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Tres modelos de política económica en México durante los últimos sesenta años.

El modelo de “Desarrollo Compartido”

Política fiscal

Política monetaria

Política comercial

Política agropecuaria

Política salarial

Política de fomento a la inversión extranjera

Las principales políticas que permitieron alcanzar dichos resultados

se pueden ubicar en los campos fiscal, monetario, comercial, salarial, agropecuario

y de fomento a la inversión extranjera. A continuación se describirá la

forma en que cada una de ellas se definió y ejecutó señalando además sus interrelaciones.

El modelo de “Desarrollo Estabilizador”

Esta estrategia tuvo como objetivo fundamental el promover la industrialización

del país, ello significaba generar los empleos y la riqueza material requeridos para

satisfacer la demanda de una población que, en la época de su instrumentación,

crecía anualmente a tasas promedio del 3%.

Las primeras tres décadas del siglo XX la

economía mexicana había padecido fuertes procesos inflacionarios, debido principalmente

a los desequilibrios fiscales, se propuso como parte fundamental de la

estrategia estabilizadora disminuirlos drásticamente ya que alentaban la inflación,

el alza de las tasas de interés y castigaban consecuentemente las inversiones productivas

El objetivo principal de la política monetaria fue el apoyo al combate a la inflación

mediante la regulación de la liquidez aplicando el encaje legal a los bancos de

manera rígida, ya que además de retirar de los depósitos de los ahorradores cantidades

que equivalían hasta el 25% ó 30%, también se aplicaban tasas marginales que

alcanzaban el 100%, cuando el crecimiento de los precios rebasaba las expectativas

inflacionarias del país.

La política comercial fue extremadamente proteccionista, no discriminó la protección

en aras de una especialización industrial; mediante la utilización del instrumento

denominado “Permiso Previo de Importación”, otorgado a partir de un

dictamen que emitía un comité integrado por representantes del sector público y

privado, se frenó el ingreso de bienes industriales que podían desplazar del mercado

a los productos nacionales tanto en precio como en calidad.

Desde el inicio de la estrategia estabilizadora, la política agropecuaria jugó un papel

significativo en el proceso de industrialización del país. En sus inicios (mediados

de los cuarenta y hasta fines de los años cincuentas), el sector fue el encargado

de proveer a bajos precios los bienes salario e insumos demandados en el mercado

interno mediante precios de garantía, que si bien permitían cierta estabilidad de

ingresos al campesinado de menores ingresos, fue descapitalizando al campo dedicado

a la producción de granos básicos, el que por ser temporal, requería de ingresos

al alza para superar su estado de marginación, mediante el uso de fertilizantes,

pesticidas y maquinaria y equipo.

Dada la mecanización iniciada a mediados de los años cincuenta y con la incorporación

de nuevas técnicas de explotación agrícolas y ganaderas en el norte del país,

donde se realizaban estas actividades, se creó una importante expulsión de mano de

obra hacia las ciudades, la cual, junto con el acentuado crecimiento de la población

económicamente activa, crearon una oferta de fuerza de trabajo que permitió mantener

el crecimiento de los salarios por debajo de su productividad media, aunque

siempre por arriba de la inflación.

Las condiciones fiscales, salariales, crediticias y comerciales que el gobierno

otorgaba hacían atractivo a las empresas transnacionales su incorporación al

mercado nacional, ya que las bajas tasas impositivas, los créditos baratos, el mercado

sobreprotegido, los bajos salarios nominales y reales, los bajos costos de los

insumos energéticos y primarios y la disposición de consumidores cautivos les

aseguraban elevados niveles de rentabilidad. Lo cual se reforzaba con las prerrogativas

concedidas por los gobiernos estatales (terrenos gratis, bajos impuestos

prediales, etc).

Los principales resultados alcanzados con la aplicación de esta estrategia se pueden

resumir en un PIB que pasó de 4,567.8 mdd en 1950, a 35,541.6 en 1970, lo que

ubicó al país como la economía número 16 del mundo, cuando 20 años antes se

ubicaba en el lugar número 20.

El crecimiento se logró con una tasa de inflación descendente de 16.7%

en el año 1950, a 4.7% en 1970, la tasa promedio del periodo se ubicó en 4.9%. El

empleo en la economía aumentó a una tasa promedio anual de 2.3%, superando

ligeramente a la tasa de crecimiento de la población económicamente activa.

Los salarios mínimos en términos reales crecieron en 6.5% promedio

anual en el periodo, y por tanto su poder adquisitivo en términos de una canasta

básica se triplicó. El crecimiento promedio anual de la industria fue de 7.7% y el de

las manufacturas de 8.3%, tasas que superaron las registradas por los sectores servicios

y agropecuario.

