Antecedentes

Antecedentes

1. Primeros indicios de los derechos del consumidor (Mitad del Siglo XX)

   • Primer movimiento de los consumidores (Primer Decenio del siglo XX) Detonado por el aumento de precios, escritos poeticos de Upton Sinclair y escandalos relacionados a la industria farmaceutica
     • aprobación del Pure Food and Drug Act de 1906 (Ley sobre la Genuinidad de las Sustancias Alimenticias y Farmacéuticas) del Meat Inspection Act del mismo año (Ley sobre Inspección de Carne) y la creación, en 1914, de la Federal Trade Commission (Comisión Federal para el Comercio)
     • La segunda protesta de los consumidores tuvo lugar sobre la mitad del decenio de los treinta y fue motivada por un desmesurado incremento de los precios al consumidor en plena depresión económicaeconómica, el escándalo de la sulfanilamida y la huelga de las amas de casa en Detroit.
       • el tercer movimiento de los consumidores se inició a la mitad del decenio de los sesenta y es el resultado de una compleja convergencia de circunstancias,
         • Los orígenes de este movimiento se hacen remontar a diversos factores, entre los que se mencionan a Ralph Nader, el escándalo de la talidomida, el aumento de los precios y la acción de los medios masivos de comunicación.
           • En marzo de 1962, el presidente John F. Kennedy propuso el “derecho a ser informado”, como un derecho fundamental de los consumidores
             • En el decenio de los sesenta el movimiento de los consumidores se extiende también a los países europeos. Surgen asociaciones privadas de consumidores

2. se crean organismos administrativos para la tutela de los intereses de los consumidores en Francia, Inglaterra, Suecia y Holanda.

   • La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) mexicana define al consumidor como “la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios”
     • No obstante, la misma ley señala que es también sujeto de protección el consumidor intermedio
       • En cuanto al proveedor, la ley lo define como la persona física o moral que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios (artículo 2o., fracción II).
         • Las relaciones de consumo se establecen normalmente con base en los contratos verbales o escritos que celebran los consumidores con los proveedores, Los proveedores también pueden asumir obligaciones ante los consumidores mediante declaraciones unilaterales de voluntad (como es el caso del ofrecimiento al público de promociones y ofertas).

3. La Carta Europea de Protección de los Consumidores

   • En 1973 la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa emitió la resolución 543/73, con la que aprobó el texto definitivo de la Carta Europea de Protección de los Consumidores. Esta Carta reconoció los siguientes cuatro derechos fundamentales de los consumidores:
     • a) El derecho a la protección y a la asistencia de los consumidores, que se debe manifestar, según las directivas del Consejo de Europa, en un fácil acceso a la justicia y en una racional administración de la misma. Además, los consumidores deben ser protegidos de todo daño económico o material provocado por bienes de consumo.
       • b) El derecho a la reparación del daño, que soporte el consumidor por la circulación de productos defectuosos, o por la difusión de mensajes engañosos o erróneos. En este sentido, la Carta señala que los ordenamientos de los países miembros del Consejo de Europa deberán establecer “reglas generales que provean a la seguridad de los bienes y servicios”; que instituyan controles sobre los productos del mercado y sobre su composición y etiquetado; que protejan los intereses económicos de los consumidores mediante la regulación sobre las condiciones generales de contratación. Y, en fin, en la Carta se invita a cada país miembro a una revisión periódica de la legislación en materia de prácticas comerciales desleales y, en general, de todas las prácticas que resulten abusivas, incorrectas o poco deseables desde la perspectiva de la protección al consumidor.
         • c) El derecho a la información y a la educación que la Carta prevé no sólo para la obtención, por parte del consumidor, de informaciones correctas sobre la calidad de los productos, sino también para verificar la identidad de los proveedores y para cualquier otro aspecto del producto, el cual debe poder ser usado “con toda seguridad y con plena satisfacción” por el consumidor.
           • d) El derecho de los consumidores a organizarse en asociaciones y a ser representados en diversos organismos, para expresar opiniones sobre decisiones políticas y económicas inherentes a la disciplina del consumo. Al lado de estas organizaciones de consumidores, cada país deberá instituir una “autoridad fuerte, independiente y eficaz, que represente a los consumidores y las categorías comerciales”, con facultades tanto para expresar pareceres a los órganos legislativos y gubernativos sobre todos los problemas de tutela de los consumidores, cuanto para aplicar la ley y los reglamentos destinados a regular las operaciones de mercado desde la perspectiva de dicha tutela.

