El marco jurídico para la paz o marco legal para la paz, simplificado y mejor conocido como marco
para la paz es un proyecto de ley aprobado por el Congreso de Colombia el 14 de junio de 2012 tras su
envío por parte del presidente de ese país Juan Manuel Santos
Para facilitar la terminación del conflicto armado, la
propuesta autoriza la creación de mecanismos
extrajudiciales de justicia transicional, el establecimiento de
criterios de priorización y selección de casos, la suspensión
de la ejecución de la sanción y la renuncia a la persecución
penal para los hechos no seleccionados.
Si bien la propuesta está próxima a culminar su trámite
legislativo, la razón para enmendar la Constitución no es
evidente. En ese sentido, Barreras afirma que sin la
reforma no se pueden seleccionar los casos más graves ni
los máximos responsables, y ese es su elemento clave.
Además, añade Barreras, el ordenamiento constitucional
actual no es suficiente para permitir una desmovilización
masiva de los grupos armados ilegales ni para
garantizarles a las víctimas toda la verdad.
Otra de las principales críticas que ha recibido la
iniciativa es que favorece la impunidad. Al
respecto, Barreras precisa que no se van a
consentir figuras de indultos ni amnistías, pero
posibilitará la fijación de prácticas de justicia
alternativa que lleven al fin del conflicto.
Teniendo en cuenta los puntos álgidos destacados por
los expertos consultados, surge la duda acerca de la
utilidad y efectividad de la propuesta. Reed asegura
que no se favorece la finalización del conflicto: “La
justicia transicional ayuda a abordar el pasado, puede
contribuir a consolidar el Estado de derecho y promover
una noción robusta de justicia después de finalizado un
conflicto o un periodo de represión, pero no tiene las
atribuciones que le quieren dar los congresistas”.
A inicios de mayo, Human Rights Watch envió una carta al
Congreso y al Ejecutivo, en la que manifestó que la enmienda
“es claramente contraria a la obligación jurídica asumida por
Colombia conforme al Derecho Internacional de investigar,
juzgar y sancionar a todos aquellos que compartan
responsabilidad por delitos de lesa humanidad y otras graves
violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional
Humanitario”.
A un debate de concluir su trámite en el Congreso quedó el proyecto
de acto legislativo conocido como Marco Jurídico para la Paz, tras la
aprobación que recibió en la Comisión Primera del Senado. La
reforma constitucional, que busca facilitar un eventual proceso de
paz con grupos armados ilegales, dejó viva la posibilidad de que los
desmovilizados participen en política, siempre y cuando no sean
responsables de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.