Marco Juridico

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ARTÍCULO 49. El Supremo Poder de la

Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos

Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo,

salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme

a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el

segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para

legislar.

ARTÍCULO 50. El Poder Legislativo de los

Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en

dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores.

ARTÍCULO 51. La Cámara de Diputados se

compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años.

Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente.

ARTÍCULO 52. La Cámara de Diputados

estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación

mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales

uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación

proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en

circunscripcionales (circunscripciones, sic DOF 15/12/1986) plurinominales.

ARTÍCULO 56. La Cámara de Senadores se

integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en

el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria

relativa y uno será asignado a la primera minoría.

Para estos efectos, los partidos

políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La

senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que

encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo

lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Los treinta y dos senadores restantes

serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el

sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional.

La ley establecerá las reglas y fórmulas

para estos efectos.

La Cámara de Senadores se renovará en su

totalidad cada seis años.

ARTÍCULO

74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de

Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del

Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones

que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.

Asimismo, podrá autorizar en dicho

Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión

en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria;

las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de

Egresos.

El Ejecutivo Federal hará llegar a la

Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos

de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer

el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara

de Diputados deberá aprobar el

Presupuesto de Egresos de la Federación

a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Cuando inicie su encargo en la fecha

prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la

iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

No podrá haber otras partidas secretas,

fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto;

las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la

República. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de

Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie

solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de

la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del

Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven;

VI. Revisar la Cuenta Pública del año

anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera,

comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y

verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La revisión de la Cuenta Pública la

realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización

superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias

entre las cantidades correspondientes a los ingresos

o a los egresos, con relación a los

conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación

en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades

de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los

objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones

para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal

correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el

30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en

los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga

no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de

fiscalización superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional

para la presentación del informe del resultado de la revisión de la Cuenta

Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la

Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su

presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas

del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la

Federación, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo

de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas

por la entidad de fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en

términos de lo dispuesto en dicho artículo.

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño

de la entidad de fiscalización superior de la Federación y al efecto le podrá requerir

que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;

ARTÍCULO

79. La entidad de

fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá

autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para

decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos

que disponga la ley.

La función de fiscalización será

ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad,

definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Esta entidad de fiscalización superior

de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los

ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos

de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar

auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los

objetivos contenidos en los programas

federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que

disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los

recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el

Distrito Federal y los órganos político–administrativos de sus demarcaciones

territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo,

fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier

entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a

fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad

con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la

competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema

financiero.

Las entidades fiscalizadas a que se

refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable,

patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos

y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.

Sin perjuicio del principio de

anualidad, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá

solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios

anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se

entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública

del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando

el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque

para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones

sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las

observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de

fiscalización superior de la

Federación emita, sólo podrán referirse

al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Asimismo, sin perjuicio del principio de

posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado

de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la

revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y

le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos

y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma.

La entidad de fiscalización superior de la Federación rendirá un informe

específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las

responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las

autoridades competentes;

III. Investigar los actos u omisiones que

impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso,

manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas

domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o

archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose

a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, y

IV. Determinar los daños y perjuicios que

afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales

y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones

pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades

competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de

responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y

presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la

intervención que señale la ley.

ARTÍCULO 80. Se deposita el ejercicio del Supremo

Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará “Presidente

de los Estados Unidos Mexicanos”.

ARTÍCULO

90. La Administración

Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que

expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la

Federación que estarán a cargo de las

Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las

entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su

operación.

Las leyes determinarán las relaciones

entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías

de Estado.

La función de Consejero Jurídico del

Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal

efecto, establezca la ley.

El Ejecutivo Federal representará a la

Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto de la dependencia

que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del

Gobierno o de las Secretarías de Estado,

en los términos que establezca la ley.

ARTÍCULO

93. Los Secretarios del

Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán

cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar

a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las

entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para

que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se

estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para

que respondan a interpelaciones o preguntas.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta

parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata

de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el

funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de

participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se

harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

Las Cámaras podrán requerir información

o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno

federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un

término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se

realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.

ARTÍCULO

94. Se deposita el

ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia,

en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en

Juzgados de Distrito.

La administración, vigilancia y

disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura

Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución,

establezcan las leyes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación

se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas.

En los términos que la ley disponga las

sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en

los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.

La competencia de la Suprema Corte, su

funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito,

de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades

en que incurran los servidores públicos del

Poder Judicial de la Federación, se

regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta

Constitución establece.