4. El Programa Preliminar y las directivas de la Comunidad Económica Europea

   • El 14 de abril de 1975, el Consejo de las Comunidades Europeas aprobó el Programa Preliminar de la Comunidad Económica Europea para una Política de Protección e Información a los Consumidores, que reordenó en forma sistemática todas las iniciativas para la tutela del consumidor.
     • a) El derecho a la protección de la salud y la seguridad de los consumidores. Los bienes y servicios puestos en el mercado a 8 Nuestros Derechos disposición del consumidor deben ser tales que, utilizados en condiciones normales o previsibles, no presenten peligros para su salud o seguridad; y cuando sí presenten tales peligros, deben poder ser retirados del mercado con procedimientos rápidos y sencillos. De manera general, los riesgos que pueden provenir de un uso previsible de los bienes y servicios, tomando en cuenta su naturaleza y las personas a las cuales son destinadas, deben ser puestos en conocimiento previo de los consumidores por medios apropiados. El consumidor debe ser protegido contra las consecuencias de daños corporales causados por mercancías y productos defectuosos provistos por productores de bienes y prestadores de servicios.
       • b) El derecho a la protección de los intereses económicos de los consumidores. Los compradores de bienes o servicios deben ser protegidos contra los abusos de poder del proveedor; en particular, contra los contratos tipo (o de adhesión) establecidos unilateralmente, la exclusión abusiva en los contratos de derechos básicos, las condiciones abusivas de crédito, el requerimiento de pago de mercancías no ordenadas y los métodos de venta agresivos. El consumidor debe ser protegido contra los daños provocados a sus intereses económicos por un producto defectuoso o un servicio deficiente. La presentación y promoción de bienes y servicios, incluyendo los servicios financieros, no deben ser concebidas de forma que engañen, directa ni indirectamente, a la persona a la que se le ofrecen o a través de la que se solicitan. Ninguna forma de publicidad visual o auditiva debe inducir a error al cliente potencial del producto o del servicio. El autor de cualquier tipo de publicidad debe poder justific
         • c) El derecho a la reparación de los daños. El consumidor debe recibir asesoramiento y asistencia en materia de quejas, en caso de perjuicios sufridos debido a la compra o utilización de productos defectuosos o de servicios insuficientes. Tiene derecho, además, a una justa reparación de tales perjuicios por medio de procedimientos rápidos, eficaces y poco costosos.
           • d) El derecho a la información y a la educación del consumidor. Por una parte, el comprador de bienes o servicios debe disponer de una información suficiente que le permita conocer las características esenciales de los bienes y servicios que se le ofrecen, tales como su naturaleza, calidad, cantidad y precio; hacer una elección racional entre los bienes y servicios que compiten en el mercado; utilizar con plena seguridad y de modo satisfactorio dichos bienes y servicios; así como reclamar la reparación de los perjuicios eventuales que resulten de los productos o servicios recibidos. Por otra parte, se deben poner medios educativos oportunos a disposición tanto de los niños, como de los jóvenes y los adultos, para que puedan actuar como consumidores informados, conscientes de sus derechos y responsabilidades, capaces de elegir con claridad entre los bienes y servicios.
             • e) El derecho a la representación (derecho a ser escuchado). Los consumidores deben ser consultados y oídos cuando se preparen las decisiones que les conciernen, en particular, a través de las asociaciones interesadas en la protección e información de los consumidores.
               • Estos cinco derechos fundamentales fueron confirmados por un segundo Programa de Política de Protección e Información de los Consumidores, adoptado por el Consejo de las Comunidades Europeas el 19 de mayo de 1981.

