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TEMA 12. LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES EN EL SIGLO XIX.
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En el siglo XIX algunos países de Europa (Gran Bretaña, Francia, Alemania y
Bélgica) se transformaron profundamente. Por un lado, la industria desplazó a la
agricultura como principal actividad económica y, por otro, la mecanización y las
nuevas fuentes de energía cambiaron las formas de producción. Ello influyó en la
estructura económica y en la sociedad, inaugurando la era del capitalismo. España, al
igual que otros países, experimentó estos procesos, pero sus efectos no fueron tan
acusados por lo que no se industrializó plenamente y sólo en ciertas zonas
periféricas. Por eso, en el siglo XIX, España mantenía una economía profundamente
agraria, con un sector industrial limitado y poco eficaz para competir en el exterior.
El proceso de industrialización en España durante el siglo XIX se puede dividir
en dos etapas:
a. 1800 – 1860: se caracterizó por el estancamiento económico (con descenso
de precios, guerras, instabilidad política y pérdida de parte de los territorios
americanos)
b. 1860 – 1901: se produce un crecimiento más rápido coincidiendo con un
periodo de crisis en Europa que benefició a sectores como el agrario (cereal y
vitivinícola)
A) LAS TRANSFORMACIONES EN LA AGRICULTURA. LAS DESAMORTIZACIONES 1- LA SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX.
La agricultura española presentaba unos bajos rendimientos que se vieron
aumentados por el incremento de la superficie cultivada y no tanto por la mejora de
la productividad. Esta baja productividad se puede explicar, en parte, por el propio
marco natural peninsular (orografía, suelo y clima), pero sobre todo a una estructura
de la propiedad que no fomentaba la mejora técnica:
Al norte, el minifundismo no produce excedentes y todo se debe dedicar al
En Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía, con el latifundismo se
Con el tiempo esta situación perjudicó a los campesinos, muchos de ellos
jornaleros, y provocó importantes conflictos sociales.
El sector predominante eran los cereales (trigo), preferentemente en la
Meseta y Andalucía, cuyo crecimiento apenas podía atender las demandas de la
población en proceso de crecimiento, llegándose a producir crisis de subsistencias.
La superficie dedicada a este cultivo era cercana al 80% del total. En la década de los
90 se produjo la llegada de productos procedentes de América, Australia y Rusia que
se obtenían a un bajo coste y que provocó la caída de los precios de los cereales. Ello
obligó a los gobiernos a aplicar una política proteccionista que, si bien evitó la
entrada de productos extranjeros, no estimuló la inversión en innovaciones
técnicas. Otros cultivos que se extendieron fueron el maíz y la patata.
El segundo gran protagonista fue la vid que se convirtió en producto de
exportación, ya que tuvo un crecimiento importante a raíz de la filoxera francesa de
1868, llegando a controlar el mercado europeo entre 1875 y 1890, para después
entrar en crisis pues la plaga también llegó a la península. El otro producto será el
olivo (aceite) con un cierto auge hacia la mitad del siglo, y dedicado al mercado
americano especialmente y a la demanda de inmigrantes españoles e italianos. A
estos dos productos se añadieron los frutales y los cítricos (agricultura especializada)
desarrolladas en Cataluña, Valencia y zonas de Andalucía. Si bien ocupaban sólo el
12% de la tierra cultivada representaban el 23% del valor total de la producción
agrícola.
En cuanto a la ganadería, el ganado ovino lanar sufrió un importante retroceso
como consecuencia del descenso de las exportaciones, de la supresión de los
privilegios de la Mesta y de las nuevas roturaciones. En cambio aumento la
importancia de la ganadería porcina.
2. LAS DESAMORTIZACIONES.
La agricultura presentaba unas características, tanto en su explotación
(técnicas atrasadas), como en lo que se refiere al régimen de propiedad, que hacía
necesaria una profunda reforma. Los regímenes liberales que se sucedieron a los
largo del siglo XIX emprendieron estas medidas, sobre todo en cuanto a la propiedad
de la tierra.
El principal objetivo era liberar la tierra de las trabas que ponía el Antiguo
Régimen para fomentar la propiedad privada y una economía de mercado.
consumo.
obtienen con facilidad beneficios y no interesaba invertir.
Las medidas se habían iniciado en las Cortes de Cádiz, aunque tuvieron su
definitiva consolidación en las diferentes etapas del régimen isabelino y fueron
protagonizadas por los gobiernos más progresistas (1836-1841 y 1854-1856).
Las medidas fueron:
La desvinculación de los mayorazgos: Prohibía la vinculación y permitía a sus
dueños a venderlas o arrendarlas. La nobleza se benefició y perjudicó al
campesinado que perdió parte de sus derechos sobre las tierras que cultivaba.
