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Sentencia C-284/15

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 4o (parcial) de la Ley 153 de 1887.

Se demanda solicitando la declaratoria de

inexequibilidad de la expresión “Los principios de derecho natural

Reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes

Formula el actor unas consideraciones preliminares en las que se ocupa de diferenciar el derecho

positivo del derecho natural

Norberto Bobbio.

“una

norma es jurídicamente válida (es decir hace parte del ordenamiento jurídico, es Derecho) si ha

sido expedida por el órgano competente y de acuerdo con los requisitos establecidos por una

norma jurídica previa” al paso que para la segunda “una norma es jurídicamente válida cuando

está conforme a la justicia.”

La determinación de lo justo o de lo injusto plantea muchas dificultades

Ello puede desconocer el principio de legalidad y seguridad jurídica. Es por eso que el

Estado de Derecho reivindicó la importancia del principio de legalidad de manera que los jueces

deben ajustar todas sus decisiones a la Ley

Cargos

Considerando la indicación de las fuentes del derecho en el artículo 230 de la Carta, no es posible

que al margen de lo que allí se dispone, el juez pueda apoyarse en criterios subjetivos como lo es

el derecho natural.

La idea de justicia a la que se vincula el concepto de derecho natural, es relativa, subjetiva e

indeterminada.

Ello hace imposible que las personas que acuden ante los jueces puedan tener certeza

respecto de las reglas que les serán aplicadas.

Dado que el contenido del derecho natural depende del concepto de justicia.

En esa medida, la fundamentación de las decisiones a partir de estos principios

desconocerá el deber de tratar igual a las personas, puesto que casos similares podrán ser

decididos de diferente manera según el arbitrio de la autoridad judicial.

El artículo

constitucional referido consagra la supremacía del derecho positivo sobre cualquier otra fuente y,

en consecuencia, se impone a la moral y a la costumbre.

Intervenciones

Ministerio de Justicia y del Derecho: exequibilidad.

El planteamiento del demandante tiene como punto de partida una interpretación subjetiva,

no solo de las disposiciones constitucionales cuya infracción alega, sino también respecto del

alcance que tienen los principios del derecho natural en relación con tales normas.

Que el derecho natural supone la existencia de un conjunto de derechos que

preceden al derecho positivo y que le sirven de fundamento; (ii) todos esos derechos tienen un

contenido esencial que constituye el parámetro último de interpretación y que es independiente

del contexto político, social, o cultural; y (iii) respecto de este catálogo de derechos existe claridad

en los aspectos relativos a su delimitación, su titularidad y a los deberes y obligaciones que a él se

adscriben, de manera tal que el intérprete dispone de referentes ciertos, concretos y claros.

Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana: exequibilidad.

Además del iusnaturalismo y el

positivismo, también han tomado partido en la discusión las doctrinas anti-formalistas y

sociológicas.

El concepto de justicia asociado al derecho natural es relativo en tanto cada persona tiene

su propia comprensión de ella “resulta contraria a la más reconocida con respecto al criterio

central defendido por las teorías del derecho natural: el universalismo de los principios de

justicia

Lo

que supone que la expresión derecho natural incorporada por la Ley 153 de 1887 debe entenderse

“en términos de derechos civiles.” El Código Civil prevé una definición de la ley como voluntad

soberana al paso que la Constitución de 1886 y la Constitución de 1991 radican la soberanía,

respectivamente, en la Nación y en el Pueblo.

Debe tenerse en cuenta que la Constitución contiene expresiones que se corresponden

con un derecho no positivista, tal y como ocurre con la “dignidad humana”

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana: exequibilidad.

No es correcto afirmar que el concepto de justicia sea absolutamente indeterminado.

La noción de justicia de

Ulpiano según la cual “justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo” y la

idea, desarrollada por Aristóteles, según la cual debe tratarse igual a los iguales y desigual a los

desiguales.

Los principios del derecho natural pueden quedar comprendidos por los denominados

principios generales del derecho tal y como lo ha advertido del Vecchio al señalar que estos

últimos “representan la razón suprema” y el espíritu que informa las normas vigentes. Entre tales

principios se encuentran, por ejemplo, la soberanía de la ley, la igualdad de todos ante la ley, la

división de poderes, la libertad como la expresión del valor absoluto de la personalidad humana y

la validez de los pactos libremente consentidos.

Programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de

Caldas: inhibición

El demandante no cumple las condiciones requeridas para la debida formulación de un

cargo.

