3- Control de constitucionalidad-m1

3- Control de constitucionalidad-m1

1. Control de constitucionalidad

   • Concordante con la teoría de “supremacía constitucional” se concatena el instituto de “control de constitucionalidad”. Esta práctica surge por la acción de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norte América, cuando el Presidente de la Corte de EE.UU. Marshall, en el fallo “Marbury vs. Madison” fundamentó esta teoría. Se basa en que todo acto legislativo que sea contrario a la Constitución no puede aplicarse al caso concreto, y debe prevalecer la Constitución. En caso contrario, una ley modificaría su contenido. En el Derecho Constitucional comparado se registran dos sistemas de control. 
   • En el Derecho Constitucional comparado se registran dos sistemas de control.
     • 1) Control por un órgano político.
       • Se inviste de competencia para efectuar el control al mismo órgano que dicta la ley o un apéndice de éste. La Constitución de Francia de 1958 disponía el control por un consejo de constitucionalidad. 
     • 2) Control por un órgano jurisdiccional.
       • En el sistema argentino está a cargo de los jueces en el caso concreto, por cualquier juez por medio del art. 14 de la Ley 48 de “Jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales” (control difuso); o a través de tribunales especiales de constitucionalidad, en España, la Alta Corte Constitucional (control concentrado). 

2. Sistema judicial argentino de control de constitucionalidad

   • Es jurisdiccional y a está a cargo de los jueces del país. La regulación procesal es el recurso extraordinario previsto en los arts. 14 y 16 de la ley 48. El art. 43 de la Constitución Nacional dispone, al regular la acción de amparo, que es el juez quien podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesivo, de lo que se colige que: 1) El Poder Judicial es el custodio de la Constitución. 2) El Poder Judicial no decide en causas políticas (facultades privativas de cada poder). 3) Presunción de constitucionalidad de los actos públicos: solo son inaplicables para el caso concreto y previa declaración judicial. 4) Las cuestiones federales son siempre de derecho (salvo sentencia arbitraria). 
   • Requisitos y excepciones
     • 1) Debe existir un caso concreto: art. 116 de la Constitución Nacional (causas y juicio). 2) Existencia de un interés legítimo. 3) Planteamiento oportuno, en la primera oportunidad procesal. Reserva fundada del Caso Federal. 4) No procede la declaración de oficio. 5) El recurso debe ser fundado. 
     • Formas
       • Puede plantearse en el orden federal u ordinario como acción o excepción, o sea, al demandar o contestar la demanda. En el Derecho Público provincial se legisló sobre acción autónoma de inconstitucionalidad, de un modo directo y no como anexo a un juicio
     • Efectos
       • En nuestro sistema es “ interpartes”, es decir solo para el caso concreto planteado. 

