gobierno a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y Función Pública y del Ministro de Justicia. La duración del nombramiento será de seis años y podrá prorrogarse por un único mandato de igual duración, pasando tanto el Presidente como los Vocales a la situación de Servicios Especiales dentro de su cuerpo de origen.
    4. DLa designación del Presidente y los Vocales de este Tribunal se realizará por el Gobierno a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y Función Pública y del Ministro de Justicia. Los designados tendrán carácter independiente e inamovible, pudiendo ser removidos, entre otras causas, por la pérdida de la nacionalidad española o el incumplimiento grave de sus obligaciones, acordándose dicha remoción por el Gobierno sin necesidad de previo expediente en casos de especial gravedad.
20. 20Según establece el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados necesitarán autorización del Consejo de Ministros, en el caso de los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de poder adjudicador:

    1. ACuando el importe del gasto que se derive del encargo, sea superior a 6 millones de euros.
    2. BCuando el importe del gasto que se derive del encargo, sea igual o superior a doce millones de euros.
    3. CCuando las modificaciones de encargos autorizados por el Consejo de Ministros sean iguales o superiores al 20 % del importe del encargo.
    4. DCuando el importe del gasto que se derive del encargo, sea superior a tres millones de euros.
21. 21Según el Artículo 54 . Las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos competentes para la resolución de los recursos, los órganos de contratación y los interesados en el procedimiento:

    1. ASe harán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado.
    2. BSe harán por medios electrónicos.
    3. CSe harán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado pudiendo utilizarse medios electrónicos
    4. DSe harán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado debiendo utilizarse medios electrónicos
22. 22Interpuesto el recurso especial en materia de contratación, el órgano competente para su resolución lo notificará al órgano de contratación con remisión de la copia del escrito de interposición y reclamará el expediente de contratación a la entidad, órgano o servicio que lo hubiese tramitado, que deberá remitirlo dentro de los…

    1. ADos días hábiles siguientes.
    2. BTres días naturales siguientes.
    3. CTres días hábiles siguientes.
    4. DCinco días hábiles siguientes.
23. 23En caso de que el órgano competente aprecie temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la misma. El importe de la multa será de (art. 58 LCSP)

    1. Aentre 2.000 y 30.000 euros
    2. Bentre 600 y 20.000 euros
    3. Centre 1.000 y 30.000 euros
    4. Dentre 2.000 y 20.000 euros
24. 24Contra la resolución dictada en la resolución del recurso especial (art. 59 LCSP)

    1. Asolo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo
    2. Bcabrán los recursos previstos en la legislación administrativa
    3. Ccabrá recurso de reposición
    4. Dcabrá recurso extraordinario de revisión
25. 25De conformidad con el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que regula minuciosamente el contenido y obligaciones de publicación en el perfil de contratante, analice las siguientes afirmaciones respecto a la publicidad de los contratos menores y señale la proposición jurídicamente exacta:

    1. ALa publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario. Quedan exceptuados de la publicación aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado fuera el de anticipo de caja fija.
    2. BLa publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. Quedan exceptuados de la publicación aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a tres mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar.
    3. CLa publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. Quedan exceptuados de la publicación aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores.
    4. DLa publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario. Quedan exceptuados de la publicación aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera mediante transferencia bancaria ordinaria para realizar pagos menores.
26. 26Los órganos de contratación difundirán su perfil de contratante:

    1. AA través de la prensa nacional.
    2. BA través de sus tablones de anuncios.
    3. CA través de internet, exclusivamente.
    4. DA través de los Boletines Oficiales.
27. 27Según el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos Según el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:

    1. ANo cumplir el requisito de que al menos el 3 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad en el caso de empresas de más de 50 trabajadores
    2. BHaber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave o muy grave en materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, cuando se acuerde la prohibición en los términos previstos en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
    3. CEn el caso de empresas de 250 o más trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.
    4. DHaber sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad o por infracción grave en materia medioambiental.
28. 28La competencia para fijar la duración y alcance de la prohibición de contratar en el caso de haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos de terrorismo (cuando no figure en la correspondiente sentencia o resolución), la tiene:

    1. AEl Consejo de Ministros.
    2. BEl Ministro de Hacienda y Función Pública.
    3. CEl Órgano de Contratación.
    4. DLa Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.
29. 29Según el artículo 73 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la inscripción de la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores correspondiente:

    1. ACaducará, en los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, en el plazo previsto en la misma, debiendo procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo.
    2. BEn defecto de previsión, esa duración no podrá exceder de cinco años desde la fecha de la condena por sentencia firme, debiendo procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo.
    3. CCaducará, en el resto de los supuestos, en un plazo que no podrá exceder de tres años, debiendo procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo.
    4. DCaducará pasados 3 meses desde que termine su duración, debiendo procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo.
30. 30Según lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que regula los criterios aplicables y condiciones para la clasificación de las empresas:

    1. ALa clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia, valorada conforme a los criterios reglamentariamente establecidos de entre los recogidos en los artículos 87, 88 y 90, y determinará los contratos a cuya adjudicación puedan concurrir u optar por razón de su objeto y de su cuantía. A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, en función de su cuantía, y dentro de éstos por categorías, por su peculiar naturaleza
    2. BLa expresión de la cuantía se efectuará por referencia al precio del contrato, cuando la duración de este sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor estimado del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior
    3. CEn aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el grupo genérico correspondiente.
    4. DNinguna de las respuestas anteriores es correcta.
31. 31La prueba por parte de los empresarios de no estar incurso en prohibiciones para contratar podrá realizarse (art. 85):