5. Los fundamentos jurídicos de la política de protección a los consumidores se incorporaron al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en virtud de lo estipulado en el punto 17 del artículo G del Tratado sobre la Unión Europea, firmado en Maastricht, Holanda, el 7 de febrero de 1992. La reforma incorporó al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el título XI, con el epígrafe Protección de los Consumidores, el cual comprendía el artículo 129 A, que pasó a ser el artículo 153, en virtud de la reordenación estipulada en el Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor el 1 de mayo de 1999. En el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007 y en vigor a partir del 1 de diciembre de 2009, por el que se modificaron el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el artículo 153 se convirtió en el artículo 169 (ahora dentro del IV, “Solidaridad”).

   • El primer párrafo de este precepto expresa: Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de protección, la Unión contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la educación y a organizarse para salvaguardar sus intereses.
     • En la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, se prevé que en las políticas de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores.
       • La coordinación de las legislaciones nacionales en materia de protección al consumidor se lleva a cabo, como advierte Guido Alpa, “con la propuesta de una normativa uniforme que asume una verdadera función propulsiva destinada a tomar cuerpo en la introducción de disposiciones eficaces a nivel interno, aun frente aquellas empresas que operan exclusivamente sobre base nacional”.
         • Entre las directivas que se han dictado sobre el derecho a la protección de la salud y la seguridad, se pueden mencionar la 76/769/ CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la Aproximación de las Disposiciones Legales, Reglamentarias y Administrativas de los Estados Miembros, que Limitan la Comercialización y Utilización de Determinadas Sustancias y Preparados Peligrosos; la 87/357/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1987, relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros sobre los Productos de Apariencia Engañosa que pone en Peligro la Salud o la Seguridad de los Consumidores; y la 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la Seguridad General de los Productos.
           • Por lo que se refiere al derecho a la reparación de los daños, el Parlamento Europeo y el Consejo expidieron el 10 de mayo de 1999 la directiva 1999/34/CEE, por la que se modificó la directiva 85/374/CEE del Consejo, sobre Responsabilidad por los Daños Causados por Productos Defectuosos.

6. Directrices de la ONU para la protección al consumidor

   • Por otra parte, como resultado de las gestiones que realizó la International Organization of Consumer Unions (IOCU, que después se convertiría en la Consumers International), la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 16 de abril de 1985 la resolución 39/248, que establece las Directrices para la Protección al Consumidor, que es un conjunto de bases sobre las cuales los Estados miembros deben desarrollar sus políticas y leyes de protección al consumidor.
     • a) La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y su seguridad. Los gobiernos deben adoptar o fomentar la adopción de medidas apropiadas, incluidos sistemas jurídicos, reglamentaciones de seguridad, normas nacionales o internacionales, normas voluntarias y el mantenimiento de registros de seguridad, para garantizar que los productos sean inocuos en el uso al que se destinan o el normalmente previsible (numerales 3, inciso a, y 9). En otros términos, los consumidores deben ser protegidos de productos, pro14 Nuestros Derechos cesos productivos y servicios que presenten peligros para su salud y su seguridad.
       • b) La promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores. Las políticas de los gobiernos deben tratar de hacer posible que los consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. También deben tratar de alcanzar las metas en materia de producción satisfactoria y normas de funcionamiento, procedimientos adecuados de distribución, prácticas comerciales leales, comercialización informativa y protección efectiva contra las prácticas que puedan perjudicar los intereses económicos de los consumidores y la posibilidad de elegir en el mercado (numerales 3, inciso b, y 13).
         • c) El acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual (numeral 3, inciso c).
           • d) La educación del consumidor. Aunque en el numeral 3 de las Directrices se enuncian por separado el derecho a la información y el derecho a la educación, los programas sobre ambos derechos se regulan conjuntamente en los numerales 31 a 37. En el numeral 31 se prevé que los gobiernos deben estimular la formulación de programas generales de educación e información del consumidor, teniendo en cuenta las tradiciones culturales del pueblo de que se trate, así como que el objetivo de tales programas debe consistir en capacitar a los consumidores para que sepan discernir, puedan hacer elecciones bien fundadas de bienes y servicios, y tengan conciencia de sus derechos y obligaciones. En el numeral 32 se establece que la educación del consumidor debe llegar, si procede, a formar parte integrante del programa básico del sistema educativo, de preferencia como componente de asignaturas ya existentes.
             • e) La posibilidad de compensación efectiva al consumidor. Es el derecho a la reparación de los daños y perjuicios. Los gobiernos deben establecer o mantener medidas jurídicas y/o administrativas para permitir que los consumidores o, en su caso, las organizaciones competentes obtengan compensa15 Derechos de los consumidores ción mediante procedimientos oficiales o extraoficiales que sean rápidos, justos, poco costosos y accesibles (numerales 3, inciso e, y 28).
               • f ) La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que les afecten (numeral 3, inciso f ).