La disolución del régimen señorial. Obligó a que la nobleza renunciase a sus
derechos jurisdiccionales (administrar justicia, nombrar autoridades locales,
cobrar ciertos impuestos), pasando éstos a ser jurisdicción del Estado.
Las Desamortizaciones. Iniciadas de manera parcial en la época de Godoy y de
las Cortes de Cádiz, tuvieron su aplicación más clara con los decretos aplicados
por Mendizábal en 1837, que afectó a los bienes eclesiásticos y,
posteriormente, la emprendida por Pascual Madoz en 1855 y que fue mucho
más amplia al extenderse a los bienes de los Ayuntamientos (bienes de
propios y bienes comunales).
La Desamortización eclesiástica de Mendizábal (1837) se inicia con la
disolución previa de las órdenes religiosas, salvo las consagradas a la enseñanza o al
cuidado de enfermos y sus fincas se declararon bienes nacionales, es decir,
propiedad del Estado. Las tierras expropiadas a la Iglesia salieron a subasta y a esta
medida contribuyó la situación tan crítica por la que pasaba el país (Primera Guerra
Carlista) y estado ruinoso de la Hacienda. Por lo que los objetivos a lograr fueron:
Sanear la Hacienda, al amortiza parcialmente la deuda Pública del Estado.
Financiar la guerra civil contra los carlistas.
Crear un grupo de propietarios que fuesen adeptos a la causa liberal.
Como crítica a este proceso de desamortización, se encuentra el hecho de que
los objetivos fueran más de índole económico que social y se desaprovechase una
buena oportunidad para repartir tierras entre los campesinos que venían trabajando
en ellas, circunstancia que no ocurrió porque fueron adquiridas en su mayoría por la
nobleza y la alta burguesía.
La Desamortización General de Madoz (1855), se inició en el período
conocido como Bienio Progresista. En ésta se incluyeron todas tierras amortizadas:
a) las de la Iglesia aún no vendidas
b) las de propiedad municipal (bienes de propios y bienes comunales).
La situación política y fiscal no era tan grave como en la etapa anterior, pues la
segunda guerra carlista no supuso tanto gasto como la primera y el régimen liberal
estaba más consolidado. Por lo que los objetivos fueron: sanear la Hacienda y
financiar las infraestructuras, sobre todo la red de ferrocarriles.
Consecuencias de las Desamortizaciones. Fueron de índole económica y social:
Aumento de la superficie cultiva (se pasa de 10 a 16 millones de hectáreas),
con el consiguiente incremento de la producción.
Los capitales generados de la venta de dichas tierras no fueron dedicados a
fomentar otros sectores como la industria, sino que se usaron sólo en la
agricultura o en pagar la Deuda Pública.
No supuso una modificación de la estructura de propiedad; en general se
mantuvo la situación e incluso se incrementaron algunos latifundios.
Socialmente, se sacrificaron los intereses de los campesinos, pues no se
reconocieron sus derechos de explotación ni se les facilitó el acceso a las
nuevas, por lo que se perdió la oportunidad de crear una clase media
campesina propietaria de tierras. Afectó negativamente sobre todo a los
trabajadores pobres y asalariados.
B) INDUSTRIALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS. La industrialización se inició en España hacia 1830, aunque fue de forma lenta;
la actividad económica esencial fue la agricultura. Esta circunstancia ha llevado a
hablar a algunos historiadores del “fracaso de la Revolución Industrial”, aunque hoy
se tiende a utilizar más el término “retraso” para hablar de un proceso de
transformaciones que ya había comenzado. Sin embargo, el proceso fue muy
desequilibrado sectorial y regionalmente. Sólo se consolidó la industrian textil
catalana y la siderurgia vasca.
1. LA INDUSTRIA
A. Obstáculos para el proceso de industrialización.
Una economía agraria sin modernizar que hacía que la mayoría de la
Un elevado índice de analfabetismo que se traduce en un bajo nivel
Una deficiente red de transporte y comunicaciones, que dificultaba los
población fuese campesina pero pobre, con poco poder adquisitivo e
incapaz de absorber la producción industrial.
cultural, profesional y técnico que impedía el desarrollo de una tecnología
propia.
intercambios y el desarrollo de un mercado nacional.
Escasez de capitales para invertir. La agricultura no producía grandes
capitales y los grupos sociales poderosos económicamente preferían
invertir en tierras en lugar de correr riesgos con inversiones en las
industrias. La consecuencia fue una dependencia excesiva de los capitales
del Estado o extranjeros.
B. La industrialización en España.
a. Un sector pionero. La industria textil.
Cataluña fue la única zona donde la industrialización se originó a través de
capitales autóctonos, aunque predominó la empresa de tamaño mediano.