3. Antecedentes históricos de la Constitución Nacional Argentina y la conformación como Estado

   • comienzo
     • Antes de 1853 regía en Argentina una precaria organización, graficada en una cohesión de carácter histórico y sociológico, caracterizada por una fuerte disputa de poder y preeminencia entre las provincias (cuyos planteos tampoco eran uniformes entre sí) y el puerto de Buenos Aires. Desde la Revolución de Mayo en 1810, se produce permanentemente la búsqueda de un instrumento jurídico que dotara a la Nación de la tan ansiada “Constitución jurídica”, entendida como un conjunto de normas fundamentales, codificadas, que regulara el total de la actividad del Estado. Sin embargo, décadas de lucha por el control del poder condujeron a guerras civiles que impedían el acuerdo necesario para llegar a la definitiva organización. Son rescatables diversos avances como la Asamblea de 1813, que si bien logra consagrar importantes principios de organización, no logra la declaración de la independencia (consagrada luego en 1816); o los intentos constitucionales de 1819 o 1826, que no logran ser aplicados en la práctica porque sectores mayoritarios de la sociedad y los actores políticos resistieron los programas de organización que respondían a una estructura centralizada de poder, mientras que la mayoría de las provincias reclamaban una organización federal .     El advenimiento del gobierno de Juan Manuel de Rosas paralizó el intento del dictado de una norma de organización, hecho que tiene fuerte influencia en su derrocamiento por parte de las tropas del General Justo José de Urquiza, en la batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852. Este episodio finaliza con el acuerdo de San Nicolás, suscripto el 31 de mayo de 1852, y el posterior dictado de la Constitución de 1853 bajo los preceptos del Pacto Federal de 1831 celebrado el 4 de enero de 1831. Aunque fuera respetuosa de los acuerdos a los que arribaran los gobernadores-caudillos de las provincias, inspirada en el pensamiento de la generación de 1837 especialmente Juan Bautista Alberdi, y guiada por el modelo de la Constitución norteamericana, fue resistida por la provincia de Buenos Aires que se separa de la confederación y forma gobierno propio. Se reinician los enfrentamientos y recién después de la victoria del General Urquiza en la Batalla de Cepeda del 23 de octubre de 1859, se suscribe el pacto de San José de Flores, por el que se permite la primera revisión del texto originario de la Constitución y la reincorporación de la provincia de Buenos Aires. Luego de esta primera reforma constitucional en 1860, prácticamente redactada por Domingo Faustino Sarmiento y Dalmacio Vélez Sarsfield, deviene una etapa de relativa estabilidad política e institucional en el país. Progresivamente, el programa contenido en la Constitución Nacional va plasmándose en la legislación y en la organización de los poderes del Estado pero la existencia de normas que regulan de manera tendenciosa la materia electoral, el carácter del voto y la organización de los partidos políticos, permitió que una clase política dominante se consagrara como única rectora de la conducción política del país, sucediéndose gobiernos con un mero viso formal de legalidad. Como respuesta a la permanente resistencia y lucha de amplios sectores marginados, se dicta una ley de raigambre constitucional en 1912, la Ley Nº 8.871, llamada Ley Saenz Peña en honor al Presidente que la promulgó, y cuyo objetivo fue garantizar el voto universal, secreto y obligatorio. Este orden jurídico logrado produce el advenimiento al poder de un partido de raigambre popular, la Unión Cívica Radical (UCR), con la asunción como presidente de Hipólito Irigoyen, (1916-1922) sucedido por el Presidente Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928). En 1928 comienza la segunda presidencia del líder radical, la que el 6 de setiembre de 1930 se ve truncada y sufre, así, el sistema su primer quiebre con el derrocamiento del Presidente Hipólito Irigoyen, y se inicia una etapa en que se suceden gobierno electos y desarrollados en el marco de la Constitución, alternados con golpes de Estado de origen castrense que incumplían la Constitución al dictar estatutos de organización que la suplían. Cabe recordar los producidos en 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. Al respecto, Alberto García Lema (1994) sostiene que desde 1930 se opera un proceso de desconstitucionalización que se profundiza por una serie de elementos, y que puede mesurarse por la precariedad medida en el tiempo del régimen democrático, en el que el sistema institucional  funcionó solo durante un total de treinta y cuatro años (alternados) desde los ciento cuarenta años que corren desde 1853 hasta 1993. Entre los factores que afectan el proceso de desconstitucionalización, el autor mencionado cita: 1) La extensión de las facultades sumidas por los gobiernos de facto, que aumentaron progresivamente desde 1930. 2) El crecimiento del tiempo de duración de los gobiernos militares. 3) El funcionamiento habitual del sistema de emergencia del Estado de sitio. 4) el progresivo desconocimiento de los derechos y garantías individuales. 5) El crecimiento de la actividad de factores de poder y grupos de presión, poniendo a país en los bordes de una anarquía social y caos generalizado (García Lema, 1994, p. 30).