El Consejo de la Judicatura Federal

determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y

especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones

y competencia económica, de los Tribunales

Colegiados y Unitarios de Circuito y de

los Juzgados de Distrito.

Asimismo, mediante acuerdos generales

establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales

Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinarán su

integración y funcionamiento.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia

estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución

entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir

a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de

los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que,

conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición

de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.

Los juicios de amparo, las controversias

constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y

resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través

de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico

del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden

público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.

La ley fijará los términos en que sea

obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial

de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución

y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

La remuneración que perciban por sus

servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los

Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados

Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.

Los Ministros de la Suprema Corte de

Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo

en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su

periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.

Ninguna persona que haya sido ministro

podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo

con el carácter de provisional o interino.

ARTÍCULO

113. Las leyes sobre

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus

obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,

imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones;

las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como

los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además

de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación,

así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los

beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios

patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción

III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los

beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

La responsabilidad del Estado por los

daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los

bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares

tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y

procedimientos que establezcan las leyes.

ARTÍCULO

134. Los recursos

económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el

Distrito Federal y los órganos político–administrativos de sus demarcaciones territoriales,

se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos

recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente,

la Federación, los Estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar

que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los

términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en

los artículos 74, fracción VI y 79.

Las adquisiciones, arrendamientos y

enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier

naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo

a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que

libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será

abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias

pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace

referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas

condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas,

requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad

y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales

por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos

político– administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las

bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el

ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las

entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Los servidores públicos serán

responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto

de esta Constitución.

Los servidores públicos de la

Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus

delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir

en la equidad de la competencia entre

los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad

de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de

aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos

anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar

ARTÍCULO 26.

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información

Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la

Federación, estados, Distrito

Federal y municipios, los datos

contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que

establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar

dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión,

personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para

regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se

genere y proveer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de

Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como

Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de

la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por

la Comisión Permanente del Congreso de la

Unión.

La ley establecerá las bases de

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y

Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia,

objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de

la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.

Los miembros de la Junta de Gobierno

sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo,

cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones

docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo

dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución..

TEMA 2

ARTICULO 7.- Será responsabilidad de los sujetos de

la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las

obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad,

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá

las siguientes obligaciones:

I.- Cumplir el servicio que le

sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la

suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio

indebido de un empleo, cargo o comisión;

II.- Formular y ejecutar los

planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir

las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos

III.- Utilizar los recursos que tenga

asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su

empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos;

IV.- Rendir cuentas sobre el

ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de

cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información

que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes;

V.- Custodiar y cuidar la

documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga

bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento

o inutilización indebidos;

VI.- Observar buena conducta en

su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y

rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;

VII.- Comunicar por escrito al

titular de la dependencia o entidad en la que preste sus servicios, las dudas

fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen

implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o

administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho

procedan, las cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la

orden y al interesado;

VIII.- Abstenerse de ejercer las

funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber concluido el período para

el cual se le designó, por haber sido cesado o por cualquier otra causa legal

que se lo impida;

IX.- Abstenerse de disponer o

autorizar que un subordinado no asista sin causa justificada a sus labores, así

como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial

o total de sueldo y otras percepciones;

X.- Abstenerse de autorizar la

selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre

inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo,

cargo

o comisión en el servicio

público;

XI.- Excusarse de intervenir, por

motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o

resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de

negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para

él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado,

o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones

profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que

el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado

parte.

El servidor público deberá

informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución

de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento,

y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución,

cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;

XII.- Abstenerse, durante el

ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita

persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente

inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos

o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de

este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas

actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren

directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de

que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique

intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de

que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

Habrá intereses en conflicto

cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público

puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

Una vez concluido el empleo,

cargo o comisión, el servidor público deberá observar, para evitar incurrir en

intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley;

En el caso del personal de

los centros públicos de investigación, los órganos de gobierno de dichos

centros, con la previa autorización de su órgano de control interno, podrán

determinar los términos y condiciones específicas de aplicación y excepción a

lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos de intereses que

puede implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con

proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con

terceros de conformidad con lo que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología;

XIII.- Desempeñar su empleo, cargo

o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las

contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño

XIV.- Abstenerse de intervenir o

participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación,

contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción

de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de

negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para

las personas a las que se refiere la fracción XI;