Dentro de la industria textil destacó el sector algodonero que, al igual que en
Inglaterra, actuó como sector palanca del resto. Su éxito se debió a tres factores:
La posición de ventaja de la que parte, pues Cataluña había iniciado un
La iniciativa empresarial de la burguesía catalana con la incorporación de
La protección arancelaria, que la puso a salvo de la competencia inglesa, y
incipiente desarrollo industrial en el siglo XVIII.
nuevas máquinas y técnicas de producción.
le permitió, después de perder el mercado colonial americano, orientar su
producción altercado nacional, así como a Cuba y Puerto Rico hasta finales
del siglo XIX.
El recorrido cronológico por la industria textil, parte del siglo XVIII con las
fábricas de indianas, que pronto incorporaron las hiladoras mecánicas. La Guerra de
la Independencia 1808 desarticuló los mercados y paralizó su expansión, agravada
por la pérdida de las colonias americanas. El proceso de mecanización fue muy
importante a partir de 1830, favorecido por una escasa mano de obra y una fuerte
inversión en telares mecánicos que ayudó a bajar los costes y pudo ofrecer un tejido
más barato.
Sin embargo este sector tuvo que hacer frente a dos problemas:
La escasez de carbón de la minería catalana y la dependencia del carbón
La debilidad del mercado español compuesto por campesinos con poco
(hulla) asturiano, lo que obligó crear colonias industriales que aprovechasen
la energía hidráulica.
poder adquisitivo y una demanda débil, que obligó a los gobiernos a aplicar
leyes proteccionistas.
Una época difícil fueron los años 1861-1865 cuando se contrajo el mercado
americano por la Guerra de Secesión y era muy complicado encontrar la materia
prima. Hacia 1874 se resolvió la crisis con un nuevo impulso tecnológico.
b. Un sector con dificultades: La siderurgia
Para el desarrollo de una industria siderúrgica potente se requiere, además del
hierro, carbón en abundancia y de calidad y, sobre todo, que la demanda de
productos siderúrgicos resulte lo suficientemente grande como para rentabilizar las
elevadas inversiones iniciales.
La inexistencia en España de buen carbón y la demanda insuficiente explican
el desarrollo accidentado de esta industria, cuya localización fue cambiando a lo largo
del siglo XIX. Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) se pueden distinguir dos
etapas:
La etapa andaluza, hasta 1860, en torno a Málaga. Se basaba en la
La etapa asturiana, entre 1860 y 1880, en torno a las cuencas carboníferas
explotación del hierro de la zona, pero la falta de carbón mineral obligaba a
recurrir en una gran proporción al vegetal, mucho más caro. Su apogeo
coincidió con las Guerras Carlistas, que impedían la explotación de las minas
del norte.
de Mieres y Langreo. Se basaba en la riqueza del carbón de la zona, aunque
no era de gran calidad.
Sin embargo el verdadero despegue de la industria siderúrgica española se
inició a finales del siglo XIX en torno a Bilbao, sobre todo por la actividad de unas
pocas grandes empresas. En 1880 nace la empresa Vizcaya que construye varios
altos hornos y en 1882 se creó La Sociedad Anónima Altos Hornos y Fábrica de
Hierro y Acero de Bilbao. Y en 1885 se instaló ya el primer convertidor Bessemer,
que fabrica acero en serie, a partir de un lingote de hierro. La clave del éxito estaba
en el eje comercial Bilbao – Cardiff (Gales): Bilbao exportaba hierro y compraba
carbón galés, más caro, pero de calidad superior y, por tanto, más rentable.
c. Otros sectores industriales
El predominio agrícola permitió el desarrollo de la industria agroalimentaria
que, en 1856, representaba más de la mitad del total del sector, desarrollándose en
Andalucía, Canarias y Extremadura. En Valencia destacó la exportación de los cítricos.
En Aragón, especialmente en Zaragoza se desarrolló la industria harinera. Madrid
destacó algo por la industria tipográfica y editorial. Todas ellas eran pequeñas
industrias dedicadas a un mercado interno y cercano.
A finales del siglo XIX surge la industria del gas relacionada con el desarrollo
urbano y la industria química que producía ácido sulfúrico, potasa y sosa para el
consumo de otras industrias, y explosivos para la minería. Su importancia no fue
relevante hasta bien entrado el siglo XX.
d. Un sector acaparado por extranjeros: La Minería.
España era rica en reservas de hierro, plomo (Linares, La Carolina), cobre
(Riotinto en Huelva), mercurio (Almadén en Ciudad Real) y cinc (Reocín en
Cantabria). Además, los yacimientos estaban próximos a zonas portuarias, lo que
facilitaba el transporte y exportación de los minerales.