Tal y como ocurrió con la sentencia T-406 de 1992- reconoció la

conexión existente entre los derechos fundamentales y el iusnaturalismo, de manera que el

derecho natural no es extraño para la Constitución.

Es posible

establecer vínculos entre el derecho positivo y el derecho natural, resultando este de una

importancia significativa cuando debe la autoridad judicial enfrentar casos difíciles.

Fabiola Garzón Zemanate: inexequibilidad

El reconocimiento de los principios del derecho natural plantea dificultades muy serias, si se

considera que diferentes autoridades se han apoyado en ellos al ocuparse de asuntos relativos,

por ejemplo, a la naturaleza del matrimonio o del aborto.

Procuraduría General de la Nación: Inhibición y, subsidiariamente, exequibilidad.

El cargo planteado por el demandante no cumple las exigencias de certeza y pertinencia

El demandante no demuestra la existencia de una

confrontación entre aquello que dispone la Constitución y la norma legal, puesto que su

planteamiento se funda en una particular perspectiva del problema, respaldada por un autor.

La interpretación que el demandante hace de la expresión acusada desconoce la

exégesis no positivista que debe hacerse del artículo 1o de la Constitución y, adicionalmente, el

hecho de que la actividad judicial no implica solo la aplicación de la Ley sino también el

reconocimiento de principios con miras a realizar la justicia material.

En síntesis, la Corte debe inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo en atención a que

la acusación se funda en premisas equivocadas.

Cargo por infracción del artículo 1º de la Constitución.

Cargo por infracción del artículo 4º de la Constitución.

Cargo por infracción del artículo 13 de la Constitución.

Cargo por infracción del artículo 230 de la Constitución.

Consideraciones

Al reconocer la posibilidad de acudir a los principios del derecho natural se estaría aceptando un

derecho superior al positivo, afectando con ello la supremacía de la Constitución.

En consecuencia, con independencia del significado que pueda conferirse a la

expresión “principios del derecho natural”, es claro que a tales principios se acude no para

superponerlos a la Constitución sino en otra dirección: únicamente para precisar su alcance en

eventos en los que la interpretación de su texto no ofrece claridad acerca de la respuesta

constitucional que debe darse a un problema.

La falta de certeza identificada conduce también a la insuficiencia del cargo.

la eliminación constitucional de la

referencia a los “derechos naturales” como objeto de protección del Estado no supone, en sí

misma, una prohibición de que el legislador considere el “derecho natural” como uno de los

recursos para la interpretación del ordenamiento jurídico.

El

contenido de los principios del derecho natural a los que se refiere la norma demandada no se

agota en los denominados “derechos naturales”, en tanto dichos principios podrían referirse a

otro tipo de materias

El alcance del artículo 4 de la ley 153 de 1887: consideraciones generales.

Los artículos 4o y 5o se ocupan de regular eventos en los que se presentan dificultades para

identificar el significado o alcance de las normas. el artículo 4o prescribe que se acudirá a los principios de derecho natural y a las

reglas de jurisprudencia.

La norma parcialmente acusada alude a dos recursos:

Uno de ellos es el conjunto de principios del derecho

natural. En este caso, dichos principios no cumplen una función integradora del ordenamiento

jurídico ni tienen la aptitud de desplazar a las normas constitucionales dado que, insiste la Corte, a

ellos se remitirá la autoridad judicial únicamente cuando no sea posible superar la incertidumbre

acerca del significado de la Carta

La Corte concluye que

“los principios del derecho natural” (i) constituyen un criterio aplicable cuando se presentan dudas

acerca del significado de la Constitución; (ii) su empleo no resulta obligatorio; y (iii) son un criterio

secundario y subordinado en el sistema de fuentes, en tanto su función es meramente

interpretativa y no integradora.

Problema Jurídico

¿La expresión demandada, al reconocer los principios de derecho natural como criterio para fijar

el sentido de la Constitución en casos dudosos, vulnera los artículos 1o y 13 de la Constitución en

tanto el carácter indeterminado de esa expresión (i) impide identificar previamente las normas

que emplearán las autoridades judiciales afectando con ello la seguridad jurídica y (ii) propiciando

que casos iguales sean resueltos de diferente manera?

¿La expresión demandada, al reconocer los “principios de derecho natural” como criterio para fijar

el sentido de la Constitución en casos dudosos, desconoce el artículo 230 de la Carta en el que se

enuncian las fuentes del derecho colombiano y los criterios de la actividad judicial, sin que éste

haga referencia alguna a tal clase de principios?