Resultados generales

En este marco, en donde la economía nacional empieza a mostrar signos de debilitamiento

en sus tasas de crecimiento (1968-1972), es propuesto el modelo de “Desarrollo

Compartido”, que mantuvo sin modificaciones relevantes la política comercial,

salarial, agropecuaria y de fomento a la inversión extranjera y transformó

de manera radical la política fiscal y monetaria, con el propósito de que el eje de la

inversión nacional lo ejerciera el sector público. Ya que con los ingresos de la explotación

y producción de los yacimientos petroleros, descubiertos a inicios de la

década de los setenta, se buscó financiar la inversión en infraestructura productiva,

la creación de plantas productoras de bienes de capital, y la ampliación de la cobertura

de seguridad social a todo el país, todo bajo un esquema salarial que permitiera

su crecimiento real.

Resultados generales

Los importantes montos de gasto público (en particular de inversión) canalizados

hacia la infraestructura económica y social del país, hicieron posible que la tasa

promedio de crecimiento del PIB se situara en 6.3% anual, no obstante que en 1982

se devaluó abruptamente el peso respecto del dólar (121.6%), y por consecuencia la

tasa de crecimiento del PIB en ese año fue negativa (0.5%).

El crecimiento del sector industrial (4.2% promedio anual), continuó siendo

superior al del sector agropecuario, aunque menor al de los servicios (7.2%). En

particular fueron las manufacturas las que mantuvieron su crecimiento a tasas más

elevadas que el resto de componentes del sector industrial (6.3%).

Los salarios mínimos reales (descontada la inflación), cayeron en 0.6%

promedio anual durante el periodo, y debido a ello su poder adquisitivo, en términos

de la canasta básica, se redujo a los niveles prevalecientes a mediados de la

década de los años sesenta.

Como resultado de la estrategia expansiva en el gasto público, el déficit del

sector presupuestario se incrementó de forma constante y significativa al pasar de

0.03 % del PIB en 1971, a 10.97% en 1982, contribuyendo a que el déficit en cuenta

corriente se agudizara al pasar de 928.9 mdd en 1971 a 6,220.9 en 1982, lo que

representó el 3.2% y 3.5% del PIB respectivamente.

El fin del ciclo de expansión económica, apoyado en el auge petrolero,

puso de manifiesto el agotamiento del modelo, que se vio agudizado por la presencia

de fenómenos de índole externo, magnificando los desajustes macroeconómicos

a niveles nunca antes vistos en el país, situación que motivó la revisión a fondo

de la estrategia macroeconómica.

Modelo de “Crecimiento Hacia Fuera” o “Neoliberal”

Se planteó entonces la necesidad de adoptar una nueva estrategia encaminada a

generar las condiciones que impulsaran el crecimiento autosostenido de la economía

mexicana, ante ello debían corregirse las limitaciones que generó el esquema

anterior en materia de concentración de la riqueza, ineficiencia productiva, sesgo

antiexportador y baja capacidad de ahorro interno. En el nuevo modelo se propuso

otorgar un papel protagónico al mercado en la asignación de los recursos, incrementar

la participación de los agentes privados en las decisiones económicas e

incorporarse a la creciente integración económica mundial, con el propósito de

mejorar la eficiencia y competitividad de la planta productiva nacional.

Para la instrumentación de la nueva estrategia se definieron dos vertientes

que se complementarían entre sí y sobre las cuales se actuaría en forma simultánea

la estabilización macroeconómica

la modernización de la economía nacional.

se orientó básicamente a reducir la inflación y a corregir los precios

relativos, y consistió en contener la demanda agregada, para lo cual se buscó reducir

el gasto público e incrementar los ingresos, además de que se procuró moderar el crecimiento salarial y fomentar el ahorro interno. Asimismo, se propuso ajustar

la paridad cambiaria en sus niveles reales, y desalentar así las importaciones y

reducir los desequilibrios en el comercio exterior.

se regresó al esquema estabilizador en

materia de política fiscal y monetaria, pero se rompió drásticamente con la política

de protección comercial, de control de tipo de cambio, de excesiva regulación a la

inversión extranjera, de salarios y de precios agropecuarios.

Política fiscal

el ajuste fiscal se llevó a cabo en forma gradual, lo que

implicó, del lado del gasto, la disminución de los subsidios y transferencias que no

tuvieran un claro beneficio económico y social, la racionalización de las erogaciones

mediante la caída del gasto en administración, la implantación de medidas de austeridad,

disciplina y eficiencia en la ejecución del presupuesto y la jerarquización

del gasto de inversión, favoreciendo a los proyectos con periodos cortos de maduración.

Política monetaria

El ingreso de un importante monto de capitales foráneos propició que la

política monetaria, en congruencia con los objetivos antiinflacionarios, aplicase

medidas de esterilización con objeto de regular el exceso de liquidez de la economía

sin afectar la recuperación de la actividad productiva; ello modificó sustancialmente

la composición de la base monetaria del país, ya que se redujo el crédito

interno del banco central al tiempo que se incrementaron las reservas internacionales.