Sin embargo, la minería española no alcanzó su pleno apogeo hasta el último
cuarto del siglo, en que se convirtió en uno de los sectores más activos de la
economía nacional. Esto fue posible, en gran medida, por la Ley de Bases sobre
Minas de 1868, promulgada tras el derrocamiento de Isabel II, que simplificaba la
adjudicación de concesiones en la explotación de las minas. Estas medidas se
tomaron por la conjunción de una serie de factores:
El aumento de la demanda internacional
Los avances en las técnicas de explotación que abarató su coste
El acuciante déficit de la Hacienda española, que impulsó la explotación de
Las compañías extranjeras se hicieron cargo de la explotación minera: extraían
los minerales y los exportaban en bruto a sus países de origen. España se convirtió,
por tanto, en exportadora de materias primas. Algunos han llamado a esta medida
como la desamortización del subsuelo.
C. Conclusión acerca de la industrialización española.
El desarrollo industrial de España durante el siglo XIX fue limitado y con graves
deficiencias:
La escasez de capital nacional fue la causa de que la moderna industria
los yacimientos a compañías extranjeras a cambio de dinero
La industria se limitó en la práctica a dos focos periféricos: la industria
A finales del siglo XIX, la base económica del país seguía siendo una
española se levantara con predominio de capital extranjero (salvo en
Cataluña). Los capitales españoles se invirtieron preferentemente en la
compra de tierras desamortizadas y en el negocio de los ferrocarriles.
textil catalana y, desde finales del siglo XIX, la siderurgia vasca. Pero ambos
sectores eran poco competitivos en el exterior, lo que obligaba a mantener
una política proteccionista para reservarles, al menos, el mercado nacional.
agricultura de escasos rendimientos, que ocupaba a las dos terceras partes
de la población activa y generaba más de la mitad de la renta nacional.
2. LOS TRANSPORTES: EL FERROCARRIL.
En España se pretendía seguir el ejemplo de países como Gran Bretaña,
Bélgica, Francia o Alemania, que desde 1840 habían creado una red ferroviaria que
estimulaba la economía en su conjunto, pues facilitaba los intercambios y potenciaba
la industria siderometalúrgica. Además, existía la convicción de que, si se creaba un
medio barato de transporte, la facilidad de los intercambios animaría a la creación de
industria.
La primera línea construida en España fue la de Barcelona-Mataró (1848), pero
la verdadera fiebre constructora se desencadenó a partir de la Ley de Ferrocarriles
de 1855, hasta la crisis financiera de 1866.
La ley propiciaba la creación de compañías privadas que se encargarían de la
construcción y explotación de los diferentes tramos de la red. Para ello, el gobierno
estaba dispuesto a proporcionar todo tipo de recursos y facilidades, desde conceder
subvenciones, cuyos fondos los proporcionaría la aplicación de la Ley de
Desamortización General de Madoz de ese mismo año, hasta permitir la importación
de materiales extranjeros.
De la Ley de ferrocarriles se derivó un ritmo rápido de construcción, pero
también algunas consecuencias negativas:
Las principales concesiones se otorgaron a compañías extranjeras, que
El escaso capital privado español que no se había dedicado a la adquisición
Al final existía el medio de transporte, pero apenas había mercancías que
importaban el material ferroviario, con lo que, a diferencia de lo ocurrido en
otros países, la construcción de la red española no estimuló apenas la
industria siderúrgica nacional.
de tierras desamortizadas se invirtió en el ferrocarril, pero no en la
industria.
transportar; las compañías ferroviarias no podían recuperar lo invertido en
la construcción de las líneas por los escasos beneficios de su explotación; y
en consecuencia, muchas de ellas quebraron y arrastraron en su caída a los
bancos y sociedades de crédito en la crisis financiera que hubo en 1866.
3. EL COMERCIO. UN PROTECCIONISMO DE ELEVADOS ARANCELES.
El comercio interior. En la primera mitad del siglo XIX se dieron los pasos para
crear un mercado nacional que superase los estrechos límites del mercado local o
comarcal característico del Antiguo Régimen. Para lo cual se derogaron los gremios
con el fin de aumentar el número de productores, se suprimieron los impuestos de
paso y se eliminaron las tasas sobre el comercio. También era necesario un buen
sistema de transportes que España, pese a todas sus dificultades, desarrolló con el
ferrocarril que favoreció el intercambio de personas y mercancías. Sin embargo el
principal problema del mercado interior fue el escaso desarrollo industrial de
muchas regiones españolas y por consiguiente que predominase una economía
preferentemente agrícola con poca productividad y escasa capacidad adquisitiva de
los campesinos, que limitó el crecimiento por la poca demanda de productos.