XV.- Presentar con oportunidad y

veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos

establecidos por la Ley;

XVI.- Atender con diligencia las instrucciones,

requerimientos o resoluciones que reciba de la Secretaría, del contralor

interno o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades,

conforme a la competencia de éstos;

XVII.- Supervisar que los

servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de

este artículo;

XVIII.- Denunciar por escrito ante

la Secretaría o la contraloría interna, los actos u omisiones que en ejercicio

de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que

pueda constituir responsabilidad administrativa en los términos de la Ley y

demás disposiciones aplicables;

XIX.- Proporcionar en forma

oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la institución a la

que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. En

el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá

permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o

documentación que la institución de referencia considere necesario revisar para

el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el contenido de

los informes y datos que se le hubiesen proporcionado;

XIX-A.- Responder las

recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le competa la

vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que se decida

no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa,

fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por el Apartado B, del

artículo 102 de la Constitución

Política de los Estados

Unidos Mexicanos y por el artículo 46 de la Ley de la Comisión

Nacional de los Derechos

Humanos;

XIX-B.- Atender los llamados de la

Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente, a comparecer

ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su

negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones de la institución a la que legalmente

le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, en términos del Apartado

B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos;

XIX-C.- Cumplir en tiempo y forma

los mandatos del Instituto Nacional Electoral y cualquiera de sus órganos,

conforme lo establezca la legislación electoral aplicable, proporcionarles de

manera oportuna y veraz la información que les sea solicitada y prestarles el

auxilio y colaboración que les sea requerido por dichas autoridades

electorales;

XIX-D.- Abstenerse de infringir, por

acción u omisión, las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y

normativas en materia electoral, de propaganda gubernamental y aplicación imparcial

de los recursos públicos, así como abstenerse de influir en la equidad de la competencia

entre los partidos políticos;

XX.- Abstenerse, en ejercicio de

sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de

pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación

de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación

de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo,

cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que

dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o

contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo,

cargo o comisión en el servicio público;

XXI.- Abstenerse de inhibir por sí

o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, a los posibles quejosos

con el fin de evitar la formulación o presentación de denuncias o realizar, con

motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los

intereses de quienes las formulen o presenten;

XXII.- Abstenerse de aprovechar la

posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro

servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia,

que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de

las personas a que se refiere la fracción XI;

XXIII.- Abstenerse de adquirir para

sí o para las personas a que se refiere la fracción XI, bienes inmuebles que

pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como

resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que

haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o

comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el

servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, y

XXIV.- Abstenerse de cualquier acto

u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal,

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.

El incumplimiento a lo

dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento y a las sanciones

que correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al respecto rijan

en el servicio de las fuerzas armadas.

ARTICULO 9.- El servidor público que deje

de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después

de haber concluido sus funciones, lo siguiente:

a) En ningún caso aprovechará

su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba,

para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo

anterior;

b) No usar en provecho propio o

de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su

empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público, y

c) Los servidores públicos que

se hayan desempeñado en cargos de Dirección en eI instituto Federal Electoral,

sus Consejeros, y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, se abstendrán de participar en cualquier encargo público de la

administración encabezada por quien haya ganado la elección que ellos

organizaron o calificaron.

ARTICULO 36.- Tienen obligación de presentar

declaraciones de situación patrimonial, ante la autoridad competente, conforme

a lo dispuesto por el artículo 35, bajo protesta de decir verdad, en los términos

que la Ley señala:

I.- En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores,

Secretarios Generales, Tesoreros y Directores de las Cámaras;

II.- En la Administración Pública Federal Centralizada: Todos

los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo

hasta el de Presidente de la República, y los previstos en las fracciones IV,

VII y XIII de este artículo;

III.- En la Administración Pública Federal Paraestatal: Todos los

servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo, o

equivalente al de los servidores públicos obligados a declarar en el Poder

Ejecutivo Federal hasta el de Director General o equivalente;

IV.- En la Procuraduría General

de la República: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de

departamento u homólogo hasta el de Procurador General, incluyendo agentes del Ministerio

Público, Peritos e integrantes de la Policía Judicial;

V.- En el Poder Judicial de la

Federación: Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejeros

de la Judicatura Federal, Magistrados de Circuito, Magistrados Electorales,

Jueces de Distrito, secretarios y actuarios de cualquier categoría o

designación;

VI.- En el Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa, y en los tribunales de trabajo y agrarios:

Magistrados, miembros de junta, Secretarios, Actuarios o sus equivalentes;

VII.- En la Secretaría: Todos los

servidores públicos de confianza;