7. El Código brasileño de defensa del consumidor

   • El Programa Preliminar y las Directrices de 1985 influyeron en el Código de Defensa del Consumidor del Brasil (Ley Federal número 8,078, del 11 de septiembre de 1990), en cuyo artículo 6o. se reconocen como derechos básicos del consumidor, los cuatro siguientes en términos similares a los establecidos en el Programa Preliminar y las Directrices
     • a) el derecho a la protección de la salud y la seguridad (aunque también se agrega la protección a la vida, que lógicamente se encuentra implícita en la salud y la seguridad)
       • b) el derecho a la educación
         • c) el derecho a la información
           • d) el derecho a la prevención y reparación de los daños.
             • El derecho a la prevención de los daños, en el Programa Preliminar y las Directrices, forma parte del derecho a la protección de la salud y la seguridad.
               • En cambio, el Código brasileño agrega, como derechos básicos, el derecho de los consumidores al acceso a los órganos jurisdiccionales y administrativos, con el objeto de prevenir o reparar los daños patrimoniales y morales, individuales, colectivos o difusos, asegurando la protección jurídica, administrativa y técnica a los necesitados; así como la facilitación de la defensa de sus derechos, inclusive mediante la inversión de la carga de la prueba a su favor, cuando, a criterio del juez, fuere verosímil la alegación o fuere suficiente, según las reglas ordinarias de la experiencia. También establece el derecho básico a la adecuada y eficaz prestación de los servicios públicos en general.

8. La Ley Federal de Protección al Consumidor mexicana de 1992

   • La LFPC mexicana del 22 de diciembre de 1992 tomó como base el artículo 6o. del Código brasileño, pero sustituyó la expresión derechos básicos por la de principios básicos.
     • No parece acertado este cambio, pues, por un lado, la ley mexicana no hace sino recoger los derechos fundamentales señalados en el Programa Preliminar de 1975 y en las Directrices de 1985, así como los derechos básicos reconocidos en el Código brasileño
       • es evidente que de los mismos derivarían derechos básicos para los consumidores, por lo que el cambio introducido en la ley de 1992, además de ser inexacto, es irrelevante. Por estas razones estimamos que se puede afirmar que el artículo 1o. de esta ley reconoce en sentido estricto los derechos básicos del consumidor.
         • Confirma esta opinión el último párrafo del artículo 1o. de la LFPC, cuyo contenido proviene del artículo 7o. del Código brasileño, y en el que se dispone que los derechos previstos en esa ley no excluyen los que deriven de tratados o convenciones internacionales de los que México sea signatario; de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas competentes; así como de los que deriven de los principios generales del derecho, la analogía, las costumbres y la equidad. No tenemos noticia de que México haya suscrito algún tratado o convención internacional sobre esta materia.