El comercio exterior. Por lo que respecta a este aspecto en el siglo XIX se
pueden diferenciar dos etapas: la primera entre 1815 y 1850; y la segunda entre
1850 y 1900, con un mayor aumento del comercio internacional. La estructura de
productos refleja bien la evolución de la economía. En sus inicios destacan las
exportaciones de aceite y vino, y las importaciones de tejidos de algodón y lino. A
finales de siglo, el algodón en rama y el carbón eran los principales productos;
mientras que se exportaban minerales.
En el comercio exterior influyó la pérdida de las colonias americanas que eran
los principales socios comerciales hasta su independencia. A mediados del siglo XIX
Francia y Gran Bretaña se convierten en los destinatarios de estos productos debido
a su desarrollo industrial.
Esta vinculación con el mercado europeo fue inseparable del debate que se
estableció entre los defensores del proteccionismo y los librecambistas. Aunque el
comercio creció a lo largo de este siglo la balanza comercial se mantuvo deficitaria y
con una estructura propia de un país poco desarrollado: se exportaban a Europa
materias primas y productos semielaborados y se importaban productos industriales.
Sin embargo, al igual que todos los países, intentó preservar su mercado interior para
la producción nacional, mediante la imposición de aranceles a los productos
extranjeros. Los grupos económicos que reclamaban el proteccionismo eran, en
primer lugar, los fabricantes de algodón catalanes, para evitar la competencia
inglesa; en segundo lugar, los productores cerealistas castellanos, que así se
aseguraban la venta de sus cosechas de trigo a cualquier precio; y por último, ya a
finales de siglo, los industriales siderúrgicos vascos.
Por lo tanto, en España, la política proteccionista se mantuvo con altibajos
desde el siglo XIX hasta 1960.
Solamente durante el Sexenio Democrático se vivió un paréntesis de apertura
del mercado español con el Arancel Figuerola (1869), que rebajaba las tarifas
arancelarias y no prohibía la importación de ningún tipo de producto.
4. LA REFORMA DE LA HACIENDA PÚBLICA (MON-SANTILLÁN)
En 1845 la reforma Mon-Santillán de la Hacienda (Mon era el ministro de
Hacienda y Santillán el autor del plan de reforma) representó la superación de la
caótica situación del Antiguo Régimen y el comienzo de un sistema fiscal moderno,
simplificado y racional, con una clara división entre los tipos de impuestos.
De acuerdo con la nueva concepción del liberalismo, todos los ciudadanos
estaban obligados a contribuir, pero quienes más riqueza tenían, los grandes
terratenientes y la burguesía comercial, industrial y financiera, lo hacían muy por
debajo a su capacidad y recursos económicos. A pesar de toda esta reforma no pudo
acabar con el crónico déficit fiscal y el endeudamiento progresivo de la Hacienda
española, sobre todo por la insuficiencia de ingresos.
El sistema financiero. En 1856 se promulgó la Ley de Bancos y Sociedades
de Crédito que es el punto de arranque del sistema bancario español. A principios del
siglo XIC el mayor banco era el Banco Español de San Fernando, creado en 1829
como Banco del Estado y de emisión. En 1856 se creó el Banco de España, que
obtuvo en 1874 el monopolio de la emisión de billetes. También aparecieron
numerosas sociedades de crédito destinadas a gestionar negocios, y el Banco
Hipotecario, destinado a financiar operaciones a largo plazo. En el País Vasco la
industrialización propició que naciese un sector bancario que apoyase su
financiamiento industrial. Así nacieron el Banco de Bilbao (1856) y el Banco de
Vizcaya (1902).
Otro paso importante fue la implantación de la peseta como moneda oficial.
Hasta los años treinta del siglo XIX circulaban en España monedas de distintas épocas
y regiones, además de abundante moneda extranjera. Por consiguiente, la mezcla de
piezas y sistemas dificultaba el cálculo de las equivalencias entre ellas y obstaculizaba
las transacciones comerciales. Después de varios intentos anteriores, en 1868, tras el
derrocamiento de Isabel II, se modernizó por fin el sistema monetario español,
mediante la implantación de una sola unidad monetaria oficial, la peseta, basada en
un sistema decimal. La peseta era una pieza de origen catalán, cuyo valor en ese
momento era similar al franco francés.
C) CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y CAMBIO SOCIAL. EL MOVIMIENTO OBRERO. Durante el siglo XIX se produjeron importantes transformaciones demográficas
y sociales. El comportamiento demográfico varió, aunque lentamente, respecto del
Antiguo Régimen. A su vez se produce una progresiva transformación de la sociedad
estamental a la sociedad de clases, en la que la burguesía se consolida como el grupo
social dirigente. Aparece además un lento cambio del papel de la mujer.
1.- La evolución demográfica.