Política de comercio exterior

Con la apertura comercial (eliminación de controles no arancelario y firma

de tratados comerciales) también se consiguió estabilizar el crecimiento de los

precios, toda vez que mediante la competencia de productos del exterior fue posible

reducir los exagerados márgenes de ganancia prevalecientes en varias ramas industriales,

obligando a los productos mexicanos exportables a mantener en el

interior del país precios y calidad competitivos con los provenientes del exterior,

por ello la apertura comercial se constituyó en un elemento destacado en el combate

a la inflación.

Política de modernización

En lo que se refiere a la modernización económica, el nuevo modelo consideró, en

su parte fundamental, actuar sobre tres aspectos básicos

la redefinición del papel

del Estado en la economía, buscando reducir la intervención económica directa

con el propósito de alentar una mayor participación de los agentes privados en la

satisfacción de las demandas de la población, hacer más eficiente la gestión productiva

de la sociedad y elevar la eficiencia del aparato público en materia económica,

administrativa y de rectoría en el proceso de desarrollo económico

la

desregulación económica, con el propósito de reducir los controles gubernamentales

y redefinir los esquemas y espacios de participación de los agentes privados,

buscando generar un clima comercial y productivo más competitivo que propiciara

la modernización de áreas o actividades económicas

la apertura comercial,

encaminada a incrementar el intercambio con todas las naciones del mundo para

promover la eficiencia y competitividad externa de los productos mexicanos

Política salarial y agropecuaria

En ambos casos la política consistió en dejar al mercado la determinación de los

salarios contractuales y de los precios de los bienes agropecuarios, utilizando a

los salarios mínimos y a la fijación de subsidios y apoyos agrícolas, como forma de

ordenar los incrementos en función de la productividad que se registrara en la mano

de obra y en la producción de bienes salario. En el caso de los salarios mínimos sus

variaciones consideraban la inflación a futuro y no la del año anterior, lo cual permitía

romper con las expectativas inflacionarias.

La nueva estrategia produjo resultados positivos en materia de estabilización macroeconómica.

En efecto, la corrección de las finanzas públicas se realizó en los

términos propuestos y se logró eliminar los enormes déficit fiscales, además de que

se canalizó una mayor proporción de las erogaciones gubernamentales hacia el

gasto social y, con base en la renegociación de la deuda externa, se redujo sustancialmente el volumen de recursos destinados a cubrir el costo financiero de dicha

deuda. La existencia de finanzas públicas sanas permitió frenar el proceso inflacionario

en el que se encontraba la economía mexicana y, aun cuando no se alcanzaron

totalmente las metas inflacionarias, el ritmo de crecimiento de los precios ha disminuido

en los últimos años.

Los órdenes de magnitud mencionados contribuyen a describir algunas de las condiciones

estructurales a considerarse en el diseño de política económica en el futuro.

Tipo de cambio real y dinamismo exportador, el cual puede interpretarse como

el precio relativo entre los bienes exportables y no exportables de la economía.

Las variaciones bruscas del mismo generan incertidumbre a los agentes encargados

de tomar las decisiones de inversión y, en consecuencia, debilitan las

posibilidades de desarrollar el sector de bienes exportables; con este propósito,

es necesario que los agentes perciban que el tipo de cambio tendrá un comportamiento

predecible y consistente con el objetivo de reorientar el aparato productivo

hacia el exterior.

Coeficiente de inversión y crecimiento. El dinamismo de la inversión es condición

necesaria para alcanzar y mantener tasas de crecimiento del PIB consistentes

con el objetivo de empleo y bienestar. Es necesario obtener tasas de

rentabilidad de la inversión productiva que la hagan atractiva; sin embargo, en

una economía crecientemente más abierta y competitiva, la rentabilidad no

proviene de los privilegios propios de un mercado protegido, sino de los niveles

de productividad más elevados, que a su vez están asociados a los avances

tecnológicos.

Sistema impositivo, asignación óptima y redistribución del ingreso. Una vez

que los ingresos tributarios hayan coadyuvado a sanear las finanzas gubernamentales,

mediante la reducción de las tasas impositivas y la ampliación del

número de contribuyentes, será necesario simplificar su estructura para favorecer

el crecimiento del ahorro interno y alentar la mejor distribución de la

riqueza.

Nivel y asignación del gasto. El manejo del gasto público condensa diversos

aspectos de la política de desarrollo. Por una parte, continúa siendo una variable

de ajuste que permite modificar el nivel de la demanda agregada; sin embargo,

este rol disminuye en el nuevo escenario, dominado en forma creciente por el

comportamiento del sector privado, altamente sensible a la evolución de los

agregados monetarios y de las variables fiscales. En consecuencia, toda propuesta

basada en un aumento del gasto con propósito de dinamizar la economía

conlleva el riesgo de desencadenar respuestas que se traducen finalmente en

mayores desequilibrios.

Resultados generales

ELABORADO POR MIGUEL ANGEL LOPEZ JUAREZ 6CM5