Alcance y solución de los cargos

Artículo 230

El Constituyente reguló el sistema de fuentes tomando como referente principal a las

autoridades judiciales a quienes les corresponde definir, en última instancia, lo que se encuentra

jurídicamente ordenado, prohibido o permitido.

El artículo 230 ha sido entendido “en un sentido material” de manera

que comprende todas las normas adoptadas por las autoridades a quienes el ordenamiento

jurídico les reconoce competencias para el efecto

Una ley adoptada por el Congreso se

superpone a un decreto reglamentario expedido por el Presidente de la República; o al

procedimiento de aprobación conforme al cual normas con un procedimiento agravado de

expedición tienen primacía respecto de otro tipo de leyes, lo que ocurre por ejemplo en la relación

entre los actos legislativos y las leyes aprobadas por el Congreso.

El juez que apela al razonamiento

per analogiam no hace, pues, otra cosa que decidir que en una determinada situación, es el caso

de aplicar la ley.

La

jurisprudencia sostuvo que la costumbre podía calificarse “como fuente de derecho

Ahora bien, que la costumbre no esté comprendida por la expresión “ley” empleada en el artículo

230 de la Carta, no significa que su reconocimiento como norma se oponga a lo allí prescrito. En

efecto, existen dos razones constitucionales que justifican aceptarla como una de las formas de

regulación que integran el derecho positivo colombiano. En primer lugar (i) la referencia

constitucional que hace el preámbulo a la existencia de un “marco jurídico” implica que aunque la

“ley” ocupa un lugar preferente en el ordenamiento, este no se agota en ella, de manera que

entre “marco jurídico” y “ley” existe una relación de género a especie. En segundo lugar (ii) el

valor constitucional de la costumbre –destacado ampliamente en la sentencia C-486 de 1993- en

atención (a) a la referencia que a ella se hace al aludir al ordenamiento de las comunidades

indígenas (art. 330) y (b) a las exigencias adscritas a la soberanía popular, a la democracia

participativa, al pluralismo y al Estado Social de Derecho (arts. 1, 3, 7 y 40), pone de presente que

ella puede ser reconocida como norma cuando la Constitución o la ley la invoquen, siempre y

cuando no se oponga a lo que las normas imperativas de una y otra prescriban.

La jurisprudencia comprende el conjunto de decisiones adoptadas por las autoridades a

quienes les ha sido atribuido el ejercicio de la función judicial. Por ello existe una obligación prima facie de seguirlo y, en el caso de que la autoridad judicial decida apartarse, debe ofrecer una justificación suficiente. Incluso la jurisprudencia ha reconocido que la acción de tutela procede contra providencias judiciales cuando éstas violan el precedente aplicable.

La Corte planteó diferentes tesis alrededor de las cuestiones antes referidas. Sostuvo,

entre otras cosas, (i) que los principios, a diferencia de las reglas, se caracterizan por carecer “de

una estructura basada en un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica”; (ii) que los

principios “no son promulgados por ninguna autoridad concreta, carecen de fuente legitimadora,

lo que lleva a que no sea posible predicar de ellos validez formal, en el sentido de haber sido

establecidos de conformidad con algunas reglas de producción o reconocimiento” lo que implica

que “cuando el legislador o los jueces aplican el principio o este ha sido consagrado en fórmulas

legales o constitucionales –es decir, se ha positivizado- se produce apenas la verificación de una

existencia irrebatible, pero este acto de reconocimiento nada añade en su validez formal, pues su

fuente y existencia es puramente axiológica.”

Al concluir la cuestión y aunque el cargo formulado en casación no prosperó, la

Corte dejó sentado (x) que era posible la violación de los principios generales del derecho cuando

dejaban de aplicarse, cuando se aplican indebidamente o cuando son interpretados de manera

incorrecta. Así las cosas “tienen el carácter de normas de derecho sustancial en aquellos eventos

en los cuales, por si mismos, poseen la idoneidad para crear, modificar o extinguir relaciones

jurídicas concretas.”

Los principios generales del derecho se encuentran subordinados a la “ley” y solo

constituyen un criterio auxiliar de la actividad judicial. Ello implica que bajo ninguna circunstancia

es posible, a la luz del artículo 230 de la Carta, invocar un principio general del derecho con el

objeto de derrotar o desplazar una norma jurídica vigente y que se encuentre comprendida por el

concepto de “ley”.