Entre 1800 y 1900 se pasó de 11,5 millones a 18,6 millones de habitantes. El
crecimiento es lento respecto a otros países. La mortalidad se mantuvo en tasas
elevadas (siguen existiendo crisis de subsistencias y epidemias: cólera, tifus, etc.),
junto a una higiene deficiente y períodos de guerra. El crecimiento no fue
homogéneo al ser escaso en el centro y más elevado en la periferia (Cataluña tiene
un comportamiento parecido al de los países europeos). En estos años crece la
emigración exterior que se dirigió a ultramar (Argentina, Cuba) y Argelia,
incrementándose en 1882. Las migraciones interiores, del centro a la periferia o del
campo a la ciudad no tuvieron una especial incidencia hasta finales del siglo XIX. Sí se
percibe un incremento de la población urbana en Barcelona, Madrid, Valencia,
Sevilla y Málaga, que en 1870 ya superaban los 100.000 habitantes y las dos primeras
500.000 en 1900. Este crecimiento influyó en la transformación de las ciudades,
donde se derribaron las murallas defensivas y se crearon planes de ordenación
urbana para facilitar la extensión de la ciudad de manera ordenada. A pesar de todo,
a principios del siglo XX, el 70% de la población vivía en el medio rural.
2.- El nacimiento de la sociedad de clases.
La revolución liberal burguesa supuso la transformación de la sociedad
estamental en la actual sociedad de clases capitalista.
La sociedad ya no se divide en estamentos cerrados, definidos jurídicamente y
con derechos y obligaciones diferentes, sino que todos los individuos son ciudadanos
iguales ante la ley, al menos en teoría. Ahora el único criterio realmente importante
es el económico, que permite clasificar a la población por su nivel de renta-clases
altas, medias y bajas-, o por su papel en el proceso de producción-burguesía
industrial, clase obrera, etc.). Además las clases sociales son abiertas, y el ascenso o
descenso de una a otras (movilidad vertical) viene determinado por los cambios en la
situación económica del individuo, y por decisiones ajenas a él, como la concesión de
un título de nobleza por parte del rey.
La media y baja nobleza del Antiguo Régimen tendió a desaparecer y fundirse
en las nuevas clases sociales correspondientes a su nivel de riqueza.
En cambio la alta nobleza conservó sus títulos, aunque con carácter honorífico
(sin privilegios feudales) y se integró en los grupos dirigentes de la nueva sociedad en
razón de sus propiedades territoriales y sus negocios. Los nobles que poseían
señoríos en el Antiguo Régimen en general salieron favorecidos por la forma en que
se abolió en España el régimen señorial, ya que se apropiaron de tierras de sus viejos
señoríos, sobre las cuales tenían derechos más que dudosos, suponiendo que
tuvieran algún derecho.
La alta burguesía fue la nueva clase que emergió al beneficiarse con la compra
de tierras en el proceso desamortizador, y con las inversiones en industrias y
ferrocarriles. Se constituyó en una oligarquía terrateniente, industrial y financiera,
resultado de la alianza, a veces incluso matrimonial, entre la vieja nobleza y la nueva
burguesía propietaria. Esta oligarquía se erigió en clase dominante del nuevo régimen
liberal.
Las clases medias, campesinos y proletarios.
Las clases medias era un grupo heterogéneo formado por la pequeña
burguesía (pequeños comerciantes, pequeños empresarios), funcionarios y
profesiones liberales. En España representan un grupo menos numeroso que en
otros países de Europa más desarrollados económicamente.
El campesinado seguía siendo la mayoría de la población, por el escaso
desarrollo industrial. Había diferentes grupos según se fuera propietario o no de
tierras. En el sur abundaban los jornaleros agrícolas que trabajaban en los latifundios,
en duras condiciones de trabajo que provocarán abundantes conflictos. De hecho los
campesinos fueron los grandes sacrificados de las reformas liberales, ya que no se
reconocieron sus derechos sobre las tierras señoriales, ni se les facilitó el acceso a las
propiedades desamortizadas, lo que explica su oposición al régimen liberal y el apoyo
en algunos casos a lo que fue la causa carlista.
Había otros grupos englobados en las clases populares que crecieron de forma
espectacular en este siglo, principalmente en el servicio doméstico.
La novedad más importante fue la aparición de un grupo social que nace con la
industrialización a la vez que abandona los trabajos artesanales. Este grupo es el
proletariado industrial (obreros de las fábricas), que se concentra sobre todo en las
zonas industriales (Barcelona-Vizcaya), que se nutrieron del éxodo rural y de los
antiguos artesanos arruinados. El proletariado vio como sus condiciones de vida
empeoraron al someterse al sistema de las fábricas, que implicaba una rígida
disciplina laboral, con jornadas de 12 y 14 horas, en lugares de trabajo insalubres y
mal iluminados y con bajos salarios. A ello se añadía la ausencia de una regulación
laboral y de protección social.