VIII.- En el Instituto Federal

Electoral: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento

u homólogo hasta el de Consejero Presidente;

IX.- En la Auditoría Superior de

la Federación: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de

departamento u homólogo hasta el de Auditor Superior de la Federación;

X.- En la Comisión Nacional de

los Derechos Humanos: Todos los servidores públicos desde el nivel de jefe de

departamento u homólogo hasta el de Presidente de la Comisión;

XI.- En los demás órganos

jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes: Todos los servidores

públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de los

titulares de aquéllos;

XII.- Todos los servidores

públicos que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos de la

Federación; realicen actividades de inspección o vigilancia; lleven a cabo

funciones de calificación o determinación para la expedición de licencias,

permisos o concesiones, y quienes intervengan en la adjudicación de pedidos o

contratos;

XIII.- En la Secretaría de

Seguridad Pública: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento

u homólogo hasta el Secretario de Seguridad Pública, incluyendo a todos los miembros

de la Policía Federal Preventiva;

XIV.- En el Banco de México: Todos

los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo en

la Administración Pública Federal Centralizada hasta el de Gobernador;

XV.- En el Instituto Federal de

Telecomunicaciones: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de

departamento u homólogo en la Administración Pública Federal Centralizada hasta

los

Comisionados, y

XVI.- En la Comisión Federal de

Competencia Económica: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo en

la Administración Pública Federal Centralizada hasta los Comisionados.

Asimismo, deberán presentar

las declaraciones a que se refiere este artículo, los demás servidores públicos

de las dependencias, entidades y, de las autoridades a que se refieren las

fracciones IV y V del artículo 3 de la Ley, que determine el Titular de la

Secretaría, mediante disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas.

ARTICULO 37.- La declaración de situación

patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

I.- Declaración inicial, dentro

de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:

a) Ingreso al servicio público

por primera vez;

b) Reingreso al servicio

público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último

encargo;

c) Cambio de dependencia o

entidad, en cuyo caso no se presentará la de conclusión.

II.- Declaración de conclusión

del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión, y

III.- Declaración de modificación

patrimonial, durante el mes de mayo de cada año.

La Secretaría podrá

solicitar a los servidores públicos una copia de la declaración del Impuesto

Sobre

la Renta del año que

corresponda, si éstos estuvieren obligados a formularla o, en su caso, de la constancia

de percepciones y descuentos que les hubieren emitido las dependencias o

entidades, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a

partir de la fecha en que se reciba la solicitud.

Si transcurrido el plazo a

que hace referencia la fracción I, no se hubiese presentado la declaración correspondiente,

sin causa justificada, se suspenderá al infractor de su empleo, cargo o

comisión por un período de quince a treinta días naturales.

En caso de que la omisión en

la declaración continúe por un período de treinta días naturales siguientes a

la fecha en que hubiere sido suspendido el servidor público, la Secretaría

declarará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo

notificar lo anterior al titular de la dependencia o entidad correspondiente

para los fines procedentes. Lo mismo ocurrirá cuando se omita la declaración a

que alude la fracción III.

El incumplimiento a lo

previsto en el párrafo anterior, por parte del titular de la dependencia o

entidad, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de Ley.

Para el caso de omisión, sin

causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción

II, se inhabilitará al infractor de 6 meses a un año.

En la imposición de las

sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento administrativo

previsto en el artículo 21 de la Ley.

El servidor público que en

su declaración de situación patrimonial deliberadamente faltare a la verdad en

relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de la Ley, previa

sustanciación del procedimiento a que se refiere el artículo 21, será

suspendido de su empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días

ni mayor de tres meses, y cuando por su importancia lo amerite, destituido

e inhabilitado de uno a

cinco años, sin perjuicio de que la Secretaría formule la denuncia

correspondiente ante el Ministerio Público para los efectos legales

procedentes.

ARTICULO 38.- Las declaraciones de

situación patrimonial podrán ser presentadas a través de formatos impresos; de

medios magnéticos con formato impreso o de medios remotos de comunicación electrónica,

empleándose en este último caso medios de identificación electrónica.

La Secretaría tendrá a su

cargo el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que

utilicen los servidores públicos, y llevará el control de dichos medios.

Asimismo, la Secretaría

expedirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos,

bajo los cuales los servidores públicos deberán presentar las declaraciones de

situación patrimonial, así como los manuales e instructivos que indicarán lo

que es obligatorio declarar. De igual modo, podrá determinar que la

presentación de las declaraciones por medios remotos de comunicación electrónica,

sea obligatoria para los servidores públicos o categorías que determine.