La Corte constata que una referencia a los principios del derecho natural como la

contenida en la disposición acusada tiene al menos cuatro consecuencias. En primer lugar, que el

legislador admite la existencia de principios que preexisten al ordenamiento jurídico y que

conforman un cuerpo normativo denominado “derecho natural”. En segundo lugar, que la

remisión a tales principios confiere al intérprete -debido a la indefinición prima facie de los

elementos que lo conforman- un margen significativo de interpretación para establecer su

alcance. En tercer lugar, que aunque en las doctrinas iusnaturalistas existe un acuerdo acerca de la

posibilidad de identificar criterios morales, dicho acuerdo no comprende ni cuáles son ellos ni

cuáles los métodos para su identificación. En cuarto lugar, la referencia a los principios del derecho

natural en el artículo acusado, no tiene el efecto de establecer un cuerpo normativo de cuyo

respeto dependa la validez de las restantes normas del ordenamiento jurídico.

Las tesis centrales de la Corporación, útiles para este caso, son las siguientes: (i) Cuando los

elementos de derecho positivo previstos para resolver un problema –ley, analogía, doctrina

constitucional, reglas generales del derecho o costumbre- se agotan sin que sea posible

determinar una solución, el ordenamiento puede reconocer criterios extra-sistemáticos a los que

puede acudir el juez para cumplir con su obligación de fallar. (ii) Tales criterios a pesar de estar

referidos formalmente en algunas disposiciones constitucionales o legales como aquellas que

aluden a la equidad o a los principios generales del derecho

La expresión “principios del derecho natural” contenida en el artículo 4 de la Ley 153 de 1887 no

desconoce el artículo 230 de la Constitución dado que, de una parte, dicha categoría es

conceptualmente compatible con la de principios generales del derecho

En cualquier caso el uso de los principios de derecho natural se encuentra sometido a algunos

límites: (i) solo resulta posible cuando después de acudir a los métodos de interpretación literal,

sistemático, teleológico, histórico o aquellos otros acuñados por la jurisprudencia constitucional

para fijar el sentido de la Carta, persisten dudas insuperables acerca de su interpretación; (ii) no

puede conducir, en ningún caso, al desconocimiento o infracción de ninguna norma formalmente

incorporada a la Carta o integrada al bloque de constitucionalidad. Adicionalmente, la invocación

de un principio del derecho natural impone una carga de argumentación especialmente exigente

que se traduce (iii) en el deber de demostrar con argumentos racionalmente controlables (a) que

la existencia y pertinencia del principio puede ser fundamentada y (b) que ha sido reconocido de

manera amplia por la doctrina más autorizada en la materia.

Artículos 1º y 13

Desición

Se declarar EXEQUIBLE la expresión “Los principios de derecho natural y” contenida en el artículo 4o

de la Ley 153 de 1887.

El uso de los principios de derecho natural se encuentra sometido a algunos límites: (i) solo

resulta posible cuando después de acudir a los métodos de interpretación literal, sistemático,

teleológico, histórico o aquellos otros acuñados por la jurisprudencia constitucional para fijar el

sentido de la Carta, persisten dudas insuperables acerca de su interpretación; (ii) no puede

conducir, en ningún caso, al desconocimiento o infracción de ninguna norma formalmente

incorporada a la Carta o integrada al bloque de constitucionalidad. Adicionalmente la invocación

de un principio del derecho natural impone una carga de argumentación especialmente exigente que se traduce (iii) en el deber de demostrar con argumentos racionalmente controlables (a) que

la existencia y pertinencia del principio puede ser fundamentada y (b) que ha sido reconocido de

manera amplia por la doctrina más autorizada en la materia.

El reconocimiento de los principios del derecho natural como un criterio que puede servir para

ilustrar la Constitución en casos dudosos, no desconoce el mandato de promover la seguridad

jurídica ni la obligación de las autoridades de otorgar el mismo trato, dado que no supone un

riesgo extraordinario de indeterminación o inestabilidad en la interpretación de la Carta. En efecto acudir a los principios del derecho natural solo puede ocurrir cuando la dificultad interpretativa

ya existe y lo único que se pretende es identificar algún criterio que permita superar la duda sin

desconocer, en ningún caso, las normas objeto de aplicación. La remisión a

los principios del derecho natural tiene por objeto arribar a una solución razonable y

proporcionada que, una vez

adoptada, se integra a al conjunto de precedentes judiciales.