La condición social de la mujer. En el siglo XIX se reforzó la idea de que la
mujer en la sociedad debía representar el papel de esposa y madre. Por lo tanto su
ámbito de actuación era el doméstico. Este estereotipo perjudicó, de manera
especial, a las mujeres de las clases bajas, porque además de esto tenían que trabajar
en las fábricas. Estas mujeres, además de compaginar el trabajo doméstico y el
industrial, se encontraron con salarios más bajos que el de los hombres. Muchas
mujeres optaron también por el trabajo doméstico. En España no existió en el siglo
XIX un movimiento feminista que reclamase sus derechos aunque sí hubo una
reivindicación por una educación femenina digna. Concepción Arenal intentó
demostrar que la mujer no es “ni orgánica ni intelectualmente inferior al hombre”.
3.- El movimiento obrero.
Las condiciones de vida de los obreros eran pésimas: largas jornadas de
trabajo (12 y 14 horas), trabajo de niños (menores de 6 años) y mujeres, salarios
miserables, obligatoriedad de vivir en barracones propiedad de las empresas y de
consumir los productos de sus tiendas. Sin garantías legales ante los despidos. A ello
hay que añadir las condiciones de salubridad en las viviendas e higiene (elevada
mortalidad infantil).
Desde el punto de vista político el obrero era un “ciudadano pasivo” porque no
participaba en la política ni como elector ni como elegible. Sin embargo la sociedad le
exige otras contraprestaciones: impuestos indirectos (el consumo), la obligatoriedad
del servicio militar, etc.
Las primeras manifestaciones. La respuesta a esta situación fue inicialmente
(hasta 1868) de manifestaciones aisladas y violentas, casi con exclusividad en
Cataluña, con destrucción de máquinas, incendio de la fábrica El Vapor de Barcelona.
Otra respuesta fue crear mutualidades obreras para cubrir las necesidades básicas de
sus asociados en caso de enfermedad o vejez, pero también en caso de huelgas.
También hubo agitaciones campesinas, ocurridas sobre todo en Andalucía, zona de
latifundios y de jornaleros agrícolas, que respondían a un mismo esquema: el hambre
empujaba a la ocupación ilegal de tierras. Estos movimientos eran de carácter
localizado y su escasa organización facilitaba la intervención militar y la represión. La
Guardia Civil se creó en 1844, precisamente para luchar contra estas prácticas y
garantizar la propiedad y el orden en el medio rural.
Todo ello demuestra que en la primera mitad del siglo XIX no había todavía una
conciencia de clase y de la situación en que se encontraban los obreros. Por eso la
respuesta fue más de tipo espontáneo y de mera ayuda ante las dificultades.
En la segunda mitad del siglo XIX se produce una importante transformación
del movimiento obrero cuando se crea en Londres en 1864, la Asociación
Internacional de Trabajadores (AIT), con la intención de coordinar y aunar esfuerzos
de todos los trabajadores del mundo en la lucha contra el capitalismo. El Manifiesto
inaugural y los estatutos fueron elaborados por Marx. Pronto surgen junto al
pensamiento marxista otras posiciones ideológicas entre las que destaca la corriente
anarquista, encabezada por Bakunin. Ambas mantenían posiciones diferentes en
cuanto a los objetivos, ya que los anarquistas pretendían la abolición del Estado, y los
marxistas su conquista por la clase trabajadora; y otra de estrategia, pues los
anarquistas, al contrario que los marxistas, rechazaban la formación de partidos
obreros.
El Movimiento Obrero español durante el Sexenio (1868-1873).
En España, el reconocimiento de la libertad de asociación producida en el
Sexenio permitió a las organizaciones obreras salir a la luz y expandirse. En 1868
Bakunin envió a Giuseppe Fanelli a España para que organizara la sección española
de la AIT, dentro de la corriente anarquista, creando dos secciones una en Madrid y
otra en Barcelona.
En 1871 llegó a Madrid Paul Lafargue, yerno de Marx, para reconducir hacia el
marxismo a lo internacionalistas españoles. Lo consiguió con un pequeño grupo de
la sección madrileña, que constituyó la Nueva Federación Madrileña, en la que
estaba el tipógrafo Pablo Iglesias, futuro fundador del Partido Socialista Obrero
Español.
Comenzó así la escisión entre anarquistas y socialistas, que se materializó en
1872 cuando la Federación Regional de la Internacional siguió los postulados
anarquistas, por lo que inicialmente hubo una mayor presencia de esta corriente en
el movimiento obrero español. La situación política del momento y su apoyo a la
insurrección cantonalista durante la Primera República, propiciaron la muerte de la
Federación y la ilegalización de la AIT y de las asociaciones obreras que tuvieron que
pasar a la clandestinidad.
