Sentencia t 406 derechos

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• Sentencia T-406 de 1992

• Empresas publicas de cartagena empieza la construcción de un servicio de alcantarillado y llevado un año decide ponerlo en funcionamiento sin haberlo terminado lo cual ocasiona desbordamiento de aguas negras y por ende perjuicios al medio ambiente y la comunidad.

• Se presente un problema debido a que se esta intentado defender un derecho colectivo por medio de accion de tutela

• Consideraciones

• Estado social de derecho

• Principios

• Valores

• Nos dicen que es la justicia

• Se materializan a a travez de las leyes

• Catalogo  axiológico

• NInguna norma puede estar encontra de estos

• Base axiologica-juridica del sistema normativo

• Normas de caracter general

• Humanos

• Fundamentales

• Se diferencia del estado de derecho por

• Derechos 

• Mayor preocupación por la justicia material

• Se busca garantizar los derechos mas allá de el poder del legislativo

• Colectivos

• Civiles y politicos

• Sociales E y C

• Emanados dierectamente de los principios

• Aplicación directa del texto constitucional

• Contenido esencial

• Inherentes al ser humano

• Creados para proteger la esencia del ser humano

• Garantias exclusivas de un individuos

• Producto de las revoluciones burguesas

• Se necesita voluntad del gobernante y erogación para materializarce economica

• Corresponden al ser humano como grupo

• Pertenecen a todos pero nadie puede adjudicarselos

• Se defienden por acciones populares

• Decisión 

• Primero

• Cuarto

• Tercero

• Segundo

• Revocar la providencia del tribunal contencioso administrativo de Bolivar del 12 de febrero de 1992

• En todos los casos similares a este  o en sus circunstancias, la doctrina constitucional plasmada en esta sentencia es de carácter obligatorio en los términos del articulo 33 del decreto 2591 de 1991

• Ordenar a las empresas publicas de cartagena la terminacion de la construccion, mientras tanto tomar mediadas encaminadas a la cesacion de las molestias

• Ordenar que por secretaria se le comunique al tribunal contencioso administrativo de Bolivar, en la forma y para  los efectos plasmados en el articulo 36 del decreto 2591 de 1991