Para los efectos de los

procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las disposiciones del

presente Título, son documentos públicos aquellos que emita la Secretaría para

ser presentados como medios de prueba, en los cuales se contenga la información

que obre en sus archivos documentales y electrónicos sobre las declaraciones de

situación patrimonial de los servidores públicos.

ARTICULO 39.- En las declaraciones inicial

y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha

y valor de adquisición.

En las declaraciones de

modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio,

con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que

se hizo la adquisición.

Tratándose de bienes muebles, la Secretaría determinará las

características que deba tener la declaración.

ARTICULO

12.- Los servidores públicos de la Secretaría que incurran en

responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el

artículo 8, serán sancionados conforme al presente Capítulo por la contraloría

interna de dicha Secretaría. El titular de esta contraloría será designado por

el Presidente de la República y sólo será responsable administrativamente ante

él.

ARTÍCULO 13.- Las sanciones por falta

administrativa consistirán en:

I.- Amonestación privada o pública;

II.- Suspensión del empleo, cargo o

comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un

año;

III.- Destitución del puesto;

IV.- Sanción económica, e

V.- Inhabilitación temporal para

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro

alguno, se impondrán de tres meses a un año de inhabilitación.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u

omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un

año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el

salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a

veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación

también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción

de destitución.

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a

las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XVI, XIX, XIX-C, XIX-D,

XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley.

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos

de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo,

cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la

inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o

entidad a la que pretenda ingresar, dé aviso a la Secretaría, en forma razonada

y justificada, de tal circunstancia.

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será

causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, quedando sin

efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado.

ARTICULO 14.- Para la imposición de las

sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo,

cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en

la falta, que a continuación se refieren:

I.- La gravedad de la responsabilidad en

que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en

cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en

ella;

II.- Las circunstancias socioeconómicas

del servidor público;

III.- El nivel jerárquico y los

antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;

IV.- Las condiciones exteriores y los

medios de ejecución;

V.- La reincidencia en el incumplimiento

de obligaciones, y

VI.- El monto del beneficio, lucro, o daño

o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor

público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de

las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley, incurra nuevamente

en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.

ARTICULO 15.- Procede la imposición de sanciones

económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el

artículo 8 de la Ley, se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o

perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o

lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor

o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o

perjuicios causados.

El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para

efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la

Federación, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos.

Para los efectos de la Ley se entenderá por salario mínimo

mensual, el equivalente a treinta veces el salario mínimo general diario

vigente en el Distrito Federal.

ARTICULO 16.- Para la imposición de las

sanciones a que hace referencia el artículo 13 se observarán las siguientes

reglas:

I.- La amonestación pública o privada a

los servidores públicos será impuesta por la Secretaría, el contralor interno o

el titular del área de responsabilidades y ejecutada por el jefe inmediato;

II.- La suspensión o la destitución del

puesto de los servidores públicos, serán impuestas por la

Secretaría, el contralor interno o el titular del área de

responsabilidades y ejecutadas por el titular de la dependencia o entidad

correspondiente;

III.- La inhabilitación para desempeñar un

empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta por la

Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, y ejecutada

en los términos de la resolución dictada, y

IV.- Las sanciones económicas serán

impuestas por la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de

responsabilidades, y ejecutadas por la Tesorería de la Federación.

Cuando los presuntos responsables desaparezcan o exista riesgo

inminente de que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio de la

Secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades,

se solicitará a la Tesorería de la Federación, en cualquier fase del

procedimiento administrativo a que se refiere el artículo 21 de la Ley, proceda

al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las

sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción

cometida. Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se convertirá

en definitivo y se procederá en los términos del tercer párrafo del artículo 30

de la Ley.

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte del jefe

inmediato, del titular de la dependencia o entidad correspondiente o de los

servidores públicos de la Tesorería de la Federación, será causa de

responsabilidad administrativa en los términos de la Ley.