     • importante
       • En la permanente búsqueda de reafirmaciones institucionales, en conjunto con aspiraciones a mayores porciones de poder, existieron desde 1860 diversas reformas al texto constitucional. Las dos primeras, de 1866 y 1898 fueron de carácter técnico y de menor importancia, pero las dos grandes reformas de nuestro siglo, que precedieron a la última, merecen un análisis más detenido, ya que, a pesar de haber sido intentos de reformas sustanciales, ambas fracasaron. En efecto, prácticamente a mediados de este siglo se produjeron dos reformas constitucionales que tuvieron en común la falta de acuerdo o consenso necesario: la de 1949, impulsada por el gobierno de Juan Domingo Perón bajo la ley declarativa N° 13.233 dictada sin alcanzar las mayorías calificadas exigidas por el artículo 30 de la Constitución Nacional. En esta oportunidad se produce una reforma global del texto, con importantes cambios institucionales, nuevas declaraciones de derechos individuales, la incorporación del constitucionalismo social, reformas institucionales en la organización del poder y la posibilidad de la reelección presidencial dentro de un marcado fortalecimiento del presidencialismo. Este intento propiciado por el “peronismo” no contó con la adhesión del “antiperonismo” por lo que fracasó y fue derogada por un bando militar del gobierno que asume luego del golpe de Estado de 1955. En el año 1957 no existía Congreso, y en virtud de un decreto ley del Poder Ejecutivo de facto se convocó a una convención reformadora llevada a cabo por el “antiperonismo” con proscripción del peronismo. A pesar de encontrarse habilitadas diversas modificaciones, por la ilegitimidad y la falta de consenso, solo se logró sancionar como texto el art. 14 bis, por el que se incorporan los principios del constitucionalismo social. La legitimidad de esta reforma, se produce por la aceptación del Congreso y de la Corte Suprema de la Nación Otra instancia institucional fue la enmienda de 1972, que se alumbró en el gobierno de facto a cargo del General Alejandro Agustín Lanusse que se aplicó solo para la elección de 1973, período democrático que se trunca con otro golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Como se observa, existe una razón más que teórica al aseverar que la norma constitucional solo puede afirmarse en la voluntad común, compartida por el pueblo cuyos destinos está destinada a regir. Siempre que se impuso un sector sobre otro, solo se logró un texto formal de acotada vigencia espacial y temporal. Al tener en cuenta el traumático proceso histórico, político e institucional que sufrió Argentina y ante la gravedad de los hechos que se producen en el último gobierno castrense (desde 1976 hasta 1983), la ciudadanía y la dirigencia de los partidos políticos en forma mayoritaria, advierten la necesidad de afirmar un sistema que permita garantizar el Estado de derecho como condición indispensable de desarrollo del país en todos los ámbitos, tanto nacionales como internacionales y que garantizara, internamente, un marco de convivencia social. Los partidos políticos mayoritarios (radicalismo y justicialismo) comienzan a tomar el camino del diálogo a fin de buscar el consenso necesario para la reforma institucional. En este sentido se encuentra el primer antecedente histórico en la reunión que se produce el 14 de diciembre de 1973, en Gaspar Campos, entre el líder justicialista (Juan Domingo Perón) y el líder radical (Ricardo Balbín). Como consecuencia de la misma, el Presidente Perón, en abril de 1974 creó una comisión especial encargada del estudio del tema. Los hechos históricos posteriores impidieron su concreción. A fines de 1985 el Presidente Raúl Ricardo Alfonsín retoma el desafío ya que era imprescindible poner fin a la permanente sucesión de gobiernos democráticos y golpes de Estado que instauraban prolongados gobiernos de facto. Esto solo se podía lograr por medio de un acuerdo político institucional, capaz de modificar la historia de desencuentros y pérdida de calidad institucional. Se debe iniciar una convergencia de fuerzas que se planteara como meta modernizar a la Argentina en términos de eficiencia pero también en términos de una democratización fundamental en la sociedad y en el Estado, en la economía y en la cultura. Una modernización capaz de introducir en todos esos ámbitos experiencias de gestión compartida que consideraran al hombre como el principal protagonista de la sociedad y ampliaran a democracia hasta el nivel de la vida cotidiana (Alfonsín, 1996, p. 141).
