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El pluralismo jurídico y su introducción en la legislación ecuatoriana

•El trascendental papel del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en el reconocimiento del Derecho Indígena.

El progresivo reconocimiento del Derecho Indígena en el Ecuador.

En 1991 entró en vigor el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, documento que en nuestro país obtuvo carácter vinculante a través de resolución legislativa publicada en el Registro Oficial no. 304 el 24 de abril de 1998.

Estados parte se comprometieron a cambiar su sistema constitucional de tal manera que les permita la inclusión de las prácticas y tradiciones indígenas dentro del marco del sistema jurisdiccional nacional.

Respetar el derecho consuetudinario ancestral, pero sobre todo a tomarlo en consideración antes de la aplicación de la legislación nacional a los miembros de comunidades indígenas.

La existencia constitucional del pluralismo jurídico en el Ecuador.

Principios rectores de la aplicación del Derecho Indígena según el Código Orgánico de la Función Judicial.

No se permitiría que amparándose en sus potestades jurisdiccionales, las autoridades indígenas apliquen sanciones que violen el derecho a la vida, tales como la pena de muerte.

Pluralismo jurídico en el Código Orgánico Integral Penal.

Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos.

Diversidad.

La aplicacion del Derecho indigena consiste únicamente en el respeto de la constitucion y los Derechos Humanos

Igualdad

Non bis in ídem

Pro jurisdicción indígena e interpretación intercultural.

Es la obligación de los funcionarios del óptimo reconocimiento y realización plena de la diversidad cultural.

A que todos tienen derecho a seguir el debido proceso.

Trata sobre el Juzgamiento por un solo delito, es decir no puede ser juzgado dos veces por la misma falta.

Las autoridades deben de tomar en consideración el aspecto cultural de los pueblos indígenas.

Es el ordenamiento juridico ecuatoriano comtempla la posibilidad que las misma autoridades indigenas sancionen a los miembros de su comunidad por los delitos cometidos dentro de la misma.