AASP 3

AASP 3

1. art 3 esquema

   • Sector público
     • La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
     • Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo,
     • Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50 por 100.
     • Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia
     • Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
     • Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
     • Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
     • Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores.
   • Poder adjudicador
     • Las Administraciones Públicas.
     • Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de los expresados en la letra a) que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3 financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
     • Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores.
   • Administración pública
     • a) Los mencionados en las letras a) y b) del apartado anterior. b) Los Organismos autónomos. c) Las Universidades Públicas. d) Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad
     • las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las características siguientes:
       • .ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o
       • que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios. No obstante, no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales.
     • Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación.

2. ¿Quién adjudica el contrato?

   • El órgano de contratación a propuesta de la Mesa.
   • Si no se ha constituido Mesa por no ser preceptiva (negociados sin publicidad), será a propuesta del servicio que promueve el contrato. El órgano de contratación se puede separar de la propuesta motivadamente.

3. ¿A quién se debe comunicar la adjudicación del contrato?

   • A los candidatos o licitadores.
   • Debe contener la información necesaria que permita a los licitadores excluidos y candidatos descartados, presentar el recurso correspondiente contra la decisión de adjudicación.

4. ¿Se debe publicar la adjudicación?

   • Sí. Solamente en el Perfil de Contratante/Plataforma

5. ¿Se puede recurrir la selección de una oferta frente a otras?

   • Sí. En vía administrativa, se producen dos supuestos:
     • a) Contratos susceptibles del recurso especial del artículo 40 TRLCSP (SARA y “asimilados”): RECURSO ESPECIAL: la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos y la interposición del recurso suspende las actuaciones
     • b) Resto de contratos: RECURSO ORDINARIO: la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación, con independencia que se hubiera interpuesto el recurso correspondiente.
   • También cabe recurso ante la jurisdicción contenciosa o civil.
   • Si es un contrato SARA o asimilado
     • Cabe recurso ante (Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Tribunal autonómico, órgano de contratación) en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se remita la notificación de la adjudicación.
     • Efectos interposición: Queda suspendida la tramitación. CAIB: convenio con el Ministerio. La competencia para resolver los recursos la tiene el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
   • Si no es un contrato SARA o asimilado
     • En la CAIB cabe el recurso especial en materia de contratación al que se refiere el artículo 66 de la Ley 3/2003, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, ante el Conseller de ...[órgano de contratación] o ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente de haberse recibido la notificación de la Resolución.
     • Efectos de la interposición: no queda suspendida salvo se adopten medidas provisionales.
     • Resuelve la Junta.

6. ¿Se ha de garantizar la buena ejecución del contrato?

   • Sí, salvo excepciones motivadas.
   • Presentando una garantía definitiva por el 5% del importe de adjudicación del contrato, que será devuelta al contratista cuando haya finalizado el plazo de garantía de la prestación. Si el contrato es a precio unitario, 5% importe licitación.

7. ¿Cuándo se perfecciona el contrato?

   • En el momento de su formalización en documento administrativo. No puede iniciarse su ejecución hasta este momento.

8. ¿Cuándo se puede iniciar un contrato?

   • Obras: Al día siguiente de la comprobación del replanteo del proyecto, previa formalización. Otros contratos: A partir de su formalización. Puede retrasarse en los supuestos de tramitación anticipada.

9. ¿Qué plazo de ejecución tiene los contratos?

   • El plazo tendrá en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas.
   • Podrá prever una o varias prórrogas. Prohibición prórroga tácita. Plazos excesivamente largos: descontrol de la ejecución y posibles ayudas de Estado ilegales.

10. Clases de ejecución del contrato

    • Contratos de tracto sucesivo: el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado. Pueden ser: contratos de actividad (Ej. La limpieza de un edificio) o contratos de resultado (Ej. Una obra)
    • Contratos de tracto único o instantáneo: se perfeccionan en un acto único. (Ej. adquisición de un vehículo)

11. ¿Es posible que otra empresa, distinta a la adjudicataria, ejecute parte del contrato?

