Derechos Humanos

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POBLACIÓN DE VULNERABILIDAD- PRIVADOS DE LIBERTAD.

1. FUNDAMENTO LEGAL.

1.1 La Constitución Política de la República de Panamá

La Constitución Política es el instrumento jurídico de mayor jerarquía en el que se cimienta el Sistema Penitenciario panameño, específicamente en el artículo 28, que señala que “se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social”. En la mencionada disposición igualmente se prohíbe la aplicación de “medidas que lesionen la integridad física, mental o moral” de las personas que están bajo detención, y ordena la capacitación en oficios, como mecanismo para que se reincorporen útilmente a la sociedad.

1.2 Código Penal de Panamá.

Artículo 7. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al sentenciado.

1.3 Ley 55 de 30 de julio de 2003 o Ley Penitenciaria.

Es la norma que rige y regula actualmente regula al Sistema Penitenciario panameño. Fue promulgada el 30 de julio de 2003, y deroga la Ley 87 de 1 de julio de 1941. La ley 55 de 2003.

Esta ley consagra el régimen de derechos y deberes de los privados o privadas de libertad, destaca el principio de presunción de inocencia como rector del trato que se debe dispensar a las personas en detención preventiva. Incorpora el concepto de separación y clasificación de la población privada de libertad, de acuerdo a criterios criminológicos y penitenciarios; adopta el sistema progresivo técnico como fundamento conceptual del tratamiento penitenciario. Por último, y no menos importante, adopta como complementarias y supletorias, las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y el Conjunto de Principios Para la Protección de Personas Sometidas a Prisión de 1988.

1.4 Decreto Ejecutivo 393 de 25 de julio de 2005 o Reglamento Penitenciario

En este instrumento jurídico se reglamenta el contenido de la Ley 55 de 2003, tal como se ordena en su artículo 132, estableciendo los procedimientos de gestión de las instituciones creadas por ella; se prevén los mecanismos para la separación y clasificación de los privados de libertad en los centros penitenciarios; el manejo de los detenidos preventivos y condenados; los mecanismos de traslados y comisiones fuera y dentro de los establecimientos penales; los conductos para la tramitación de quejas y recursos administrativos; los procedimientos y requisitos para la concesión de permisos especiales, libertad condicional y otros beneficios; los mecanismos para el control y concesión de visitas; así como el desarrollo de un sistema doble de seguridad, denominado externa e interna.

1.5 Ley 28 de 1 de agosto de 2005 o Ley de Conmutación de Penas de Privación de Libertad por Estudio o Trabajo.

Esta ley modifica el Artículo 47 del Código Penal de la República de Panamá, que versa sobre la pena de prisión, adicionando un Capítulo denominado “Conmutación de Penas de Privación de Libertad por Estudio o Trabajo”.

La Ley faculta a la Dirección General del Sistema Penitenciario, para autorizar la participación de los privados de libertad en programas de estudio o trabajo, como medidas alternas al cumplimiento de la pena de prisión, siempre y cuando las actividades autorizadas reúnan ciertas características, como, por ejemplo, cuando se trate de programas educativos, la formalidad y el provecho académico. De igual manera, en el caso de programas laborales, debe referirse a trabajo comunitario eficiente y voluntario. Adicional a ello, el aspirante debe tener un perfil básico, que consiste en estar cumpliendo una sola condena a órdenes de la Dirección General del Sistema Penitenciario y haber sido clasificado en alguno de los períodos del sistema progresivo técnico. A los privados de libertad que participen de este sistema de ejecución penal se les reconoce un descuento por día de trabajo o estudio.