       • “Consejo para la consolidación de la democracia” (1985)
         • Con la finalidad de perseguir estos objetivos crea el “Consejo para la consolidación de la democracia” (1985) conformado por juristas de los partidos políticos, por miembros relevantes de la sociedad, del mundo de la ciencia y del arte, quienes bajo la presidencia del Dr. Carlos Santiago Nino, toman el desafío de aconsejar a la Presidencia de la Nación sobre la forma de sostener y fortalecer el sistema democrático. En ese sentido, produce dos dictámenes en los que se aconseja reformas institucionales sustanciales, y se destaca el segundo dictamen en que se recomienda, directamente, la reforma de la Constitución Nacional. Sobre esta reforma no se pudo avanzar ya que, en la elección de 1987 para la renovación parcial del Congreso de la Nación, la Unión Cívica Radical pierde escaños, y se hace imposible propiciar una ley declarativa de necesidad. En 1989 asume la presidencia el Dr. Carlos Saúl Menem, quien desde el año 1991 retoma el tema de la reforma constitucional, pero con diferencias respecto al régimen propiciado por el radicalismo. En efecto, mientras que el justicialismo pretendía mantener un sistema presidencialista, el radicalismo pugnaba por avanzar hacia un parlamentarismo atenuado. Se desarrollaron, desde el gobierno, iniciativas tanto políticas como jurídicas con el fin de apurar la reforma, ya que la reelección presidencial solo podía lograrse de este modo. En ese sentido se dictan los Decretos Nº 2181/93 y 2258/93 por los que el Presidente convoca a consulta popular voluntaria y no vinculante sobre el tema y tiene ingreso un proyecto de ley reglamentario del art. 30 de la Constitución Nacional, por el cual se exigiría, para probar la ley declarativa, el voto afirmativo de los dos tercios de miembros presentes de cada Cámara. No obstante, el diálogo entre las fuerzas políticas no se había interrumpido y el 4 de noviembre de 1993 se concreta una reunión entre el presidente en ejercicio y el líder de la Unión Cívica Radical, que concluye con la firma del llamado “Pacto de Olivos” suscripto por ambos el 14 de noviembre del mismo año. En el acuerdo, ambos se comprometen a propiciar una reforma constitucional que dejara incólume la primera parte de la Constitución Nacional en su texto originario, pero que consolidara el sistema democrático y perfeccionara el equilibrio entre los poderes del Estado, que afianzara la independencia de la justicia y fortaleciera los órganos de control, que garantizara la plena vigencia de los derechos humanos, que rediseñara el régimen federal para favorecer el progreso y desarrollo económico de provincias y regiones y que favoreciera la integración latinoamericana y continental. Con miras a la ley declarativa de la necesidad de la reforma, se mantienen diversas reuniones entre juristas y políticos delegados por ambas fuerzas y se logra la redacción del Acuerdo para la Reforma de la Constitución Nacional, suscripto en Buenos aires el 13 de diciembre de 1993, en el que se proyectan dos partes bien diferenciadas: una llamada “Núcleo de  coincidencias básicas”: en él pesaba el compromiso de incorporarlo al texto constitucional sin posibilidad de modificaciones, y debía ser votado en su conjunto (como un sistema en todo) por sí o por no, sin poder desglosarse ninguna de sus cláusulas, y otra parte que contenía una serie de temas habilitados sobre los que los partidos políticos participantes de la Convención Nacional Reformadora podían efectuar propuestas libremente. Este acuerdo recibió críticas de los partidos no participantes del mismo, que calificaron al acuerdo, sobre todo al “Núcleo de coincidencias básicas” como un pacto espurio, una componenda entre socios, logrado a espaldas del pueblo. Por otra parte, como la redacción del acuerdo (que debía incorporarse a la ley declarativa) avanzaba no solo en los artículos habilitados para la reforma sino sobre su contenido, algunos estudiosos consideraban que el Congreso avanzaba sobre el límite material impuesto a la Convención Reformadora, extralimitándose en su misión. Dentro de este marco se dictó la Ley Declarativa de la Reforma Constitucional N° 24.309, que incorpora en su texto el acuerdo previo. Obtuvo en el Congreso de la Nación una cantidad mayor al voto de las dos terceras partes de los miembros totales de cada una de las Cámaras; y según sus disposiciones se eligieron 305 convencionales constituyentes representativos de todos los partidos políticos reconocidos, tanto nacionales como provinciales. En virtud de la aplicación de la ley de cupo o cuotas se integraron a este cuerpo colegiado 80 mujeres. Por razones históricas, la sede de la Convención se fijó en las ciudades de Santa Fe y Paraná. Las deliberaciones comenzaron el 25 de mayo de 1994 y concluyeron con la jura de la Constitución el 24 de agosto de 1994 en el Palacio San José de Concepción del Uruguay.