    1. AÚnicamente por testimonio judicial.
    2. BSiempre por declaración responsable.
    3. CÚnicamente por testimonio judicial o certificación administrativa.
    4. DPor testimonio judicial o certificación administrativa y, cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, por declaración responsable.
32. 32La solvencia económica y financiera y técnica o profesional para un contrato se acreditará (art. 86 LCSP)

    1. Amediante la aportación de los documentos que se determinen por el órgano de contratación
    2. Bmediante la aportación de los documentos reglamentariamente establecidos
    3. Cmediante la aportación de los documentos legalmente establecidos
    4. Dninguna es correcta
33. 33Atendiendo a la estricta literalidad del artículo 94 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, relativo a la acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental como medio para demostrar la solvencia técnica o profesional, indique cuál de las siguientes opciones es la correcta:

    1. AEn los contratos no sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de contratación exijan como medio para acreditar la solvencia técnica o profesional la presentación de certificados expedidos por organismos independientes que acrediten que el licitador cumple determinadas normas de gestión medioambiental, harán referencia al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la Unión Europea.
    2. BEn los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de contratación exijan como medio para acreditar la solvencia técnica o profesional la presentación de certificados expedidos por organismos dependientes de la Administración Pública que acrediten que el licitador cumple determinadas normas de gestión medioambiental, harán referencia al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
    3. CEn los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de contratación exijan la presentación de certificados expedidos por organismos independientes, harán referencia al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) o a otras normas basadas en las normas europeas. Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes de cualquier Estado miembro, pero en ningún caso aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental aportadas por el licitador.
    4. DEn los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos de contratación exijan la presentación de certificados expedidos por organismos independientes, harán referencia al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) de la Unión Europea, o a otros sistemas reconocidos. Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que presente el licitador.
34. 34La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, se acreditará según el art. 84 LCSP: (Examen Oficial A1 a Coruña 2022)

    1. ALa de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará con el informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
    2. BLos empresarios que fueren personas jurídicas se acreditarán mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate
    3. CLa de los empresarios no españoles ni nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la acreditará con el informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique la actividad principal de la empresa.
    4. DLos empresarios que fueren personas jurídicas se acreditarán mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de solvencia que posea la persona jurídica de que se trate.
35. 35En los supuestos de sucesión del contratista regulados art. 98 LCSP: (Examen Oficial A1 a Coruña 2022)

    1. AEn los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen subsidiariamente con aquellas de la ejecución del contrato.
    2. BEn los supuestos de sucesión del contratista, si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como unos supuestos de resolución por mutuo acuerdo.
    3. CSi como consecuencia de las operaciones mercantiles de sucesión del contratista a las que se refiere el párrafo primero de dicho artículo se le atribuyera el contrato a una entidad distinta, la garantía definitiva podrá ser, a criterio de la entidad otorgante de la misma, renovada o reemplazada por una nueva garantía que se suscriba por la nueva entidad teniéndose en cuenta las especiales características del riesgo que constituya esta última entidad.
    4. DCuando el contratista inicial sea una unión temporal de empresas, se estará a lo establecido en el artículo 69.
36. 36En relación con la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, el artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que a estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos:

    1. ACualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación, en un plazo de dos años desde su intervención en la licitación.
    2. BCualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación, en un plazo de tres años desde su intervención en la licitación.
    3. CCualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación, en un plazo de cuatro años desde su intervención en la licitación.
    4. DNinguna de las respuestas anteriores es correcta.
37. 37El Parlamento de Galicia, respecto a su actividad sujeta a derecho administrativo, ¿está incluido en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 1/2016 de transparencia?

    1. ANo, al tratarse de un poder legislativo con autonomía presupuestaria propia.
    2. BSí, queda plenamente sometido en sus actividades de gestión administrativa.
    3. CSolo en lo referente a la publicación de leyes aprobadas.
    4. DSí, pero únicamente si el Valedor do Pobo lo solicita expresamente.
38. 38Durante el estado "en funciones", el Gobierno de la Xunta tiene limitada su gestión según la Ley 1/2016. ¿Qué actuación le está prohibida?

    1. AEl cese de altos cargos por razones disciplinarias.
    2. BEl despacho ordinario de los asuntos que no admitan demora.
    3. CLa aprobación y remisión al Parlamento de Proyectos de Ley.
    4. DLa gestión de situaciones de emergencia sanitaria declaradas.
39. 39El contrato de suministros por 120.000€ celebrado por el SERGAS es un contrato:

    1. APrivado, por razón de su cuantía.
    2. BAdministrativo, por ser un contrato típico celebrado por una Administración Pública.
    3. CExcluido de la LCSP según el artículo 6.
    4. DDe servicios, debido a la instalación del software.
40. 40El recurso especial en materia de contratación es procedente en este suministro de 120.000 € porque:

    1. ASupera el umbral de 100.000 € fijado para contratos de suministros.
    2. BSupera los 15.000 € de los contratos menores.
    3. CEs un contrato sujeto a regulación armonizada.
    4. DNo es procedente, solo cabe recurso de alzada.

Descripción

Test sobre Simulacro 3, creado por Laura García Guzmán el 13/09/2026.

Autor

Laura García Guzmán

Idioma

Español

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