El Movimiento Obrero español durante la Restauración (1875-1902)
Durante la Restauración (1875-1902), hubo una mayor permisividad para el
asociacionismo obrero. Desde 1874 tras la prohibición de Serrano, las asociaciones
obreras se desarrollaron en la clandestinidad o camufladas en otro tipo de
asociaciones con otros fines declarados. Desde 1881, con el primer gobierno liberal
de Sagasta, el clima político se distendió y las organizaciones obreras empezaron a
salir a la luz, hasta su legalización definitiva en 1887. Al mismo tiempo, la progresiva
industrialización incrementó la importancia social y numérica de la clase obrera.
También se comprueba en el caso español la división que internacionalmente se
produjo entre los socialistas y los anarquistas. A finales de siglo, 1879, aparecieron
también asociaciones católicas.
El movimiento anarquista hasta finales del siglo XIX. El anarquismo fue la
corriente mayoritaria del movimiento obrero español. Sus principales focos estaban
en el campo andaluz y el proletariado urbano catalán. Los anarquistas rechazaban
toda acción política por vía parlamentaria, pero además, dentro de sus filas, empezó
a ganar adeptos la táctica propuesta por Kropotkin, partidario de la “propaganda por
el hecho” o violencia terrorista. Los años noventa fueron ricos en esta práctica que se
movía en un círculo vicioso: atentado, represión con fusilamientos, nuevo atentado
como represalia y nueva represión. Uno de los atentados anarquistas de mayor
resonancia fue el que acabó con la vida del entonces jefe de gobierno, Cánovas del
Castillo, en el verano de 1897, cuando pasaba sus vacaciones en un balneario.
El movimiento socialista hasta finales del siglo XIX. En 1879 un reducido grupo
madrileño, en el que predominaban los tipógrafos, con Pablo Iglesias a la cabeza,
fundó el Partido Obrero Español (PSOE), cuyas aspiraciones declaradas eran: “la
abolición de clases, o sea, la emancipación de la clase trabajadora; la transformación
de la propiedad individual en colectiva; y la posesión del poder político por la clase
trabajadora”.
En el año 1888 se creaba la Unión General de Trabajadores (UGT) como
sindicato del partido. En 1889 se fundó la Segunda Internacional en la que
predomina la corriente marxista. El PSOE asistió desde el principio a todos los
congresos. En 1890, la Segunda Internacional estableció el 1 de mayo como el día del
obrero (en recuerdo del asesinato en Chicago de cinco obreros anarquistas). El PSOE
convocó mítines y manifestaciones en Madrid, Barcelona y Bilbao el cuatro de mayo
(domingo), lo que provocó el despido de cinco mineros bilbaínos. Esto desencadenó
una huelga general en Bilbao donde las condiciones laborales eran especialmente
duras y que supuso una victoria de los obreros pues se consiguió la jornada de 10
horas, la abolición del truck system (obligación que ponían las empresas a los obreros
de cobrar una parte del salario en vales que canjeaban en las propias tiendas que
tenía la empresa). En cualquier caso, tanto el PSOE como la UGT fueron minoritarios
hasta los comienzos del siglo XX, en comparación con los anarquistas.
Los comienzos del sindicalismo católico. El sindicalismo confesional surge por
iniciativa de la Iglesia católica desde fines del siglo XIX, especialmente tras la Encíclica
Rerum Novarum de León XIII en 1891. En España el asociacionismo católico comenzó
con los Círculos Católicos promovidos por el jesuita P. Vicent, que agrupaba a
patronos y obreros. Su objetivo era contrarrestar la influencia de los sindicatos
anarquistas y socialistas, pero no tuvo mucho arraigo. Todo ello pone de relieve las
dificultades que el catolicismo español encontró en el mundo obrero, mucho más
sensible a las propuestas laicas y anticlericales de republicanos, socialistas y
anarquistas. La influencia de la Iglesia fue mayor en el campo.
La política social de la Restauración presenta dos claras etapas. Cánovas hizo
poco inicialmente por los obreros, aunque luego introdujo algunas mejoras. Con
Sagasta se produjeron los primeros cambios importantes y ésta experimentó un
destacado avance: se aprobó la Ley de Reuniones (1881) y la Ley de Asociaciones
(1887) permiten el ejercicio de derechos fundamentales.
Además crece la preocupación de los políticos por la situación de los
trabajadores, creando la Comisión de Reformas Sociales (1883), que redacta las
primeras leyes sobre accidentes laborales, el trabajo de las mujeres y de los niños,
asuntos de sanidad, educación, etc.
También se aprueban otras leyes sociales, como el sufragio universal (1890) y
la ley del Jurado.
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