    • ¿El contrato prevé expresamente o se deduce de su naturaleza la ejecución directa?
      • Sí; no es posible subcontratar
      • No; se podrá subcontratar en los términos que indique el PCAP

12. ¿Quién paga al subcontratista?

    • El contratista. El subcontratista no tendrá en ningún caso acción directa frente a la Administración.

13. Cumplimiento de la Administración: Pago de las facturas

    • La principal obligación de la Administración en los contratos es el abono del precio estipulado.
    • Principio general de servicio hecho: Las obligaciones de la Hacienda Pública sólo son exigibles cuando resulten de la ejecución de los presupuestos, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas. Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios, el pago no podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación.
    • Los pagos anticipados son la excepción

14. Procedimiento a seguir para el pago de los contratos

    • Entrega del bien o finalización de la prestación o periodo establecido.
    • Obligación del contratista: entregar factura
    • Obligación de la Admon: comprobar/certificar. Reconocer obligación y proponer pago. Transferencia
    • Intereses de demora
      • El pago se debe realizar a 30 días Hoy día los intereses están en el 8.05%
      • Nada impide que el procedimiento de mora se tramite de oficio Si son reclamados judicialmente: intereses privilegiados+interés legal
      • ¿Qué tipo de interés?
        • Art. 7, L 3/04, lucha morosidad: suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales.
      • ¿Desde que día se devengan estos intereses?
        • La Administración tiene la obligación de abonar los pagos en 30 días desde que se aprueba la certificación de los trabajos realizados o documento que acredite la conformidad.
        • Además tiene la obligación de aprobarlos en el plazo de 30 días desde que se entrega el bien o se presta el servicio, El contratista tiene también su obligación: presentar factura en registro administrativo en plazo de 30 día desde entrega bien o prestación servicio.
        • No se iniciará el cómputo del plazo para intereses si no ha presentado factura.

15. Suspensión y resolución del contrato por retrasos en el pago

    • Si la demora en el pago es superior a: Cuatro meses: facultad de suspender el contrato Seis meses: facultad de resolver el contrato

16. La contratación verbal

    • cuando alguien con apariencia de autoridad, encarga verbalmente la realización de una prestación o la entrega de un bien prescindiendo total y absolutamente del procedimiento y se sus formalidades. La actuación se ejecuta y la empresa presenta una factura.

17. Extinción de los contratos

    • Los contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución.
    • ¿Cuándo se entiende el contrato cumplido?
      • Cuando el contratista haya realizado la totalidad de la prestación. Su constatación exige un acto formal y positivo de recepción o conformidad.
      • Asiste el representante de la Administración, el contratista y, si procede, la Intervención. En obras, también el director facultativo de las obras. Si la recepción es de conformidad, comienza a contar el plazo de garantía.
    • ¿Qué prerrogativas tiene la Administración frente al contratista?
      • La Administración tiene las prerrogativas de interpretar, modificar y resolver los contratos, dentro de los límites de la Ley y mediante un procedimiento establecido.
    • ¿Se puede modificar un contrato?
      • Sí, en virtud del ius variandi de la Administración, que es el derecho de variación de las condiciones iniciales del contrato en base al interés general.
      • Es una iniciativa de la Administración fundada en la necesidad del mantenimiento de la finalidad del mismo y del interés público sobre el que descansa el sentido del contrato.
      • ¿Con qué límites?
        • Es una prerrogativa que permite imponer alteraciones del contrato al contratista pero, por otro lado, es una excepción a los principios generales de la contracción y como tal, un instrumento cuyo uso debe ser excepcional.
        • Dos posibilidades
          • Al licitar el contrato ya se ha previsto la posibilidad de modificarlo.
          • No existe tal previsión y por tanto, si se ha de modificar se deberá justificar la concurrencia de alguna de las circunstancias que prevé la Ley.
            • ¿Cuáles son estas circunstancias?
              • Las dos primeras circunstancias se basan en la existencia de errores en el proyecto.
              • La tercera causa, de “fuerza mayor o caso fortuito”, siempre que no exista alteración sustancial no parecen existir obstáculos para modificar el contrato.
              • La cuarta circunstancia, ”incorporar novedades” realmente imprevisibles.
              • La quinta circunstancia, “necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad”.