SUPUESTO PRÁCTICO 1

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Nicoleta, nacida en Rumanía, y con nacionalidad española desde hace 15 años, presenta de forma presencial una solicitud de pensión contributiva en el edificio del INSS ubicado en la calle Bejar (Huelva), cuya tramitación precisa de una conversación formal con el funcionario público que la atiende.

Nicoleta alega que su conocimiento del castellano no es fluido, y que solo conoce con exactitud su lengua de origen y de forma secundaria el Inglés y que la Administración debe disponer de un funcionario en oficina con conocimientos avanzados en Ingles, al ser una lengua muy hablada en todo el mundo.

Por otra parte, Ivanovic, cónyuge de Nicoleta, y también con nacionalidad española, presto sus servicios como camionero en San Sebastian durante 10 años, periodo que le sirvió para dominar la lengua Euskera. Cuando finalizo sus servicios y habiendo cotizado el tiempo necesario para una prestación por desempleo solicita en una oficina de empleo del Municipio de San Sebastian su prestación en Euskera. El funcionario que tramita el procedimiento se niega a continuarlo, observando que la lengua utilizada no es el castellano, y insta al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la solicitud, transcribiendo el texto al castellano.

En el verano de 2022 Ivanovic y Nicoleta hicieron una ruta en coche por la costa del norte de España, y a la altura de Tarragona (Cataluña) atravesaron un radar a una velocidad superior a la permitida para esa vía. Un mes después les llego una notificación de inicio de un procedimiento sancionador por la multa a su domicilio de Huelva escrita en lengua catalana, por importe de 100 euros. 6 meses y una vez pagada la multa, les llega una nueva notificación, esta vez escrita en castellano, en la que se indica que a través de la nueva redacción del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial la cuantía de la multa por exceso de velocidad asciende a un importe de 200 euros para el tramo de velocidad superado, y que la Administración instruirá un nuevo procedimiento para reclamar la diferencia entre el importe pagado por la primera multa y el establecido actualmente en la normativa modificada

En una de sus visitas por los pueblos de Cataluña pudieron observar como en el Ayuntamiento de Figueres no estaba alzada la bandera de España junto a la bandera de Cataluña.