TEMA 3

LEY FEDERAL

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:

I. Distribuir competencias

entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en

materia de transparencia y acceso a la información;

II. Establecer las bases

mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho

de acceso a la información;

III. Establecer

procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a

la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos;

IV. Regular los medios de

impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de

inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los

Organismos garantes;

V. Establecer las bases y la

información de interés público que se debe difundir proactivamente;

VI. Regular la organización

y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información

y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación

entre sus integrantes;

VII. Promover, fomentar y

difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública,

el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición

de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que

garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible,

actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y

accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales,

económicas y culturales de cada región;

VIII. Propiciar la

participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a

la consolidación de la democracia, y

IX. Establecer los

mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las

medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Artículo

37. Los Organismos garantes son autónomos, especializados,

independientes, imparciales y colegiados, con personalidad jurídica y

patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para

decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización

interna, responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio

de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales,

conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto

en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

En la Ley

Federal y en la de las Entidades Federativas se determinará lo relativo a la

estructura y funciones de los Organismos garantes, así como la integración,

duración del cargo, requisitos, procedimiento de selección, régimen de

incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y suplencias de los

integrantes de dichos Organismos garantes, de conformidad con lo señalado en el

presente Capítulo.

Artículo

38. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas

y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la

integración colegiada y autónoma de los Organismos garantes, deberán prever en

su conformación un número impar y sus integrantes se denominarán Comisionados.

Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de acceso a

la información pública y protección de datos personales, así como procurar la

igualdad de género. La duración del cargo no será mayor a siete años y se

realizará de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía.

En los procedimientos para

la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia,

independencia y participación de la sociedad.

Artículo 68. Los sujetos obligados serán

responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos,

deberán:

I. Adoptar los

procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso,

rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que

sea procedente, así como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer

información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos,

de conformidad con la normatividad aplicable;

II. Tratar datos personales

sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con

los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en

ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

III. Poner

a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben

datos personales,

el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en

términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento

de los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

IV. Procurar que los datos

personales sean exactos y actualizados;

V. Sustituir, rectificar o

completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o

parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta

situación, y

VI. Adoptar las medidas

necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su

alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Los sujetos obligados no

podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en

los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones,

salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de

autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información

de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo

establecido por el artículo 120 de esta Ley.

Artículo 70. En la Ley Federal y de las

Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a

disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto

social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas,

documentos y políticas que a continuación se señalan:

I. El marco normativo

aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos,

reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de

operación, criterios, políticas, entre otros;

II. Su estructura orgánica

completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las

atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público,

prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de

conformidad con las disposiciones aplicables;

III. Las facultades de cada

Área;

IV. Las metas y objetivos de

las Áreas de conformidad con sus programas operativos;

V. Los indicadores

relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a

sus funciones, deban establecer;

VI. Los indicadores que

permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

VII. El directorio de todos

los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su

equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o

apliquen recursos

públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el

régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá

incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en

la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio

para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;

VIII. La remuneración bruta

y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las

percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,

comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación,

señalando la periodicidad de dicha remuneración;

IX. Los gastos de representación

y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;

X. El número total de las

plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las

vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

XI. Las contrataciones de

servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los

prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios

y el periodo de contratación;

XII. La información en

Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos

que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la

normatividad aplicable;

XIII. El domicilio de la

Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse

las solicitudes para obtener la información;

XIV. Las convocatorias a

concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

XV. La información de los

programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar

respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura

social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:

a) Área;

b) Denominación del

programa;

c) Periodo de vigencia;

d) Diseño, objetivos y

alcances;

e) Metas físicas;

f) Población beneficiada

estimada;

g) Monto aprobado,

modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación

presupuestal;

h) Requisitos y

procedimientos de acceso;

i) Procedimiento de queja o

inconformidad ciudadana;

j) Mecanismos de exigibilidad;

k) Mecanismos de evaluación,

informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;

l) Indicadores con nombre,

definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de

medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;

m) Formas de participación

social;

n) Articulación con otros

programas sociales;

o) Vínculo a las reglas de

operación o Documento equivalente;

p) Informes periódicos sobre

la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y

q) Padrón de beneficiarios

mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o

denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso,

beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso,

edad y sexo;

XVI. Las condiciones

generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones

laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos

económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y

ejerzan como recursos públicos;

XVII. La información

curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el

titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones

administrativas de que haya sido objeto;

XVIII. El listado de

Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la

causa de sanción y la disposición;

XIX. Los servicios que

ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;

XX. Los trámites, requisitos

y formatos que ofrecen;

XXI. La información

financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio

trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y demás normatividad aplicable;

XXII. La información

relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;

XXIII. Los montos destinados

a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por

tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

XXIV. Los informes de

resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado

que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

XXV. El resultado de la

dictaminación de los estados financieros;

XXVI. Los montos, criterios,

convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier

motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de

las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los

informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos

recursos;

XXVII. Las

concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones

otorgados, especifica

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